Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia

Los avances normativos que en los últimos años se han dado en materia de promoción y defensa de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia no se corresponden con las acciones que en la práctica se han venido dando en Nicaragua para lograr su real vigencia. A problemáticas como la del trabajo infantil, la explotación y tráfico sexual de niñas y niños y la violencia contra la niñez y la adolescencia no se les ha dado la atención que ameritan y no ha habido voluntad política del gobierno para implementar políticas públicas de desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes en cumplimiento de lo establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Desafortunadamente, estos problemas no constituyeron prioridades en la agenda del gobierno liberal saliente. 

Según el documento oficial del gobierno de Nicaragua sobre Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de la pobreza, son niños, niñas y adolescentes más del 50% de las personas pobres en nuestro país. Pese a este importantísimo dato, en este documento el gobierno analiza las dimensiones de la pobreza en nuestro país sin evaluar el impacto que ésta produce en el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia haciéndolos más vulnerables. 

La Federación Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (CODENI) presentó en el mes de octubre sus propuestas a la estrategia gubernamental para erradicar la pobreza, con el objetivo de que el tema de la niñez y la adolescencia sea introducido como su eje prioritario, partiendo de la premisa de que el empobrecimiento generalizado en nuestro país en los últimos años, afecta de manera directamente a estos sectores y obstaculiza consecuentemente el pleno goce y ejercicio de sus derechos, reconocidos en los instrumentos nacionales e internacionales de protección de los mismos.

Avances institucionales 

Pese a las limitaciones existentes, valoramos positivamente las acciones realizadas por el recién conformado Consejo Nacional de Atención y Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia (CONAPINA), para defender y promover los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Entre sus logros está la elaboración y consulta del Plan de Década para la Niñez y Adolescencia, que toma en consideración todos los planes y programas de acción que en el ámbito estatal y municipal se han estado impulsando. Las acciones del Plan estarán dirigidas, entre otras, a las áreas de educación, salud, nutrición, agua y saneamiento ambiental, vivienda y justicia penal especializada.

Valoramos igualmente acciones desarrolladas en torno al tema de la explotación sexual, como la presentación de la Política focalizada para combatir la explotación sexual contra la niñez. Lamentablemente, esta iniciativa no contó con presupuesto para comenzar a implementarse, y ni siquiera fue incluida en el Presupuesto General de la República para el año 2002, por lo que al cierre de este informe no se tenía conocimiento que haya iniciado.

El CENIDH también considera positivos los esfuerzos realizados por la Alcaldía de Managua para la creación y conformación de las Comisiones municipales y distritales de la Niñez y la Adolescencia, que entre sus objetivos contemplan la coordinación de acciones conjuntas con los sectores y organismos que trabajan en la temática, y para lo cual se han venido realizando reuniones de discusión y elaboración de estrategias que articulen acciones en el ámbito local a favor de niños, niñas y adolescentes.

En este sentido, se ha tratado de coordinar acciones para difundir estos esfuerzos a nivel nacional. Entre ellas, el encuentro que se realizó con otras comisiones municipales con el objetivo de promover su fortalecimiento y definir estrategias que permitan su mejor funcionamiento y una mayor participación infantil dentro de las mismas.

La creación del Observatorio de Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia, dentro de la Procuraduría Especial de Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia, es otra iniciativa que a criterio del CENIDH representa un avance en la defensa y promoción de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. El Observatorio estará basado en varias investigaciones que realizó la Procuraduría especial con miras al fortalecimiento de la capacidad fiscalizadora institucional del ejercicio de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia en Nicaragua.

Código de la Niñez y la Adolescencia 

A tres años de entrar en vigencia, la aplicación del Código de la Niñez y la Adolescencia continúa generando reacciones muy negativas entre la población, que por desconocer el Código en su integralidad y por falta de las instancias encargadas de garantizar su verdadera aplicación, percibe que sólo promueve la impunidad de los adolescentes.

La población sólo asocia el Código de la Niñez y la Adolescencia con la Justicia penal especializada establecida en el Libro III, desconociendo los demás componentes del Código en los Libros I y II. Si a esto se suma, que existen serias limitaciones para una verdadera y efectiva aplicación de la justicia especializada que el Código propone y promueve, se crean las condiciones que han venido propiciando la desconfianza de la ciudadanía y la resistencia de algunas autoridades para implementarlo.

Entre las serias limitaciones que enfrenta el Código, está la falta de Juzgados Penales de Adolescentes en cada departamento y región autónoma, como lo establece el artículo 113 del mismo. Esto ha ocasionado graves trastornos en la evacuación de las diligencias procesales y en el cumplimiento de los términos, pues se sigue trabajando sólo con despachos judiciales en Managua para este departamento, y en Ciudad Darío, donde se cubren las jurisdicciones del Norte y Las Segovias.

Para los demás departamentos continúan fungiendo como Juzgados de Adolescentes los despachos judiciales ordinarios a los que, sobrecargados de trabajo por la cantidad de causas que tramitan, se les hace difícil desprenderse en la práctica de la aplicación del modelo inquisitivo de la justicia ordinaria, muy diferente al modelo acusatorio que deben aplicar a los adolescentes de quienes se alegue que han infringido la ley.

La ausencia de instalaciones específicas para adolescentes, del equipo interdisciplinario que debe asistir a los despachos judiciales, de instancias que garanticen la verdadera aplicación de las medidas alternativas a la privación de libertad, y de la oficina de seguimiento al cumplimiento de las mismas, obstaculiza su aplicación y mantiene entre la población la percepción de que esta nueva legislación sólo genera impunidad.

La violación a los términos establecidos en el Código es un problema recurrente. El tiempo de tramitación de las causas, es usualmente el doble de los tres meses establecidos, situación que en gran medida obedece a las dificultades económicas y de tiempo que para las partes implica el desplazamiento desde sus lugares de origen a la sede del Juzgado. 

También existen serias dificultades con la Procuraduría Penal, que en algunos casos no realiza de manera diligente la investigación de los hechos denunciados, y por ello no ejerce la correspondiente acción penal en el Juzgado de Adolescentes, lo que causa gran inconformidad entre la parte ofendida y la víctima y hace persistente la percepción de impunidad.

En el mes agosto, el CENIDH conoció de un caso en el que la Procuraduría de Managua, al cierre de este informe, no había ejercido la acción penal en contra de un adolescente de 17 años de edad, que junto a dos adultos, está presuntamente involucrado en el homicidio del señor Sergio Bravo García, y que fue denunciado por una hermana de éste el 7 de agosto, día en que sucedieron los hechos.

La filial del CENIDH en Chontales informa que cuando la población interpone denuncia ante la Procuraduría, ésta no realiza ninguna investigación, limitándose a girar oficio a la Policía Nacional para que la realice. Y cuando es la Policía la que le pone en conocimiento de alguna denuncia, la remite directamente al Juzgado sin hacer ninguna verificación de las investigaciones policiales.

A criterio del CENIDH, esta situación constituye una abierta violación a las garantías del debido proceso, de conformidad con en el artículo 124 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que establece que es función de la Procuraduría realizar las investigaciones de los delitos o faltas cometidos por adolescentes y aportar pruebas y participar en ellas, para efectos de promover la correspondiente acción penal si es eso lo que procede. 

Explotación sexual y tráfico de menores 

El problema del tráfico de menores con fines de explotación sexual se ha venido incrementando alarmantemente en los últimos años en Centroamérica y en Nicaragua. Según datos proporcionados por el CEPAD y ACNUR en Nicaragua, durante una conferencia sobre mujeres refugiadas celebrada en Managua en el mes de junio, se tienen registro de unas 45 niñas y adolescentes de 10-18 años, originarias mayormente de Granada, Chinandega y Managua, desaparecidas tras ser engañadas o secuestradas para ser llevadas a centros de prostitución en Guatemala. 

La Procuraduría Especial de la Niñez y la Adolescencia informó que, según datos oficiales de la Policía Nacional, hay un registro de 400 niños y niñas perdidas en Nicaragua desde 1998, sin que se haya tenido noticias de ellos. Investigaciones de ONGs que trabajan en este tema en el área centroamericana, revelaron la participación de algunos funcionarios gubernamentales y de civiles que propician este delito. La pornografía infantil es otra actividad que se ha venido incrementando en Nicaragua, en particular en las ciudades donde el flujo de turistas es mayor: Granada, León, Chinandega y Corinto.

Pese a la gravedad de este creciente problema, no se ha observado una política gubernamental responsable y sistemática para enfrentarlo. Hasta el momento, en los países centroamericanos no se le entiende aún como problema, al carecer de estadísticas que revelen su magnitud. 

A criterio del CENIDH, las instancias que tienen responsabilidad directa en el problema no actúan de manera beligerante investigando y promoviendo acciones de prevención. La Dirección General de Migración y Extranjería no ejerce un estricto control de la salida de adolescentes en los diferentes puestos fronterizos, en particular hacia Honduras, El Salvador y Guatemala, por las facilidades que da el Plan CA-4 para el flujo migratorio. 

Por su parte, las representaciones consulares de Nicaragua en los diferentes países, no ejercen una protección efectiva de los y las nicaragüenses en el extranjero, como lo establece la Constitución Política. El CENIDH recibe constantes denuncias de jóvenes que se han trasladado o han sido trasladados a países de centro y norteamérica, pero al ponerlas en conocimiento de la Dirección de Protección a Nacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores MINREX, no hay una respuesta eficaz y oportuna.

El CENIDH considera que si bien hemos venido manteniendo muy buenas relaciones de coordinación con la Dirección de Protección a Nacionales, existen serias limitaciones en el esclarecimiento de estos casos cuando se ponen en conocimiento de los consulados nicaragüenses en los respectivos países, pues éstos no realizan una investigación inmediata y consecuentemente no informan oportunamente a la Dirección de Protección a Nacionales.

Violencia contra la niñez y la adolescencia

Entre enero-octubre del año, la Secretaría Ejecutiva de la Policía Nacional reportó un 
total de 7,182 niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos, cifra que constituye el 10% del dato global. Estos datos también reflejan que el número de niñas y adolescentes desde recién nacidas hasta los 17 años que son víctimas de lesiones y violaciones supera en un 29% al de niños y adolescentes varones que las padecen, pues del total de delitos registrados, 2,976 fueron en perjuicio de niños y adolescentes varones y 4,206 en perjuicio de niñas y adolescentes mujeres. 

De las 1,072 denuncias de lesiones registradas en perjuicio de niñas y adolescentes mujeres, 134 corresponden a niñas entre 0-13 años y 938 a las que tienen 13-17 años. En el caso de las denuncias por violación, de las 637 reportadas, 168 fueron en contra de las más pequeñas y 469 en contra de las de más años. 

En marzo, el CENIDH investigó el caso de una adolescente de 14 años de edad, secuestrada por un hombre y una mujer y llevada a Costa Rica, donde fue víctima de maltrato y abuso sexual. 

El CENIDH dirigió comunicación a la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica (CODEHUCA), que confirmó que la joven se encontraba en un albergue en ese país recibiendo terapia por el abuso sufrido. El CENIDH estableció coordinaciones con el Patronato Nacional de la Infancia en Costa Rica, que interpuso la correspondiente denuncia ante las autoridades judiciales y con la colaboración del Consulado de Nicaragua en Costa Rica facilitó la repatriación de la joven, embarazada como resultado de la violación sufrida.

En abril investigamos el caso de una niña de 11 años, abusada sexualmente en Rivas, que quedó en estado de embarazo. El hombre a quien esta niña señaló como el autor del delito fue sobreseído definitivamente por la Judicial de Distrito del Crimen de esa localidad, Ivette Toruño Blanco, en un proceso judicial que consideramos totalmente irregular y violatorio de las garantías del debido proceso y de los derechos de la niña.

El CENIDH revisó el expediente judicial que se tramitó en el Juzgado de Distrito del Crimen de Rivas y constató que la Judicial Toruño Blanco dictó la sentencia de sobreseimiento definitivo sin tomar en consideración la declaración de la niña y sin realizar todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos. El CENIDH dirigió comunicación a los Magistrados del Tribunal de Apelaciones de la IV Región en Granada, donde el caso fue radicado por el Recurso de Apelación que la madre de la niña promovió a través de su abogada. Al cierre de este Informe no había sido resuelto.

En octubre investigamos el caso de una adolescente de 17 años que trabajaba como mesera en una discoteca de Managua y fue abusada sexualmente por el administrador. El CENIDH revisó el expediente judicial y constató que existían graves presunciones en contra de este sujeto, que deliberadamente embriagó a la joven y ordenó al personal que saliera del establecimiento momentos después de cerrarlo a la atención del público para poder violarla.

El CENIDH también brindó acompañamiento a la joven y a su hermana ante el Juzgado V de Distrito del Crimen, donde la causa se radicó. Expusimos nuestras consideraciones del caso a la Judicial Ángela Dávila, quien tras la etapa instructiva dictó sentencia de auto de prisión en contra del procesado. Al cierre de este Informe el proceso se encontraba aún en trámite y a la espera de la celebración del Jurado de conciencia. 

En el contexto de la campaña electoral, conocimos de varios hechos de violencia en los que niños y adolescentes resultaron perjudicados. Entre ellos, destaca el caso de un niño de nueve años de edad, que fue lesionado en la cara producto de un botellazo con que supuestamente le hirió un activista del partido liberal, cuando una caravana de simpatizantes de ese partido recorría las calles de un barrio de Managua.

Niñez y drogas

Según la Secretaría Ejecutiva de la Policía Nacional, entre enero y octubre del año 2001 se reportó la detención de 88 adolescentes entre 15-17 años por el delito de narcotráfico. El 94% eran varones.

Las cifras reflejan, en alguna medida, la frecuencia con que niños, niñas y adolescentes participan en el tráfico de drogas, y también en su consumo. Durante este año, este tema género gran polémica a raíz del trágico suceso ocurrido en el mes de junio, cuando la niña Jessenia Serrato Matus, de 14 años de edad, falleció por la ingestión de varias piedras de crack, que su madre Carmen Matus le obligó a tragar para que la Policía Nacional no las encontrara en su poder cuando realizaba un operativo para desmontar un expendio de drogas. 

El acto criminal de Carmen Matus, que para evadir su responsabilidad atentó contra la salud y la vida de su hija, generó el repudio justificado de la opinión pública, y también un debate entre las autoridades de la Policía Nacional, que ante la utilización de niños y niñas en el narcotráfico, han tratado de legitimar el registro corporal de niños y niñas durante los operativos que realizan. 
A juicio del CENIDH este tipo de registros constituye una abierta violación a la integridad física y moral y en reiteradas ocasiones los hemos conocido y denunciado.

Trabajo infantil

Los planes y programas que se han puesto en marcha en Nicaragua para erradicar el trabajo infantil no han dado los resultados esperados, pues el problema de niños y niñas trabajando en las calles tiene sus raíces en el inequitativo modelo económico, político y social que prevalece en el país y que ha empobrecido a cada vez más familias que sólo poniendo a trabajar a niñas y niños logran sobrevivir. 

En 1993, el Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censos (INEC) calculó que 37 mil niños y niñas trabajaban en las calles de Managua y de otras ciudades y en otros sectores económicos. Según el documento oficial para la estrategia de reducción de la pobreza, se calcula que en el trabajo infantil participan 200 mil menores de edad, lo que significa un incremento de más del 400% en sólo ocho años.

Un estudio presentado en abril por la Procuraduría Especial de la Niñez y la Adolescencia, reveló que la población de 6-18 años que trabajaba era de 302 mil 880 niños y niñas. De entre ellos, sólo 71 mil asistían también a centros de enseñanza. Más de 300 mil niños y niñas menores de 14 años eran explotados en “trabajos” como la prostitución y la delincuencia o trabajaban en labores riesgosas: minas, pesca en altamar, camaroneras. 

Según un diagnóstico de la niñez trabajadora, el 32% de estos niños y niñas no sabe leer ni escribir y un 25.5% lo hace con dificultad y el 43% no asiste a ningún centro escolar. Se conoce que unos 3,050 de estos niños y niñas son atendidos por el Ministerio de la Familia o el Ministerio de Educación, mientras las ONG que prestan servicios de apoyo continúa siendo mínimo.

La Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo infantil y Protección del Adolescente Trabajador presentó el Plan estratégico de erradicación del trabajo infantil, que contempla estrategias de prevención, protección y promoción sobre la base de lo establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia, y que define acciones concretas de participación de las instituciones gubernamentales y de la sociedad civil en áreas prioritarias de educación, salud y familia.