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Mesa de trabajo MUJER Y CONFLICTO ARMADO
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1
Bogotá, febrero de 2003
Mesa de trabajo
MUJER Y CONFLICTO ARMADO
INFORME SOBRE VIOLENCIA SOCIOPOLÍTICA
CONTRA MUJERES, JÓVENES Y NIÑAS EN COLOMBIA
TERCER INFORME -2002

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Compilación y edición: María Isabel Casas Herrera
Coordinación de la Mesa “Mujer y conflicto armado”: María Eugenia Vásquez Perdomo
Secretaría Técnica: Úrsula Mendoza Balcázar
Revisión de textos: María José Díaz Granados M.
Cubierta: Claudia García
Diseño y preparación editorial: Marta Rojas, Publicaciones ILSA
Impresión: Ediciones Ántropos
Bogotá, Colombia, febrero de 2003

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3
Este documento fue elaborado por la mesa de trabajo “Mujer y conflicto armado”, gracias a la
información aportada por:
1
Taller “Efectos de la violencia del conflicto armado en las mujeres afrocolombianas”, desarrollado por la Mesa
Mujer y conflicto armado”, Bogotá, septiembre 23 al 25 de 2002.
• Ángela María Estrada (investigadora y profesora asociada en el
Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes), en
colaboración con Marcela Rodríguez, Carolina Ibarra, Estefanía Sarmiento
• Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia
(Anmucic)
• Colectivo María María
• Comisión Colombiana de Juristas
• Corporación de Apoyo a Comunidades Populares – Codacop
• Corporación “Mujeres que Crean”, Medellín
• Donny Meertens, investigadora y profesora de la Escuela de Estudios de
Género de la Universidad Nacional de Colombia
• Fundación Sí Mujer, Cali
• Grupo de mujeres de Afrodes
• Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA)
• Liga de Mujeres Desplazadas por la Violencia de Bolívar
• Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (Limpal)
• Mesa “Mujer y Violencia”, Cali
• Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(Acnur)
• Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
• Organización Femenina Popular de Barrancabermeja (OFP)
• Proyecto “Pasos”
• Ruta Pacífica de las Mujeres
• Save the Children - Reino Unido
Mujeres afrocolombianas participantes en el Taller “Efectos de la
violencia del conflicto armado en las mujeres afrocolombianas”
1
,
pertenecientes a las siguientes organizaciones:
• Asociación de Mujeres Negras de Bogotá
• Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas
• Red de Mujeres Negras del Cesar
• Junta de jóvenes y Grupo de mujeres de Afrodes, Bogotá y Buenaventura
• Comunidad de Vida, Autodeterminación y Dignidad (Cavida), Riosucio,
Cacarica, Chocó
• Asomanos Negras, Guapi, Cauca
• Proceso de Comunidades Negras (PCN), Comunidad de San Antonio,
Buenaventura y Chocó
• Fundación Paz y Bien. Grupo Semilla de Mostaza, Aguablanca, Cali
• Liga de Mujeres Desplazadas por la Violencia de Bolívar
• Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia,
Anmucic, Buenaventura
• Comunidad de Paz San Francisco de Asís, Riosucio, Chocó
• Organización de Mujeres Campesinas del Bajo Atrato (Oncaba)

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4
Mujeres indígenas participantes en el Taller “Efectos
de la violencia del conflicto armado en las mujeres indígenas”
2
,
pertenecientes a las siguientes organizaciones:
• Organización de Mujeres “Asmun”, cabildo Nasa Kuesh, Puerto Caicedo,
Putumayo
• Cabildo Damasco Vides, Organización de Cabildos Indígenas del
Putumayo (OCIP)
• Asociación de Mujeres Indígenas del Resguardo de Panan, pueblo
indígena de Los Pastos, Nariño
• Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia
(Anmucic), pueblo Paéz, Silvia, Cauca
• Red de Mujeres del Tolima. Consejo Regional Indígena del Tolima (CRIT),
comunidad indígena de la Unión, resguardo de San Antonio de Calarma,
Tolima
• Pueblo Arhuaco, Valledupar
• Grupo de Mujeres Unidas para el Trabajo, Red Departamental de Mujeres,
pueblo Kamsá, cabildo indígena de Sibundoy, Putumayo.
• Grupo de mujeres de la Organización Indígena de Antioquia (OIA),
pueblo Embera Katío, municipio de Mutatá
• Comité de mujeres de ocho comunidades, pueblo Chamí, del resguardo
Dojurá, Chocó
• Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR), pueblo Embera Chamí,
cabildo de Guática, Risaralda
• Programa Mujer, pueblo Embera, Alto Baudó, Organización Regional
Embera Wounaan (Orewa), Chocó
• Programa Género y Mujer, Consejo Regional Indígena de Caldas,
resguardo de San Lorenzo, Riosucio, Caldas
• Programa Mujer de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del
Cauca (ACIN), pueblo Paéz, resguardo de Huellas, Caloto, y resguardo de
San Francisco, Norte del Cauca
• Grupo de mujeres artesanas, pueblo Embera Katío, resguardo del río Sinú
y Verde, Córdoba
• Asociación de Trabajo Interdisciplinario- ATI
2
Taller “Efectos de la violencia del conflicto armado en las mujeres indígenas”, desarrollado por la Mesa “Mujer y
conflicto armado”, Bogotá, agosto 29 al 31 de 2002.

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5
CONTENIDO
7
Introducción
11
Formas de violencia contra las mujeres y las niñas
en el contexto del conflicto armado colombiano
23
Impacto del conflicto armado sobre las mujeres
afrocolombianas
39
Impacto del conflicto armado sobre las mujeres indígenas
55
Dinámica de la violencia intrafamiliar
en el contexto del conflicto armado
65
Situación de las mujeres, jóvenes y niñas en el contexto
del conflicto armado urbano en la ciudad de Medellín
75
Mujeres en las reclusiones por razones relacionadas
con el conflicto armado
85
Violencia sexual contra mujeres, jóvenes y niñas
por parte de los actores armados
93
ANEXO 1. Seguimiento a las recomendaciones
de la Relatora Especial de las Naciones Unidas
sobre violencia contra la mujer, Sra. Radhika Coomaraswamy
111
ANEXO 2. Normas de convivencia
Autodefensas y población civil
115
ANEXO 3. Violaciones perpetradas por actores armados
en la ciudad de Medellín en el año 2002
y denunciadas por la Ruta Pacífica de las Mujeres – Medellín
117
ANEXO 4. El impacto del refugio en la situación de las
mujeres colombianas refugiadas: algunas reflexiones sobre
el caso de Sucumbíos (Ecuador)

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6

Page 7
7
INTRODUCCIÓN
La Mesa de Trabajo “Mujer y conflicto armado” es un espacio de coordinación y reflexión confor-
mado por organizaciones de mujeres y de derechos humanos, organizaciones sociales, personas y
entidades nacionales e internacionales interesadas en hacer visibles las múltiples formas de violen-
cia que afectan a las mujeres y a las niñas en el contexto del conflicto armado interno colombiano.
En la Mesa, que inició su trabajo en septiembre de 2000 por iniciativa del Instituto Latino-
americano de Servicios Legales Alternativos (ILSA), participan organizaciones de diverso orden,
tales como:
Asociación Juana de Arco, Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de Co-
lombia (Anmucic), Programa Mujer Campesina de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos
- Unidad y Reconstrucción (ANUC-UR), Corporación Casa de la Mujer, Colectivo de Mujeres
Excombatientes, Colectivo María María, Confluencia Nacional de Redes de Mujeres (Observatorio
de los Derechos Humanos de las Mujeres Desplazadas), Corporación de Apoyo a Comunidades
Populares (Codacop), Fundación Educación y Desarrollo (Fedes), Fundación Mujer y Futuro
(Bucaramanga), Humanizar, Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA), Ins-
tituto de Derechos Humanos “Guillermo Cano” de la Escuela Superior de Administración Pública
(ESAP), Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (Limpal), Liga de Mujeres Desplaza-
das por la Violencia de Bolívar, Mujeres Pazíficas de Cali, Organización Femenina Popular (OFP),
Proyecto Pasos, Grupo de Mujeres de Afrodes, Red de Educación Popular entre Mujeres (Repem),
Red Nacional de Mujeres, Ruta Pacífica de las Mujeres. De la Mesa también hacen parte investigadoras
y activistas independientes, y cuenta con el apoyo de la Escuela de Estudios de Género de la Universi-
dad Nacional.
Participan como observadores organismos internacionales como la Oficina del Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Oficina del Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Oficina de las Naciones Unidas para
la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), agencias de cooperación internacional como la
Consejería en Proyectos, terre des hommes Alemania, Save the Children Reino Unido y entidades
de control del Estado como la Defensoría del Pueblo.
La Mesa recoge información sobre el tema de interés mutuo, mediante la revisión de fuen-
tes secundarias, la realización de talleres con mujeres afectadas por el conflicto y la recopilación
de testimonios aportados por las organizaciones que participan en la Mesa y otras organizaciones
de mujeres y de derechos humanos. El resultado de este trabajo se ha recogido en informes
1
que la
Mesa envía a la Relatora Especial y a otras instancias nacionales e internacionales.
1
Ver recuadro sobre el proceso de la Mesa.

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8
La Mesa presenta su tercer informe que actualiza los temas tratados en el informe anterior
e incluye aspectos tales como los efectos del conflicto armado en mujeres indígenas y
afrocolombianas, el impacto del conflicto armado urbano en la vida de las mujeres (el caso de
Medellín es ilustrativo), la relación entre la violencia intrafamiliar y la violencia generada por el
conflicto armado, la situación de las mujeres privadas de la libertad por razones relacionadas con
el conflicto armado, y la violencia sexual perpetrada por actores armados
2
que aparece de mane-
ra reiterada a lo largo del informe. El informe muestra la diversidad de voces testimoniales y
analíticas recogidas por la Mesa en su esfuerzo por hacer visible el impacto del conflicto armado
sobre mujeres, jóvenes y niñas en el país; en esa medida, los capítulos tienen “tonos” diferentes y
presentan distintas maneras de abordar los temas de interés común.
La Mesa busca que las múltiples violencias contra las mujeres, jóvenes y niñas en el contexto
del conflicto armado se consideren crímenes inadmisibles que deben ser investigados, sanciona-
dos y reparados. Ante las dimensiones del conflicto armado interno, la superación de las violen-
cias contra mujeres y niñas no puede continuar aplazándose como asunto de segundo orden. Es
indispensable que el Estado colombiano adopte de inmediato medidas concretas para luchar
contra el elevado porcentaje de impunidad que existe respecto a las violaciones de los derechos
de la mujer, y que haga efectivas las recomendaciones de la Relatora Especial de las Naciones Unidas
sobre Violencia contra la Mujer y de otras instancias internacionales en este sentido.
La Mesa espera que sus informes contribuyan a hacer evidente la grave crisis de derechos
humanos de las mujeres en Colombia, entendiendo que su superación no depende exclusivamente
de la resolución del conflicto armado interno, en la medida en que las causas de las violaciones a
sus derechos humanos obedecen a profundas inequidades sociales, económicas y culturales que
se exacerban en tiempos de conflicto armado.
2
La expresión “los actores armados” se repite a lo largo de este informe, con frecuencia sin mencionar cuál de
ellos. Esto se debe a que las mujeres que están en las regiones tienen miedo de nombrarlos por las posibles
retaliaciones y, probablemente, a que algunas prácticas de los actores armados son muy similares.
ALGUNAS
REFLEXIONES
EN TORNO
A ESTE INFORME
En algunos sectores del poder y la opinión pública del país hay
en este momento una legitimación social de las posiciones auto-
ritarias que nos parece alarmante por las consecuencias que trae
para la sociedad colombiana, y en particular para las mujeres,
como se observa a lo largo de este informe. Cuando se instaura
la “ley de las armas” como punto de referencia de la
normatividad que rige las relaciones sociales, cualquier noción
de derechos queda supeditada a la decisión arbitraria de los actores armados. En el caso de los
derechos de las mujeres esto es particularmente grave porque, a pesar de los adelantos en la
legislación colombiana que protegen los derechos de las mujeres como personas y ciudadanas, la
sociedad todavía no ha incorporado estos derechos en la vida cotidiana.
En situaciones de conflicto armado se validan y aceptan tanto la definición de la masculini-
dad asociada con la violencia como la definición equivalente de la feminidad asociada con la su-
misión, y se da prioridad a lo masculino como criterio de valor. Por eso, los derechos de las mujeres
que ponen en cuestión estos estereotipos de género se ignoran, se reprimen, se niegan. En pala-
bras de las mujeres colombianas que sufren directamente los efectos de la violencia generada por

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9
el conflicto armado: “Es la fuerza la que se utiliza para tramitar los conflictos”. “No hay ley, la ley
es la ley de ellos”.
3
Quisiéramos también hacer un llamado de alerta sobre la situación de las niñas y jóvenes en
todo el país, quienes enfrentan enormes obstáculos de diversa índole –agravados en el contexto
del conflicto armado– para imaginar y mucho menos construir un proyecto de vida propio, lejos
del influjo de los actores armados. Estos obstáculos son de tal magnitud, que la situación de las
niñas y jóvenes en Colombia debería ser considerada una prioridad del Estado colombiano y de la
sociedad civil, con carácter de emergencia.
Finalmente constatamos que, a pesar de la situación que enfrentan, los relatos de las muje-
res víctimas del conflicto armado hablan de las múltiples formas de resistencia que desarrollan
frente a los abusos de los actores armados. En las ciudades y los pueblos, y en los territorios indí-
genas y afrocolombianos, las mujeres desarrollan esfuerzos que buscan reconstruir el tejido social
cada vez más amenazado. El coraje de las mujeres, la existencia de redes de vida entre ellas,
permite que este informe sea escrito, que lo sucedido no quede en el olvido y, en esa medida,
contribuye a impedir que la impunidad silencie las violaciones a los derechos humanos de las mu-
jeres en Colombia.
3
Palabras de las mujeres de Medellin y de las mujeres afrocolombianas, citadas a lo largo de este informe.

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10
EL PROCESO DE LA MESA
La iniciativa de conformar la Mesa surgió de cons-
tatar la poca visibilidad de la violencia contra mu-
jeres, jóvenes y niñas en el contexto del conflicto
armado colombiano. La documentación sistemáti-
ca de los casos de violencia contra las mujeres, jó-
venes y niñas perpetrados por actores armados
encuentra obstáculos en el miedo, la falta de con-
fianza en las instituciones de justicia y los elevados
niveles de impunidad frente a estos delitos, que im-
piden a las víctimas denunciar los hechos. Por otra
parte, la información disponible está dispersa por
el país, en manos de organizaciones de mujeres,
de organizaciones de defensa de los derechos hu-
manos y en algunas oficinas del Estado.
En abril de 2001 la Mesa elaboró un primer infor-
me sobre la violencia contra las mujeres y las niñas
en el contexto del conflicto armado interno colom-
biano. Conociendo la importancia de acudir a los
mecanismos internacionales de protección de los
derechos humanos, entregó este Informe a la
Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Vio-
lencia contra la Mujer, señora Radhika Cooma-
raswamy, con el fin de despertar su interés en el
caso colombiano y promover su visita para consta-
tar la situación de violaciones a los derechos hu-
manos de las mujeres. En noviembre de 2001 la
Relatora visitó el país y presentó su informe ante
la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas.* El informe de la Relatora incluyó recomen-
daciones al gobierno colombiano y a los actores
armados con respecto a: 1) las medidas necesarias
para garantizar la protección de los derechos hu-
manos de las mujeres y niñas colombianas; 2) la
imperiosa necesidad de suscribir acuerdos huma-
nitarios que protejan a las mujeres en el marco del
DIH; 3) las políticas públicas tendientes a disminuir
los efectos de la violencia y la discriminación con-
tra las mujeres.
En diciembre de 2001 la Mesa publicó un segundo
informe que evidencia algunas formas de violen-
cia contra las mujeres y niñas en el contexto de la
confrontación armada, abordando los siguientes
temas: cifras sobre algunas de las violaciones al DIH
y a los derechos humanos de las mujeres y niñas
dentro del contexto de violencia sociopolítica,
mujeres y niñas desplazadas, violencia contra la par-
ticipación de las mujeres y sus organizaciones, ni-
ñas desvinculadas del conflicto armado, violencia
sexual contra mujeres, jóvenes y niñas y, otras for-
mas de violencia contra las mismas.
Durante el 2002 el trabajo de la Mesa se orientó en
las siguientes líneas:
• Talleres de difusión de las recomendaciones de
la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre
violencia contra las mujeres. La Mesa realizó cua-
tro talleres en Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín.
• Elaboración de herramientas metodológicas para
la recolección de información sobre violencia –con
perspectiva de género y étnica–, así como para ha-
cer el seguimiento a las recomendaciones de la
Relatora Especial. Estas herramientas buscan apo-
yar a las organizaciones de mujeres en las regio-
nes para que documenten de manera sistemática
las violencias que las afectan.
• Talleres de recopilación de información sobre las
violencias que afectan a las mujeres de diferentes
regiones y grupos étnicos del país. Se realizaron
dos talleres nacionales, el primero de ellos con mu-
jeres indígenas de Antioquia, Cauca, Chocó, Cór-
doba, Nariño, Putumayo, Risaralda, Tolima y la
Sierra Nevada de Santa Marta; el segundo con mu-
jeres afrocolombianas del Chocó, Cauca, Bolívar,
Buenaventura, y mujeres afrocolombianas despla-
zadas que actualmente viven en Bogotá y pertene-
cen a Afrodes.
• Conversatorios. Se realizaron ocho conver-
satorios con las organizaciones participantes en la
Mesa, orientados a ofrecer un espacio mensual de
discusión y análisis sobre temas relacionados con
las múltiples violencias que afectan la vida de las
mujeres, las jóvenes y las niñas en el marco del con-
flicto armado interno.
En octubre de 2002 la Mesa envió a la Relatora Es-
pecial un informe de seguimiento al cumplimiento
de sus recomendaciones, destinado a servir de apo-
yo a su informe ante las sesiones anuales de la Co-
misión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas. El informe hace seguimiento a las recomen-
daciones de la Relatora, analizándolas en el marco
de las medidas del Estado de Conmoción Interior
decretadas por el actual gobierno, y los efectos de
tales medidas en las vidas de las mujeres.
**
* Informe de la Relatora Especial de las Naciones Uni-
das sobre Violencia contra la Mujer. Misión a Colom-
bia (1 al 7 de noviembre de 2001), presentado en
marzo de 2002 a la Comisión de Derechos Huma-
nos,. E/CN.4/2002/83/Add, 3.
** Ver Anexo 1.

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11
FORMAS DE VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS
EN EL CONTEXTO DEL CONFLICTO
ARMADO COLOMBIANO
ACTUALIZACIÓN
DE LOS TEMAS
DEL PASADO
INFORME
*
Elaborado por el Colectivo María María y Anmucic para este informe.
1
“ [...] más de la tercera parte del documento [Plan de desarrollo], consiste en brindar seguridad democrática”,
Consejo Nacional de Planeación, Colombia se pronuncia sobre el Plan Nacional de Desarrollo “Hacia un
Estado Comunitario 2002-2006, Bogotá, enero 9, 2003, p. 10.
2
E/CN/1998/54. Informe de la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, con inclusión de sus causas y
consecuencia, 26/1/1998, párrafos 90 y 91.
Violencia contra la participación
de las mujeres y sus organizaciones
Estado comunitario: ausencia de garantías para la participación de las mujeres*
El Gobierno colombiano ha orientado su Plan Desarrollo (2002-2006) a la construcción de un Es-
tado comunitario, con énfasis en la seguridad democrática, que busca involucrar a la ciudadanía
en la consecución de los fines sociales del Estado. A pesar de lo sugestivo del título, la ausencia de
una política basada en los derechos humanos y el énfasis en las acciones militares como principal
instrumento para garantizar la seguridad han evidenciado el carácter excluyente y controlador de
esta política.
1
La creciente militarización de la sociedad, la estigmatización de las organizaciones
sociales, la reducción en el gasto social, la violencia sociopolítica, el control social y político de los
actores armados y la falta de garantías para el ejercicio de derechos, afectan a las mujeres, par-
ticularmente a las mujeres rurales.
La visión tradicional de seguridad con énfasis en las acciones militares ha sido reiteradamen-
te cuestionada porque concentra los esfuerzos en acciones de fuerza y no busca resolver las con-
diciones sociales, económicas y políticas que generan violencia en los espacios públicos y privados.
Además, refuerza relaciones de exclusión y subordinación en las cuales hombres y mujeres son afec-
tados de forma diferente.
La militarización general de la sociedad tiene también otras consecuencias para la
mujer. Ya durante la segunda guerra mundial los comentaristas sociales afirmaron
que la militarización de la sociedad conduce a una cultura de violencia que se infil-
tra en la vida diaria. El empleo de la violencia para resolver los conflictos en el ámbito
nacional conduce a su aceptación como medio para solucionar conflictos en la familia
y la comunidad. Tanto en tiempos de guerra como de paz relativa se considera
que las mujeres son víctimas legitimas de esa cultura de la violencia.
2

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12
El incremento de las acciones militares y la coerción por parte de todos los actores arma-
dos continúa afectando a las mujeres y a sus organizaciones, como fue establecido por la Relatora
Especial sobre la Violencia contra la Mujer, en el informe de su visita a Colombia:
En su afán de lograr el control social y político de territorios en litigio, los grupos
armados la emprenden contra las organizaciones de la mujer por considerarlas un
obstáculo visible profundamente arraigado en las comunidades, a las que tratan
de utilizar para su beneficio propio o de lo contrario tratan de destruir. Las orga-
nizaciones que no se pliegan a los intereses de estos grupos se ven obligadas a
llevar a cabo sus actividades en condiciones de inseguridad permanente y se ven
cada vez más obligadas a transformar los métodos de trabajo de su organización.
3
En el último año esta situación se ha agudizado generando un contexto social y político
proclive al uso de la fuerza como argumento para resolver la violencia sociopolítica, con lo cual
las víctimas de la violencia han perdido reconocimiento y su problemática es cada vez más invisi-
ble. Las ONG y las organizaciones sociales están siendo objeto de estigmatización, lo que limita sus
capacidades de acción e incrementa las situaciones de riesgo para el desarrollo de sus acciones: a
finales del 2002, y haciendo uso de la legislación especial del Estado de Excepción, fueron allana-
das la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz (ONG colombiana) y Terre des Hommes
(ONG italiana).
En este contexto de vulnerabilidad jurídica y política se continúan reduciendo las garantías
reales para las organizaciones de mujeres. Las graves violaciones a los derechos humanos e infrac-
ciones al derecho internacional humanitario no están siendo atendidas adecuadamente por el
Estado, la impunidad persiste y la política del nuevo gobierno no incluye acciones específicas para
desarrollar las recomendaciones hechas por la Relatora Especial para la Violencia contra la Mujer
al gobierno colombiano y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en el caso
específico de la protección para la participación de las mujeres han solicitado al Estado colombia-
no que “garantice el acceso a medidas especiales previstas en la legislación nacional para prote-
ger la integridad mental y física de las mujeres amenazadas de violencia y la eficacia de estas
medidas”.
4
Para las organizaciones de mujeres que fueron incluidas en el informe de la Relatora, la si-
tuación descrita persiste y se ha ampliado a otras zonas del país:
Las organizaciones de la mujer, sobre todo campesinas, indígenas y afrocolombianas,
y sus dirigentes, han sido objeto de intimidación sistemática y se han visto perse-
guidas por la labor que realizan en defensa de la mujer y en pro del mejoramiento
de las condiciones de vida de sus comunidades. Sus miembros no son los únicos
que se ven afectados. Sus hijos y los esposos o las parejas de estas mujeres han
sido también asesinados debido a las actividades sociales y políticas de la mujer.
Tal es el caso de organizaciones no gubernamentales como la Organización Feme-
nina Popular (OFP), la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de
Colombia (Anmucic) y la fundación Santa Rita para la Educación y Promoción
(Funsarep).
5
3
Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, 58 período de sesiones, Integración de los Derechos Huma-
nos de la Mujer y la Perspectiva de Género, violencia contra la mujer, E/CN.4/2002/83/Add.3, párrafo 91.
4
Ibíd, párrafo 118.
5
Ibíd., párrafo 90.

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13
Las amenazas y agresiones directas contra las mujeres y sus familias para que abandonen
sus actividades y lugares de trabajo se han incrementado, y con ellas el desplazamiento y/o des-
plazamientos múltiples como mecanismo de protección;
6
así:
En septiembre de 2002, una de las fundadoras de Anmucic y exalcaldesa de un municipio
en el sur del país fue amenazada para que abandonara la zona, se desplazó a otra región
donde fue nuevamente amenazada, y finalmente se vio obligada a desplazarse.
A mediados de 2002, una de las dirigentes de Anmucic en Santander, recibió amenazas
directas de las AUC:
7
“empezaron a amenazarme diciéndome que yo estaba dentro de la
lista que ellos tenían.” Por esta razón se desplazó.
En el segundo semestre de 2002, la coordinadora del trabajo con mujeres jóvenes de Anmucic
en un municipio de Antioquia y su familia recibieron amenazas de las AUC para que abando-
naran el pueblo.
En el departamento del Cauca, una líder de Anmucic que trabajaba en proyectos con muje-
res cabeza de familia, recibió amenazas de un supuesto grupo paramilitar como consecuen-
cia de sus actividades para la atención de familias desplazadas. Ante esto se vio obligada a
abandonar el departamento.
En el departamento del Cesar, una dirigente de Anmucic y profesora fue forzada a despla-
zarse por amenazas directas después del asesinato de familiares: “fueron a mi casa y me
dijeron que desocupara el pueblo sino quería correr con la misma suerte”.
Una líder de Anmucic en un departamento del centro del país y concejal de un municipio,
fue obligada a desplazarse como resultado de la amenaza generalizada que la guerrilla de
las FARC hizo a los y las funcionarios públicos para que renunciaran a sus cargos.
A finales del 2002, una líder de Anmucic en el departamento de Cundinamarca fue forzada
a desplazarse como consecuencia del secuestro de su hija (por parte de las FARC) y el ase-
sinato de su hermana.
En el norte del país, una socia de Anmucic, fue desplazada en noviembre del 2002, como
consecuencia del asesinato de su hija por presuntos paramilitares.
En mayo de 2002, en el departamento del Valle del Cauca, una líder de Anmucic recibió
amenazas por parte de los paramilitares como consecuencia de las actividades que realiza-
ba en uno de los municipios. Su compañero fue asesinado y ella, embarazada y con tres
hijos más, salió desplazada de la zona.
En noviembre de 2002 el nombre de una líder de Anmucic en el departamento de Arauca
apareció en las listas de las personas a quienes los paramilitares “iban a quitar de en me-
dio”. Arauca fue decretada como zona de rehabilitación y es controlada por la fuerza pú-
blica, pese a lo cual se mantienen las amenazas de los diversos grupos armados contra quienes
desarrollan trabajo comunitario. Ante la denuncia de la líder sobre las amenazas recibidas,
el comentario que recibió fue que “ahora sí estaban llegando quienes les iban a poner el
tatequieto”. En el mismo municipio, en los días siguientes fueron asesinados el esposo de
otra integrante de Anmucic y un transportador que les prestaba colaboración en su trabajo
y que las había advertido del peligro que corrían. Dos días después de estos hechos, el 2 de
6
Información aportada por Anmucic. Con el fin de proteger a las mujeres víctimas no se mencionan ni sus
nombres, ni el municipio donde ocurrió la violación a sus derechos. En algunos casos, tan sólo se menciona la
región del país donde está ubicado el departamento.
7
Autodefensas Unidas de Colombia.

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14
noviembre, la líder de Anmucic y su esposo tuvieron que abandonar el municipio. Las líde-
res que quedaron en la zona desarrollan sus actividades comunitarias en medio del constan-
te peligro y las amenazas contra sus vidas.
En noviembre de 2002, una líder de Anmucic en el departamento de Cundinamarca se vio
obligada a desplazarse por amenazas de las AUC contra su vida y la de su hija, también
integrante de Anmucic. Las mencionadas líderes desarrollan proyectos productivos y de
comercialización con mujeres. Se cree que las amenazas se originan en la acción de infor-
mantes que se encargan de señalar el trabajo comunitario y desvirtuarlo.
En el mes de octubre de 2002, en el departamento de La Guajira, hombres armados dispa-
raron contra la familia de una integrante de Anmucic, quien logró sobrevivir con dos de sus
hijas. Las niñas quedaron bajo la protección de una líder de Anmucic en la región, quien
también fue amenazada por prestarles ayuda y se ha visto obligada a desplazarse de ran-
chería en ranchería para no ser ubicada por los paramilitares. La presencia de esta mujer es
importante para las comunidades, porque además de su liderazgo en la organización, es
palabrera (mediadora en los conflictos cotidianos). Anmucic teme por la vida de ella y de
su hija que es secretaria de la misma organización.
Aunque el desplazamiento constituye simultáneamente la violación de todos los derechos
(civiles, políticos, sociales, económicos y culturales) y una infracción al DIH, en el caso de las muje-
res que participan en organizaciones sociales con frecuencia está precedido de actos violentos y
está orientado a desarticular procesos organizativos. Tiene múltiples efectos en las mujeres, sus
familias, las organizaciones y la sociedad, como fue expresado por la Relatora en su informe:
La Relatora Especial expresa preocupación porque el aumento y la frecuencia de
las agresiones contra las organizaciones de mujeres por parte de las facciones ar-
madas surten efectos múltiples, simultáneos y desproporcionados en la participa-
ción de la mujer. Pese a que la violencia y la discriminación contra la mujer se agudizan,
el mejoramiento de la condición y posición de la mujer va en regresión y los es-
fuerzos de construcción de la paz se ven obstaculizados. En este contexto es in-
dispensable adoptar con urgencia medidas de protección adecuadas para garantizar
el derecho de la mujer a la participación social y política en pie de igualdad.
8
Las organizaciones de mujeres están siendo debilitadas no sólo como consecuencia de las
agresiones directas, la atención de líderes desplazadas sigue siendo asumida por las organizacio-
nes ante la falta de respuestas efectivas del Estado, con lo cual se ven obligadas a gestionar –ante
organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales y de derechos humanos– soluciones
puntuales, aplazando sus actividades normales.
Estas gestiones puntuales han sido apoyos importantes que, sin embargo, no son suficien-
tes para atender los efectos del desplazamiento en las mujeres, sus familias y las organizaciones.
La desintegración familiar, la incapacidad para garantizar medios mínimos de subsistencia, la pér-
dida de espacios de participación y la inseguridad constante son efectos de la violencia contra la
participación de las mujeres que requieren de mayor compromiso del Estado. Como consecuen-
cia de sus actividades sociales y políticas, las desplazadas enfrentan además la pérdida de proce-
sos sociales, a través de los cuales lograron acceder a espacios públicos:
8
Naciones Unidas, op. cit., párrafo 93.

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15
Lo que más me preocupa en el momento es que tuve que reducir mi trabajo como
líder de Anmucic y me veo limitada para apoyar el trabajo humanitario que Anmucic
realiza para mujeres desplazadas.
9
Las dos últimas veces que he regresado a mi pueblo he notado la gran solidaridad
de las compañeras de la organización pero por otro lado una baja en el entusias-
mo en el proceso de la organización allí, pese a que yo me he preocupado por
mantener comunicación desde acá y estar pendiente de sus actividades.
10
Tengo conocimiento de que algunas mujeres que pertenecen a la organización
también están en riesgo debido a que cualquier concepto que se diga por parte
de nosotras los grupos armados lo toman como represalia.
11
La falta de atención gubernamental, la desintegración familiar y las limitaciones de las orga-
nizaciones para satisfacer las necesidades de las mujeres víctimas de la violencia sociopolítica, con
frecuencia obligan a las mujeres a retornar a sus lugares de origen con los riesgos para sus vidas
que esto supone:
Ellas permanecen la mayor parte del tiempo aquí en Bogotá; sin embargo algunas,
a pesar de las amenazas que tuvieron, se han visto obligadas a regresar ya sea
porque han dejado a sus hijos, o por falta de atención.
12
El control y la fiscalización de los actores armados es otra situación que amenaza la autono-
mía y existencia de las organizaciones:
A finales del año pasado una líder de Anmucic en el centro del país fue obligada a
rendirle cuentas a la guerrilla, especialmente en el manejo de recursos, ya que allí
la organización consiguió un proyecto por la gobernación. Hace dos meses la
guerrilla les informó que, “dada la transparencia en el manejo del recurso”, es una
de las organizaciones que puede hacer trabajo en esta región.
13
La persistencia de violaciones a los derechos humanos de las mujeres y el no compromiso
de los actores armados con el respeto al DIH, afectan directa e indirectamente la participación de
las mujeres. En muchas ocasiones éstas deben enfrentar la pérdida de familiares lo cual, además
de afectarlas emocionalmente, se convierte en una advertencia para que abandonen sus activida-
des organizativas:
Empezaron las amenazas, el secuestro de mi hija junto con mi nieto, el asesinato
de un sobrino, la desaparición de dos de mis sobrinas, el 18 de abril de 2002 el
asesinato de dos de mis hermanos donde uno de ellos dejó seis hijos y la viuda
que se encuentra desplazada aquí en Bogotá.
14
Me encuentro desplazada desde hace cuatro meses ya que fui víctima de la violen-
cia por el asesinato de mi hija de 17 años de edad, por presuntos paramilitares el
26 de mayo del 2002, en un departamento al norte del país.
15
9
Líder de Anmucic desplazada.
10
Líder de Anmucic desplazada.
11
Líder de Anmucic desplazada.
12
Informe Anmucic.
13
Informe Anmucic.
14
Líder de Anmucic desplazada.
15
Líder de Anmucic desplazada.

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16
Consejo Nacional de Planeación, Colombia se pronuncia sobre el Plan Nacional de Desarrollo “Hacía un
Estado Comunitario 2002-2006, Bogotá, enero 9, 2003, p. 15
17
Ibíd., p. 10.
18
Este aparte está basado en el prefacio escrito por Erika Páez para la segunda edición del documento de
diagnóstico titulado “Las niñas en los grupos Armados en Colombia,”, Save the Children UK, 2002.
19
Programa de Atención a la Niñez Desvinculada del Conflicto Armado, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
ICBF. Proyecto ICBF/OIM/Save the Children, UK.
RECOMENDACIONES
• Para superar la problemática de derechos humanos que ha ge-
nerado la actual crisis humanitaria y sus efectos en la partici-
pación y organización de las mujeres, es necesario que el Estado
colombiano incorpore las recomendaciones del Consejo Nacional
de Planeación en cuanto a redefinir los conceptos de “seguri-
dad democrática” y “Estado comunitario”:
La seguridad no es sólo la protección frente al delito, sino también la certeza de
no morirse de hambre, de conseguir empleo, de obtener vivienda y servicios mé-
dicos, de vivir con dignidad; es la garantía para gozar y ejercer con libertad los
derechos humanos y constitucionales.
16
Un Estado Comunitario, desde el punto de vista democrático, debe propiciar ente
todo la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas, la posibilidad
real de agenciar y vigilar el proceso de aplicación de tales decisiones, el derecho a
expresar una opinión formada libremente y la posibilidad real de disfrutar con
dignidad la vida.
17
Es necesario que se implementen efectivamente las recomendaciones de la Relatora Espe-
cial al Estado colombiano.
Es urgente que las partes en el conflicto suscriban un acuerdo global de derechos humanos
y DIH en el que se comprometan a respetar el derecho constitucional de las mujeres a una
participación en condiciones de igualdad y seguridad.
El Estado debe dar cumplimiento efectivo a las solicitudes de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos para la protección de las mujeres y sus organizaciones, a través de
una política pública que incluya mecanismos de prevención.
La atención de la población desplazada por la violencia es responsabilidad gubernamental.
El Estado debe garantizar a las mujeres desplazadas como consecuencia de sus actividades
sociales y políticas, mecanismos ágiles de acceso a la oferta institucional que no pongan en
riesgo su seguridad, la de sus familias y la de la organización.
Niñas desvinculadas del conflicto armado
18
Con respecto al tema de las niñas desvinculadas de los grupos armados en Colombia, presentado
en el informe de 2001 de la Mesa de Trabajo “Mujer y conflicto armado”, referimos de manera
general algunos de los principales cambios que se han dado en el país en el último año.
El número de niños y niñas desvinculados que durante el 2002 llegó al Programa de Aten-
ción a la Niñez Desvinculada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se ha duplica-
do.
19
Este incremento está directamente relacionado con la estrategia, por parte de los grupos
armados, de aumentar su pie de fuerza.

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La sociedad civil, en especial las ONG que trabajan en este tema, insisten en la importancia
de mantener a los niños y las niñas fuera de la confrontación armada y ofrecer a cambio más
espacios que les permitan su desarrollo integral y la posibilidad de tener opciones de futuro sin
violencia. En este sentido, varios sectores que trabajan en el tema de la niñez afectada por el
conflicto armado en Colombia ven con preocupación la poca claridad de las propuestas de este
gobierno encaminadas a la protección integral de los derechos de la niñez y el interés superior del
niño y la niña, tal como lo consignan los principios de la Convención de los Derechos del Niño de
las Naciones Unidas.
Además de la preocupación por los efectos negativos que experimentan los niños y las ni-
ñas como parte de la población civil, por la intensificación del conflicto armado en los últimos
meses, algunas organizaciones han llamado la atención sobre los alcances que puedan tener los
nuevos proyectos de ley y la política de infancia, en relación con los temas de niñez desvinculada,
involucrada y afectada por el conflicto armado. Tanto en los proyectos de ley como en el tema de
políticas públicas, sectores de la sociedad civil y algunos sectores de gobierno y el Congreso ve-
nían dando aportes desde una mirada integral de derechos de la niñez. En los sucesivos debates
en el Congreso, estos proyectos y propuestas han sufrido modificaciones adversas a los intereses
de los niños y las niñas afectados por el conflicto armado.
Es el caso del Proyecto de Ley 127 de 2001 sobre Responsabilidad Penal Juvenil (que pro-
pone disminuir la edad de responsabilidad penal, que hoy es de 18 años, a 12 años de edad). La
mayoría de organizaciones que trabajan el tema siguen propugnando por la no responsabilidad
penal o medida punitiva e impulsando un sistema que brinde mayores garantías legales y de pro-
tección integral para niños y las niñas menores de 18 años. Se reitera la necesidad de que los
niños y niñas desvinculados sean vistos como víctimas o sobrevivientes del conflicto armado, en la
medida en que no son responsables ni de las condiciones que crearon la confrontación armada, ni
de las condiciones que los llevan a ingresar a los grupos armados. Bajo ninguna circunstancia
pueden ser vistos como criminales o terroristas. La mayoría de organizaciones que trabajan el tema
siguen propugnando por la no responsabilidad penal o medida punitiva, e impulsando un sistema
que brinde mayores garantías legales y de protección integral para todos los niños y las niñas
menores de 18 años, y que permita una real inclusión de aquellos que han sido excluidos por la
sociedad.
La intensificación de la confrontación armada ha acentuado más la vulnerabilidad de las niñas
e incrementado su participación en el conflicto. Según datos del Programa de Atención a la Niñez
Desvinculada del Conflicto Armado, el porcentaje de niñas que llegan al programa se incrementó
en un 10%).
20
Los proyectos de ley relativos a la situación de estos niños y niñas no incluyen toda-
vía las necesidades específicas de género. Los procesos de inclusión en la sociedad no tienen una
perspectiva de género y no han incorporado mecanismos que garanticen que las niñas no sean
estigmatizadas por la comunidad, y que se le “cobre más duro” a una niña que a un niño el hecho
de haber pertenecido a un grupo armado.
20
Ibíd.
21
Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia, julio de 2002.
RECOMENDACIONES
21
• Incorporar al derecho interno el Protocolo Facultativo de la Con-
vención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación
de Niños en los Conflictos Armados, que establece en 18 años
la edad mínima para el reclutamiento voluntario. Este instru-

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mento, junto con el Estatuto de Roma de la CPI que entró en vigor en julio de este año,
constituye un avance en materia de protección de niños, niñas y jóvenes afectados por los
conflictos armados.
Asegurar que no habrá distinción en el tratamiento a los niños, las niñas y los jóvenes que
hayan estado vinculados al conflicto armado, cualquiera que sea la forma como se vincula-
ron al mismo.
Desplazamiento: impacto sobre mujeres y niñas desplazadas
22
Datos generales para el primer semestre de 2002
23
Continuando con una tendencia creciente del fenómeno del desplazamiento en el 2001, en el 2002
se ha ampliado notablemente el impacto territorial del desplazamiento y ha aumentado el núme-
ro de personas afectadas. En el primer semestre de 2002, el Sistema Único de Registro (SUR)
24
de
la Red de Solidaridad Social (RSS) registró 138.970 personas desplazadas, lo que supone un incre-
mento de 63,44% respecto al primer semestre de 2001 (85.029 registradas). El número estima-
do de personas desplazadas para este período, según el Sistema de Estimación por Fuentes
Contrastadas (SEFC)
25
asciende a 168.963 personas, mientras que en el primer semestre de 2001
se estimó 105.425 desplazados. Estimaciones de la RSS consideran que en el primer semestre de
2002 el número de hogares desplazados aumentó en un 55,62% en relación con el mismo perío-
do del 2001.
26
Esto supone que 772 personas se desplazaron diariamente en el primer semestre
de 2002, frente a 472 personas que se desplazaban diariamente en el 2001.
Según el SUR, de la RSS, los cinco departamentos que registraron el mayor número de pobla-
ción desplazada en el primer semestre de 2002 fueron Antioquia, 134.001 personas (17,76%);
Bolívar, 69.974 personas (9,27%); Sucre, 66.711 (8,84%); Magdalena, 42.367 personas (5,61%),
y Valle, 41.687 personas (5,52%). Por su parte Antioquia es el primer departamento expulsor,
con 157.577 personas (20,88%). Le siguen Bolívar, 101.891 personas (13,50%); Magdalena, 53.877
personas (7,14%); César, con 42.212 personas (5,59%), y Sucre, 42.181 personas (5,59%).
De acuerdo con el SEFC, Bogotá, Antioquia, Norte de Santander, Magdalena, Chocó y
Bolívar fueron los seis primeros departamentos de llegada. Según el SEFC, de las 275.387 perso-
nas que se desplazaron entre julio de 2001 a junio de 2002, Bogotá recibió 37.296. De éstas, el
50,57% son mujeres, el 49,43% son hombres, 39,69% son menores de 18 años y el 1,88% son
indígenas.
La RSS
27
considera que entre enero de 2000 y junio de 2002, el 86,5% de los municipios
del país fue afectado por el desplazamiento forzado. De este total, 204 eran expulsores, 84 re-
ceptores y 678 presentaba la doble condición, lo cual demuestra la complejidad del patrón de
22
Esta actualización fue aportada por Acnur.
23
En el momento de cerrar este informe no están disponibles las cifras consolidadas sobre desplazamiento para el
año 2002. Se incluyen, por tanto, las del primer semestre del mismo año. Una mirada más cualitativa al tema del
desplazamiento se encuentra en los siguientes capítulos de este informe.
24
Sistema Único de Registro de la Red de Solidaridad Social del Estado.
25
El SEFC pertenece a la Red de Solidaridad Social.
26
De acuerdo con el SEFC, en el primer semestre de 2001 el número de hogares desplazados fue de 19.814. En el
último semestre de 2001 éste ascendió a 22.929, mientras que para el primer semestre de 2002 hubo 30.835
hogares d