Las Mujeres, la politica y los criterios de igualdad

5.3 Maquinaria Igualitaria y Medidas para promover la Igualdad

Durante los años 70 y 80, la maquinaria estatal destinada a promover la igualdad entre hombres y mujeres se puso en funcionamiento en la casi totalidad de los países de Europa occidental. Sobre todo en el Norte de Europa, las políticas igualitarias han sido una característica mayor del "femimismo de estado" y confiaron en el Estado como órgano capaz de promover la igualdad entre sexos. El feminismo de estado también reivindica la integración de las mujeres a todos los niveles de las instituciones políticas y de la administración pública, ámbitos desde los cuales se puede participar en la toma de decisión y la elaboración de tendencias políticas generales.

Aunque reconocen los logros indudables de la política de igualación, por sólo mencionar la introducción de una legislación igualitaria por ejemplo, algunos investigadores han subrayado la paradoja que caracteriza el funcionamiento de las instituciones estatales para la igualdad. Se desprende del análisis de Anne Holli sobre el Consejo para la Igualdad en Finlandia que la lucha por la igualdad entre sexos es movida por ideas y objetivos radicales. Pero para que dicha igualdad sea efectiva, los organismos igualitarios requieren un mínimo de adaptación a la burocracia estatal y sus prácticas. Según la terminología de Holli, una política estatal para la igualdad debe utilizar una estrategia de "judo feminista" que haga que los valores y normas de la burocracia se vuelvan en su contra para poder aceptar lo inaceptable (Holli, 1996).

Esta sección del presente capítulo presenta la maquinaria igualitaria y sus consecuentes medidas en cinco países europeos. Pretende analizar las medidas legislativas y demás estrategias utilizadas para que el Estado y los distintos organismos promuevan la igualdad. También estudia la cooperación existente entre la maquinaria política y las organizaciones feministas. Los últimos veinte años han demostrado que la maquinaria igualitaria no puede funcionar si lo hace desde una postura alejada de la sociedad que la rodea: una piedra angular de su éxito ha sido su capacidad de rodearse de colaboradores tanto a la base de la sociedad como en las esferas de toma de decisión.

5.3.1. Finlandia: la Política Igualitaria

En los años 50 - 60, la alta participación femenina en el mercado laboral y su doble papel de ama de casa y trabajadora abrió el debate -común a todos los países escandinavos- sobre los papeles de cada sexo y exigió la adopción de una política igualitaria por parte del Estado. Pero la política pública sólo consideró las cuestiones de igualdad en los años 60, tras la instauración de Asociación 9. Desde entonces, el Estado finlandés "se volvió en un conciliador y mediador especial del conflicto sexual", explica Anne Maria Holli (1990; 69).

Se estableció el Consejo para la Igualdad en 1972. Se trata de un cuerpo consultivo permanente que depende de la administración pública. El Consejo de Estado nombra a sus miembros para un período de tres años. El Consejo cuenta con un presidente y 11 miembros que representan la mayoría de los partidos políticos. El ministro encargado de las cuestiones de igualdad también mantiene recuentes contactos con el Consejo. La tarea del Consejo es la de promover los temas de igualdad a nivel de las autoridades, las distintas instituciones nacionales y locales, los representantes de las organizaciones pertenecientes al mercado laboral y otros grupos de interés (Equality, a habit..., 1995; 13).

Una de las responsabilidades del Consejo es asegurarse de que los aspectos de paridad se tomen en cuenta a la hora de reformar la legislación o la administración pública. Su objetivo es el de promover la igualdad en todos los campos de la organización social. También lleva a cabo investigaciones y formaciones sobre temas de igualdad y asegura la cooperación internacional en este sector. En 1974, los países nórdicos empezaron a trabajar juntos en temas de lucha por la igualdad, y en la actualidad les ocupa el programa 1995-2000 para la igualdad. Finlandia participa también en los comités para la igualdad de la UE, la OCDE y Las Naciones Unidas (ibid., 13-16).

Para fomentar debates públicos y buscar soluciones a los problemas vigentes, el Consejo cuenta con varios subcomités de trabajo . Uno de los subcomités se ocupa de suscitar el interés masculino por los problemas de igualdad y trata temas como la paternidad, la violencia, la sexualidad y las situaciones de crisis. El subcomité de investigación está especializado en política de investigación, en temas de estudios sobre la mujer y la igualdad. También cuenta con un coordenador nacional de los estudios sobre la mujer que proporciona información sobre la mujer y la igualdad tanto a investigadores y medios de comunicación como a la población en general. Distintos subcomités trabajan en colaboración con investigadores y, si es necesario, con representantes de organizaciones del mercado laboral por ejemplo (ibid., 14).

A raíz de la ratificación de la Ley sobre la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que comentaremos a continuación, se estableció el puesto de "Ombudsman para la Igualdad" en el seno del Ministerio de Asuntos Sociales. Su misión es la de asegurar la correcta aplicación de la Ley sobre la Igualdad y tiene la autoridad para solicitar informes sobre las distintas autoridades, los responsables laborales y particulares que se hayan visto acusados de prácticas sexualmente discriminatorias. También tiene la autoridad para llevar a cabo inspecciones si así lo requiere el caso. El Organo del Ombud para la Igualdad también proporciona consejos e informes y publica información acerca de la situación de las mujeres y la política igualitaria en Finlandia (ibid., 12).

En Finlandia, la Ley sobre la Igualdad entre Mujeres y Hombres entró en vigor en 1987. Abarca todas las esferas sociales, pero no puede interferir en temas de vida privada o familiar, tareas de las Fuerzas Militares o de los guardas fronterizos ni actividades religiosas. Tiene la misión de promover la igualdad entre mujeres y hombres, impedir la discriminación basada en el sexo y promover el estatuto de las mujeres, sobre todo a nivel laboral. La Ley estipula que los hombres y las mujeres deben tener igualdad de oportunidades a nivel educativo y profesional y que las autoridades políticas y patronales tienen la obligación de promover la igualdad (Act on..., 1995; 3).

A tal efecto, la Ley prohibe cualquier tipo de discriminación a la hora de hacer pública tanto oferta como formación laboral. Las personas que se consideren víctimas de discriminación de tipo sexual pueden emprender medidas legales. Deben introducir el caso ante el tribunal local de Trabajo dentro del plazo de un año. También pueden exigir indemnizaciones en caso efectivo de discriminación. Ultimamente, a causa de la recesión económica, la mayoría de los casos introducidos lo han ido constituyendo casos de despido. Concretamente, las mujeres que más se han informado de sus derechos eran las embarazadas y las que se reincorporaban al trabajo tras la baja materna (Equality, a habit..., 1995; 11-12).

En 1992 se enmendó la Ley para prohibir también la discriminación basada en el embarazo y la maternidad. En 1995, otra enmienda hizó hincapié en la necesidad de obrar por la igualdad de forma sistemática. Ahora la Ley también requiere que la representatividad de los sexos sea equitativa tanto en las entidades nacionales como locales. El porcentaje mínimo de hombres y mujeres no puede estar por debajo del 40% en los comités gubernamentales, las juntas consultivas y sus correspondientes órganos como en los cuerpos municipales, con excepción de los consejos municipales, a no ser que existan razones particulares para ello. También debe haber una proporción equitativa de hombres y mujeres en las juntas administrativas y directivas y en otros órganos ejecutivos o administrativos con representantes nombrados o elegidos dentro de los organismos, instituciones o empresas municipales o estatales (ibid.).

Además, toda empresa empleando de modo permanente a más de 30 personas deberá incluir en su plan anual de contratación y formación así como en su programa de seguridad laboral medidas activas a favor de una mayor igualdad en el lugar de trabajo. La enmienda también obliga a la empresa a que ayude a hombres y mujeres a conciliar su vida laboral y familiar (ibid.).

La Ley también reserva un capítulo al acoso sexual. Para promover la igualdad, la empresa deberá, en medida de lo posible, asegurarse de que ninguna empleada es víctima de acoso sexual. Si no cumple con esta obligación el jefe puede verse acusado de actitud discriminatoria (Act on..., 1995; 5-7).

5.3.2. Francia: Ministère des Droits de la Femme y la Política Igualitaria

Durante la Quinta República varios cuerpos gubernamentales se ocuparon de promover la igualdad entre hombres y mujeres. La mayoría de ellos se dedicaban a asegurar la presencia de temas que tratasen de los derechos de las mujeres en la agenda política de los Presidentes en el poder, sobre todo durante la presidencia de Valéry Giscard d'Estaing y François Mitterrand. Sin embargo, esos organismos tenían una posición marginal en las estructuras del Estado, loque les suponía gran dificultad en obtener reformas igualitarias concretas en el marco de una administración centralizada dividida entre las tradicionales áreas de toma de decisión. Por otro lado, la maquinaria igualitaria del Estado no obtuvo el apoyo del movimiento feminista independiente ya que sus miembros dudaban bastante de la utilidad de una maquinaria estatal para promover temas femeninos.

En este apartado, concentraremos nuestro análisis en el MDF, el Ministère des Droits de la Femme (Ministerio para los Derechos de la Mujer) durante el primer mandato de François Mitterrand (1981-1986), en base al estudio realizado por Amy Mazur (1995) y el de Mariette Sineau y Jane Jenson (1994). Aunque hayan existido otros organismos igualitarios anteriores al MDF, éste es un buen ejemplo de las características de la maquinaria igualtaria estatal en Francia y de los problemas con los que puede enfrentarse.

En 1981, tras la doble victoria del socialista François Mitterrand en las elecciones presidenciales y del bloque de izquierdas en las elecciones parlamentarias, se creó un nuevo Ministère Délégué auprès du Premier Ministre chargé des Droits de la Femme (MDDF). Al frente de este órgano, nombraron a Yvette Roudy, activista del Partido Socialista desde hacía muchos años. Amy Mazur explica que el MDDF es al origen de la lucha del Partido Socialista por los derechos de la mujer y las nuevas preocupaciones del Presidente Mitterrand. Por ello, el Ministerio recibía un presupuesto bastante importante y tenía cierta influencia en el proceso de toma de decisión del gobierno (Mazur, 1995; 81).

Los tres campos al que se dedicó mayoritariamente el MDDF eran la formación profesional y en técnicas de búsqueda de empleo, así como el aspecto informativo y legislativo. La piedra angular de su agenda legislativa fue la aplicación de una nueva ley para la igualdad de empleo, llamada posteriormente Loi Roudy. En 1981, el presupuesto del MDDF era de 7 millones de francos. Se ha incrementado aproximadamente 130 francos en 1986 -pero sin representar nunca más del 0,01% del total del presupuesto del Estado (Mazur, 1995; 87-90).

El Ministerio también fundó organismos para los derechos de las mujeres a nivel regional y departamental para asegurarse de la ejecución de la política igualitaria a todos los niveles. Sin embargo, muchos de los organismos regionales funcionaban por separado y faltaba coordinación entre los niveles nacionales y territoriales (Mazur, 1995; 87).

En 1985 el MDDF ascendió a Ministerio puro y simple (Ministère des Droits de la Femme). Pero unos problemas relacionados con la política económica del gobierno socialista dificultaron la concretización de iniciativas feministas. Por añadidura, el Partido Socialista se mostraba cada vez más reacio a acordar la prioridad tanto a temas femeninos como a la promoción de la igualdad.

A pesar de los problemas del MDDF para concretar las iniciativas feministas, la Loi Roudy para la igualdad en contexto laboral fue aprobada en 1983. La nueva ley estableció un sistema de informes anuales sobre la igualdad -de carácter no obligatorio- , a través de los cuales las empresas podían analizar de qué forma se ejercía la igualdad en la base. También podían preparar planes de acción para promover la igualdad en los lugares de trabajo a través de medidas concretas. A raíz de esta Ley, los sindicatos también obtuvieron el derecho de denunciar prácticas discriminatorias y participar en la elaboración de planes de acción y programas de formación para mujeres en el marco de las empresas (Mazur, 1995; 89-90; Jenson & Sineau, 1994; 255).

Aunque las prácticas de contratación especial y los programas de formación fomentados por la Loi Roudy representaran una importante iniciativa de promoción de la igualdad en el mercado laboral, la Ley no tuvo gran impacto en la vida profesional francesa. En 1993, las empresas sólo habían aplicado 30 planes igualitarios. Además, el aumento del trabajo a tiempo parcial y las exigencias de flexibilidad fueron al orígen de una restructuración del mercado laboral; como consecuencia, era casi aceptable considerar a la mujer como una mano de obra más provisional y barata. Dando la espalda a su política de principios de mandato, el Partido Socialista apoyó e incluso promovió esas formas "atípicas" de trabajo a mediados de los 80 (Jenson & Sineau, 1994; 255-256).

Al comparar la maquinaria igualitaria francesa con los organismos igualitarios de los Estados nórdicos, constatamos que el MDF no contó con una importante red de organizaciones feministas independientes para apoyar su acción. Las agrupaciones y movimientos feministas fundados en los años 70 en Francia estaban bastante fragmentados y muchos de ellos desconfiaban de las políticas estatales para la promoción de la igualdad. Por otra parte, el MDF tampoco era muy activo en el fomento de la cooperación entre la maquinaria igualitaria y las agrupaciones feministas, ya que sólo un número limitado de organizaciones feministas eran los aliados del Partido Socialista (Mazur, 1995; 90-92; Jenson & Sineau, 1994; 250-253).

Según Mazur, el sistema francés, caracterizado por unas estructuras estatales fuertes y centralizadas y por la división de los grupos de interés al orígen de las distintas políticas, también se ve reflejado en la política igualitaria del Estado. La política igualitaria ha formado parte de las agendas presidenciales y ha dependido de la buena voluntad del jefe de gobierno en el poder. Sin embargo, al final de los 80 y en los 90, los gobiernos han seguido apoyando varios proyectos para mujeres tales como SOS Femmes Battues y la asociación europea contra el acoso sexual en el contexto laboral (Mazur, 1995; 92).

Tras las elecciones parlamentarias de mayo de 1997, el nuevo gobierno de mayoría socialista dotó a muchas mujeres con importantes cargos ministeriales. Pero no se creó ningún ministerio separado para los derechos de la mujer y queda por ver si el nuevo gobierno promoverá los principales temas igualitarios actuales en distintos campos de acción y hará de la igualdad entre mujeres y hombres un tema prioritario de su agenda.

5.3.3. Gran Bretaña: la Comisión de Igualdad de Oportunidades y la Ley sobre la Discriminación entre Sexos

En este apartado estudiaremos el papel de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en base al estudio de Joni Lovenduski. La Ley sobre la Discriminación entre Sexos (SDA) entró en vigor en 1975 y una nueva institución estatal, la Comisión de Igualdad de Oportunidades (EOC), fue creada para garantizar la aplicación de la Ley. La EOC recibió el estatuto de Organización Cuasi No Gubernamental (QUANGO), lo que significa que es independiente del gobierno a nivel formal pero que depende de él para la financiación de sus funciones. A nivel de organización, la EOC funcionaba en un primer momento desde el Ministerio del Interior y fue trasladada a Manchester en 1991, donde vino a formar parte del Departamento para el Empleo. La EOC fue establecida bajo el gobierno laborista, pero contaba con el apoyo de todos los partidos. Debido al cambio de gobierno que tuvo lugar casi inmediatamente después de su instauración, la mayoría de los trabajos de la EOC han sido supervisados por los Conservadores.

Muchas organizaciones feministas británicas fueron muy activas en la promoción de una política igualitaria y en la impulsión de la Ley sobre la Discriminación entre sexos a principios de los 70. El documento sobre la "Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres", publicado por el gobierno conservador en 1973, recibió respuestas de 300 agrupaciones activistas diferentes. Las parlamentarias también se mostraron activas en la campaña para la aprobación de la SDA. Cuando la SDA fue aprobada en 1975, una de sus cláusulas preveía la creación de la EOC, a la que otorgaba poderes y la autoridad para hacer cumplir y desarrollar la legislación igualitaria. -Según Lovenduski (1995), el parlamento así pretendía permitir a la EOC desarrollar una estrategia coherente para promover la igualdad entre sexos a nivel de empleo, formación, y acceso a bienes y servicios.

Sin embargo, la SDA no especificó la organización de la EOC, por lo que su organización siguió la tradición política según la cual las personas nombradas a puestos de responsabilidad eran, más que mujeres activamente implicadas en el movimiento feminista, candidatos de los partidos políticos y miembros de las asociaciones patronales o sindicales. Incluso podríamos decir que las feministas de la segunda oleada quedaron totalmente excluídas. Debido en parte a ello, el organismo adoptó formas burocráticas de acción y fue incapaz de diseñar una estrategia global para promover la igualación. Por añadidura, las personas empleadas tenían la obligación de representar los ideales de las distintas organizaciones que las habían nombrado y lo hacían en detrimento de los ideales del movimiento feminista (ibid.).

En los años 70 la estructura tripartita constituída por el trabajo, la gestión y el carácter tradicional de los representantes del Estado actuó como freno para un trabajo efectivo hacia la mejora de la postura femenina y la organización no pudo encontrar apoyo a nivel de la población . Por ello, las primeras actividades de la EOC fueron muy decepcionantes. Por culpa de esos problemas del principio, el movimiento feminista británico no formó parte de las redes de igualdad de oportunidades hasta los 80, cuando aparecieron los comités feministas locales. Desde mediados de los 70, las redes feministas se habían ido desarrollando en gran parte fuera de la esfera de influencia de la EOC, pero ésta fue adquiriendo un papel centralizador en los 80 y pudo hacerse con nuevas organizaciones feministas. Esos cambios fueron posibles gracias al cambio en el equipo constitutivo de la EOC y a la creciente capacidad que adquirieron las mujeres para aplicar las reglas del juego político. Incluso durante el gobierno Thatcher, la EOC fue capaz de desarrollar su trabajo y mantener su presupuesto (ibid.).

Las estrategias futuras de la EOC iban a basarse en la legislación igualitaria de la Comunidad Europea. La participación en las redes igualitarias europeas permitió acelerar la ejecución de las iniciativas de la Comisión Europea en Gran Bretaña. Es bastante difícil analizar los resultados del trabajo de la EOC, pero sus operaciones durante los años 90 indican que se concentra en ampliar sus poderes sólo al tratar con temas que tengan un vínculo directo con el empleo (ibid.). Ahora que el gobierno laborista ha creado el Ministerio para las Mujeres, queda por ver si puede ir más allá en el desarrollo de una política igualitaria británica.

5.3.4. Noruega: Consejo para la Igualdad de Estatutos y la Política Igualitaria

En Noruega el Consejo para la Igualdad de Estatutos es un órgano parlamentario que fue establecido en 1972. Se ocupa de todas las materias que conciernen particularmente a las mujeres y la igualdad de sus oportunidades. Su objetivo es servir de nexo entre las autoridades, los distintos organismos y el gran público (Women in...,1994; 10). Su predecesor era el Consejo para la Igualdad de Salarios, fundado en 1959, cuando Noruega ratificó el convenio nº 100 de la OIT sobre la igualdad de salarios (van der Ros, 1994;535).

Las organizaciones feministas no están representadas en el Consejo para la Igualdad de Estatutos; se trata de un punto de encuentro de los representantes de las uniones sindicales, la Federación Patronal y los investigadores sobre temas femeninos tanto en el seno de los partidos del centro como en el Laborista y Conservador. Según Janneke van der Ros (ibid.), los medios del Consejo para promover la igualdad entre sexos constituyen actividades consultivas, informativas e investigadoras. En 1977 el Ministerio del Consumidor y la administración gubernamental establecieron el Departamento de la Familia y la Igualdad de Estatutos. Luego el NAVF (Norges allmennvittenskapelige forskningsrad) -Consejo de Investigación de Noruega- creó el Secretariado para la Investigación sobre las Mujeres. Dos años después, a raíz de la entrada en vigor de la Ley sobre la Igualdad de Estatutos, se estableció un Ombud para la Igualdad entre Géneros para hacer respetar la legislación igualitaria y también se creó una Comisión de Recursos para recibir las quejas (Milestones in...).

Los años 70 vieron la institucionalización de la política sobre la igualdad de estatutos en Noruega. Esta política se debatió y se articuló principalmente via las ramas tradicionales del sistema político, que en aquel entonces era dominado por los hombres. Janneke van der Ros menciona tres medidas igualitarias noruegas de especial interés para las mujeres: la Ley sobre la Igualdad de Estatutos (ESA), la legislación relativa al aborto y el establecimiento de centros de crisis para mujeres maltratadas (van der Ros, 1994; 531-535). Nos limitaremos a estudiar más detalladamente la ESA que, según Hege Skjeie (1992; 67), desempeña un papel central en la política oficial de igualdad de estatutos en Noruega.

La Ley sobre la Igualdad de Estatutos entró en vigor en 1979. Los representantes del Consejo para la Igualdad de Estatutos también participaron en su elaboración. El primer objetivo de la Ley era impedir la discriminación de las mujeres en la vida laboral. Pero más tarde amplió sus objetivos a la promoción de la igualdad entre sexos en todos los sectores de la sociedad con la única excepción de las materias propias a las comunidades religiosas. Janneke van der Ros nota que para comprender la importancia de dicha Ley hace falta recordar la gran importancia del papel legislativo en la cultura política noruega. Ella misma afirma que "las fuerzas políticas organizan y transforman la vida diaria hasta tal punto que las normas y reglas afectan prácticamente cada aspecto de la vida" (van der Ros, 1994; 534).

La Ley sobre la Igualdad de Estatutos fue propuesta primero en 1973 por el Partido Laborista como una de sus diez promesas electorales principales. El objetivo de la Ley era garantizar a las mujeres la igualdad de acceso al mercado laboral a través de la prohibición de la discriminación. También se proponía limitar las consecuencias negativas de un mercado laboral marcado por la segregación y un reparto de sueldos injusto para las mujeres. La Reunión de Mujeres organizada por el Partido Laborista desempeño un papel importante en la introducción de la Ley, pero, según van der Ros, los dirigentes del Partido también vieron allí una oportunidad para diseñar una nueva campaña capaz de atraer a un nuevo electorado (ibid., 535).

Las organizaciones feministas no tuvieron a ningún representante en el proceso de elaboración de la Ley. Tal exclusión venía a significar que la definición de políticas sólo incumbía a las instituciones administrativas corporativas. Las mujeres tenían una postura débil en las principales organizaciones del mercado laboral, por lo que fueron principalmente los intereses del mercado laboral que marcaron las pautas. La Reunión de Mujeres del Partido Laborista, las universitarias y las funcionarias del Consejo para la Igualdad de Estatutos reivindicaron una legislación específica para las mujeres y medidas tales como el trato preferencial y el establecimiento de cuotas para asegurar la mejora de la situación de las mujeres, pero la versión final de la Ley habla en términos sexualmente neutros (ibid., 536). Para Skjeie (1992; 78) esto sólo permite "aplicar un trato igual a seres desiguales".

Dada la importancia de las diferencias salariales entre sexos en un mercado laboral noruego fuertemente marcado por la segregación entre sexos, y dado que se reconoció el carácter político del problema, el Partido Laborista quiso que la Ley regulara también las negociaciones salariales, a fin de reducir las diferencias "irrazonables" entre el salario del hombre y de la mujer. Pero los representantes de la Confederación de Sindicatos se opusieron tajantemente a esta tentativa. Según ellos el Estado no debe inmiscuirse en la libertad de negociaciones entre la mano de obra y el capital. La Confederación se mostró conforme con el principio de "un salario igual para un trabajo con igual valor", introducido en el convenio de la OIT sobre la igualdad de salarios, pero sólo aceptó la comparación de salarios en el caso de un mismo jefe. En el mercado laboral noruego, fuertemente marcado por la segregación entre sexos, esto significa que la Ley no podrá actuar contra las diferencias de salarios entre hombres y mujeres ya que éstos suelen trabajar para distintos jefes.

Según Skjeie, en la actualidad todavía hay un 53% de mujeres que trabajan en entornos laborales con tasa femenina del orden de un 90-100%, y el 32% en entornos con tasa femenina del orden de un 60-90% (Skjeie, 1992; 81).

5.3.5. España: el Instituto de la Mujer y los Planes para la Igualdad de Oportunidades

Los órganos gubernamentales para mejorar la situación de las mujeres en la sociedad se establecieron más tarde que en otros países occidentales. El Instituto de la Mujer (IM) fue fundado en 1983, un año después de la llegada del PSOE al poder. En la actualidad el IM es el mayor órgano de defensa de la mujer a nivel nacional. Su objetivo es diseñar políticas capaces de mejorar la situación de las mujeres en todas las esferas sociales. También lleva a cabo investigaciones y campañas educativas y financia las actividades de distintas organizaciones de mujeres (Valiente, 1995; 221-223).

En las elecciones de 1996 el PP derrotó al PSOE y lo relevó en el Gobierno. Aún es pronto para evaluar los cambios, si los hay, en la línea política impulsada por el Gobierno del PP ecarca del Instituto de la Mujer y las políticas de igualdad. Por eso en este capítulo estudiaremos las funciones del IM, a partir de la información proporcionada por el propio Instituto y el estudio realizado por Celia Valiente (1995) sobre este organísmo durante la etapa socialista.

El funcionamiento del IM dentro del aparato gubernamental no ha sido muy fácil. Efectivamente en España es muy complicado establecer un organismo estatal independiente que desarrolle e incremente las políticas dirigidas a la mujer ya que, necesariamente, sus tareas se van a solapar con las de los distintos ministerios. Y éstos no suelen estar dispuestos a reducir su propio poder de decisión. Por carecer de suficiente presupuesto y de los poderes ejecutivos necesarios, el IM no ha podido realizar sus propias políticas igualitarias. Pero el IM puede dirigir proyectos de investigación y lanzar campañas de información de forma independiente, lo que ha venido constituyendo sus principales funciones. Algunas de las campañas de información dirigidas a las mujeres han tratado de sus derechos legales, otras de las instituciones políticas para posibilitar su influencia en el proceso de toma de decisiones políticas. El IM también ha estado en el orígen de muchas publicaciones informativas acerca de las mujeres españolas (Diez..., 1994).

En 1985 se creó un consejo de asesoramiento (Consejo Rector) para ayudar al Instituto de la Mujer en sus tareas de información a los distintos responsables del estado sobre las políticas de igualdad vigentes en otros países occidentales y convencerlos para que desarrollaran programas similares en la administración española. Representantes de los ministerios y del Instituto se reúnen en dicho Consejo por lo menos cada seis meses y un comité más reducido celebra encuentros más frecuentes, por lo menos cuatro veces al año. En dichas sesiones se informa a los representantes de los ministerios sobre cómo concebir y llevar a cabo políticas de igualdad. También se les pide que expliquen cuáles son las medidas que han tomado sus servicios para promover la igualdad entre los sexos, lo que proporciona la oportunidad de emitir sugerencias y consejos a los ministerios por parte del personal del Instituto (Valiente, 1997; 131).

Si consideramos su influencia sobre las políticas públicas en España, el IM ha jugado un importante papel en la planificación e implementación de la igualdad de oportunidades políticas. El I Plan para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres (I PIOM) se inspiró en el Plan para la Igualdad de la Comunidad Económica Europea. España fue miembro de la CEE a partir de 1986, lo que originó muchas reformas de la legislación española necesarias para adecuarla a las directivas europeas de los años 70. La influencia de la CEE fue muy importante para la mejora de la situación de las mujeres en España, ya que, en comparación con el resto de Europa, la legislación española estaba a la zaga en materia de igualdad de oportunidades para las mujeres. Este contexto internacional también permitió la legitimación de las actividades del IM (ibid.).

El I PIOM se desarrolló alrededor de tres ejes : estableció principios y realizó propuestas que fueron muy útiles a la hora de desarrollar las distintas políticas ministeriales, y propuso reformas normativas de la legislación. Propuso un total de 120 reformas legales y acciones para la igualdad que se pueden clasificar en seis grandes categorías : reformas legislativas cuya meta era la de obtener la igualdad legal entre sexos, iniciativas para una educación no sexista, medidas para la igualdad de empleo, programas sanitarios específicos para mujeres, proyectos de cooperación internacional con las mujeres de otros países y actividades de promoción de las asociaciones feministas en España. Según Valiente, la mayoría de los objetivos se formularon de forma muy abstracta, salvo en el caso de las reformas legislativas (Valiente, 1995; 228).

La evaluación del I PIOM llevó al IM a concluír que había sido un éxito ya que 116 de los 120 objetivos se habían realizado. Pero Valiente quiere aportar una visión crítica de tal conclusión. Para ella, es difícil decir si los objetivos realmente se cumplieron ya que se formularon de forma muy abstracta. Además, la evaluación se basó en la información proporcionada por los mismos ministerios responsables de cumplirlos (ibid.).

La evaluación del primer plan de Igualdad permitió la elaboración del segundo, el II PIOM. Cubría el período que iba de 1993 a 1995. Constaba de 172 acciones específicas. Tres campos fueron objeto de una especial prioridad : la defensa de las oportunidades de empleo para las mujeres, la modificación de la imagen de las mujeres (más concretamente en los medios de comunicación), y la promoción del pleno acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad. También se propuso un marco de acción a nivel de la legislación, la educación, el empleo, la participación social y política, la sanidad y las responsabilidades domésticas así como frente a la marginalización de determinados colectivos femeninos (ibid., 229).

Es difícil analizar todas las repercusiones que tuvieron los I y II PIOM a nivel de política de igualdad en general, pero destacan algunos resultados. El primer Plan creó infraestructuras de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en lo que atañe a cargos administrativos. También permitió la aplicación de los planes de igualdad en la mayoría de las comunidades autónomas. El proceso de evaluación del segundo plan evidenció la necesidad de diseñar medidas más eficaces para analizar los resultados de este tipo de políticas. También cuesta saber hasta qué punto estas medidas han mejorado la situación concreta de las mujeres, pero está claro que han contribuido a hacer de los temas de igualdad entre sexos una preocupación permanente e inevitable del gobierno español (Diez..., 1994).