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1 Aproximaciones hacia un desarrollo rural territorial con enfoque de género
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1
Aproximaciones hacia un desarrollo rural territorial con enfoque de género
Para presentación en el seminario “Género y enfoque territorial del desarrollo rural”, Natal, Río
Grande do Norte, Brasil, 14 al 17 de julio 2003.
María Nieves Rico,
Unidad Mujer y Desarrollo
Martine Dirven
Unidad de Desarrollo Agrícola
CEPAL
Introducción
La realidad de “lo rural” en América Latina tiene una característica básica: su alta
heterogeneidad ya sea en recursos naturales, en la configuración de la estructura productiva, en la
conformación y estructura de los sujetos sociales, en las formas organizativas, en las prácticas
culturales, como en la variedad de “pobrezas” existentes, y por lo tanto presenta un collage de
dilemas, motivaciones y desafíos. Es necesario abordar esta complejidad tanto desde sus distintos
componentes como desde enfoques que permitan conocerla en toda su extensión e intervenir para
asegurar un desarrollo rural más equitativo. Entre estos enfoques se destacan dos, de carácter
innovador e integradores de múltiples dimensiones, que guían la presente ponencia.
Uno de ellos, el enfoque de género, constituye un importante aporte en la medida que
permite conocer y comprender mejor el mundo rural, específicamente identificando las
diferencias y desigualdades existentes entre los roles, valoraciones, acceso a los recursos
productivos y participación en los procesos de adopción de decisiones de hombres y mujeres, y
sus implicancias para sus vidas y las de los hogares rurales, lo cual facilita formular medidas de
intervención más eficientes y equitativas. Al mismo tiempo, la perspectiva de género provee de
instrumentos para el análisis político-institucional (prácticas, intereses, objetivos, agendas,
mecanismos, presupuestos) y por lo tanto para realizar propuestas de cambio institucional con
fines más igualitarios y democráticos. El otro enfoque, el territorial, entendiendo el territorio
como una unidad de gestión, planificación y recursos en una localización geográfica específica,
como un escenario de relaciones productivas, sociales y de género, y de identidades particulares
construidas social y culturalmente, así como de distintas “distancias” que implican costos de
transacción. El territorio comprendido de esta manera, permite definir intervenciones que
potencien la superación de la pobreza rural y el desarrollo de las comunidades de manera
articulada con el desarrollo de los países en el actual contexto de globalización.
1.
Lo recorrido en los años noventa en políticas de desarrollo rural
La gran dispersión que se observa entre países en cuanto a la importancia de los gastos
públicos orientados hacia el sector agrícola y las áreas rurales, el peso relativo entre ambos y el
énfasis dado a distintos tipos de acción (desde apoyo a precios hasta investigación), muestra que
no parece existir una visión estratégica consensuada de cómo abordar el desarrollo agrícola y
rural.
1
Menos aún se identifica un estrategia explícita y clara para asegurar la equidad de género
en el desarrollo, valorando el aporte que las mujeres hacen al mismo y reduciendo la brecha
1
En cambio se puede afirmar que sí existe una suerte de consenso respecto a las mejores prácticas en
cuanto al diseño y la implementación de los proyectos: participación de los beneficiarios desde las etapas
de jerarquización de prioridades y diseño en adelante, gestión descentralizada, co-financiamiento, gradual
co-gestión, necesidad de sistemas de monitoreo y de evaluación de impacto, etc.

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2
existente entre sus aportes y los beneficios que reciben, así como la desigualdad que las afecta en
relación a la población masculina del campo.
Así, en 2000, los gastos públicos hacia el sector agrícola y las áreas rurales ascendieron
desde casi US$ 1 000 por persona económicamente activa en la agricultura
2
(PEA) en algunos
países a cerca de US $50 en otros. Algunos países dedicaron la mayor parte de estos gastos al
sector agrícola (investigación y transferencia tecnológica, servicios de información, protección
fito y zoosanitaria, irrigación, manejo de bosques, intervención en los mercados) y otros
dedicaron la mayor parte de estos gastos a las áreas rurales (servicios sociales e infraestructura).
Otros tantos dedicaron una parte importante de estos gastos públicos para programas cuyo
objetivo era aumentar la productividad de un determinado grupo de productores, en especial los
agricultores familiares o campesinos, de regiones específicas, generalmente pobres.
No obstante la heterogeneidad de las experiencias individuales de los distintos países, en
los estudios de caso y análisis de impacto se pueden encontrar los siguientes rasgos comunes
3
:
• La geografía: El impacto de las políticas se diferencia geográficamente por que se
llevan a cabo en territorios con diferente dotación de infraestructura y que están
integrados de manera diferente a los mercados regionales, nacionales y globales.
Aunque los costos de transacción son a menudo no observados ni observables,
representan un importante freno al impacto potencial de varias políticas públicas.
Esto es especialmente relevante para los pequeños productores, ya que los costos de
transacción suelen ser fijos.
• Los activos privados y públicos: Los activos privados y el acceso a activos públicos
determinan la capacidad que tienen los hogares y las personas de generar ingresos
adicionales en respuesta a las oportunidades y las políticas públicas. Se requiere de
un paquete complementario balanceado básico de activos para ello (p.ej. título de
dominio, riego, capacitación, acceso a información de mercados, acceso a los
mercados -crédito, bienes, laboral, tecnología-, certificación de calidad, agua
potable, electricidad, etc.). En esta misma dirección, se destaca que paulatinamente
en la región, en las últimas décadas, se han ido eliminando las líneas de crédito
específicas para el sector agropecuario, los bancos de fomento y la obligación de los
bancos privados de prestar una cierta proporción de la cartera a este sector
(Ocampo, 1998).
• La investigación: La investigación y extensión agrícola tienen efectos directos e
indirectos sobre la productividad. Debido a los sistemas de financiamiento,
incentivos y respuesta a la demanda (demand driven), han tendido a orientarse hacia
los productos no tradicionales de exportación, dejando sin mucha atención el
mejoramiento de variedades tradicionales para el consumo de subsistencia, lo cual
afecta crucialmente a la producción de los hogares rurales jefaturados por mujeres
que no suelen estar insertos en el mercado. Asimismo, en los últimos años en la
región ha ido disminuyendo la asistencia estatal gratuita la cual ha sido sustituida
por mecanismos de asistencia técnica privados en los que el sector público canaliza
sus apoyos mediante subsidios otorgados por concursos. Se destaca que se estima
que solo el 5% de las mujeres agrícolas de América Latina y el Caribe han recibido
capacitación para producción (Kleysen, 1996).
• Los programas sociales: La experiencia muestra que algunos programas sociales
pueden tener impactos relativamente rápidos sobre la pobreza rural (el PROGRESA
de México es un ejemplo, el de pensiones y jubilaciones rurales en Brasil es otro).
2
Incluyendo en ello lo agrícola, pecuario, pesquero y silvícola.
3
Adaptado de las conclusiones de Kjöllerström (2003)

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3
Las transferencias directas a pequeños productores (como por ejemplo
PROCAMPO en México y nuevamente el de pensiones en Brasil) han mostrado que
tienen efectos multiplicadores fuertes, tanto a través de un aumento en el consumo
de bienes y servicios locales, como de la producción, ya que utilizan parte de estas
transferencias en inversión para fines productivos. Por último, los programas
orientados a la educación, la nutrición y la salud, generalmente dirigidos a mujeres
y niños, tienen efectos de inversión en la calidad del capital humano que reditúan a
más largo plazo. Sin embargo, en general, una reducción masiva y sostenida de la
pobreza rural ha sido extremadamente difícil de conseguir en la región, con las
notables excepciones de Brasil, Chile, Panamá y Costa Rica, que lograron disminuir
la pobreza rural en cinco puntos porcentuales o más a lo largo de la década de los
noventa.
Los desafíos para integrar las áreas rurales (en especial su población dispersa y
geográficamente lejana de “motores de demanda”
4
y con insuficientes activos privados) a un
mundo crecientemente globalizado, competitivo y dinámico, son enormes. Los desafíos anexos de
mejoramiento del nivel y de la calidad de vida, alcanzando en doce años más, como propuesta
mínima, las Metas del Milenio, son igualmente enormes. Entre estos desafíos se destaca el de
asegurar que los beneficios del desarrollo alcancen por igual a hombres y a mujeres, así como que
éste se caracterice por asegurar el ejercicio de los derechos y de la ciudadanía rural en un
contexto global.
En esta dirección, en América Latina se han dado avances importantes en la constitución
de una institucionalidad de género y en varios países se han incorporados objetivos de equidad de
género en las áreas rurales, ya sea en los Planes de Igualdad de Oportunidades y otros Programas
de gobierno, impulsados por las Oficinas de la Mujer, o en programas llevados a cabo por los
Ministerios de Agricultura y los Institutos de Desarrollo Agropecuario. Incluso algunos países,
como Colombia y México, han avanzado en legislar acerca del desarrollo rural y de las mujeres
de este sector. Sin embargo, la experiencia acumulada, si bien hay que valorarla puesto que ha
marcado un hito en la gestión pública y es relativamente reciente, no muestra todos los avances
sustanciales esperados en cuanto al mejoramiento de la situación de las mujeres del campo. Esto
obedece a una serie de obstáculos los que se pueden resumir de la siguiente manera:
- La aceptación e internalización de la perspectiva de género en las políticas públicas han sido
difíciles debido tanto al carácter innovador y en construcción de este enfoque y a la falta de
personal calificado capaz de aplicarlo, así como a las resistencias ideológicas que provocan
los principios éticos de una mayor igualdad entre hombres y mujeres y la necesaria
redistribución de roles, recursos y poder que implican.
- No siempre existe una voluntad explícita ni un contexto político favorable para priorizar e
introducir cambios, como los que se proponen desde el enfoque de género, de carácter
integral y transversal en las políticas y programas para que se dirijan, de manera sinérgica, a
alcanzar objetivos sociales y económicos. Esto se expresa claramente en la falta de
asignación de un presupuesto específico destinado con este fin.
- Una agenda política de género limitada en sus áreas de intervención a temas como salud,
seguridad alimentaria y educación, tradicionalmente considerados como de “mujeres”, o
aquellos asociados específicamente a ellas, como violencia doméstica o planificación
familiar, dejando de lado por ejemplo los aspectos económicos del desarrollo y los
4
Concepto introducido por Thomas Reardon, Profesor de la Universidad de Michigan en las discusiones
sobre empleo rural no agrícola y pobreza.

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4
mecanismos de mercado, vinculados a su autonomía económica y sus posibilidades reales de
superar la pobreza y desarrollar sus opciones.
- Las limitadas atribuciones de los mecanismos nacionales y sectoriales de género en el
seguimiento y evaluación de las políticas y programas de desarrollo rural, y la escasa
articulación interinstitucional e intersectorial, entre las Oficinas de la Mujer y los Ministerios
de Agricultura, y otros actores gubernamentales y de la sociedad civil que actúan en el
campo.
- El carácter eminentemente urbano de la mayoría de las demandas y reivindicaciones de los
grupos, movimientos y organizaciones de mujeres, así como el trabajo casi exclusivamente
urbano que llevan a cabo los mecanismos nacionales para el adelanto de las mujeres.
- Las graves carencias de información desagregada por sexo, actualizada y confiable, sobre las
áreas rurales en temas tan cruciales como la propiedad de la tierra, sumadas a los problemas
de medición que llevan a importantes subregistros por ejemplo de las actividades que llevan a
cabo las mujeres, tanto dentro como fuera de los hogares, así como el escaso desarrollo de
indicadores de género que permitan hacer un seguimiento de los cambios que ocurren en las
brechas existentes en diferentes áreas entre hombres y mujeres.
- Cuando existe información tanto estadística desagregada por sexo como de carácter
cualitativo sobre las mujeres rurales, la escasa consideración de la misma en la definición de
las políticas agrarias, territoriales y macroeconómicas que afectan al campo y la persistencia
de estereotipos, prejuicios y sesgos de género, lo cual remite a un problema mucho más
sistémico.
2. Algunas cifras
a) La población rural hacia 2015
La población rural en América Latina se ha mantenido en torno a los 125 millones de personas en
las últimas décadas con un crecimiento muy leve que se estima se prolongará más allá de 2015.
Sin embargo, entre los países se encuentran diferencias marcadas y los de mayor ruralidad (y
pobreza) son justamente aquellos cuya población rural está creciendo más rápidamente (debido a
la etapa de transición demográfica incipiente en la cual se encuentran y a la diferente intensidad
de la migración rural-urbana ver gráfico 1)
Gráfico 1
América Latina: Variaciones porcentuales de la población rural,
estimaciones para 1990 - 2000 y 2000-2010
Cuba
Uruguay
Argentina
Brasil
Chile
Venezuela
Colombia
Bolivia
México
República Dominicana
Ecuador
Perú
Haití
Panamá
El Salvador
Paraguay
Honduras
Costa Rica
Nicaragua
Guatemala
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
Países
Variación porcentual de
población
1990 - 2000
2000 - 2010

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5
El índice de feminidad para América Latina muestra que hay de manera significativa menos
mujeres que hombres en las zonas rurales. El promedio regional es de 92,5 mujeres por 100
hombres, y la cifra menor la tiene Uruguay con 73,7. Este comportamiento es diferente al de las
áreas urbanas donde en todos los países el índice de feminidad es mayor de 100. Asimismo es
importante destacar que, según los tramos de edad, los bajos índices rurales tienen en casi todos
los países su punto más bajo en el rango de 15 a 24 años (www.eclac.cl/mujer y el gráfico 2). La
respuesta al índice la encontramos en los flujos de migración rural-urbana y la predominancia de
las mujeres, especialmente las jóvenes en estos flujos.
Gráfico 2
b) Pobreza rural y género
En América Latina, si bien la mayoría de la población pobre e indigente habita en las
ciudades, la incidencia de la pobreza en la población rural es mucho mayor. Así si bien de los 204
millones de pobres, sólo 78 millones son pobres rurales, en la población indigente, hay una
predominancia de población rural y el 60% de la población indigente, es decir en situación de
pobreza extrema, vive en zonas rurales (CEPAL, 2002).
Si bien en la región se suele sostener que la pobreza rural (así como la urbana) afecta de
manera casi homogénea a hombres y mujeres, es importante destacar que el índice de feminidad
en la pobreza muestra que en las zonas rurales de Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile y
Paraguay la pobreza está sobrerepresentada en las mujeres. República Dominicana es el caso
extremo ya que muestra 115 mujeres pobres por cada 100 hombres en esa misma condición
(www.eclac.cl/mujer y gráfico 3). Hay que considerar que estos datos se obtienen utilizando la
metodología de línea de pobreza, la que homologa a todos los miembros del hogar. Asimismo, es
importante destacar que en los distintos estratos de pobreza existe un número importante de
hogares que son jefaturizados por mujeres (gráfico 4), los cuales requieren medidas de apoyo
especiales.
América Latina, 1990: Población rural por grupo etario y sexo
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0 -
4
10 -
14
20 -
24
30 -
34
40 -
44
50 -
54
60 -
64
70 -
74
80 y m
ás
Grupos etarios
% po
bla
ció
n r
ura
l so
bre
po
bla
ció
n to
tal
Hombres
Mujeres

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Gráfico 3
Fuente: Unidad Mujer y Desarrollo de la CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las
encuestas de hogares de los respectivos países.
Gráfico 4
Fuente: Unidad Mujer y Desarrollo de la CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las
encuestas de hogares de los respectivos países.

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En el gráfico 5 se observa que si bien el porcentaje de mujeres sin ingresos es alto en
todos los tipos de hogar, es sustancialmente mayor en los hogares pobres. Claramente, muchas
mujeres, al no percibir ingresos o percibir pocos ingresos están en una posición de gran
vulnerabilidad en el hogar La falta de autonomía económica de las mujeres tiene consecuencias
directas sobre su capacidad de negociación y de decisión al interior de los hogares, además que
contribuye a que las mujeres tengan menos opciones para independizarse, y varios estudios
muestran que el carecer de ingresos y bienes propios es un factor de vulnerabilidad frente a la
violencia, independientemente del nivel socioeconómico y el clima educacional del hogar.
Gráfico 5

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8
A continuación, se muestra un esquema (cuadro 1) que recién está siendo discutido en el
seno de la CEPAL, con los resultados para Brasil.
5
(cuadro 2)
Cuadro 1
Género, pobreza, ingresos domésticos individuales:
aplicación rápida de la propuesta
NIVEL DE
INGRESOS DE LA
MUJER
NIVEL DE INGRESO DEL HOGAR
INGRESO/OCUPA-
CIÓN FEMENINA
POBRE
NO POBRE
ESTUDIA
Etapa de acumulación en condiciones
desfavorables
Etapa de acumulación en
condiciones favorables
LABORES
DOMÉSTICAS
Ingreso personal nulo o bajo: la peor
situación, pero valoración de su
trabajo o inserción laboral podrían
revertir estadística o sustantivamente
condición de pobreza del hogar
“Pobre invisible”: mujer
aumenta su pobreza con la
individualización femenina.
INGRESOS BAJOS
Probable acumulación de desventajas
o de cargas (trabajo y crianza/tareas
domésticas)
“Pobre (potencial) invisible”:
mujer aumenta su pobreza con
la individualización femenina.
INGRESOS ALTOS
Mujer reduce su pobreza con
individualización femenina pero
probable aumento de la severidad de
la pobreza del ex-hogar
Mujer probablemente
consolida situación con
individualización femenina
pero posible aumento de la
prevalencia de la pobreza en el
ex-hogar
Fuente
:
Jorge Rodríguez Vignoli, CEPAL/CELADE con aportes del grupo de trabajo Género y
Pobreza, CEPAL, junio 2003
5
Se ha hecho un mismo ejercicio para México con resultados que van en la misma línea.

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Cuadro 2
Género, pobreza, ingresos domésticos e individuales: propuesta exploratoria dos
Fuente
:
Jorge Rodríguez Vignoli, CEPAL/CELADE sobre la base del censo de población de Brasil,
2000, presentación al grupo de trabajo Género y Pobreza, CEPAL, junio 2003
3. Los activos, las oportunidades y los obstáculos
a) El marco
Se ha demostrado que el crecimiento tiene una incidencia directa sobre la disminución de
la pobreza por que surgen oportunidades de generación de ingresos —por lo general a través de
empleo asalariado o por cuenta propia. A su vez, una recesión económica tiene el efecto contrario
y, Morley (2000) ha demostrado que en las últimas décadas ha aumentado la asimetría, o sea que
en América Latine el crecimiento del PIB con 1 punto tiene menor efecto positivo sobre el
empleo y la reducción de la pobreza que una disminución similar del PIB tiene como efecto
negativo. En consecuencia, un crecimiento regular es mucho mejor que uno fluctuante como el
que ha caracterizado a la región estas dos últimas décadas.
Una distribución más equitativa de los ingresos y de los activos permitiría a su vez que un
mayor número de personas se puedan aprovechar de mejor manera de las oportunidades que
ofrece el crecimiento económico.
A nivel micro, al buscar los factores que inciden sobre la pobreza, se encuentra que la
falta de acceso, la desigual distribución y el insuficiente control de los activos son aspectos muy
importantes, así como la calidad o productividad de estos activos, ya que es ésta la que al final
determina en forma importante los beneficios obtenidos de su uso. Para los hogares agrícolas,
estos activos pueden clasificarse como capital natural (tierra, suelo, clima, agua, localización),
capital físico (inversión, infraestructura, tecnología), capital financiero (recursos propios, crédito,
52
24
35
41
Mujer
Total
49
2
21
26
Mujer
Pobres (0-151
reales per
capita)
52
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9
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Hombre
No pobres (152
reales o más
per capita
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5
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19
Total
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31
12
9
Total
51
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14
15
Mujer
48
48
37
15
Hombre
100
36
36
28
Total
28
Pobres (menos
de 300 reales)
11
Sin
ingresos
8
No pobres (300
reales o más)
48
Hombre
Total
INGRESO PERSONAL (población de 21 años y más)
INGRESO PER
CAPITA DEL
HOGAR
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Sin
ingresos
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No pobres (300
reales o más)
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Hombre
Total
INGRESO PERSONAL (población de 21 años y más)
INGRESO PER
CAPITA DEL
HOGAR

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subsidios), capital humano (número de personas, edad, educación, conocimientos, capacidades,
salud) y capital social (relaciones de confianza, cooperación, reciprocidad). De esta forma, será la
cantidad, la forma de control y la calidad (productividad) de los activos disponibles las que
determinarán, en gran parte, los ingresos reales o potenciales que puede recibir un hogar.
(Köbrich, Villanueva y Dirven, 2003).
Esquema 1
Marco conceptual: Elementos relacionados con la pobreza a nivel macro y micro
Fuente: Adaptado por Köbrich, Villanueva y Dirven (2003) a partir de un taller de trabajo donde
participaron funcionarios de Ministerio de Planificación (MIDEPLAN), Red Internacional de Metodología
de Investigación de Sistemas de Producción (RIMISP), Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP),
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago de Chile, abril, 2001.
En términos generales, y dependiendo de la base de activos del hogar rural, estos podrán
seguir una de cinco estrategias básicas para generar ingresos. La primera es la producción
agrícola, ya sea predial (por cuenta propia) o extrapredial (asalariado o temporero). La agricultura
por cuenta propia requiere que los hogares cuenten con suficiente acceso a tierra y agua y con un
contexto (mercado, instituciones, políticas, entre otros factores) que les permita tener alta
productividad, bajos costos de transacción y enfrentar precios favorables. Aspectos claves para
potenciar los ingresos agrícolas son reducir las fallas de mercado, construir instituciones agrícolas
(crédito, asistencia técnica), desarrollo tecnológico, provisión de bienes públicos, marco
macroeconómico y político no discriminatorio, descentralización y potenciación de los gobiernos
locales, promoción de organizaciones de base, participación organizada de los usuarios, control y
gestión de los recursos colectivos, etc. La segunda es la actividad rural no agrícola, ya sea a través
de la participación en los mercados de trabajo, de servicios o de productos no agrícolas. En este
caso los ingresos se pueden generar por ingresos que están vinculados al predio pero no a la
agricultura (turismo, artesanía, microempresas) o que no están relacionados con el predio
(empleados o asalariados no agrícolas, comercio, transporte, servicios). La tercera opción, es la
pluriactividad, entendida como la combinación de actividades agrícolas y no agrícolas (o
prediales y no prediales) y, por qué no, con la dependencia del asistencialismo. La cuarta es
depender simplemente del asistencialismo en la forma de transferencias desde el Estado. Estas
transferencias pueden permitir aumentar el acceso a o el control de los activos (por ejemplo la
Ni
ve
l ma
cro
Ni
ve
l mi
cro
Sector urbano
Sector rural
Pobreza
Equid a d
C recim iento
O portunid a d es
Em p leo
Físico
N a tura l
Fina nciero
H um a no
Socia l
G rupos socia les
A ctivos
D im ensión tem poral
Pobreza d ura o
tra nsitoria
H erencia d e
la pobreza
V ulnera b ilid a d
Ed a d
G énero
Etnia s

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tierra), aumentar el ingreso o el consumo del hogar (transferencias constantes de dinero,
alimentos, servicios, etc.) o construir una red de seguridad. Estas últimas actúan como seguros
que reducen la vulnerabilidad y previenen o superan problemas irreversibles, tales como
descapitalización de los activos productivos, las respuestas irreversibles a situaciones de shock y
la potencial pérdida de activos en caso de crisis macroeconómicas o localizadas. Una última
opción es simplemente la emigración a otras áreas urbanas o rurales en busca de mayores
oportunidades. En muchos países de América Latina la reducción de la pobreza rural se ha debido
a que la migración desplaza la pobreza hacia los sectores urbanos. A pesar de su importancia, se
han implementado pocas políticas para optimizar su impacto económico y social. (Köbrich,
Villanueva y Dirven, 2003)
Una visión de esta naturaleza permite afirmar que, la inexistencia de activos en la
cantidad o la calidad (productividad) adecuada, o incluso bajo un control no adecuado, conduce a
una incapacidad de generar ingresos que permitan superar la línea de pobreza. El reconocimiento
de la multiplicidad de activos implica, necesariamente, que los programas consideren sus
particularidades de forma de poder atacar la pobreza desde la perspectiva adecuada. (Köbrich,
Villanueva y Dirven, 2003)
b) Los activos por género
Desde un enfoque de género, se requiere no sólo identificar el comportamiento de los hogares
rurales sino también mirar lo que sucede a su interior y analizar como los activos ya mencionados
y las estrategias de generación de ingresos se distribuyen entre sus miembros, y cuales son las
posibilidades diferenciales de género de acceso, uso y control sobre esos activos de modo de
formular políticas públicas que aseguren un desarrollo más equitativo. En este sentido, hay que
considerar las relaciones de poder, conflicto y negociación que se establecen en los hogares ya
sean de género o generacionales.
i)
El capital humano
Los miembros del hogar
El hogar es una importante unidad de toma de decisiones. Es especialmente así en los hogares
agrícolas, ya que parte de lo producido y el tiempo de los integrantes del hogar (utilizado en
trabajo dentro o fuera de la finca o en esparcimiento) es también consumido por el hogar. En
principio, la producción y el consumo son perfectamente separables y el hogar tratará de
maximizar primero la producción y luego el consumo. Sin embargo, a menudo no es tan así.
Esto pasa cuando el hogar considera que los bienes vendidos o comprados en le mercado son
sustitutos imperfectos del bien producido y utilizado en la finca (un ejemplo de ello son
algunas variedades de maíz en México), y/o el hogar enfrenta brechas importantes entre el
precio de compra y el precio de venta (debido a los costos de transacción). Así, en Honduras
y en El Salvador los hogares parecen asignar primero la mano de obra familiar para cubrir la
producción de productos básicos para el autoconsumo y solo en segunda instancia utilizar la
mano de obra “supernumeraria” en empleo fuera de la finca. En especial, se trata a menudo
de mujeres adultas, con mayor educación que el promedio del hogar y que salen a trabajar en
actividades no agrícolas. Sin embargo, manteniendo las demás características iguales, las
mujeres suelen ganar menos que los hombres. En el Salvador, la diferencia es de 29% menos.
(Lanjouw, 2001)

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La educación
En América Latina el promedio de escolaridad de las mujeres rurales es de 6 años,
significativamente más bajo que el promedio urbano que es de 9 años (www.eclac.cl/mujer). Sin
embargo, es importante destacar la brecha generacional existente entre mujeres por la
potencialidad que implica para las más jóvenes que están mejor educadas, y el obstáculo que
representa para las mayores, quienes presentan los rezagos más importantes.
Pero al mismo tiempo, hay que considerar comportamientos diferenciados según los ingresos con
que cuentan los hogares. La información disponible muestra que en los hogares más pobres los
varones entre 13 y 19 años asisten más a la escuela que las jóvenes de su mismo rango, y son
también los jóvenes de 20 y 21 años quienes han completado en mayor proporción los 12 años de
estudio de la enseñanza secundaria (www.eclac.cl/mujer y gráfico 6).
Gráfico 6
En el empleo asalariado agrícola predominan los menos educados, mientras la educación
tiene un claro impacto sobre el acceso a los empleos no agrícolas y las personas que trabajan
como asalariados tienen más educación que las que lo hacen por cuenta propia. Cabe señalar sin
embargo que el impacto suele ser mayor en las localidades más ricas y de mayor dinamismo con
lo que el retorno de un año de educación no es el mismo en una zona pobre y aletargada que en
una rica. Tampoco el retorno es igual para mujeres y para hombres, lo cual queda claro al ver la
brecha salarial existente entre ellos y la gran segmentación que caracteriza al mercado laboral
tanto urbano como rural.
ii)
El acceso a la tierra
Por ahora, en la región, lo común es que el proceso de sucesión esté fuertemente
articulado en torno al padre, quien decide cuando y cómo se transferirán las responsabilidades
sobre la gestión del establecimiento a la próxima generación. Esta transición suele estar mucho
más ligada a las capacidades y disposición de trabajar del padre que a las necesidades del (la)
sucesor(a), su preparación para asumir la gestión o las exigencias mismas de la gestión. Tampoco

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necesariamente parece estar ligada a las posibilidades de sustento económico de los “viejos”
como lo indica la experiencia con los pensionados y jubilados en, por ejemplo, Brasil. Por
mientras, los/las hijos/as suelen tener poca voz en la conducción del predio y, en su mayoría, no
tienen una remuneración por las horas trabajadas en el predio familiar. Así, muchos hijos de
campesinos quedan dependientes económicamente de sus padres por muchos años después de
haber terminado sus estudios e iniciado su vida laboral y también a menudo matrimonial. (Dirven,
2002)
La tradición jurídica en la región es que todos los hijos e hijas legítimos heredan por
partes iguales de sus padres si el fallecido no ha dejado testamento. En la última mitad del Siglo
XX se incluyó la igualdad formal entre sexos en casi todas las Constituciones latinoamericanas y
se reformaron gran parte de los Códigos Civiles para establecer la doble jefatura del hogar, el
reconocimiento de las uniones de hecho y el divorcio civil. Durante los años noventa, varios
nuevos códigos agrarios han abolido el concepto del jefe de hogar varón como principal
beneficiario de los programas estatales de distribución y titulación de tierras, sea dando el
derecho a personas naturales y jurídicas en vez de a los jefes de hogar (Perú, México, Ecuador y
Honduras) sea dando explícitamente la igualdad de derechos a la tierra entre hombres y mujeres
(Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Honduras) Sin embargo, la
propiedad de la tierra está esencialmente en manos de hombres, lo que sugiere que los derechos
formales de herencia no coinciden con las prácticas locales. (Deere y León, 2000).
6
En síntesis, siguiendo a Deere y León (2000), se puede decir que la desigualdad de
género en la propiedad de la tierra tiene su origen en los privilegios que disfrutan los hombres en
el matrimonio, la preferencia por los varones en las prácticas de herencia, el sesgo masculino en
los programas de distribución y titulación de tierras, y el sesgo de género en el mercado de tierras,
en el que es menos probable que las mujeres participen exitosamente como compradoras. Siendo
todos estos ámbitos sobre los que hay que introducir cambios para asegurar a las mujeres un
acceso efectivo más equitativo a este importantísimo activo.
iii) La infraestructura
La infraestructura (agua potable, electrificación, telecomunicaciones, pero especialmente los
caminos en buen estado todo el año) tiene un fuerte impacto positivo sobre el ingreso total, pero
no tanto sobre el ingreso agrícola. Esto no debe interpretarse como que el acceso a los caminos
reduce de hecho el ingreso agrícola. Más bien, la agricultura parece estar más alejada de los
caminos principales y las actividades no agrícolas más cerca de ellos, y próximas a las
concentraciones rural-urbanas. Esto es lo que cabe esperar a partir de las teorías de von Thünen
(1882) relativas a los cambios de uso de la tierra al alejarse de los centros urbanos y declinar el
precio de ésta. (Corral y Reardon, 2001)
Para obtener empleos en actividades no agrícolas, las mujeres rurales enfrentan limitaciones
adicionales que los hombres que están relacionadas, entre otros, con la distancia hacia los centros
urbanos. La facilidad de acceso es por lo tanto clave para que las mujeres participen en el trabajo
no agrícola bien remunerado.
6
Las autoras siguen con: “Existen pocas dudas de que los derechos independientes a la tierra para todas las
mujeres deben ser la meta de las feministas. Los derechos independientes a la tierra amplían las opciones
de las mujeres en cuanto a decidir si formar una unión y con quién, y les da a las mujeres una posición de
resguardo muy fuerte y un grado de seguridad dentro de la unión. (Deere y León, 2000) Exactamente el
mismo análisis se puede hacer desde el punto de vista de los jóvenes o los no tan jóvenes que no han
logrado acceder a medios de producción propios.

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14
El énfasis en este documento sobre el empleo rural no agrícola obedece a que los resultados
de numerosos estudios han demostrado que la mujer tiene más acceso que los hombres al empleo
asalariado no agrícola y a ganar proporcionalmente más en comparación con el trabajo agrícola o
el empleo por cuenta propia. (Berdegué et al., WD, 2001) Además, los hogares con jefatura
femenina tienden a depender más de este tipo de empleo.
c) Población económicamente activa por género
Desde un enfoque de género, es importante debatir en torno al concepto de “trabajo total”
donde tanto las actividades reproductivas, no remuneradas, realizadas en el ámbito doméstico
como las productivas insertas en el mercado laboral son considerados trabajo, puesto que la
invisibilidad del trabajo realizado preferentemente por las mujeres al interior de los hogares ha
conducido a su no valoración económica y social y a desconocer no solo el aporte que significa
para el desarrollo sino también a ignorar que constituye el principal obstáculo para el ejercicio del
derecho al trabajo remunerado. Esto es particularmente notable en las áreas rurales, donde se ha
privilegiado el quehacer agrícola como actividad definitoria y se ha enviado al paquete ciego de
la “complementariedad” y la “ayuda” todo el universo de los otros quehaceres histórica y
actualmente asignados a las mujeres del campo, los que en general no han sido objeto de políticas
de desarrollo. (Ver gráfico 7)
Gráfico 7
Sin embargo, con la información estadística disponible, se observa que en América
Latina más allá de la “complementariedad” no equitativa que se encuentra en la división sexual
del trabajo rural, la tasa de participación femenina en la fuerza de trabajo ha crecido más que la
de los hombres (ver gráfico 8) y pasó del 23% en 1980 a más del 30% en 2000. El crecimiento
más importante por ramas de actividad se da en agricultura (5 puntos), pero la presencia femenina
en los empleos no agrícolas es proporcionalmente mucho mayor. Así, 51.1% de la población
económicamente activa rural femenina trabaja en algún sector no agrícola versus 32.9% de los
hombres. (Cuadro 3) Al mismo tiempo se observa que las tasas de participación laboral de las
mujeres pobres rurales son mucho menores que las de las mujeres pertenecientes a hogares no
5 1 .4
4 8 .6
2 2 .4
4 8 .4
2 9 .0
0 .2
0 .0
1 0 .0
2 0 .0
3 0 .0
4 0 .0
5 0 .0
6 0 .0
M uje r
Ho m b re
M uje r
Ho m b re
M uje r
Ho m b re
T o t a l t ra b a ja do re s
R e m u ne ra d o s
D o m é s t ic o s no re m u ne ra d o s
Am érica Latina a/:
Trabajo total : Trabajo rem unerado + Dom és tico no rem unerado,
Zonas rurales , alrededor de 1999
F ue n te : C E P A L, s o bre la ba s e d e ta b u la c io n e s e s p e c ia le s d e la s e n c u e s ta s de ho g a re s de lo s re s pe c tivo s p a ís e s
a / pro m e d io p o n d e ra do 1 2 p a ís e s : B o liv ia , C h ile a /, C o lo m b ia , C o s ta R ic a , E l S a lva d o r, G u a te m a la a /, H o nd u ra s , M é xic o a /,
N ic a ra g u a a /, P a n a m á , P a ra g u a y, R e p úb lic a D o m in ic a na b/

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15
pobres, mientras que para los hombres su condición de pobreza no afecta significativamente su
participación laboral (www.eclac.cl/mujer).
Gráfico 8
América Latina: Proyecciones de Población Económicamente Activa Rural
0
5000000
10000000
15000000
20000000
25000000
30000000
35000000
40000000
45000000
Total H
Total M
10-14 H 10-14 M 15-29 H 15-29 M
30-44 H 30-44 M
45-59 H 45-59 M
60-74 H 60-74 M 75 y más
H
75 y más
M
Grupos etarios por sexo
Número de personas
1985
2000
2015
Los hombres que no son jefes de hogar suelen trabajar como asalariados, mientras que los
hombres jefes de hogar y las mujeres suelen trabajar más bien por cuenta propia, pero en
actividades distintas. Así, los hombres trabajan esencialmente en la construcción, el transporte y
las manufacturas, mientras las mujeres trabajan en tareas administrativas, la industria textil,
educación, y servicios por cuenta propia, personales y domésticos. El tipo de empleo varía según
los estratos de ingresos. Las familias más pobres suelen estar empleadas en empleo asalariado
agrícola, mientras las de ingresos medianos trabajan en su propia finca o en un empleo asalariado
no-agrícola. Por último, los de mayores ingresos, también suelen tener sus propias tierras y/o
estar autoempleados o tener su empresa en diversos subsectores no-agrícolas. Esta situación tiene
que ver con las necesidades de activos (tierras, capital humano y financiero) para la actividad
agrícola y, más pronunciadamente aún, para la actividad no-agrícola de mediana a alta
productividad (contrariamente a la de baja productividad, la cual es claramente una actividad de
refugio de pobreza).
En síntesis, actualmente la participación laboral femenina en las zonas rurales muestra
una gran diversidad. De este modo podemos encontrar productoras, cooperativistas,
comercializadoras y jornaleras agrícolas, empleadas asalariadas, microempresarias rurales y
mujeres dedicadas a otras actividades no agrícolas (IICA, 1999; ver cuadro 3). Esta
heterogeneidad de adscripciones laborales remite a la necesidad de diversificación de las acciones
territoriales dirigidas a mejorar la calidad de su inserción laboral, así como la consideración de los
importantes aportes que realizan al desarrollo rural.

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Cuadro 3
América Latina, 1999: Población rural ocupada, por rama económica (en porcentajes)
a
Hombres
Mujeres
Total
Mínima
participación
mujeres (% y
país)
b
Máxima
participación
mujeres (% y
país)
b
Minería
0.7
0.2
0.6
0.1 Brasil, Chile,
Costa Rica
1.0 Bolivia,
Colombia
Industria
manufacturera
7.3
10.4
8.3
3.4 Brasil
24.9 Guatemala
Electricidad, agua,
gas
0.4
0.0
0.3
0.0 México
0.9
R.Dominicana
Construcción
6.1
0.5
4.2
0.1 Bolivia, El
Salvador,
Honduras,
México
1.0 Brasil
Comercio, hoteles,
restaurantes
7.1
15.3
9.9
5.3 Chile
39.2 Honduras
Transporte y
comunicaciones
2.2
0.5
1.6
0.1 Bolivia
1.4 Costa Rica
Servicios
financieros e
inmobiliarios
0.3
0.3
0.3
0.1 Bolivia
2.2 Costa Rica
Servicios sociales,
comunales y
personales
8.8
23.9
13.9
3.5 Bolivia
48.4 Panamá
Ocupados no
agrícolas - subtotal
de los 11 países
(%)
32.9
51.1
39.1
Ocupados agrícolas
-subtotal de los 11
países (%)
67.1
48.9
60.9
Subtotal ocupados
no agrícolas de los
11 países
9 237 309
7 390 752
16 628 061
% ocupados
agrícolas y no
agrícolas en
ocupados rurales
totales de los 11
países
55.6
44.4
100
Total ocupados
rurales en los 11
países (agrícolas y
no agrícolas)
c
28 076 927
14 463 311
42 540 328
Fuente: Elaboración de la Unidad Mujer y Desarrollo de la CEPAL sobre la base de las Encuestas de
hogares de distintos países
Nota:
a
En base a información de 11 países (Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay) que representan aproximadamente el 72% de la
población económicamente activa de América Latina
b
Incluye además de los 11 países a Guatemala y República Dominicana
c
Es necesario notar que la cifra total, en especial la referente a las mujeres ocupadas excede de
bastante a las proyecciones para el año 2000 contenidas en el Boletín Demográfico No 64 de
CELADE/CEPAL (1999).
7
7
Existen tres explicaciones: a) una metodológica en el sentido de que el Boletín se base en cifras censales,
las cuales captan menos bien el empleo, en especial el femenino, que las encuestas de hogares sobre las

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4. Territorio y distancias
a) Territorio y localización
“We normally model countries as dimentionless points within which factors of
production can be instantly and costlessly moved from one activity to the other”.
(Krugman, 1991)
La introducción de las consideraciones sobre espacio o territorio en la literatura
económica, así como en las ciencias sociales en general, ha recibido un nuevo impulso en la
última década. Estos determinan y explican tanto los procesos de concentración de actividades
productivas y de servicios en determinados espacios (por lo general las ciudades), así como el
hecho que determinadas localizaciones exhiban un mayor dinamismo y capacidad competitiva
que otras que se encuentran más rezagadas.
Los desarrollos teóricos sobre localización de las actividades económicas en el espacio
han caminado por dos canales paralelos, con sólo algunos intentos tardíos de integración: una
primera corriente es la que se deriva de la tradición alemana de fines del siglo XIX en adelante y
los intentos de integración de Isard (1954) “en un modelo competitivo de equilibrio general”. Esta
corriente culmina con la escuela de la ciencia regional en los 60s y 70s. En América Latina esta
escuela ha tenido mas influencia en el ámbito de la geografía y en los primeros trabajos sobre
planificación regional, que en la reciente literatura de desarrollo local. La segunda corriente
corresponde a la que se deriva de Marshall (1920), en particular de sus referencias a los factores
que inciden en los procesos de aglomeración industrial, los que darían origen a la extensa
literatura sobre gestación y desarrollo de clusters, industrialización flexible, nuevos distritos
industriales, regiones de aprendizaje (learning regions) y entornos competitivos (milieu). Es esta
corriente y sus derivados, junto con las contribuciones de la Nueva Economía Institucional, la que
mayor influencia ha tenido en la reflexión latinoamericana sobre Desarrollo Económico Local.
(Schejtman y Berdegué, 2003)
En nuestra región el denominado “enfoque territorial del desarrollo rural” ha cobrado
fuerza en la búsqueda de nuevas respuestas. Numerosas iniciativas prácticas y teóricas, públicas y
privadas, nacionales e internacionales se declaran parte de este nuevo enfoque. (Schejtman y
Berdegué, 2003)
Para dar sentido y contenido a un proyecto de desarrollo de un espacio determinado, a
partir de la convergencia de intereses y voluntades, es