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Mesa de trabajo MUJER Y CONFLICTO ARMADO
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1
Bogotá, febrero de 2003
Mesa de trabajo
MUJER Y CONFLICTO ARMADO
INFORME SOBRE VIOLENCIA SOCIOPOLÍTICA
CONTRA MUJERES, JÓVENES Y NIÑAS EN COLOMBIA
TERCER INFORME -2002

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Compilación y edición: María Isabel Casas Herrera
Coordinación de la Mesa “Mujer y conflicto armado”: María Eugenia Vásquez Perdomo
Secretaría Técnica: Úrsula Mendoza Balcázar
Revisión de textos: María José Díaz Granados M.
Cubierta: Claudia García
Diseño y preparación editorial: Marta Rojas, Publicaciones ILSA
Impresión: Ediciones Ántropos
Bogotá, Colombia, febrero de 2003

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3
Este documento fue elaborado por la mesa de trabajo “Mujer y conflicto armado”, gracias a la
información aportada por:
1
Taller “Efectos de la violencia del conflicto armado en las mujeres afrocolombianas”, desarrollado por la Mesa
Mujer y conflicto armado”, Bogotá, septiembre 23 al 25 de 2002.
• Ángela María Estrada (investigadora y profesora asociada en el
Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes), en
colaboración con Marcela Rodríguez, Carolina Ibarra, Estefanía Sarmiento
• Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia
(Anmucic)
• Colectivo María María
• Comisión Colombiana de Juristas
• Corporación de Apoyo a Comunidades Populares – Codacop
• Corporación “Mujeres que Crean”, Medellín
• Donny Meertens, investigadora y profesora de la Escuela de Estudios de
Género de la Universidad Nacional de Colombia
• Fundación Sí Mujer, Cali
• Grupo de mujeres de Afrodes
• Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA)
• Liga de Mujeres Desplazadas por la Violencia de Bolívar
• Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (Limpal)
• Mesa “Mujer y Violencia”, Cali
• Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(Acnur)
• Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
• Organización Femenina Popular de Barrancabermeja (OFP)
• Proyecto “Pasos”
• Ruta Pacífica de las Mujeres
• Save the Children - Reino Unido
Mujeres afrocolombianas participantes en el Taller “Efectos de la
violencia del conflicto armado en las mujeres afrocolombianas”
1
,
pertenecientes a las siguientes organizaciones:
• Asociación de Mujeres Negras de Bogotá
• Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas
• Red de Mujeres Negras del Cesar
• Junta de jóvenes y Grupo de mujeres de Afrodes, Bogotá y Buenaventura
• Comunidad de Vida, Autodeterminación y Dignidad (Cavida), Riosucio,
Cacarica, Chocó
• Asomanos Negras, Guapi, Cauca
• Proceso de Comunidades Negras (PCN), Comunidad de San Antonio,
Buenaventura y Chocó
• Fundación Paz y Bien. Grupo Semilla de Mostaza, Aguablanca, Cali
• Liga de Mujeres Desplazadas por la Violencia de Bolívar
• Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia,
Anmucic, Buenaventura
• Comunidad de Paz San Francisco de Asís, Riosucio, Chocó
• Organización de Mujeres Campesinas del Bajo Atrato (Oncaba)

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4
Mujeres indígenas participantes en el Taller “Efectos
de la violencia del conflicto armado en las mujeres indígenas”
2
,
pertenecientes a las siguientes organizaciones:
• Organización de Mujeres “Asmun”, cabildo Nasa Kuesh, Puerto Caicedo,
Putumayo
• Cabildo Damasco Vides, Organización de Cabildos Indígenas del
Putumayo (OCIP)
• Asociación de Mujeres Indígenas del Resguardo de Panan, pueblo
indígena de Los Pastos, Nariño
• Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia
(Anmucic), pueblo Paéz, Silvia, Cauca
• Red de Mujeres del Tolima. Consejo Regional Indígena del Tolima (CRIT),
comunidad indígena de la Unión, resguardo de San Antonio de Calarma,
Tolima
• Pueblo Arhuaco, Valledupar
• Grupo de Mujeres Unidas para el Trabajo, Red Departamental de Mujeres,
pueblo Kamsá, cabildo indígena de Sibundoy, Putumayo.
• Grupo de mujeres de la Organización Indígena de Antioquia (OIA),
pueblo Embera Katío, municipio de Mutatá
• Comité de mujeres de ocho comunidades, pueblo Chamí, del resguardo
Dojurá, Chocó
• Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR), pueblo Embera Chamí,
cabildo de Guática, Risaralda
• Programa Mujer, pueblo Embera, Alto Baudó, Organización Regional
Embera Wounaan (Orewa), Chocó
• Programa Género y Mujer, Consejo Regional Indígena de Caldas,
resguardo de San Lorenzo, Riosucio, Caldas
• Programa Mujer de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del
Cauca (ACIN), pueblo Paéz, resguardo de Huellas, Caloto, y resguardo de
San Francisco, Norte del Cauca
• Grupo de mujeres artesanas, pueblo Embera Katío, resguardo del río Sinú
y Verde, Córdoba
• Asociación de Trabajo Interdisciplinario- ATI
2
Taller “Efectos de la violencia del conflicto armado en las mujeres indígenas”, desarrollado por la Mesa “Mujer y
conflicto armado”, Bogotá, agosto 29 al 31 de 2002.

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5
CONTENIDO
7
Introducción
11
Formas de violencia contra las mujeres y las niñas
en el contexto del conflicto armado colombiano
23
Impacto del conflicto armado sobre las mujeres
afrocolombianas
39
Impacto del conflicto armado sobre las mujeres indígenas
55
Dinámica de la violencia intrafamiliar
en el contexto del conflicto armado
65
Situación de las mujeres, jóvenes y niñas en el contexto
del conflicto armado urbano en la ciudad de Medellín
75
Mujeres en las reclusiones por razones relacionadas
con el conflicto armado
85
Violencia sexual contra mujeres, jóvenes y niñas
por parte de los actores armados
93
ANEXO 1. Seguimiento a las recomendaciones
de la Relatora Especial de las Naciones Unidas
sobre violencia contra la mujer, Sra. Radhika Coomaraswamy
111
ANEXO 2. Normas de convivencia
Autodefensas y población civil
115
ANEXO 3. Violaciones perpetradas por actores armados
en la ciudad de Medellín en el año 2002
y denunciadas por la Ruta Pacífica de las Mujeres – Medellín
117
ANEXO 4. El impacto del refugio en la situación de las
mujeres colombianas refugiadas: algunas reflexiones sobre
el caso de Sucumbíos (Ecuador)

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6

Page 7
7
INTRODUCCIÓN
La Mesa de Trabajo “Mujer y conflicto armado” es un espacio de coordinación y reflexión confor-
mado por organizaciones de mujeres y de derechos humanos, organizaciones sociales, personas y
entidades nacionales e internacionales interesadas en hacer visibles las múltiples formas de violen-
cia que afectan a las mujeres y a las niñas en el contexto del conflicto armado interno colombiano.
En la Mesa, que inició su trabajo en septiembre de 2000 por iniciativa del Instituto Latino-
americano de Servicios Legales Alternativos (ILSA), participan organizaciones de diverso orden,
tales como:
Asociación Juana de Arco, Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de Co-
lombia (Anmucic), Programa Mujer Campesina de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos
- Unidad y Reconstrucción (ANUC-UR), Corporación Casa de la Mujer, Colectivo de Mujeres
Excombatientes, Colectivo María María, Confluencia Nacional de Redes de Mujeres (Observatorio
de los Derechos Humanos de las Mujeres Desplazadas), Corporación de Apoyo a Comunidades
Populares (Codacop), Fundación Educación y Desarrollo (Fedes), Fundación Mujer y Futuro
(Bucaramanga), Humanizar, Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA), Ins-
tituto de Derechos Humanos “Guillermo Cano” de la Escuela Superior de Administración Pública
(ESAP), Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (Limpal), Liga de Mujeres Desplaza-
das por la Violencia de Bolívar, Mujeres Pazíficas de Cali, Organización Femenina Popular (OFP),
Proyecto Pasos, Grupo de Mujeres de Afrodes, Red de Educación Popular entre Mujeres (Repem),
Red Nacional de Mujeres, Ruta Pacífica de las Mujeres. De la Mesa también hacen parte investigadoras
y activistas independientes, y cuenta con el apoyo de la Escuela de Estudios de Género de la Universi-
dad Nacional.
Participan como observadores organismos internacionales como la Oficina del Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Oficina del Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Oficina de las Naciones Unidas para
la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), agencias de cooperación internacional como la
Consejería en Proyectos, terre des hommes Alemania, Save the Children Reino Unido y entidades
de control del Estado como la Defensoría del Pueblo.
La Mesa recoge información sobre el tema de interés mutuo, mediante la revisión de fuen-
tes secundarias, la realización de talleres con mujeres afectadas por el conflicto y la recopilación
de testimonios aportados por las organizaciones que participan en la Mesa y otras organizaciones
de mujeres y de derechos humanos. El resultado de este trabajo se ha recogido en informes
1
que la
Mesa envía a la Relatora Especial y a otras instancias nacionales e internacionales.
1
Ver recuadro sobre el proceso de la Mesa.

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8
La Mesa presenta su tercer informe que actualiza los temas tratados en el informe anterior
e incluye aspectos tales como los efectos del conflicto armado en mujeres indígenas y
afrocolombianas, el impacto del conflicto armado urbano en la vida de las mujeres (el caso de
Medellín es ilustrativo), la relación entre la violencia intrafamiliar y la violencia generada por el
conflicto armado, la situación de las mujeres privadas de la libertad por razones relacionadas con
el conflicto armado, y la violencia sexual perpetrada por actores armados
2
que aparece de mane-
ra reiterada a lo largo del informe. El informe muestra la diversidad de voces testimoniales y
analíticas recogidas por la Mesa en su esfuerzo por hacer visible el impacto del conflicto armado
sobre mujeres, jóvenes y niñas en el país; en esa medida, los capítulos tienen “tonos” diferentes y
presentan distintas maneras de abordar los temas de interés común.
La Mesa busca que las múltiples violencias contra las mujeres, jóvenes y niñas en el contexto
del conflicto armado se consideren crímenes inadmisibles que deben ser investigados, sanciona-
dos y reparados. Ante las dimensiones del conflicto armado interno, la superación de las violen-
cias contra mujeres y niñas no puede continuar aplazándose como asunto de segundo orden. Es
indispensable que el Estado colombiano adopte de inmediato medidas concretas para luchar
contra el elevado porcentaje de impunidad que existe respecto a las violaciones de los derechos
de la mujer, y que haga efectivas las recomendaciones de la Relatora Especial de las Naciones Unidas
sobre Violencia contra la Mujer y de otras instancias internacionales en este sentido.
La Mesa espera que sus informes contribuyan a hacer evidente la grave crisis de derechos
humanos de las mujeres en Colombia, entendiendo que su superación no depende exclusivamente
de la resolución del conflicto armado interno, en la medida en que las causas de las violaciones a
sus derechos humanos obedecen a profundas inequidades sociales, económicas y culturales que
se exacerban en tiempos de conflicto armado.
2
La expresión “los actores armados” se repite a lo largo de este informe, con frecuencia sin mencionar cuál de
ellos. Esto se debe a que las mujeres que están en las regiones tienen miedo de nombrarlos por las posibles
retaliaciones y, probablemente, a que algunas prácticas de los actores armados son muy similares.
ALGUNAS
REFLEXIONES
EN TORNO
A ESTE INFORME
En algunos sectores del poder y la opinión pública del país hay
en este momento una legitimación social de las posiciones auto-
ritarias que nos parece alarmante por las consecuencias que trae
para la sociedad colombiana, y en particular para las mujeres,
como se observa a lo largo de este informe. Cuando se instaura
la “ley de las armas” como punto de referencia de la
normatividad que rige las relaciones sociales, cualquier noción
de derechos queda supeditada a la decisión arbitraria de los actores armados. En el caso de los
derechos de las mujeres esto es particularmente grave porque, a pesar de los adelantos en la
legislación colombiana que protegen los derechos de las mujeres como personas y ciudadanas, la
sociedad todavía no ha incorporado estos derechos en la vida cotidiana.
En situaciones de conflicto armado se validan y aceptan tanto la definición de la masculini-
dad asociada con la violencia como la definición equivalente de la feminidad asociada con la su-
misión, y se da prioridad a lo masculino como criterio de valor. Por eso, los derechos de las mujeres
que ponen en cuestión estos estereotipos de género se ignoran, se reprimen, se niegan. En pala-
bras de las mujeres colombianas que sufren directamente los efectos de la violencia generada por

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9
el conflicto armado: “Es la fuerza la que se utiliza para tramitar los conflictos”. “No hay ley, la ley
es la ley de ellos”.
3
Quisiéramos también hacer un llamado de alerta sobre la situación de las niñas y jóvenes en
todo el país, quienes enfrentan enormes obstáculos de diversa índole –agravados en el contexto
del conflicto armado– para imaginar y mucho menos construir un proyecto de vida propio, lejos
del influjo de los actores armados. Estos obstáculos son de tal magnitud, que la situación de las
niñas y jóvenes en Colombia debería ser considerada una prioridad del Estado colombiano y de la
sociedad civil, con carácter de emergencia.
Finalmente constatamos que, a pesar de la situación que enfrentan, los relatos de las muje-
res víctimas del conflicto armado hablan de las múltiples formas de resistencia que desarrollan
frente a los abusos de los actores armados. En las ciudades y los pueblos, y en los territorios indí-
genas y afrocolombianos, las mujeres desarrollan esfuerzos que buscan reconstruir el tejido social
cada vez más amenazado. El coraje de las mujeres, la existencia de redes de vida entre ellas,
permite que este informe sea escrito, que lo sucedido no quede en el olvido y, en esa medida,
contribuye a impedir que la impunidad silencie las violaciones a los derechos humanos de las mu-
jeres en Colombia.
3
Palabras de las mujeres de Medellin y de las mujeres afrocolombianas, citadas a lo largo de este informe.

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10
EL PROCESO DE LA MESA
La iniciativa de conformar la Mesa surgió de cons-
tatar la poca visibilidad de la violencia contra mu-
jeres, jóvenes y niñas en el contexto del conflicto
armado colombiano. La documentación sistemáti-
ca de los casos de violencia contra las mujeres, jó-
venes y niñas perpetrados por actores armados
encuentra obstáculos en el miedo, la falta de con-
fianza en las instituciones de justicia y los elevados
niveles de impunidad frente a estos delitos, que im-
piden a las víctimas denunciar los hechos. Por otra
parte, la información disponible está dispersa por
el país, en manos de organizaciones de mujeres,
de organizaciones de defensa de los derechos hu-
manos y en algunas oficinas del Estado.
En abril de 2001 la Mesa elaboró un primer infor-
me sobre la violencia contra las mujeres y las niñas
en el contexto del conflicto armado interno colom-
biano. Conociendo la importancia de acudir a los
mecanismos internacionales de protección de los
derechos humanos, entregó este Informe a la
Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Vio-
lencia contra la Mujer, señora Radhika Cooma-
raswamy, con el fin de despertar su interés en el
caso colombiano y promover su visita para consta-
tar la situación de violaciones a los derechos hu-
manos de las mujeres. En noviembre de 2001 la
Relatora visitó el país y presentó su informe ante
la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas.* El informe de la Relatora incluyó recomen-
daciones al gobierno colombiano y a los actores
armados con respecto a: 1) las medidas necesarias
para garantizar la protección de los derechos hu-
manos de las mujeres y niñas colombianas; 2) la
imperiosa necesidad de suscribir acuerdos huma-
nitarios que protejan a las mujeres en el marco del
DIH; 3) las políticas públicas tendientes a disminuir
los efectos de la violencia y la discriminación con-
tra las mujeres.
En diciembre de 2001 la Mesa publicó un segundo
informe que evidencia algunas formas de violen-
cia contra las mujeres y niñas en el contexto de la
confrontación armada, abordando los siguientes
temas: cifras sobre algunas de las violaciones al DIH
y a los derechos humanos de las mujeres y niñas
dentro del contexto de violencia sociopolítica,
mujeres y niñas desplazadas, violencia contra la par-
ticipación de las mujeres y sus organizaciones, ni-
ñas desvinculadas del conflicto armado, violencia
sexual contra mujeres, jóvenes y niñas y, otras for-
mas de violencia contra las mismas.
Durante el 2002 el trabajo de la Mesa se orientó en
las siguientes líneas:
• Talleres de difusión de las recomendaciones de
la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre
violencia contra las mujeres. La Mesa realizó cua-
tro talleres en Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín.
• Elaboración de herramientas metodológicas para
la recolección de información sobre violencia –con
perspectiva de género y étnica–, así como para ha-
cer el seguimiento a las recomendaciones de la
Relatora Especial. Estas herramientas buscan apo-
yar a las organizaciones de mujeres en las regio-
nes para que documenten de manera sistemática
las violencias que las afectan.
• Talleres de recopilación de información sobre las
violencias que afectan a las mujeres de diferentes
regiones y grupos étnicos del país. Se realizaron
dos talleres nacionales, el primero de ellos con mu-
jeres indígenas de Antioquia, Cauca, Chocó, Cór-
doba, Nariño, Putumayo, Risaralda, Tolima y la
Sierra Nevada de Santa Marta; el segundo con mu-
jeres afrocolombianas del Chocó, Cauca, Bolívar,
Buenaventura, y mujeres afrocolombianas despla-
zadas que actualmente viven en Bogotá y pertene-
cen a Afrodes.
• Conversatorios. Se realizaron ocho conver-
satorios con las organizaciones participantes en la
Mesa, orientados a ofrecer un espacio mensual de
discusión y análisis sobre temas relacionados con
las múltiples violencias que afectan la vida de las
mujeres, las jóvenes y las niñas en el marco del con-
flicto armado interno.
En octubre de 2002 la Mesa envió a la Relatora Es-
pecial un informe de seguimiento al cumplimiento
de sus recomendaciones, destinado a servir de apo-
yo a su informe ante las sesiones anuales de la Co-
misión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas. El informe hace seguimiento a las recomen-
daciones de la Relatora, analizándolas en el marco
de las medidas del Estado de Conmoción Interior
decretadas por el actual gobierno, y los efectos de
tales medidas en las vidas de las mujeres.
**
* Informe de la Relatora Especial de las Naciones Uni-
das sobre Violencia contra la Mujer. Misión a Colom-
bia (1 al 7 de noviembre de 2001), presentado en
marzo de 2002 a la Comisión de Derechos Huma-
nos,. E/CN.4/2002/83/Add, 3.
** Ver Anexo 1.

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11
FORMAS DE VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS
EN EL CONTEXTO DEL CONFLICTO
ARMADO COLOMBIANO
ACTUALIZACIÓN
DE LOS TEMAS
DEL PASADO
INFORME
*
Elaborado por el Colectivo María María y Anmucic para este informe.
1
“ [...] más de la tercera parte del documento [Plan de desarrollo], consiste en brindar seguridad democrática”,
Consejo Nacional de Planeación, Colombia se pronuncia sobre el Plan Nacional de Desarrollo “Hacia un
Estado Comunitario 2002-2006, Bogotá, enero 9, 2003, p. 10.
2
E/CN/1998/54. Informe de la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, con inclusión de sus causas y
consecuencia, 26/1/1998, párrafos 90 y 91.
Violencia contra la participación
de las mujeres y sus organizaciones
Estado comunitario: ausencia de garantías para la participación de las mujeres*
El Gobierno colombiano ha orientado su Plan Desarrollo (2002-2006) a la construcción de un Es-
tado comunitario, con énfasis en la seguridad democrática, que busca involucrar a la ciudadanía
en la consecución de los fines sociales del Estado. A pesar de lo sugestivo del título, la ausencia de
una política basada en los derechos humanos y el énfasis en las acciones militares como principal
instrumento para garantizar la seguridad han evidenciado el carácter excluyente y controlador de
esta política.
1
La creciente militarización de la sociedad, la estigmatización de las organizaciones
sociales, la reducción en el gasto social, la violencia sociopolítica, el control social y político de los
actores armados y la falta de garantías para el ejercicio de derechos, afectan a las mujeres, par-
ticularmente a las mujeres rurales.
La visión tradicional de seguridad con énfasis en las acciones militares ha sido reiteradamen-
te cuestionada porque concentra los esfuerzos en acciones de fuerza y no busca resolver las con-
diciones sociales, económicas y políticas que generan violencia en los espacios públicos y privados.
Además, refuerza relaciones de exclusión y subordinación en las cuales hombres y mujeres son afec-
tados de forma diferente.
La militarización general de la sociedad tiene también otras consecuencias para la
mujer. Ya durante la segunda guerra mundial los comentaristas sociales afirmaron
que la militarización de la sociedad conduce a una cultura de violencia que se infil-
tra en la vida diaria. El empleo de la violencia para resolver los conflictos en el ámbito
nacional conduce a su aceptación como medio para solucionar conflictos en la familia
y la comunidad. Tanto en tiempos de guerra como de paz relativa se considera
que las mujeres son víctimas legitimas de esa cultura de la violencia.
2

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12
El incremento de las acciones militares y la coerción por parte de todos los actores arma-
dos continúa afectando a las mujeres y a sus organizaciones, como fue establecido por la Relatora
Especial sobre la Violencia contra la Mujer, en el informe de su visita a Colombia:
En su afán de lograr el control social y político de territorios en litigio, los grupos
armados la emprenden contra las organizaciones de la mujer por considerarlas un
obstáculo visible profundamente arraigado en las comunidades, a las que tratan
de utilizar para su beneficio propio o de lo contrario tratan de destruir. Las orga-
nizaciones que no se pliegan a los intereses de estos grupos se ven obligadas a
llevar a cabo sus actividades en condiciones de inseguridad permanente y se ven
cada vez más obligadas a transformar los métodos de trabajo de su organización.
3
En el último año esta situación se ha agudizado generando un contexto social y político
proclive al uso de la fuerza como argumento para resolver la violencia sociopolítica, con lo cual
las víctimas de la violencia han perdido reconocimiento y su problemática es cada vez más invisi-
ble. Las ONG y las organizaciones sociales están siendo objeto de estigmatización, lo que limita sus
capacidades de acción e incrementa las situaciones de riesgo para el desarrollo de sus acciones: a
finales del 2002, y haciendo uso de la legislación especial del Estado de Excepción, fueron allana-
das la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz (ONG colombiana) y Terre des Hommes
(ONG italiana).
En este contexto de vulnerabilidad jurídica y política se continúan reduciendo las garantías
reales para las organizaciones de mujeres. Las graves violaciones a los derechos humanos e infrac-
ciones al derecho internacional humanitario no están siendo atendidas adecuadamente por el
Estado, la impunidad persiste y la política del nuevo gobierno no incluye acciones específicas para
desarrollar las recomendaciones hechas por la Relatora Especial para la Violencia contra la Mujer
al gobierno colombiano y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en el caso
específico de la protección para la participación de las mujeres han solicitado al Estado colombia-
no que “garantice el acceso a medidas especiales previstas en la legislación nacional para prote-
ger la integridad mental y física de las mujeres amenazadas de violencia y la eficacia de estas
medidas”.
4
Para las organizaciones de mujeres que fueron incluidas en el informe de la Relatora, la si-
tuación descrita persiste y se ha ampliado a otras zonas del país:
Las organizaciones de la mujer, sobre todo campesinas, indígenas y afrocolombianas,
y sus dirigentes, han sido objeto de intimidación sistemática y se han visto perse-
guidas por la labor que realizan en defensa de la mujer y en pro del mejoramiento
de las condiciones de vida de sus comunidades. Sus miembros no son los únicos
que se ven afectados. Sus hijos y los esposos o las parejas de estas mujeres han
sido también asesinados debido a las actividades sociales y políticas de la mujer.
Tal es el caso de organizaciones no gubernamentales como la Organización Feme-
nina Popular (OFP), la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de
Colombia (Anmucic) y la fundación Santa Rita para la Educación y Promoción
(Funsarep).
5
3
Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, 58 período de sesiones, Integración de los Derechos Huma-
nos de la Mujer y la Perspectiva de Género, violencia contra la mujer, E/CN.4/2002/83/Add.3, párrafo 91.
4
Ibíd, párrafo 118.
5
Ibíd., párrafo 90.

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13
Las amenazas y agresiones directas contra las mujeres y sus familias para que abandonen
sus actividades y lugares de trabajo se han incrementado, y con ellas el desplazamiento y/o des-
plazamientos múltiples como mecanismo de protección;
6
así:
En septiembre de 2002, una de las fundadoras de Anmucic y exalcaldesa de un municipio
en el sur del país fue amenazada para que abandonara la zona, se desplazó a otra región
donde fue nuevamente amenazada, y finalmente se vio obligada a desplazarse.
A mediados de 2002, una de las dirigentes de Anmucic en Santander, recibió amenazas
directas de las AUC:
7
“empezaron a amenazarme diciéndome que yo estaba dentro de la
lista que ellos tenían.” Por esta razón se desplazó.
En el segundo semestre de 2002, la coordinadora del trabajo con mujeres jóvenes de Anmucic
en un municipio de Antioquia y su familia recibieron amenazas de las AUC para que abando-
naran el pueblo.
En el departamento del Cauca, una líder de Anmucic que trabajaba en proyectos con muje-
res cabeza de familia, recibió amenazas de un supuesto grupo paramilitar como consecuen-
cia de sus actividades para la atención de familias desplazadas. Ante esto se vio obligada a
abandonar el departamento.
En el departamento del Cesar, una dirigente de Anmucic y profesora fue forzada a despla-
zarse por amenazas directas después del asesinato de familiares: “fueron a mi casa y me
dijeron que desocupara el pueblo sino quería correr con la misma suerte”.
Una líder de Anmucic en un departamento del centro del país y concejal de un municipio,
fue obligada a desplazarse como resultado de la amenaza generalizada que la guerrilla de
las FARC hizo a los y las funcionarios públicos para que renunciaran a sus cargos.
A finales del 2002, una líder de Anmucic en el departamento de Cundinamarca fue forzada
a desplazarse como consecuencia del secuestro de su hija (por parte de las FARC) y el ase-
sinato de su hermana.
En el norte del país, una socia de Anmucic, fue desplazada en noviembre del 2002, como
consecuencia del asesinato de su hija por presuntos paramilitares.
En mayo de 2002, en el departamento del Valle del Cauca, una líder de Anmucic recibió
amenazas por parte de los paramilitares como consecuencia de las actividades que realiza-
ba en uno de los municipios. Su compañero fue asesinado y ella, embarazada y con tres
hijos más, salió desplazada de la zona.
En noviembre de 2002 el nombre de una líder de Anmucic en el departamento de Arauca
apareció en las listas de las personas a quienes los paramilitares “iban a quitar de en me-
dio”. Arauca fue decretada como zona de rehabilitación y es controlada por la fuerza pú-
blica, pese a lo cual se mantienen las amenazas de los diversos grupos armados contra quienes
desarrollan trabajo comunitario. Ante la denuncia de la líder sobre las amenazas recibidas,
el comentario que recibió fue que “ahora sí estaban llegando quienes les iban a poner el
tatequieto”. En el mismo municipio, en los días siguientes fueron asesinados el esposo de
otra integrante de Anmucic y un transportador que les prestaba colaboración en su trabajo
y que las había advertido del peligro que corrían. Dos días después de estos hechos, el 2 de
6
Información aportada por Anmucic. Con el fin de proteger a las mujeres víctimas no se mencionan ni sus
nombres, ni el municipio donde ocurrió la violación a sus derechos. En algunos casos, tan sólo se menciona la
región del país donde está ubicado el departamento.
7
Autodefensas Unidas de Colombia.

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14
noviembre, la líder de Anmucic y su esposo tuvieron que abandonar el municipio. Las líde-
res que quedaron en la zona desarrollan sus actividades comunitarias en medio del constan-
te peligro y las amenazas contra sus vidas.
En noviembre de 2002, una líder de Anmucic en el departamento de Cundinamarca se vio
obligada a desplazarse por amenazas de las AUC contra su vida y la de su hija, también
integrante de Anmucic. Las mencionadas líderes desarrollan proyectos productivos y de
comercialización con mujeres. Se cree que las amenazas se originan en la acción de infor-
mantes que se encargan de señalar el trabajo comunitario y desvirtuarlo.
En el mes de octubre de 2002, en el departamento de La Guajira, hombres armados dispa-
raron contra la familia de una integrante de Anmucic, quien logró sobrevivir con dos de sus
hijas. Las niñas quedaron bajo la protección de una líder de Anmucic en la región, quien
también fue amenazada por prestarles ayuda y se ha visto obligada a desplazarse de ran-
chería en ranchería para no ser ubicada por los paramilitares. La presencia de esta mujer es
importante para las comunidades, porque además de su liderazgo en la organización, es
palabrera (mediadora en los conflictos cotidianos). Anmucic teme por la vida de ella y de
su hija que es secretaria de la misma organización.
Aunque el desplazamiento constituye simultáneamente la violación de todos los derechos
(civiles, políticos, sociales, económicos y culturales) y una infracción al DIH, en el caso de las muje-
res que participan en organizaciones sociales con frecuencia está precedido de actos violentos y
está orientado a desarticular procesos organizativos. Tiene múltiples efectos en las mujeres, sus
familias, las organizaciones y la sociedad, como fue expresado por la Relatora en su informe:
La Relatora Especial expresa preocupación porque el aumento y la frecuencia de
las agresiones contra las organizaciones de mujeres por parte de las facciones ar-
madas surten efectos múltiples, simultáneos y desproporcionados en la participa-
ción de la mujer. Pese a que la violencia y la discriminación contra la mujer se agudizan,
el mejoramiento de la condición y posición de la mujer va en regresión y los es-
fuerzos de construcción de la paz se ven obstaculizados. En este contexto es in-
dispensable adoptar con urgencia medidas de protección adecuadas para garantizar
el derecho de la mujer a la participación social y política en pie de igualdad.
8
Las organizaciones de mujeres están siendo debilitadas no sólo como consecuencia de las
agresiones directas, la atención de líderes desplazadas sigue siendo asumida por las organizacio-
nes ante la falta de respuestas efectivas del Estado, con lo cual se ven obligadas a gestionar –ante
organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales y de derechos humanos– soluciones
puntuales, aplazando sus actividades normales.
Estas gestiones puntuales han sido apoyos importantes que, sin embargo, no son suficien-
tes para atender los efectos del desplazamiento en las mujeres, sus familias y las organizaciones.
La desintegración familiar, la incapacidad para garantizar medios mínimos de subsistencia, la pér-
dida de espacios de participación y la inseguridad constante son efectos de la violencia contra la
participación de las mujeres que requieren de mayor compromiso del Estado. Como consecuen-
cia de sus actividades sociales y políticas, las desplazadas enfrentan además la pérdida de proce-
sos sociales, a través de los cuales lograron acceder a espacios públicos:
8
Naciones Unidas, op. cit., párrafo 93.

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15
Lo que más me preocupa en el momento es que tuve que reducir mi trabajo como
líder de Anmucic y me veo limitada para apoyar el trabajo humanitario que Anmucic
realiza para mujeres desplazadas.
9
Las dos últimas veces que he regresado a mi pueblo he notado la gran solidaridad
de las compañeras de la organización pero por otro lado una baja en el entusias-
mo en el proceso de la organización allí, pese a que yo me he preocupado por
mantener comunicación desde acá y estar pendiente de sus actividades.
10
Tengo conocimiento de que algunas mujeres que pertenecen a la organización
también están en riesgo debido a que cualquier concepto que se diga por parte
de nosotras los grupos armados lo toman como represalia.
11
La falta de atención gubernamental, la desintegración familiar y las limitaciones de las orga-
nizaciones para satisfacer las necesidades de las mujeres víctimas de la violencia sociopolítica, con
frecuencia obligan a las mujeres a retornar a sus lugares de origen con los riesgos para sus vidas
que esto supone:
Ellas permanecen la mayor parte del tiempo aquí en Bogotá; sin embargo algunas,
a pesar de las amenazas que tuvieron, se han visto obligadas a regresar ya sea
porque han dejado a sus hijos, o por falta de atención.
12
El control y la fiscalización de los actores armados es otra situación que amenaza la autono-
mía y existencia de las organizaciones:
A finales del año pasado una líder de Anmucic en el centro del país fue obligada a
rendirle cuentas a la guerrilla, especialmente en el manejo de recursos, ya que allí
la organización consiguió un proyecto por la gobernación. Hace dos meses la
guerrilla les informó que, “dada la transparencia en el manejo del recurso”, es una
de las organizaciones que puede hacer trabajo en esta región.
13
La persistencia de violaciones a los derechos humanos de las mujeres y el no compromiso
de los actores armados con el respeto al DIH, afectan directa e indirectamente la participación de
las mujeres. En muchas ocasiones éstas deben enfrentar la pérdida de familiares lo cual, además
de afectarlas emocionalmente, se convierte en una advertencia para que abandonen sus activida-
des organizativas:
Empezaron las amenazas, el secuestro de mi hija junto con mi nieto, el asesinato
de un sobrino, la desaparición de dos de mis sobrinas, el 18 de abril de 2002 el
asesinato de dos de mis hermanos donde uno de ellos dejó seis hijos y la viuda
que se encuentra desplazada aquí en Bogotá.
14
Me encuentro desplazada desde hace cuatro meses ya que fui víctima de la violen-
cia por el asesinato de mi hija de 17 años de edad, por presuntos paramilitares el
26 de mayo del 2002, en un departamento al norte del país.
15
9
Líder de Anmucic desplazada.
10
Líder de Anmucic desplazada.
11
Líder de Anmucic desplazada.
12
Informe Anmucic.
13
Informe Anmucic.
14
Líder de Anmucic desplazada.
15
Líder de Anmucic desplazada.

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16
16
Consejo Nacional de Planeación, Colombia se pronuncia sobre el Plan Nacional de Desarrollo “Hacía un
Estado Comunitario 2002-2006, Bogotá, enero 9, 2003, p. 15
17
Ibíd., p. 10.
18
Este aparte está basado en el prefacio escrito por Erika Páez para la segunda edición del documento de
diagnóstico titulado “Las niñas en los grupos Armados en Colombia,”, Save the Children UK, 2002.
19
Programa de Atención a la Niñez Desvinculada del Conflicto Armado, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
ICBF. Proyecto ICBF/OIM/Save the Children, UK.
RECOMENDACIONES
• Para superar la problemática de derechos humanos que ha ge-
nerado la actual crisis humanitaria y sus efectos en la partici-
pación y organización de las mujeres, es necesario que el Estado
colombiano incorpore las recomendaciones del Consejo Nacional
de Planeación en cuanto a redefinir los conceptos de “seguri-
dad democrática” y “Estado comunitario”:
La seguridad no es sólo la protección frente al delito, sino también la certeza de
no morirse de hambre, de conseguir empleo, de obtener vivienda y servicios mé-
dicos, de vivir con dignidad; es la garantía para gozar y ejercer con libertad los
derechos humanos y constitucionales.
16
Un Estado Comunitario, desde el punto de vista democrático, debe propiciar ente
todo la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas, la posibilidad
real de agenciar y vigilar el proceso de aplicación de tales decisiones, el derecho a
expresar una opinión formada libremente y la posibilidad real de disfrutar con
dignidad la vida.
17
Es necesario que se implementen efectivamente las recomendaciones de la Relatora Espe-
cial al Estado colombiano.
Es urgente que las partes en el conflicto suscriban un acuerdo global de derechos humanos
y DIH en el que se comprometan a respetar el derecho constitucional de las mujeres a una
participación en condiciones de igualdad y seguridad.
El Estado debe dar cumplimiento efectivo a las solicitudes de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos para la protección de las mujeres y sus organizaciones, a través de
una política pública que incluya mecanismos de prevención.
La atención de la población desplazada por la violencia es responsabilidad gubernamental.
El Estado debe garantizar a las mujeres desplazadas como consecuencia de sus actividades
sociales y políticas, mecanismos ágiles de acceso a la oferta institucional que no pongan en
riesgo su seguridad, la de sus familias y la de la organización.
Niñas desvinculadas del conflicto armado
18
Con respecto al tema de las niñas desvinculadas de los grupos armados en Colombia, presentado
en el informe de 2001 de la Mesa de Trabajo “Mujer y conflicto armado”, referimos de manera
general algunos de los principales cambios que se han dado en el país en el último año.
El número de niños y niñas desvinculados que durante el 2002 llegó al Programa de Aten-
ción a la Niñez Desvinculada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se ha duplica-
do.
19
Este incremento está directamente relacionado con la estrategia, por parte de los grupos
armados, de aumentar su pie de fuerza.

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17
La sociedad civil, en especial las ONG que trabajan en este tema, insisten en la importancia
de mantener a los niños y las niñas fuera de la confrontación armada y ofrecer a cambio más
espacios que les permitan su desarrollo integral y la posibilidad de tener opciones de futuro sin
violencia. En este sentido, varios sectores que trabajan en el tema de la niñez afectada por el
conflicto armado en Colombia ven con preocupación la poca claridad de las propuestas de este
gobierno encaminadas a la protección integral de los derechos de la niñez y el interés superior del
niño y la niña, tal como lo consignan los principios de la Convención de los Derechos del Niño de
las Naciones Unidas.
Además de la preocupación por los efectos negativos que experimentan los niños y las ni-
ñas como parte de la población civil, por la intensificación del conflicto armado en los últimos
meses, algunas organizaciones han llamado la atención sobre los alcances que puedan tener los
nuevos proyectos de ley y la política de infancia, en relación con los temas de niñez desvinculada,
involucrada y afectada por el conflicto armado. Tanto en los proyectos de ley como en el tema de
políticas públicas, sectores de la sociedad civil y algunos sectores de gobierno y el Congreso ve-
nían dando aportes desde una mirada integral de derechos de la niñez. En los sucesivos debates
en el Congreso, estos proyectos y propuestas han sufrido modificaciones adversas a los intereses
de los niños y las niñas afectados por el conflicto armado.
Es el caso del Proyecto de Ley 127 de 2001 sobre Responsabilidad Penal Juvenil (que pro-
pone disminuir la edad de responsabilidad penal, que hoy es de 18 años, a 12 años de edad). La
mayoría de organizaciones que trabajan el tema siguen propugnando por la no responsabilidad
penal o medida punitiva e impulsando un sistema que brinde mayores garantías legales y de pro-
tección integral para niños y las niñas menores de 18 años. Se reitera la necesidad de que los
niños y niñas desvinculados sean vistos como víctimas o sobrevivientes del conflicto armado, en la
medida en que no son responsables ni de las condiciones que crearon la confrontación armada, ni
de las condiciones que los llevan a ingresar a los grupos armados. Bajo ninguna circunstancia
pueden ser vistos como criminales o terroristas. La mayoría de organizaciones que trabajan el tema
siguen propugnando por la no responsabilidad penal o medida punitiva, e impulsando un sistema
que brinde mayores garantías legales y de protección integral para todos los niños y las niñas
menores de 18 años, y que permita una real inclusión de aquellos que han sido excluidos por la
sociedad.
La intensificación de la confrontación armada ha acentuado más la vulnerabilidad de las niñas
e incrementado su participación en el conflicto. Según datos del Programa de Atención a la Niñez
Desvinculada del Conflicto Armado, el porcentaje de niñas que llegan al programa se incrementó
en un 10%).
20
Los proyectos de ley relativos a la situación de estos niños y niñas no incluyen toda-
vía las necesidades específicas de género. Los procesos de inclusión en la sociedad no tienen una
perspectiva de género y no han incorporado mecanismos que garanticen que las niñas no sean
estigmatizadas por la comunidad, y que se le “cobre más duro” a una niña que a un niño el hecho
de haber pertenecido a un grupo armado.
20
Ibíd.
21
Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia, julio de 2002.
RECOMENDACIONES
21
• Incorporar al derecho interno el Protocolo Facultativo de la Con-
vención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación
de Niños en los Conflictos Armados, que establece en 18 años
la edad mínima para el reclutamiento voluntario. Este instru-

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18
mento, junto con el Estatuto de Roma de la CPI que entró en vigor en julio de este año,
constituye un avance en materia de protección de niños, niñas y jóvenes afectados por los
conflictos armados.
Asegurar que no habrá distinción en el tratamiento a los niños, las niñas y los jóvenes que
hayan estado vinculados al conflicto armado, cualquiera que sea la forma como se vincula-
ron al mismo.
Desplazamiento: impacto sobre mujeres y niñas desplazadas
22
Datos generales para el primer semestre de 2002
23
Continuando con una tendencia creciente del fenómeno del desplazamiento en el 2001, en el 2002
se ha ampliado notablemente el impacto territorial del desplazamiento y ha aumentado el núme-
ro de personas afectadas. En el primer semestre de 2002, el Sistema Único de Registro (SUR)
24
de
la Red de Solidaridad Social (RSS) registró 138.970 personas desplazadas, lo que supone un incre-
mento de 63,44% respecto al primer semestre de 2001 (85.029 registradas). El número estima-
do de personas desplazadas para este período, según el Sistema de Estimación por Fuentes
Contrastadas (SEFC)
25
asciende a 168.963 personas, mientras que en el primer semestre de 2001
se estimó 105.425 desplazados. Estimaciones de la RSS consideran que en el primer semestre de
2002 el número de hogares desplazados aumentó en un 55,62% en relación con el mismo perío-
do del 2001.
26
Esto supone que 772 personas se desplazaron diariamente en el primer semestre
de 2002, frente a 472 personas que se desplazaban diariamente en el 2001.
Según el SUR, de la RSS, los cinco departamentos que registraron el mayor número de pobla-
ción desplazada en el primer semestre de 2002 fueron Antioquia, 134.001 personas (17,76%);
Bolívar, 69.974 personas (9,27%); Sucre, 66.711 (8,84%); Magdalena, 42.367 personas (5,61%),
y Valle, 41.687 personas (5,52%). Por su parte Antioquia es el primer departamento expulsor,
con 157.577 personas (20,88%). Le siguen Bolívar, 101.891 personas (13,50%); Magdalena, 53.877
personas (7,14%); César, con 42.212 personas (5,59%), y Sucre, 42.181 personas (5,59%).
De acuerdo con el SEFC, Bogotá, Antioquia, Norte de Santander, Magdalena, Chocó y
Bolívar fueron los seis primeros departamentos de llegada. Según el SEFC, de las 275.387 perso-
nas que se desplazaron entre julio de 2001 a junio de 2002, Bogotá recibió 37.296. De éstas, el
50,57% son mujeres, el 49,43% son hombres, 39,69% son menores de 18 años y el 1,88% son
indígenas.
La RSS
27
considera que entre enero de 2000 y junio de 2002, el 86,5% de los municipios
del país fue afectado por el desplazamiento forzado. De este total, 204 eran expulsores, 84 re-
ceptores y 678 presentaba la doble condición, lo cual demuestra la complejidad del patrón de
22
Esta actualización fue aportada por Acnur.
23
En el momento de cerrar este informe no están disponibles las cifras consolidadas sobre desplazamiento para el
año 2002. Se incluyen, por tanto, las del primer semestre del mismo año. Una mirada más cualitativa al tema del
desplazamiento se encuentra en los siguientes capítulos de este informe.
24
Sistema Único de Registro de la Red de Solidaridad Social del Estado.
25
El SEFC pertenece a la Red de Solidaridad Social.
26
De acuerdo con el SEFC, en el primer semestre de 2001 el número de hogares desplazados fue de 19.814. En el
último semestre de 2001 éste ascendió a 22.929, mientras que para el primer semestre de 2002 hubo 30.835
hogares desplazados.
27
SUR.

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19
desplazamiento. El impacto territorial del desplazamiento también aumentó en los tres últimos
años de manera notable: de 480 municipios afectados en el año 2000, se pasó a 819 en el 2001,
y posteriormente a 887 en junio de 2002.
El desplazamiento forzado se ha concentrado en 20 microrregiones del país que en los seis
meses de 2002 expulsaron un 61,3% de la población. A las mismas microrregiones ha llegado un
63,8% de la población desplazada.
28
Entre un 40 y 50% de las personas desplazadas se han asen-
tado en grandes y medianas ciudades. Para el primer semestre de 2002, el fenómeno del despla-
zamiento se concentró en 102 municipios que expulsaron el 75% de la población desplazada. Los
principales municipios de expulsión en este período fueron: Santa Marta (9,95%), Convención
(3,08%), Ibagué (2,84%), Teorama (2,23%), Valledupar (2,06%), Medellín (2,02%), El Tarra
(1,96%), Granada (1,92%) y Bojayá (1,92%). Y los principales municipios de recepción: Bogotá
(15,33%), Santa Marta (9,63%), Convención (4,06%), Quibdó (3,875), Valledupar (3,07%), Cúcuta
(2,72%), Sincelejo (2,65%), Medellín (2,24%), Florencia (2,05%).
El conflicto y los actores armados siguen siendo los principales causantes del desplazamien-
to. Según el SEFC, de las 168.951 personas que se desplazaron en el 2002, el 45,47% lo hicieron
por causa de dos o más actores, el 37,46% por las autodefensas; la guerrilla ha desplazado al
13,16%, mientras que las Fuerzas Armadas del Estado, al 1,12%. Por las amenazas generalizadas
se han desplazado unas 92.240 personas, equivalentes al 54,60%. Éste sigue siendo el primer
motivo de desplazamiento. Por enfrentamientos armados se han desplazado 56.703 personas,
equivalentes al 33,56%; por masacres el 3,43%; por amenaza específica 6.865 personas equiva-
lentes al 4,06%. Otros motivos de desplazamiento responden a tomas, ataques indiscriminados y
torturas. Según Codhes,
29
las principales causas del desplazamiento son las masacres y los asesina-
tos selectivos.
En el año 2002 la ruptura de las conversaciones de paz provocó una intensificación del con-
flicto armado interno. Es de destacar el ataque –con cilindros de gas llenos de explosivos– a la
iglesia de Bellavista (Bojayá, departamento del Chocó), como una de las más trágicas manifesta-
ciones de las tácticas de guerra de los grupos guerrilleros por el control del territorio. En este
acto contra la población civil murieron más de 110 afrocolombianos entre mujeres, hombres niños
y niñas, que habían buscado refugio en la iglesia. Como resultado de este ataque se produjo el
desplazamiento de más de 5.000 personas hacia Quibdó, capital del departamento. La mayoría
regresó a sus comunidades, una parte de ellos (1.000 personas) acompañados por Acnur; otros
se quedaron en la capital del departamento.
Nuevas modalidades de desplazamiento
En el año 2002 se han presentado nuevas modalidades de desplazamiento tales como el despla-
zamiento forzado a grandes cascos urbanos, de unos barrios a otros, así como el desplazamiento
de unas veredas a otras. Muchas comunidades en el país –entre ellas comunidades indígenas y
afrocolombianas– se encuentran sitiadas por actores armados que impiden su movilidad. Tal es el
caso de las comunidades en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde la disputa entre la guerrilla
y los paramilitares por el control del macizo tiene confinados a los habitantes de la Sierra. Esta
situación supone una condición de vulnerabilidad extrema que se agrava con la prohibición del
transporte de comida, medicinas, gasolina e insumos agrícolas y ayuda humanitaria.
28
Según el SEFC, cinco de las 20 microrregiones recibieron el 49.32% de la población desplazada por la violencia:
antigua zona de distensión (18.36%), Sierra Nevada de Santa Marta, (15.13%), oriente antioqueño, (5.52%),
Catatumbo, (5.52%) y Centro del Chocó (4.05%)/
29
Codhes, Boletín 41, 9 de mayo de 2002.

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20
Mujeres desplazadas
La Red de Solidaridad Social estima que de enero a junio de 2002, el 47,6% de las personas des-
plazadas fueron mujeres, y el 44,3% eran menores de edad. Datos aportados a Acnur por el CICR
30
a nivel nacional, indican que la jefatura femenina del hogar es dos veces más alta (30%) en fami-
lias desplazadas individualmente, en comparación con las que se desplazan de manera colectiva
(15%)
Un acercamiento a la situación de Bogotá y Soacha
31
Según el SUR, en Bogotá las mujeres y niñas desplazadas representan el 50,51% de la población,
y los hombres y niños el 49,49%, mientras que la población de menores de 18 años (niños y niñas)
ocupa el 47,82% (porcentajes tomados sobre un total estimado de 22.140 personas).
32
En
Cundinamarca
33
y Soacha las mujeres y niñas desplazadas representan el 55,71%, y hombres y ni-
ños el 44,29%; mientras que los menores de 18 años ocupan el 54,7%. La proporción de meno-
res de edad en la población desplazada en Bogotá y Soacha es mayor que el promedio de la
población colombiana en general (44% menores de edad). El sistema de información RUT de Pas-
toral Social señala la escasa presencia de personas mayores de 45 años entre la población despla-
zada en Bogotá. En Soacha hay una significativa sobrerrepresentación de mujeres desplazadas en
la categoría de edad entre 18 y 45 años
34
.
En cuanto a la pertenencia a minorías étnicas de las mujeres según la información suminis-
trada por la Unidad de Atención de Bogotá (UAID), de las 5.018 personas atendidas entre mayo
de 1999 y noviembre de 2001, 2.109 eran mujeres. De este total el 8,8% era negra o mulata, el
1,5% indígena y la gran mayoría, el 86%, mestiza o blanca. Esta distribución de pertenencia étnica
de las mujeres no muestra ninguna variación con respecto a la distribución general de la población
desplazada atendida.
Para el periodo enero-octubre de 2001, .a proporción de hogares desplazados con jefatura
femenina en Bogotá era del el 44,5% (1.753 hogares), según datos recopilados por el Grupo
Poblacional de la RSS, basados en el Sistema Único de Registro. En Soacha, el porcentaje de hoga-
res con jefatura femenina calculado por la Delegación de Cundinamarca de la RSS es aún más alto,
el 49%, dato que se aproxima a la proporción calculada por la RSS para la población desplazada
nacional, 49,7%
35
. En el caso de Soacha (y posiblemente a nivel nacional) se presenta un
sobrerregistro de jefatura femenina porque ésta ha sido confundida con la creciente participa-
ción de las mujeres como declarantes. En cuanto a jefatura femenina según edad, su presencia es
30
Comité Internacional de la Cruz Roja.
31
Informe Acnur, Consultoría Donny Meertens, “Encrucijadas urbanas, población desplazada en Bogotá y Soacha:
una mirada diferenciada por género, edad y etnia”, Bogotá, febrero de 2003. Incluimos este acercamiento a la
situación de Bogotá y Soacha, para visibilizar la situación de las mujeres desplazadas en las grandes ciudades.
32
Red de Solidaridad Social, 2001, Atención a población desplazada por la violencia en Colombia. Informe de
gestión enero 2000-junio 2001, Bogotá, Presidencia de la República, pp. 13 y 14.
33
No hay datos completos para Soacha. Por ello tomamos algunos datos del departamento de Cundinamarca,
dentro del cual Soacha constituye la mayor concentración de población desplazada. Datos tomados de las
delegaciones territoriales de la RSS.
34
Estadísticas remitidas por el padre Sante Cervellín, director de la Oficina de Movilidad Humana de la Conferencia
Episcopal de Colombia, Bogotá.
35
Red de Solidaridad Social, 2001, p. 13. Según la información del RUT, la jefatura femenina del hogar en Soacha es
de 43.0%, también significativamente más alta que la cifra encontrada por la misma fuente en Bogotá.

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21
especialmente alta en los rangos de edades más jóvenes e incluso supera a la jefatura masculina
en el rango de edad de 20-24 años: 103 mujeres, 90 hombres.
La jefatura femenina se ha incrementado durante los últimos dos años, acompañada del
hecho de que las mujeres aparecen cada vez más como declarantes ante el Ministerio Público.
Mientras que en el año 1999 las mujeres representaban sólo el 23% del total de declarantes, en
el 2000 representaban el 42%, y en el 2001 el 46%.
36
Este aumento significativo refleja tres tipos
de situaciones: 1) la búsqueda del anonimato por parte de los hombres, 2) la percepción de una
mayor benevolencia de los funcionarios hacia las mujeres declarantes que hacia los hombres
declarantes; 3) un primer paso en la toma de conciencia de las mujeres acerca del nuevo papel y
las responsabilidades que están asumiendo como proveedoras de hecho del hogar después del
desplazamiento. Mientras la participación de las mujeres en las declaraciones aumenta, en térmi-
nos más generales se ha notado que los niveles de inclusión en el registro de población desplaza-
da en Bogotá han sido mucho más bajos que en otras ciudades.
La participación de las mujeres desplazadas en los puestos directivos de las organizaciones
de población desplazada, y en los espacios de negociación con el Estado, ha sido mínima, sobre
todo si se compara con otras ciudades como Barrancabermeja, Medellín o Cartagena. En el área
metropolitana de Bogotá existen solamente dos organizaciones específicas de mujeres desplaza-
das. Ambas tienen o tuvieron representación en la Mesa de Trabajo Distrital, pero no propusieron
temas relacionados con necesidades específicas o con los derechos de las mujeres. Las mujeres
desplazadas no tienen representación en el Consejo Distrital para la atención integral a población
desplazada y, en general, el tema de la participación y representación femenina está ausente en
el proceso de negociaciones. Sólo en una de las propuestas de solución, presentada a la Mesa
Distrital por un subgrupo de la misma, se ha colocado un renglón sobre “Atención especial para
mujeres, niños y jóvenes desplazados” y “Atención y protección especial para mujeres cabeza de
familia”.
Bogotá también constituye la ciudad de llegada de muchas mujeres que han sido persegui-
das por su papel en las organizaciones campesinas o sindicales en las regiones. A las sindicalistas
de distintas profesiones las amenazan por su labor sindical, por transmitir sus ideas a las nuevas
generaciones, por dar atención médica a actores armados, o porque llevan procesos judiciales
contra grupos armados o narcotraficantes. Pierden toda visibilidad al ser desplazadas a la gran
ciudad. Frecuentemente, por temor, se desvinculan de su organización, por vergüenza no se re-
gistran y se insertan en la ciudad con muy poca ayuda de amigos o familiares. Muchas de ellas son
jefas de hogar, viudas. La mayor parte de las mujeres sindicalizadas desplazadas son maestras,
trabajadoras de la salud o trabajadoras de la rama judicial. Las mujeres sindicalizadas, más que
los hombres, suelen perder la autoestima con el desplazamiento porque generalmente abando-
nan la actividad sindical y pierden el liderazgo social que con tanta dificultad habían logrado.
Soportan menos el desplazamiento, sobre todo cuando éste implicó la separación de los hijos y la
desorganización de la familia. Por ello buscan el retorno más fácilmente que los hombres, aun a
costa de los riesgos para su seguridad. A pesar de ello, en los sindicatos no se han elaborado
posibles planes de retorno.
36
Información de la Red de Solidaridad Social, Unidad Territorial de Bogotá.

Page 22
22

Page 23
23
IMPACTO DEL CONFLICTO ARMADO
SOBRE LAS MUJERES
AFROCOLOMBIANAS*
Queremos vivir libres, los actores armados nos obligan a vivir sin pies para cami-
nar, sin manos para trabajar y sin boca para hablar.
1
Algunas de las formas de violencia que a las mujeres afrocolombianas les impone el conflic-
to armado interno están relacionadas con la irrupción violenta del mismo en sus prácticas cultura-
les y en su cotidianidad. Otras están atravesadas por prácticas discriminatorias y racistas, de los
actores armados y no armados. Y muchas de ellas dejan ver lo que supone el desarraigo y la pér-
dida de sus tradiciones culturales, al ser forzadas a vivir dentro de su territorio pero bajo el con-
trol de los actores armados, o bien fuera de su territorio por el desplazamiento, enfrentando al
llegar a las ciudades una triple discriminación por ser mujeres, por ser afrocolombianas y por es-
tar desplazadas.
EL CONFLICTO EN
LOS TERRITORIOS DE
LAS COMUNIDADES
AFROCOLOMBIANAS
“No hay ley, la ley es la ley de ellos”.
Las mujeres afrocolombianas, narradoras por excelencia, cuentan y cuando cuentan, rehacen el
escenario de guerra que se libra en sus territorios. Sus relatos nos hablan de masacres, amenazas,
ataques aéreos, desplazamientos forzados, control de la movilidad y de los alimentos, pérdida
de tradiciones culturales. Hablan de ríos custodiados por las armas de quienes hoy se disputan el
control de un territorio donde hombres y mujeres afrocolombianos han recreado su cultura por
años. Desde el dolor y el miedo, los relatos también hablan de formas de resistencia pacífica y
supervivencia de las mujeres en sus territorios y fuera de ellos, frente a los efectos devastadores
del conflicto armado en sus vidas.
*
Este capítulo fue elaborado por Úrsula Mendoza Balcázar de ILSA, se fundamenta en la información aportada
por las mujeres afrocolombianas participantes en el taller nacional con mujeres afrocolombianas “Efectos de la
violencia del conflicto armado en las mujeres afrocolombianas”, organizado por la Mesa de Trabajo “Mujer y
conflicto armado”, septiembre 23 al 25 de 2002.
1
Tomado del testimonio de una mujer afrocolombiana. Encuentro de Mujeres del Bajo Atrato, Riosucio, Chocó,
diciembre 9-12 de 2002. Organizado por Acnur, PCS y la Defensoría del Pueblo.

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24
En Anchicayá el conflicto se agudiza, el ejército dice que la gente de la comunidad
es guerrillera, de ahí entran las FARC, el ELN, después vuelve el ejército, sale, en-
tran los paras y ahora se da la masacre del 2000.
2
Riosucio está dominado por los paramilitares, ellos son los que mandan en el pue-
blo y en la zona rural, la gente no puede denunciar porque pueden ser elimina-
dos. El ejército y los paramilitares son los mismos, no hay claridad, se dice que el
ejército es legal y los paras ilegales, pero uno los ve juntos”
3
.
En el Chocó y Tumaco hay paramilitares, las FARC y el ELN. Los paramilitares y el
ejército han impuesto toque de queda. No hay ley, la ley es la ley de ellos.
4
En Buenaventura las sedes de las distintas organizaciones de comunidades negras
son invadidas y los actores armados se adueñan de ellas.
5
En el río de Yurumanguí opera el frente 30 de las FARC, en la parte baja las
autodefensas, no se puede viajar a las cabeceras municipales, han amenazado a
los lancheros. La gente se encuentra en medio de varios actores y no saben hacia
qué lado coger.
6
Para las mujeres afrocolombianas cuyos testimonios dan sustento a este capítulo, la disputa
de los actores armados por el control del territorio, y la estrategia del desplazamiento forzado a
la que se ven sometidas, está relacionada con intereses económicos y políticos, para los cuales las
dinámicas del conflicto son funcionales a la imposición de un modelo de desarrollo hegemónico,
ajeno a la forma como las comunidades afrocolombianas conciben el desarrollo desde su pers-
pectiva étnica y cultural. De otro lado, la expansión acelerada de los cultivos de coca en los terri-
torios de las comunidades afrocolombianas –cuyo inicio data de mediados de los años noventa y
se incrementa a partir del 2000– trae consigo la disputa de los actores armados por el control y
dominio de zonas que son importantes en el plano geopolítico por el acceso a las costas y a los
mercados asociados con la coca y el abastecimiento de pertrechos militares.
La imposición de dicho modelo de desarrollo hegemónico en sus territorios desconoce e
incumple la Ley 70 de 1993
7
donde se “reconoce a las comunidades negras colombianas la titula-
ridad colectiva de la tierra y establece mecanismos para la protección de la identidad cultural, de
sus derechos en condición de grupo étnico, el fomento de su desarrollo económico y social con el
fin de garantizar que obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto
de la sociedad colombiana”.
8
2
Memorias del taller nacional con mujeres afrocolombianas “Efectos de la violencia del conflicto armado en las
mujeres afrocolombianas”, organizado por la Mesa de Trabajo “Mujer y conflicto armado”, septiembre 23 al 25
de 2002, texto sin editar.
3
Ibíd
4
Ibíd
5
Ibíd.
6
Ibíd.
7
La importancia de la ley 70 de 1993 reside principalmente en el reconocimiento de derechos territoriales a la
población rural ribereña del Pacífico, materializados en la titulación colectiva de la tierra, y el reconocimiento de
un estatus especial a las poblaciones negras, a partir de lo cual se establecen medidas especiales en los campos
de la etno-educación, la representación política y la participación en los proyectos de desarrollo regional, entre
otros.
8
Carlos Rosero, “Los afrodescendientes y el conflicto armado en Colombia: la insistencia en lo propio como
alternativa”, Claudia Mosquera, Mauricio Pardo y Odile Hoffmann (eds), Afrodescendientes en las Américas,
trayectorias sociales e identitarias. 150 años de la esclavitud en Colombia, Bogotá, Universidad Nacional de
Colombia, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Institut de Recherche pour le Développement,

Page 25
25
Esta mirada al conflicto armado interno reconoce la relación entre territorio, identidad,
intereses políticos y económicos y conflicto armado. Los actores armados no aparecen como los
únicos responsables del drama que las mujeres afrocolombianas se ven obligadas a afrontar: el
Estado, las empresas multinacionales y los intereses económicos que representan, también son
considerados actores del conflicto.
Es el gobierno el que pacta con empresas multinacionales proyectos en los territo-
rios colectivos de las comunidades afrocolombianas, trayendo como efecto el des-
plazamiento forzado. Ellos hacen compromisos con las multinacionales y los pobres
pagamos los platos rotos (...) Sufrimos los que desde nuestros abuelos estamos
conservando el territorio.
9
La Ley 70 es enemiga de grandes empresarios y autoridades, no se negocia con
nosotros negros lo que tiene que ver con tierra y agua, no se acuerdan que so-
mos los negros los dueños del territorio, nos matan los líderes para tener dominio
sobre el territorio.
10
Nos están matando para quedarse con el territorio, nosotros tenemos que ser
muertos para que otros se puedan beneficiar de lo que nosotros hemos cuidado.
Los empresarios llegan a sembrar su palma africana y los otros a sembrar cultivo
ilícito. Se tiran el terreno.
11
En Yurumanguí nos desplazan diciendo que hay un área que hace parte del Par-
que los Farallones. Consideramos que nos desplazan por los intereses del Estado
y las multinacionales de desviar el cauce del río. A causa del conflicto se está dan-
do la pérdida de la titulación colectiva del territorio.
12
Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, 2002.
9
Memorias del taller nacional con mujeres afrocolombianas, cit.
10
Ibíd
11
Ibíd
12
Ibíd
13
Memorias del taller nacional con mujeres afrocolombianas, cit.
FORMAS DE
VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES
EN EL CONTEXTO DEL
CONFLICTO ARMADO
INTERNO
El ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres
afrocolombianas ha estado limitado históricamente, porque han
sido sometidas a formas de exclusión, discriminación, racismo,
invisibilización, violencia y extrema pobreza, que se recrudecen
con el conflicto armado interno. Estas formas de violencia se en-
cuentran recogidas en la definición que las mujeres
afrocolombianas hacen de la violencia contra la mujer:
Violencia contra la mujer es quitarle el derecho a su te-
rritorio, es obligar a las mujeres a salir de su territorio,
atentar contra nosotras, nuestra cultura, nuestra familia, incidir en nuestra forma
de vida, someternos a ritmos distintos a los de nuestra cultura. Es la discrimina-
ción a la cual hemos sido sometidas desde otros tiempos, también la discrimina-
ción racial a la cual nos somete la sociedad, es maltratarnos por ser desplazadas y
por ser negras. Es el maltrato físico, psicológico en el hogar, por los grupos arma-
dos y la sociedad. La violencia contra la mujer es que nos obliguen a perder a los
seres queridos a causa de la violencia.
13

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26
Control de la sexualidad, las emociones y el comportamiento
de las mujeres
Los actores armados privilegian la violencia como la clave para el control social. Buscan disciplinar
el comportamiento de las mujeres: el derecho a decidir libremente sobre sus afectos y relaciones
amorosas, su cuerpo y su sexualidad, y con ello fortalecen los roles tradicionales de género, que
ahondan las desigualdades de poder en las relaciones entre hombres y mujeres.
Ellas reconocen cómo el control que los actores armados ejercen en sus territorios se instala
en su vida cotidiana, sobre la cual ellas tienen cada vez menos control.
Existe un daño a la salud que es la “guerra interior”, el trauma psicológico y el
temor con el que vivimos.
14
Hay prohibición de los actores armados para que las muchachas se enamoren de
los del bando contrario, controlan la manera de vestir de las mujeres, asesinan a
las mujeres como escarmiento para quienes desobedecen las reglas de conducta
que ellos imponen.
15
Hay una tónica general de los actores armados que incide en nuestra vida, ya no
hacemos nuestra propia vida, estamos controladas por los actores armados. Que-
remos tener amistades sin sentir miedo, porque ahora se vuelve peligroso.
16
En Puente América en 1996, los paramilitares hicieron desnudar frente a todo el
mundo a una mujer que estaba embarazada. Le hicieron eso como castigo por no
dejarse enamorar. La encañonaron, la avergonzaron diciéndole “de mí no te dejas,
pero de los guerrilleros sí”.
17
Violencia sexual
Para las mujeres que son víctimas directas de la violación esta experiencia tiene efectos
devastadores en la relación con su cuerpo y en sus relaciones afectivas. Pero todas las mujeres, sin
ser víctimas directas, se ven afectadas en la medida en que la amenaza de la violación aparece
como una presencia que acecha en su vida cotidiana y el temor que esto genera en sus vidas las
obliga, en ocasiones, a huir de sus territorios. En este sentido, las mujeres afrocolombianas reco-
nocen en la violación sexual por parte de los actores armados una estrategia de intimidación para
aterrorizarlas.
Cuando un hombre armado abusa de una mujer, las mujeres se llenan de terror
de pensar que eso les va a pasar. Estar recordando permanentemente lo que pasó
es una estrategia para aterrorizar a las comunidades y a las mujeres.
18
A algunas mujeres los paramilitares las han obligado a estar sexualmente con los
actores armados, a servirles a varios hombres y tener relaciones sexuales forzadas
con más de un hombre delante de otros.
19
14
Testimonio de una mujer afrocolombiana. Encuentro de Mujeres del Bajo Atrato, cit.
15
Memorias del taller nacional con mujeres afrocolombianas, cit.
16
Testimonio de una mujer afrocolombiana. Encuentro de Mujeres del Bajo Atrato, cit.
17
Memorias del Taller Nacional con Mujeres Afrocolombianas. Op cit.
18
Memorias del taller nacional con mujeres afrocolombianas, cit.
19
Ibíd.

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27
A los ya dolorosos efectos de la violación, se suma a veces la reacción de algunos hombres
de la comunidad que estigmatizan a las mujeres por haber sido víctimas de este delito.
En Domingodó, llegaron las AUC, los maridos huyeron al monte y entre 5 y 10
hombres violaron mujeres de 19 a 30 años. Hay dos matrimonios separados. Los
maridos quedaron decepcionados de las mujeres a las que violaron, se avergonza-
ron de ellas. Uno de ellos se fue. Ellas se sentían avergonzadas. Las otras mujeres
que supieron de las violaciones no querían llegar al casco urbano por temor de
que les pasara eso. Huyeron al monte. Las FARC las presionaron para que huyeran
al monte.
20
Persecución y asesinato de mujeres líderes
Las constantes violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario por parte
de los actores armados han traído consecuencias graves para el proceso organizativo de las co-
munidades negras, cuyas reivindicaciones se centran en la defensa del derecho a la identidad cul-
tural, al desarrollo, a la participación social y política, a los recursos naturales y a los territorios
que históricamente han ocupado
21
. Dentro de este proceso organizativo, las mujeres han jugado
un papel importante y, en razón de su actividad como líderes, son hostigadas, señaladas, amena-
zadas y asesinadas. Las consecuencias de esta situación para las mujeres líderes se ven en los nue-
vos obstáculos que impone el conflicto armado para su participación política y en la desintegración
de algunas organizaciones y procesos organizativos.
En 1996, en el río Truandó, Ríosucio, fue asesinada Ricardina Moreno, una mujer
afro que trabajaba en el proceso organizativo de las mujeres. Las FARC la acusa-
ron de trabajar con los paramilitares. Decayó el proceso organizativo. La organiza-
ción se dividió. No hay otra líder como ella. El hecho hizo impacto. Las mujeres dicen
que si se meten en el proceso, fracasan.
22
Discriminación racial por parte de los actores armados
El racismo que prevalece en la sociedad colombiana,
23
está presente también en la manera como
los actores armados reproducen, en su relación con las mujeres afrocolombianas, prácticas
excluyentes, discriminatorias y desconocedoras de las diferencias.
A muchos no les agrada nuestro color quizá...nuestra forma de ser, nuestra forma
de pensar, y quizás no existe un golpe pero sí una mala mirada y para nosotras
eso es más que un golpe, porque esa mirada se queda clavada en nuestros cora-
zones y a diario notamos que es que no les agradamos a ellos. A ellos (armados)
uno alcanza a diferenciar que ellos llegan a una parte y hay una “clarita” y no la
gritan de la misma manera como lo gritan a uno, o quizá no la empujan como la
empujan a uno. O sea que entre nosotros los negros todavía sigue existiendo la
idea de que a nosotros nos quieren tener a diario pisados y a diario menosprecia-
dos, eso sí existe.
24
20
Ibíd.
21
Carlos Rosero, op. cit.
22
Memorias del taller nacional con mujeres afrocolombianas, cit.
23
“La discriminación racial no se sustenta sólo en diferenciaciones fenotípicas, es necesario que exista la aceptación
social que reconozca las diferencias basadas en la ‘raza’ y a partir de ellas ordene, jerarquice y valore al conjunto
de la sociedad”. Pierre Van den Berghe, Problemas raciales, México, Fondo de Cultura Económica, 1971.
24
Testimonio de una mujer afrocolombiana. Encuentro de Mujeres del Bajo Atrato, cit.

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28
Control de la movilidad y del suministro de alimentos y la gasolina
Otra de las formas de control que los actores armados ejercen sobre los territorios de las comu-
nidades afrocolombianas es el de los alimentos. Esta forma de control, sumada al temor que
genera la amenaza de enfrentamientos entre los diferentes actores armados, impide a las muje-
res ir al monte a sembrar y a los hombres movilizarse por el río para ir a pescar, generando con-
secuencias graves para la seguridad alimentaria de sus familias.
Tenemos hambre porque ya no podemos sembrar, ni pescar, por que nos da mie-
do ir al monte.
25
Uno se levantaba a hacer los destinos de la casa, los hombres se iban a pescar, hay
mujeres muy valientes que también lo hacen y uno más que todo vive de la pesca.
Madera muy poco, porque la gente con la violencia que hay no se atreve a ir a los
montes. Hay otras cosas que se pueden hacer pero ya existe mucho miedo, eso es
lo que pasa.
26
En Cacarica en 1996 se impuso un bloqueo económico, no podíamos entrar más
de $20.000 de comida, eso no alcanza para alimentar a todos los hijos. Los paramilitares
revisan todo lo que llevas. Los hombres no podían salir solos, sólo las mujeres
teníamos que buscar los alimentos.
27
Antes, la guerrilla no permanecía en el territorio, ahora están en las veredas, blo-
quean carreteras, no hay dónde comprar, sólo hay una tienda y ellos compran todo
lo que hay en la tienda.
28
En el río Yurumanguí, las mujeres son afectadas en sus actividades agrícolas, por-
que en el momento no se pueden realizar a causa de la presencia de los actores
armados.
29
No existen los hogares infantiles para los niños porque la restricción en los ali-
mentos no deja pasar los mercados para ellos. Nos dicen que les estamos llevando
mercancía a los armados.
30
Igualmente, la limitación de la movilidad para la población afrocolombiana en zonas rurales
impide reproducir un modelo económico que, en el caso del Pacífico, se funda en la dispersión de
las áreas de cultivo a lo largo de los cursos de los ríos o el imperativo de desplazarse a distintos
ecosistemas para labores de recolección, cacería o pesca. Así, el limitar la movilidad trae como
consecuencia la incapacidad de generar recursos para alimentación y obliga al desplazamiento
hacia las ciudades.
Según las mujeres que habitan a lo largo del río Atrato en el litoral Pacífico, los actores
armados controlan también el abastecimiento de gasolina, restringiendo la circulación de los ha-
bitantes de la zona por el río.
Como a raíz de los controles los hombres no pueden desplazarse a pescar por falta de
gasolina para los motores, y porque “los cañones también apuntan contra los hombres que
25
Memorias del taller nacional con mujeres afrocolombianas, cit.
26
Testimonio de una mujer afrocolombiana. Encuentro de Mujeres del Bajo Atrato, cit.
27
Memorias del taller nacional con mujeres afrocolombianas, cit.
28
Ibíd
29
Ibíd
30
Testimonio de una mujer afrocolombiana. Encuentro de Mujeres del Bajo Atrato, cit.

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29
canaletean en sus canoas hasta el colino
31
por un racimo de plátano”, además tampoco pueden
desplazarse por el territorio para recoger los sembrados y vender las cosechas, las mujeres se ven
forzadas a asumir la responsabilidad de conseguir para la familia, en condiciones muy adversas,
los alimentos que antes les daban la tierra y el río. Esto supone que deben generar ingresos des-
empeñando diversas labores, generalmente asociadas a las tareas domésticas: preparan comida
para vender, lavan ropa y hacen aseo para poder comprar los alimentos. “Los hombres ya no
pueden ir al monte, no pueden ir a pescar, entonces nos toca a nosotras buscar el alimento”.
32
Las comunidades afrocolombianas del litoral Pacífico son culturas de río; para las mujeres el
río es un lugar de encuentro: se dan cita en el río para lavar la ropa, se cuentan los últimos acon-
tecimientos sucedidos, el río es un espacio para la palabra entre las mujeres. Por otra parte, a lo
largo del río se llevan y traen noticias de las familias extensas, que significan apoyo en la zona
para solucionar problemas y necesidades concretas, acceder a los alimentos, la vivienda, tener
casa y recursos a disposición. El río permite el sostenimiento de las relaciones familiares, es funda-
mental en la construcción de lo social para las culturas afrocolombianas. Por eso la restricción de
la movilidad por el río significa para los y las afrocolombianas la ruptura de las relaciones familia-
res y el apoyo que estas redes familiares representan en la vida cotidiana de las mujeres.
31
“Colino”: en el litoral Pacífico, lote de cultivo, por lo general sembrado con plátano.
32
Testimonio de una mujer afrocolombiana. Encuentro de Mujeres del Bajo Atrato, cit.
33
Testimonio de una mujer afrocolombiana. Encuentro de Mujeres del Bajo Atrato. cit.
FORMAS
DE VIOLENCIA
CONTRA LAS JÓVENES
Y LAS NIÑAS
Reclutamiento forzado
Las condiciones socioeconómicas desfavorables a las que están sometidas las poblaciones
afrocolombianas en las zonas de conflicto armado, agravadas por el desplazamiento, el hambre,
la falta de acceso a la educación para los y las jóvenes, la atracción por la figura del guerrero cuya
presencia se ha vuelto cotidiana en estas zonas, y la imposición de la violencia como la forma
privilegiada para la resolución de conflictos, crean una situación en la cual los y las jóvenes ven el
ingreso a las filas de los grupos armados como una opción para solucionar sus necesidades bási-
cas y un espacio para afirmar su identidad. Otros jóvenes se vinculan a los grupos armados para
vengar la muerte de algún familiar a manos de un actor armado.
Los y las jóvenes, al ver qué no hay nada que hacer, les toca coger a los montes y
ahora se ve que las niñas de 12 años ya quieren tomar las armas. Entonces necesi-
tamos apoyo porque, si no nos apoyan con esto, eso genera más violencia, cada
día va haber más gente integrada en los grupos y aunque ellos no quieran les
toca coger al monte, los unos porque ven matar a sus familiares, a sus papás, y a
muchos les ha tocado delante de ellos, ver degollar a los padres. Entonces esos
muchachos ven esto y crecen con ese pensamiento de matar y matar, de vengar-
se y de vengarse, hay unos que ni quieren estudiar, porque ya les tocó vivir esa
experiencia. Entonces no queremos más violencia.
33
Conocí un caso de una niña que está haciendo octavo de bachillerato. La mamá,
por caso ajeno a su voluntad, no se encuentra y la niña vive con el abuelo. Yo no

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30
sé si fue la falta de la mamá, no sé qué pasó, pero la niña se fue para un grupo
armado enamorada de uno de ellos. Nosotros decimos que fue culpa de ellos porque
esta niña tiene 12 años y ellos no pueden permitirle que una niña de éstas ceda a
un grupo, una niña de éstas no sabe nada y ellos no deberían aceptar esto. En-
tonces la pregunta de nosotros es ¿por qué aceptan esto? Porque a ellos les con-
viene pero a uno de madre esto es aún más sufrimiento.
34
Abuso y violencia sexual
La reproducción e interiorización de estereotipos de género, desde los cuales se socializa una re-
presentación de los cuerpos de las mujeres como objetos sexuales, y el estereotipo socialmente
construido sobre la sexualidad de las mujeres afrocolombianas, desencadenan el ejercicio de la
violencia sexual y suponen condiciones de vulnerabilidad específicas para las mujeres jóvenes
afrocolombianas.
Ellos [los actores armados] a una morena como que se la montan más, porque la
verdad la mayoría de jovencitas que se ven en problemas son morenas, son atro-
pelladas, abusadas. Hay muchas niñas que lo hacen por miedo. Ellos [los actores
armados] se aprovechan mucho porque existe hambre y las muchachas se ven
obligadas. Para mí existe un aprovechamiento en eso, porque ellos nos deberían
respetar a nosotros como civiles y más a unas niñas que están creciendo, una niña
de 13 ó 14 años aún es una niña, para mí eso que ellos hacen es un abuso y un
atropello.
35
34
Ibíd
35
Testimonio de una mujer afrocolombiana. Encuentro de Mujeres del Bajo Atrato, cit.
36
Según datos de la Red de Solidaridad Social, de enero a junio de 2002, del total de la población desplazada del país,
se estima que el 17,81% es población afrocolombiana.
37
Ibíd.
DESPLAZAMIENTO
FORZADO
El desplazamiento afecta cada vez con más rigor a la población
afrocolombiana.
36
En el Bajo Atrato, por ejemplo, donde convi-
ven indígenas y afrocolombianos, las comunidades afroco-
lombianas de la zona han sido obligadas a desplazarse a causa
de la disputa territorial que se lleva a cabo entre los paramilitares
y la guerrilla de las FARC. Las comunidades indígenas han per-
manecido hasta ahora en sus territorios, adelantando lo que
ellas llaman “resistencia territorial”, pocos son los indígenas que se trasladan a la cabecera muni-
cipal para proteger su vida.
En los relatos de las mujeres afrocolombianas se reconocen dos modalidades de desplaza-
miento forzado, uno hacia las partes altas de las montañas, otro hacia las grandes ciudades o a
las cabeceras municipales.
En agosto de 2002 los paramilitares se tomaron Truandó (Chocó). Antes de que
llegaran, la guerrilla nos dijo que debíamos irnos para el monte y no desplazarnos
a los cascos urbanos. Teníamos miedo y una tribulación horrible, el arma hizo que
nos decidiéramos a huir al monte, hacer lo que las FARC nos decían, ellos nos im-
pedían salir al casco urbano. La gente se estaba muriendo en las montañas. En
Truandó arriba hay gente en las montañas.
37

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31
En 1998 en Riosucio (Chocó), cinco aviones bombardearon las veredas, salimos co-
rriendo, me tiré a un río para protegerme. Antes de que llegaran los paramilitares
en 1998, estaba el frente 47 de las FARC. Llegaron los paramilitares y asesinaron a
mi esposo. No pudimos recogerlo por que ellos estaban regados por todo el mon-
te. Me amenazaron, tuve que salir para Quibdó. Se desplazó mucha gente en un
motor. Los paramilitares nos reunieron a todos. Decían que si había algún guerri-
llero lo mataban. Dejé gallinas, dejé todo, todo, vendí una cadena de oro que te-
nía guardada y con eso me vine para Bogotá.
38
Las mujeres afrocolombianas que se desplazan a las cabeceras municipales cercanas a los
lugares de donde provienen, si bien comparten problemas similares con las mujeres desplazadas
en ciudades como Bogotá, encuentran una mayor solidaridad entre la gente del lugar cuando hay
personas afrocolombianas, como lo demuestra el testimonio de una mujer desplazada en Riosucio,
Chocó.
Lo poco que tiene aquí la gente lo comparte, la gente es solidaria, nosotros aquí
le damos cabida al que va llegando y de verdad ellos, cuando nosotros llegamos,
nos buscaban casa, la gente corría y nos organizaban, nos buscaban dónde era
que nos íbamos a meter y todo eso. Entonces lo primero del asilo fue la incomodi-
dad porque uno no está acostumbrado a vivir así y le toca asumir cosas que uno
antes no había vivido.
39
Causas del desplazamiento
Las mujeres afrocolombianas se han visto obligadas a desplazarse de sus territorios por varias
razones. Las mujeres huyen de las masacres, los enfrentamientos armados y el control de los acto-
res armados. Huyen porque son amenazadas, por miedo, por el hambre al que son sometidas las
comunidades mediante los bloqueos en el suministro de alimentos, por miedo a ser víctimas de
diversas formas de violencia por parte de los actores armados.
Cuando se hizo la masacre del Alto Naya, muchos nos desplazamos a Buenaventu-
ra. En la Masacre del Alto Naya en Yurumanguí, hubo violaciones de mujeres. La
gente de Yurumanguí no puede viajar a la ciudad (Buenaventura) porque puede
ser masacrada, se controla la alimentación por el río. Hay hambre, no se puede
viajar a las cabeceras municipales, han amenazado a los lancheros, tenemos mie-
do, muchos se han visto obligados a desplazarse, otros resistimos en los territo-
rios”
40
.
En 1997, bombardeo con aviones, entró el ejército y los paramilitares, se tomaron
la cuenca del río Salaquí, y la cuenca del río Truandó. Esto causó el desplazamien-
to de muchas personas a Pavarandó, se desplazaron aproximadamente 5.000 per-
sonas.
41
En Cacarica los paramilitares llegaron en 1997 revueltos con el ejército, eso se lla-
mó la operación Génesis. Llegaron disparando, nos dijeron teníamos de 3 a 5 ho-
ras para desocupar, tuvimos que desplazarnos. Quedaron muchas mujeres viudas.
42
38
Ibíd.
39
Testimonio de una mujer afrocolombiana. Encuentro de Mujeres del Bajo Atrato, cit.
40
Memorias del taller nacional con mujeres afrocolombianas, cit.
41
Ibíd.
42
Ibíd.

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32
Nos gritaban “sapos, van a tales lugares a buscarles comida a ellos” y la gente
simplemente iba a buscar su alimento; decían “la próxima vez que vengamos no
les vamos a dar lugar de nada”. Entonces la gente aterrorizada se desplazó, o sea,
ellos no mataron a nadie pero sí dijeron que la próxima vez que vinieran no iban
a tener compasión de nadie. La conclusión que la gente sacaba era que no nos
podíamos quedar ahí, entonces la gente se viene a la cabecera municipal, huyen-
do.
43
Efectos del desplazamiento en la vida de las mujeres
Uno allá podía hacer tantas cosas, sembrar, cosechar y ahora se torna muy difícil
porque ya no tiene la misma libertad de hacerlo, uno se siente como muy frustra-
do, como sin alitas, yo no sé...como muy pequeñito.
44
El territorio es un espacio físico y simbólico cuya definición no es estática. Los significados
atribuidos al territorio por parte de los y las afrocolombianas, a partir de la lucha por el recono-
cimiento de los derechos étnicos y territoriales a finales de los ochenta, están estrechamente re-
lacionados con la noción de autonomía e identidad de las comunidades negras y la necesidad de
reconocimiento de los derechos territoriales y étnicos, como una condición para seguir existiendo
como comunidad.
45
Por otra parte, otorgan al territorio una relación más cotidiana, construida a
partir de prácticas tradicionales de producción, de relación con la naturaleza y prácticas rituales
ligadas, algunas de ellas, a legados de los ancestros africanos.
46
De esa manera, el territorio se
constituye para las y los afrocolombianos que se ubican en las áreas rurales, en uno de los elemen-
tos centrales de su proyecto de vida.
47
El desplazamiento supone, además de la pérdida del lugar de vivienda, de la forma de
sustento, del tejido de relaciones sociales, la pérdida de vínculos ancestrales. Para las mujeres
afrocolombianas ser forzadas a vivir por fuera de sus territorios tiene significados particulares,
dados los vínculos estrechos entre el territorio, su cultura, su identidad y su pasado.
La pérdida del territorio es una violencia grandísima que hacen con nosotras, en
nuestro territorio tenemos todo, la visa de futuro de nuestros hijos, el desarrollo
de nosotras. Cuando nos hacen salir, perdemos los derechos de poder trabajar y
estar en el territorio. Si no está el territorio, se pierde la visión del mundo cultu-
ral.
48
En los lugares de llegada, las mujeres afrocolombianas deben enfrentar múltiples obstácu-
los, dificultades y desventajas que impiden el disfrute y pleno ejercicio de sus derechos humanos.
El desplazamiento nos ha perjudicado de muchas maneras, empezando porque
tuvimos que salir huyendo, dejando nuestras tierras, casas, sembrados y en mu-
43
Testimonio de una mujer afrocolombiana. Encuentro de Mujeres del Bajo Atrato, cit.
44
Ibíd.
45
Odile Hoffman, “Conflictos territoriales y territorialidad negra. El caso de las comunidades afrocolombianas”,
Claudia Mosquera, Mauricio Pardo y Odile Hoffmann (eds.), Afrodescendientes en las Américas, trayectorias
sociales e identitarias. 150 años de la esclavitud en Colombia, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia,
Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Institut de Recherche pour le Developpement, Instituto Latino-
americano de Servicios Legales Alternativos, 2002.
46
Muntu y Ananse amortiguan la diáspora afrocolombiana, Centro de Estudios Afrocolombianos, Jaime Arocha
(dir.), Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, pág 3. Texto sin publicar.
47
Carlos Rosero, op. cit.
48
Memorias del taller nacional con mujeres afrocolombianas, cit.

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33
chas ocasiones, nuestros seres queridos. En pocas palabras, tuvimos que dejar todo,
que aunque poquito era mucho, y aunque pobre nos parecía que éramos ricos.
En nuestras tierras podíamos sembrar, criar los animales, gallina, cerdo, ganado y
pescar.
49
Cuando las mujeres afros dejamos nuestros lugares de orígenes huyendo por la
violencia, pensamos que la guerra se había quedado allá en nuestras tierras, pero
al llegar a la ciudad nos toca enfrentar otra guerra, la guerra de la discriminación
racial, de género y por ser desplazadas. Obligadas por el desplazamiento forzado,
las mujeres afrocolombianas hemos tenido que asumir muchos cambios en nues-
tras vidas. Algunas mujeres afro desplazadas no han tenido acceso a la educación
y se han desempeñado en labores del campo; al llegar a la ciudad no encuentran
un lugar donde puedan emplearse en oficios que ellas saben hacer. Esta situación
las hace sentirse inútiles, a pesar de saber hacer muchas cosas como trabajar en la
mina, sembrar, trabajar la tierra, tejer, criar animales, hacer artesanías.
50
Las mujeres afrocolombianas, a pesar de no haber gozado plenamente de sus derechos
cuando vivían en sus territorios antes del desplazamiento, reconocen que el desplazamiento ha
significado para ellas la violación de algunos derechos que antes sí ejercían.
Con el desplazamiento forzado se pierde la educación y la salud que si bien antes
no eran lo mejor, por lo menos había algo.
51
En nuestras tierras no nos medíamos en gastos de agua, comida, vivienda, nada,
porque todo, gracias a Dios, lo teníamos a la mano.
52
La gente ahora después de venirse para acá por el desplazamiento, están sufrien-
do. Uno llega aquí y no le importa venirse en una balsa agua abajo con los niños,
la gente se venía así, en las champitas
53
todos amontonados y se quedaron cosas,
perdimos muchas cosas. Es muy difícil dejar uno su ranchito allá, puede que no
sea de mucho valor para algunas personas pero para uno eso es una prenda. Te-
níamos un ranchito allá y ahora venirse acá ¡y ese trabajo que se está pasando!
Acá tenemos que vivir muchas familias en una sola casa, tantos niños en una sola
casa, teniendo que pagar arriendo, es muy difícil lo que está pasando, es muy di-
fícil.
54
Para las mujeres afrocolombianas que se ven obligadas a desplazarse a las ciudades, este
hecho implica violaciones múltiples a sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales, y
formas de discriminación racial y discriminación por razones de género.
Al llegar a la ciudad a las mujeres afro desplazadas nos toca ubicarnos en las zo-
nas más marginadas, vivir en condiciones infrahumanas donde no tenemos servi-
cios públicos, donde el agua nos la colocan una vez a la semana, cuando en nuestras
tierras el agua para nosotros es muy abundante y la teníamos en todo momen-
to.
55
49
Ponencia de Miriam Mosquera, asociada a Afrodes, en el Encuentro de Mujeres del Bajo Atrato, cit.
50
Ponencia de Luz Marina Becerra miembro de Afrodes, en el Foro sobre la situación de la población desplazada en
Soacha, organizado por Cómo vamos Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá, Casa Editorial El Tiempo, Fundación
Corona, octubre de 2002.
51
Memorias del taller nacional con mujeres afrocolombianas, cit.
52
Ponencia de Miriam Mosquera, cit.
53
Tipo de embarcación en madera.
54
Testimonio de una mujer afrocolombiana, cit.
55
Ponencia de Luz Marina Becerra, cit.

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34
Uno llega aquí y está sin un trabajo y yo veo como un maltrato, debería haber
como un trato especial, una atención de verdad porque uno como desplazada está
en esos momentos necesitando que alguien le brinde la mano y el apoyo. Son tantas
cosas, es el estudio, no tener una fuente para trabajar, es uno no tener cómo pagar
un arriendo, hay gente de verdad enferma, traumas, hay de todo, es muy horrible.
Es como acostumbrarse a una nueva vida y uno se siente como una carga para los
demás y uno estar mendigando, estar esperando que le den a uno el pedazo de
comida y no tener de dónde agarrarse. Y por eso pedimos por favor que nos den
la oportunidad de trabajar, nosotras organizándonos y asociándonos porque de
verdad las mujeres queremos trabajar pero no tenemos más que hacer, en el lu-
gar no hay nada qué hacer, ésa es la verdad.
56
En nuestra cultura las familias son muy numerosas, la mayoría de los hogares afros
están compuestos de entre cinco y ocho personas, porque en nuestros territorios
hemos tenido suficiente espacio para que podamos tener toda la familia que que-
ramos. Las casas en los lugares de donde venimos son amplias, en la ciudad nos
vemos sometidas a vivir hacinadas.
57
En nuestros pueblos no pasábamos tantas dificultades porque teníamos alguna
fuente de trabajo. Las mujeres se iban a sus fincas, a realizar la cacería de diferen-
tes animales para comer, como el guatín, el venado, la guagua, el armadillo, etc. En
caso que no se quiera comer ese tipo de carne, entonces se iba al río a pescar, o
se mataba la gallina que se cría en el patio de la casa, o se mataba el cerdo, etc. En
la ciudad es terrible, es difícil conseguir para comer, aquí todo hay que comprarlo,
muchas veces las mujeres no tienen ni siquiera 100 pesos para comprarle un hue-
vo a sus hijos, ni mucho menos plata para los pasajes para salir a rebuscarse un
día de trabajo.
58
Discriminación racial y de género
La discriminación racial y de género, sumada a la estigmatización que sufren en razón de su situa-
ción de desplazamiento, impone condiciones adversas para la reconstrucción de la vida cotidiana
en un entorno desconocido y generalmente hostil como Bogotá. La discriminación racial y el racis-
mo se manifiestan de forma diferenciada para las mujeres y las niñas y (...) llevan al deterioro de
sus condiciones de vida, a la pobreza, la violencia, las formas múltiples de discriminación y la limi-
tación o denegación de sus derechos humanos.
59
Llegamos a las ciudades donde tenemos problemas grandes: la discriminación ra-
cial, la discriminación por ser desplazadas, por edad, por no saber leer, escribir,
por no conocer, y por que nuestras familias son numerosas.
60
En la vida cotidiana con los vecinos, en los barrios, en el diario vivir, ser negra es
un problema, ser desplazada es un problema, no saber leer, vivir en barrios margi-
nados es otro problema. En nuestras tierras nada de esto era problema, porque
todos nos apoyábamos igual así unos tuvieran más que otros. Nos apoyábamos
56
Testimonio de una mujer afrocolombiana, cit.
57
Ponencia de Luz Marina Becerra, cit.
58
Ibíd.
59
Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas conexas de Intoleran-
cia, Durban, 2002, p 14.
60
Ponencia de Miriam Mosquera, cit.

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35
unos a otros y vivíamos felices, no teníamos plata pero teníamos la tierra y lo
necesario.
61
Las oportunidades de trabajo que como mujeres afro desplazadas se nos ofrecen
en la ciudad, se limitan al oficio doméstico. La gente en la ciudad mantiene una
mentalidad racista que refuerza aquellos estereotipos construidos sobre la mujer
afro, que desconocen su valor y sus aportes a la cultura de este país.
62
La discriminación racial en la ciudad, las mujeres la vivimos de muchas formas: acá
no nos arriendan por ser negras así tengamos la plata, a la mujer afro se la mira
como un objeto sexual y en los barrios al ir a una tienda, no se nos atiende, se nos
ignora.
63
Pérdida de tradiciones culturales
La diáspora causada por el desplazamiento forzado contribuye a la pérdida de las tradiciones
culturales. Las mujeres afrocolombianas han manifestado que un efecto del desplazamiento for-
zado que contribuye al debilitamiento de su cultura, es no poder realizar prácticas culturales
propias como la de velar a sus muertos.
El desplazamiento nos hace perder nuestras costumbres, tradiciones e identidad.
En la ciudad, por el desplazamiento, no podemos acompañar a nuestros muertos,
ni llorarlos. Es necesario cumplir con nuestro novenario, eso hace parte de que el
muerto cierre los ojos, para nosotros un muerto que no cierra los ojos trae más
muertos, una persona que muere y que no endurece trae más muertos.
64
En nuestras tierras velábamos nuestros muertos, hacíamos novenarios, tómbolas
y sus bailes de toda una semana; en la ciudad no lo podemos hacer porque esta-
mos dispersas en barrios marginados, hay que transportarse en buses, no tene-
mos recursos, no sabemos leer, tenemos miedo, desconfiamos de los que nos rodean
y por que donde vivimos en arriendo no permiten que hagamos nuestras prácti-
cas culturales, no nos dejan que llegue nadie, tampoco que nos bañemos y que
lavemos la ropa todos los días.
65
En el caso de los y las afrocolombianas del litoral Pacífico que permanecen en sus territo-
rios, una de las causas del desmembramiento de sus culturas consiste en que los actores armados
les impiden realizar prácticas culturales primordiales como los ritos fúnebres.
66
Los paramilitares no dejan enterrar ni velar a los muertos, con esto rompen la tra-
dición. Ellos matan a la gente y la tiran al río. Contaminan el agua y el agua del río
la usamos para cocinar. Se forman balaceras en los entierros y la gente sale co-
rriendo y dejan el muerto botado.
67
61
Ibíd.
62
Ponencia de Luz Marina Becerra, cit.
63
Talleres de reflexión con mujeres afrocolombianas desplazadas asociadas a Afrodes, octubre de 2000, realizados
por ILSA.
64
Memorias del taller nacional con mujeres afrocolombianas, cit.
65
Ponencia de Miriam Mosquera, cit.
66
Muntu y Ananse, cit, pág 2.
67
Memorias del taller nacional con mujeres afrocolombianas, cit.

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36
Otro de los efectos del desplazamiento forzado es la dificultad para ejercer la solidaridad,
elemento central en la convivencia de las comunidades afrocolombianas, cuyas raíces se encuen-
tran en una larga historia de resistencia que data de los tiempos de la esclavitud, cuando forma-
ron redes de solidaridad para resistirse a la esclavización y formar pueblos de cimarrones.
68
De
igual forma, la falta de solidaridad de la gente de la ciudad se constituye en una dificultad para
rehacer su proyecto de vida.
El desplazamiento nos hace duras, no nos deja ser solidarias, cosa que en nues-
tras tierras era primordial. Cuando en nuestras tierras llegaba alguien a nuestra
casa los atendíamos como a un miembro más de la familia, sin importar cuánto
tiempo se quedara viviendo allí y cuando se iba, en muchas ocasiones les dába-
mos comida, animales y pescado para que llevara. En la ciudad esto no lo pode-
mos hacer porque lo que tenemos nos ha costado mucho conseguirlo, no hay trabajo
y lo poco que uno gana tiene que administrarlo bien.
69
En nuestras tierras sólo cerrábamos las puertas de nuestras casas cuando nos íbamos
a dormir, nadie desconfiaba de nadie, todos nos apoyábamos unos a otros. Nues-
tros hijos eran de todos, no había peligros en las calles, en los ríos ni en los mon-
tes. En la ciudad nos toca vivir a puerta cerrada, porque si la dejamos abierta se
entran los ladrones y se roban lo poquito que tenemos.
70
En cuanto a la forma de vivir, en nuestros territorios las mujeres están acostum-
bradas a vivir con sus puertas abiertas, a saludarse con todo el mundo. Cuando
alguna compañera le falta algo, la otra se lo facilita. En las ciudades nadie se cono-
ce con nadie, ni siquiera con el vecino del lado. En Bogotá no regalan ni un vaso
de agua, no hay solidaridad con nadie, porque a poca gente le interesa la situa-
ción de los demás
71
.
Otras prácticas culturales importantes para las mujeres también se han perdido a causa del
control de los actores armados en los territorios.
He dejado el trabajo en la mina, el viaje en una volqueta cantando rancheras,
vallenatos y el regreso alegre a la casa con el oro. Ya no podemos ir a lavar la ropa
en el río. No podemos divertirnos, ni estar en fiesta, escuchar música y dejar la
puerta abierta. Nosotras, por cultura, siempre hemos estado acompañadas, aho-
ra los hijos se van y los hombres tienen que salir corriendo.
72
Cuando un niño fallece, se le hace el bunde. Los niños se bundean y no se puede
llorar. Si uno llora, las alitas del niño se mojan y no pueden llegar al cielo. Ahora el
bunde ya no se hace.
73
Por el control de los actores armados en nuestro territorio, tenemos que perder
parte de las tradiciones culturales en nuestros mismos territorios. Se pierden códi-
gos de convivencia, se pierde la costumbre comunitaria de conseguir la comida.
Queda uno inválido, pierde algo de su vida, pierde la libertad, el territorio, la vida,
la autonomía, se rompe el esquema de vida de la comunidad.
74
68
Muntu y Ananse, cit. p. 10.
69
Ibíd.
70
Ibíd.
71
Ponencia de Luz Marina Becerra, cit.
72
Ibíd.
73
Memorias del taller nacional con mujeres afrocolombianas, cit.
74
Ibíd.

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37
Efectos del desplazamiento en las mujeres jóvenes
En Colombia persiste el racismo como una forma de discriminación y exclusión. Al racismo corres-
ponde una mirada sobre las mujeres afrocolombianas construida históricamente, que responde a
estereotipos por ser mujeres y por ser negras.
Los hombres se aprovechan de las mujeres jóvenes afro desplazadas, se acuestan
con ellas, se ríen de ellas y no les dan nada. Se desmoralizan y avergüenzan las
mujeres. Piensan que las mujeres afro desplazadas no merecemos respeto, nos miran
como objetos sexuales.
75
Las mujeres jóvenes desplazadas viven problemas específicos en la ciudad. Algunas de ellas,
por la falta de oportunidades laborales, se ven obligadas a negociar con su cuerpo para satisfacer
sus necesidades básicas, corriendo el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual.
Algunas mujeres jóvenes que se han empleado en casas de familia han sido víctimas de aco-
so sexual.
Hemos sabido de casos de mujeres jóvenes afro empleadas en casas de familia,
que han sido acosadas sexualmente por sus patrones. De otro lado vemos que la
carga de trabajo que se les asigna no se compensa con el pago. Muchas veces
incluso, no les pagan
76
.
Efectos del desplazamiento en los niños y las niñas
Las mujeres afrocolombianas desplazadas han expresado su preocupación por la situación de los
niños y las niñas desplazadas, quienes son también víctimas de la discriminación racial en las ciuda-
des receptoras.
Algunos niños y niñas no quieren continuar en el colegio por la discriminación
racial que viven, empezando desde los profesores hasta los compañeros de estu-
dio, quienes les ponen miles de apodos, les dicen “negritos cuscús”, “chocorramos”,
a los niños y las niñas les dicen que la sangre de ellos no es roja sino negra, etc.
77
Además de la discriminación en los colegios, los niños y las niñas afrocolombianos se ven
afectados por el desplazamiento de manera específica porque:
Ya no tienen espacio para salir a jugar, se encuentran deprimidos de no tener esa
libertad. Los hijos en nuestros pueblos son de todos, la comunidad está atenta.
Los vecinos están pendientes.
78
No podemos dejar salir a nuestros hijos porque se pierden, se los roban, hacen
cosas malas con ellos y además porque desconfiamos. A nuestros hijos los ofen-
den en las calles, les dicen cosas feas, los discriminan y hacen que baje su autoestima
y su confianza.
79
75
Memorias del taller nacional con mujeres afrocolombianas, cit.
76
Ponencia de Luz Marina Becerra, cit.
77
Ibíd.
78
Ponencia de Miriam Mosquera, cit.
79
Ibíd.
80
Este proceso se inició a finales de los años 80 y se materializó en la Ley 70 de 1993 que reconoce derechos
específicos (territoriales y étnicos) a las poblaciones negras.

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38
Obstáculos a la participación de las mujeres afrocolombianas
Hay obstáculos que impiden la participación de las mujeres afrocolombianas en la gestión de sus
necesidades, derivados de barreras culturales dentro y fuera de las organizaciones de sus comuni-
dades. Un ejemplo de ello es la falta de participación de las mujeres en los espacios de decisión de
la comunidad, a pesar de su activa participación en luchas tan importantes como la del reconoci-
miento del derecho al territorio para las comunidades afrocolombianas.
80
RECOMENDACIONES
Teniendo en cuenta que el conflicto armado afecta de manera
particular a las mujeres afrocolombianas, y que las formas de
violencia y discriminación se ejercen contra ellas a causa de su
pertenencia a un grupo racial y por su condición de género, se
recomienda que:
Las mujeres afrocolombianas sean llamadas a participar en el diseño de políticas de aten-
ción a la población afectada por el conflicto armado. Esto con el objetivo de reconocer e
incluir en las políticas los efectos particulares que el conflicto tiene para sus vidas, sus ne-
cesidades específicas y sus propuestas.
Las mujeres afrocolombianas víctimas del conflicto armado recomiendan al Estado promo-
ver campañas de sensibilización –en cuyo diseño ellas participen– sobre el derecho a no ser
discriminadas por ser mujeres, por ser afrocolombianas y por estar en situación de despla-
zamiento. De igual manera, proponen promover programas de divulgación de los aportes
de las mujeres a la cultura negra y al país, en los barrios receptores de la población despla-
zada y a escala nacional, en prensa, radio comunitaria y televisión.

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39
IMPACTO DEL CONFLICTO ARMADO
SOBRE LAS MUJERES INDÍGENAS
SOBRE LAS MUJERES INDÍGENAS*
*
Este capítulo fue elaborado con base en la información recogida durante el Taller “Efectos de la violencia del
conflicto armado en las mujeres indígenas”. Bogotá, agosto 29 al 31 de 2002, e incluye contribuciones de Rosa
Emilia Salamanca y María Victoria Hernández de la Asociación de Trabajo Interdisciplinario (ATI), y de Janeth
Lozano de la Corporación de Apoyo a Comunidades Populares (Codacop).
1
“El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de Nación Colombiana”. Constitución Política de
Colombia, Título I, artículo 7, Bogotá, Legis Editores S.A., 1991.
2
En Colombia habitan 84 pueblos indígenas. El 95% de esta población vive en zonas rurales y ocupa aproximada-
mente el 25% del territorio nacional. Los indígenas representan el 2% del total de población, algo más de 700 mil
personas según los datos del Censo Nacional de 1983; sin embargo, las organizaciones indígenas de carácter
nacional hablan de cerca de un millón de indígenas en el país.
3
Tal como lo consigna el Tercer Informe sobre Colombia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH). OEA/ser. L/V/II.102.26 de febrero de 1999, publicado en Derechos de los pueblos indígenas, Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Bogotá, agosto de 2002.
MARCO LEGAL
DE DERECHOS DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS
EN COLOMBIA
La Carta Constitucional
1
de 1991 reconoce que Colombia es un
país pluriétnico y multicultural
2
. Junto con el reconocimiento de
la diversidad étnica, la Constitución incluyó la circunscripción es-
pecial indígena que garantiza la participación de un determina-
do número de representantes de los pueblos indígenas en el
Congreso de la República, y el reconocimiento a sus propias for-
mas de gobierno, su derecho al territorio y a la etnoeducación,
y el ejercicio de formas de jurisdicción propias de acuerdo con usos y costumbres.
La dinámica de organización política de los pueblos indígenas en las últimas décadas se ha
caracterizado por el fortalecimiento de su autonomía y la consolidación de organizaciones regio-
nales y nacionales que orientan su accionar bajo la consigna de unidad, tierra y cultura.
A pesar del reconocimiento formal de los derechos de los pueblos indígenas en Colombia,
la realidad actual muestra que su situación es crítica.
3
Un acumulado histórico de discriminación
racial contra “lo indígena” por parte de la sociedad nacional, sumado al desinterés del Estado
para cumplir los compromisos constitucionales, y a la agresividad que reviste el conflicto armado
en sus territorios, plantean un escenario propicio a la violación sistemática de los derechos huma-
nos individuales y colectivos y del derecho internacional humanitario.

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40
4
En territorios indígenas se encuentran yacimientos de petróleo, minerales o fuentes de biodiversidad inexploradas.
También son territorios aptos para el cultivo de plantas de uso ilícito.
5
Testimonios aportados por las asistentes al Taller “Efectos de la violencia del conflicto armado en las mujeres
indígenas”, Bogotá, agosto 29 al 31 de 2002.
6
Ibíd. Grupo 1: Antioquia, Córdoba, Chocó, Risaralda y Sierra Nevada de Santa Marta.
Se han registrado 142 casos de violaciones a los derechos
humanos de pueblos indígenas de Colombia en lo que va
corrido del año 2002. Esta cifra duplica el número de casos
del año anterior. Según datos recogidos por la Fundación
Hemera, estos casos corresponden a 95 homicidios, 60 ame-
nazas contra la vida, 15 desapariciones forzadas, 6 víctimas
de torturas, 7 indígenas con lesiones personales, 750 vícti-
mas a causa de la contaminación de suelos y aguas, una
víctima de atentado y 3 detenciones arbitrarias. Son 937
víctimas individuales de violaciones. Más alarmante aún el
número de víctimas colectivas: 20 mil amenazados, 10 mil
indígenas desplazados, 15 mil más afectados por la incur-
sión de los grupos armados a sus territorios, 2 mil afecta-
dos por daños a sus precarias infraestructuras y 3 mil
afectados por las políticas de control de alimentos realiza-
das en sus territorios.
*
* Boletín Actualidad Étnica, Año 1. Número Especial, Fundación
Hemera, 10 de diciembre de 2002. www.actualidadetnica.org.co
SITUACIÓN DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS
EN EL CONTEXTO DEL
CONFLICTO ARMADO
Los pueblos indígenas sufren directamente el impacto del con-
flicto armado porque sus territorios son lugares privilegiados
por su situación geopolítica, la diversidad de recursos que po-
seen, y la importancia que tiene para los actores armados ejer-
cer control sobre estos recursos.
4
En la medida en que la
presencia de actores armados en los territorios indígenas tras-
torna la cotidianidad organizada de acuerdo con sus diversas
cosmovisiones, se rompe un equilibrio entre personas, naturaleza y fuerzas espirituales que ha
garantizado su supervivencia como pueblos. Los territorios indígenas se convierten así en espacio
de presiones, temor e intimidación.
Los siguientes testimonios de las mujeres indígenas
5
evidencian el impacto que tiene la ac-
tuación de los actores armados en sus comunidades:
Cuestionan los actores armados la justicia indígena –que para nosotros es como
una norma interior que actúa a lo largo de la vida–. Se creen con derecho a ejercer
su justicia en nuestros territorios. Se ha acabado la autonomía en los pueblos in-
dígenas. Algunos recurren a los actores armados para que resuelvan los proble-
mas (...) También las amenazas contra autoridades estatales civiles han paralizado
las transferencias a poblaciones indígenas, así como el desarrollo de proyectos co-
munitarios. Todo eso nos afecta.
6
Los actores armados llegan a debilitar tanto la autonomía de nuestros pueblos,
que controlan los horarios para movernos dentro del territorio, acentúan divisio-
nes que existen en la comunidad y generan otras que no había, cambian la diná-

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41
7
Ibíd. Grupo 2: Cauca Tolima, Caldas.
8
Ibíd. Grupo 2, cit.
9
Ibíd. Grupo 1, cit.
10
Ibíd. Grupo 1, cit.
11
Ibíd. Grupo 1, cit.
12
Miembro del Comité Ejecutivo de la Organización Nacional Indígena (ONIC).
13
Red de Solidaridad Social, Directriz para la atención a población indígena en riesgo o en situación de desplaza-
miento. Documento de trabajo, Bogotá, diciembre 10, 2002.
14
Sistema Único de Registro de la Red de Solidaridad Social, entidad estatal cuya función es coordinar el desarrollo
y operación del Sistema Nacional de Información y Atención Integral a la Población Desplazada (Decreto Presi-
dencial 489 de marzo 11 de 1999).
15
Del año 2001 hay documentación sobre los siguientes desplazamientos: del departamento de Antioquia salieron
en forma masiva y desordenada 1.800 indígenas mujeres y hombres. Igualmente, 250 familias Nasa del Alto
Naya y casi 300 familias de la Sierra Nevada de Santa Marta (I´ka, Kankuamos, Wiwa) salieron hacia cabeceras
municipales del departamento o hacia otros departamentos. Hubo desplazamientos dentro de sus zonas en los
mica de la región. Cambian los lugares del mercado. Hasta la hora de la misa cam-
bió.
7
Hay mucha desconfianza, vivimos prevenidos; ya casi no hablamos con nadie, le
negamos un plato de comida a la gente porque no sabemos qué nos pueda pa-
sar, no sabemos de que lado están, si es guerrilla, policía, ejército, paramilitar.
8
Los actores armados dirigen sus ataques en primera instancia contra las autoridades indígenas:
Los líderes indígenas son señalados, amenazados, desaparecidos y asesinados, para
amedrentar y apoderarse de nuestros territorios, (...) cuando se asesinan líderes
de la comunidad, reemplazarlos es muy difícil, no solamente por la experiencia que
se requiere, sino porque la gente tiene miedo de acceder a estos cargos y luego
ser amenazada.
9
Cuando existía el médico tradicional, en cada asamblea se hacía una cadena de
limpieza y había armonía. Ahora no podemos hacerlo a causa de su asesinato.
10
Los actores armados desconocen a las autoridades indígenas tradicionales –políti-
cas y espirituales– poniendo en peligro la autonomía de las comunidades.
11
El desplazamiento y el confinamiento forzados
“El desplazamiento sistemático, silencioso e invisible aniquila a los pueblos indíge-
nas”.
Edilberto Imbachí
12
(...) Los pueblos indígenas han asumido una posición de resistencia pacífica con-
tra todos los actores armados, afirmando su autonomía en el manejo de sus asun-
tos comunitarios y su decisión de permanecer en su territorio, de no desplazarse
sino en casos de extrema gravedad
13
.
A pesar de la decisión colectiva de permanecer en sus territorios como una estrategia de
resistencia frente a todos los actores armados, los indígenas se ven obligados, en ocasiones, a
desplazarse. Con todo, muchos indígenas obligados a abandonar su territorio no se registran en
el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada (SUR)
14
de la Red de Solidari-
dad Social (RSS).
15
De acuerdo con el Sistema Estimativo de Fuentes Contrastadas (SEFC) de la Red

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42
pueblos Yukpa en la Serranía del Perijá (5000 personas); los Emberas en Frontino (800 personas); los Embera en
Polines (Chigorodó) y en Guayabal (Murindó). Además, se han detectado movimientos fuera de las fronteras
colombianas: 105 Wounaan hacia Panamá y una cantidad indeterminada de Kofanes, Quichuas y Coreguajes
hacia Ecuador; Baris y Kankuamos hacia Venezuela. También hay desplazamientos individuales, como el caso de
los más de 1.000 indígenas del Putumayo, Nariño o los Pijaos del Tolima que se concentran en los barrios
marginales del sur de Bogotá. Grupo Temático de Desplazamiento (GTD), Estado de situación del desplazamien-
to, enero-diciembre de 2001, p. 34.
16
Ver este concepto ampliado en Luis Guillermo Vasco Uribe, Entre la selva y el páramo. Viendo y pensando la
lucha india, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2002, p. 205.
17
Red de Solidaridad Social, Directriz para la atención a población indígena en riesgo o en situación de desplaza-
miento, cit.
18
Ley 387 del 18 de julio de 1997.
de Solidaridad Social, se calcula que, para el primer semestre de 2002, la población indígena
representa el 1,80% del total de la población desplazada del país.
Aunque el desplazamiento forzado de los pueblos indígenas tiene algunos rasgos que com-
parte con otras poblaciones del país, hay impactos específicos que están relacionados con el valor
que los pueblos indígenas conceden al territorio y a su relación con la tierra, que en la mayoría de
sus cosmovisiones es madre y dadora de vida.
El desplazamiento afecta su identidad cultural porque el territorio para los pueblos indíge-
nas
...no es sólo un espacio geográfico, es también y sobre todo, un vasto conjunto de
relaciones (económicas, de producción y de propiedad, de pensamiento y pala-
bra, mitos, etc.) que establece una sociedad con ese espacio a través de su histo-
ria y como resultado de su acción.
16
Para una mujer o un hombre indígena abandonar su territorio significa perder el contacto
con los lugares sagrados y con sus raíces más profundas. Con ello se afecta de manera grave el
patrimonio cultural que es fuente dinamizadora de la vida comunitaria y que da cohesión y senti-
do al pueblo indígena. Se pierde la posibilidad de “minga” –trabajo colectivo–, se rompen lazos
de reciprocidad y se ocasionan así graves lesiones a la identidad indígena que es y existe en comu-
nidad.
Según la Red de Solidaridad Social
17
, la resistencia que presentan algunos pueblos indígenas
al desplazamiento forzado genera una problemática opuesta: el confinamiento forzado que obli-
ga a la población a permanecer en un lugar y a abstenerse de transitar libremente por sus territo-
rios o fuera de ellos. Esta modalidad no está contemplada en la ley de atención a poblaciones
desplazadas,
18
por tanto no se establece ningún tipo de atención para los pueblos que están en
estas circunstancias de desprotección y en condiciones precarias para su supervivencia.
LOS DERECHOS
DE LAS MUJERES
INDÍGENAS
Las luchas de los pueblos indígenas por la defensa de sus dere-
chos han dado prioridad a los derechos colectivos que garanti-
zan su supervivencia como pueblos. A pesar de que las diversas
comunidades reconocen el papel fundamental que las mujeres
indígenas tienen en la supervivencia de sus culturas, este reco-
nocimiento no ha venido acompañado de una reflexión en las
comunidades sobre los derechos humanos de las mujeres. Pese
a las evidencias de violaciones de los derechos humanos de mujeres, jóvenes y niñas en las diversas
comunidades indígenas, ellas encuentran barreras culturales y políticas al reconocimiento de sus

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43
derechos. Se afirma que la defensa de la cultura es prioridad y que entrar a considerar derechos
específicos de las mujeres ocasiona conflicto dentro de las comunidades.
No se deja que las mujeres tengan organizaciones de mujeres, argumentando que
la lucha de los pueblos indígenas debe ser conjunta. Los espacios que se dan a las
mujeres dentro de los cabildos son reducidos (...).
19
Algunos líderes se están dando cuenta de que el trabajo que hacemos las mujeres
no es nada aparte.
20
La situación de las mujeres indígenas merece una especial atención ya que las nuevas violen-
cias derivadas del conflicto armado encuentran un terreno abonado por otras violencias y discri-
minaciones derivadas de su condición de mujeres, que han sido poco visibles y tratadas como
asuntos menores por las autoridades propias y por la sociedad nacional.
19
Testimonios aportados por las asistentes al Taller “Efectos de la violencia del conflicto armado en las mujeres
indígenas”, cit.
20
Ibíd.
21
Se asientan en lugares donde se hacen rituales y pagamentos, o donde se recogen plantas para usos medicina-
les y sagrados.
22
Testimonios aportados por las asistentes al Taller “Efectos de la violencia del conflicto armado en las mujeres
indígenas”, Grupo 1, cit.
IMPACTO DEL
CONFLICTO ARMADO
SOBRE
LAS COMUNIDADES
Y SUS EFECTOS
SOBRE LAS MUJERES
Pérdida de autonomía y cultura
Son muchas las prácticas propias para las cuales los pueblos indígenas han visto restringida su
libertad por causa del conflicto armado. A lo anterior se suma la violación de lugares sagrados
por parte de los actores armados
21
, su desconocimiento e irrespeto por las autoridades propias,
y la imposición de normas foráneas en un territorio donde opera la jurisdicción indígena. Todo
ello afecta la vida de los pueblos y la cotidianidad de las personas. Por ejemplo, en cuanto a las
relaciones de pareja, una mujer Arhuaca cuenta que:
Cuando hay problemas en la pareja y marido y mujer se la pasan peleando, el Mamo
aconseja hacer los pagamentos que toca y señala el lugar dentro del territorio, en
el que, marido y mujer, deben tener relaciones para ser favorecidos por la madre
tierra y de esa manera restablecer la armonía. Ahora que los armados controlan el
territorio ¿cómo podemos hacer lo que los Mamos nos aconsejan? ¿Cómo ir al
lugar que ellos nos señalan?
22
En muchas de las tradiciones indígenas las mujeres han tenido un papel central en la trans-
misión de la cultura y un papel sagrado en la realización de los rituales. El tipo de restricciones a
las que obliga la presencia de los actores armados suponen para ellas la pérdida del lugar que la
tradición les ha encomendado.
Toda esta situación nos causa mucho dolor y mucha pérdida. Nosotras y nuestros
pueblos queremos vivir en armonía con la naturaleza y hacer nuestros trabajos

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44
tradicionales a nuestros padres y a nuestras madres. Queremos que se nos respe-
te. No queremos esta guerra. Muchas mujeres ni siquiera entendemos bien qué es
lo que pasa y por qué vienen personas extrañas a nuestra tierra a mandarnos.
¿Qué les estamos debiendo? Es como una nueva conquista. ¿Cuántas personas
muertas más nos va a costar hacernos respetar? Ya somos poquitos, ¿es que no
quieren ver ni a una persona india en este país?
23
No hay duda sobre la importancia que tiene el papel de las mujeres en la construcción so-
cial y cultural de “lo indígena”. Por eso, la defensa de lo cultural, en tanto colectivo, no puede
estar disociada del reconocimiento de los derechos de las mujeres.
Apropiación y control de los alimentos
Las mujeres indígenas tienen a su cargo las huertas de pancoger y la cría de especies menores. La
presencia de actores armados en sus territorios supone para ellas amenazas a la seguridad
alimentaria de sus familias, porque éstos hacen uso de los productos de sus cultivos y se apropian
de las gallinas y los marranos. En ocasiones destruyen los cultivos como represalia cuando no les
dan alimentos.
Roban la producción de la comunidad. Roban las gallinas, los cerdos, causan da-
ños a los bienes, se llevan los motores y las canoas.
24
Se pierden los animales, a los
hombres les da miedo ir a ver los animales.
25
También el control sobre el suministro de alimentos, tanto por parte de los grupos arma-
dos ilegales como por parte de la fuerza pública, supone efectos graves para la comunidad, pero
sobre todo para las mujeres quienes deben recorrer distancias mayores para obtener alimentos y
de esa manera se exponen más a la violencia que se deriva de la confrontación. O bien, ven limi-
tadas sus posibilidades de conseguir los alimentos y disminuida la calidad de los mismos, que pasan
de ser productos frescos –plátano, yuca, pescado, carne de monte— a ser cereales básicos como
arroz y lentejas.
Existe un control de alimentos que hace que se agudice la desnutrición sobre todo
entre los niños y las niñas. Los paros armados incomunican a la comunidad. Tam-
bién el control estricto de horarios para salir, para movilizarse y control sobre los
carros que llegan a las zonas.
26
Ellos dañaron un trabajo de la asociación de amas de casa que trabajaban el culti-
vo del fríjol y la producción de leche. Ya no hay trabajo para las mujeres ni algo de
queso para los hijos, ni nada para vender.
27
En torno a los alimentos se presenta otro problema, el relacionado con el suministro de
comestibles a los grupos armados y a la fuerza pública. Todos los ejércitos necesitan alimentarse
y para lograrlo no les importa afectar las reservas alimenticias de las comunidades. En ocasiones,
los paramilitares o la guerrilla retienen o roban el alimento que donan las entidades internaciona-
les y nacionales de ayuda humanitaria a las poblaciones afectadas. Además, son las mujeres las que
23
Palabras de una mujer indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta durante la visita de la Misión Humanitaria,
agosto de 2002.
24
Ibíd. Grupo 1, cit.
25
Ibíd. Grupo 2, cit.
26
Ibíd. Grupo 3, Putumayo y Nariño.
27
Ibíd.

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45
permanecen en las casas y por tanto las que deben enfrentar las demandas de alimentos de los
armados y la posterior represalia del bando contrario. Ellas dicen:
Llega cualquier grupo a pedir comida o agua, cuando no tenemos casi ni para
nosotros, y lo peor es que cuando se entera el grupo contrario nos acusa de ser
colaboradoras.
28
Vivimos prevenidas, ya casi no hablamos con nadie, le negamos un plato de comi-
da a la gente porque no sabemos qué nos pueda pasar, no sabemos de qué lado
están, si es policía, ejército, paramilitar o guerrilla.
29
Restricciones al libre tránsito y movilización
Las mujeres expresan cómo cada día se afronta mayor riesgo al movilizarse en las diferentes zo-
nas o cómo es cada vez menos posible hacerlo sin rendir cuentas o pedir permiso a los actores
armados.
Nos sentimos limitadas, ya no hay libertad como antes. No podemos hacer nues-
tros trabajos tradicionales en las noches porque si ven a un grupo reunido pien-
san que se está planeando algo contra ellos. Si no se hacen los trabajos tradicionales,
se debilitan nuestras culturas.
30
Las restricciones a la movilidad impiden a las mujeres recoger los elementos necesarios para
hacer sus ritos, con lo cual se alteran las prácticas sociales que garantizan el equilibrio de la comu-
nidad.
No se puede hacer la recolección de las cosas necesarias para los pagamentos porque
no hay libertad para viajar a los sitios donde se consiguen las conchas y las otras
cosas que necesitamos para hacer los pagamentos. Esto va en contra de nuestras
prácticas culturales.
31
Ya no podemos alimentarnos con los alimentos tradicionales, no podemos salir de
noche al río para pescar.
32
Aumento de la violencia intrafamiliar
La violencia intrafamiliar no es resultado directo de la presencia de actores armados en los terri-
torios indígenas, sino una forma de violencia que ya existía y que está relacionada con la discrimi-
nación de género. El origen de esta discriminación no necesariamente es la división sexual del
trabajo –considerada por los pueblos indígenas como importante para conservar la armonía del
cosmos– sino la valoración desigual que se hace de los roles de los varones con respecto a los de
las mujeres, tanto en gran parte de los pueblos indígenas como en la sociedad colombiana.
Más que en otras circunstancias, en contextos de confrontación armada en los cuales un
referente fundamental de la masculinidad es la agresividad del guerrero, se comprueba que
la violencia contra las mujeres es una manifestación de las relaciones inequitativas
de poder entre hombres y mujeres, que históricamente (…) ha sido uno de los
28
Ibíd.
29
Ibíd. Grupo 2, cit.
30
Ibíd. Grupo 3, cit.
31
Ibíd. Grupo 1, cit.
32
Ibíd. Grupo 1, cit.

Page 46
46
33
Ver “Women´s Rights: Commitment Made by Governments in the Beijing Declaration and Platform of Action”
- AI Index IOR 41/05/96, marzo de 1996.
34
Testimonios aportados por las asistentes al Taller: “Efectos de la violencia del conflicto armado en las mujeres
indígenas”, Grupo 3, cit.
35
Ibíd.
36
Ibíd. Grupo 2, cit.
37
Ibíd. Grupo 2.
mecanismos usado por ellos para forzar y mantener la posición de subordinación
de las mujeres.
33
Aunque no existen cifras que indiquen el aumento de la violencia intrafamiliar contra las
mujeres y los niños en tiempos de conflicto armado, en la percepción de las mujeres indígenas
esto es una realidad. Ellas reconocen que:
El maltrato contra la mujer y los hijos lo generan los esposos y padres por la em-
briaguez. Eso se da desde antes, pero después de la presencia de los armados se
ha aumentado.
34
A una mujer la violaron. El marido en vez de protegerla le dio fuete porque la vio-
laron.
35
Cabe preguntarse si las autoridades indígenas encargadas de tramitar y dar salida a los
conflictos que se presentan dentro de sus comunidades, tienen en cuenta y protegen los dere-
chos de las mujeres y de las niñas en la misma medida en que lo hacen con los derechos colectivos
y los derechos de los varones.
(...) a una mujer el marido le quemó la casa y sus cosas y las autoridades no hicie-
ron nada. En otro caso, el hombre fue denunciado por la mujer por no responder
por su hijo. Ella lo demandó. No fue escuchada por la autoridad tradicional. Que-
dó en abandono. Fue agredida por el esposo. Cuando fue a la Comisaría de Familia
en el municipio, el cabildo intervino diciendo que ese asunto se tenía que resolver
dentro de la comunidad. La responsabilidad de que no se hiciera nada, entonces,
es del cabildo, del esposo y de la comunidad que no apoyan a la mujer.
36
Las mujeres identifican el creciente consumo de alcohol en los varones como una de las
causas asociadas al incremento de la violencia intrafamiliar, lo que trae como consecuencia el au-
mento del maltrato hacia la mujer, los niños y las niñas. También establecen una cadena de causa
y efecto entre el maltrato y la violencia en el hogar con la decisión de algunos jóvenes, hombres
y mujeres, de ingresar en cualquiera de los grupos armados.
Por la violencia en la familia los hijos y también las hijas se desplazan o se van a
hacer parte de los actores armados y de ahí viene la pérdida de la identidad y el
debilitamiento de la misma organización (...) Y como es tan difícil hablar de la vio-
lencia en la casa, las mujeres decidimos empezar por este tema, desde los hijos,
para hacer la reflexión también sobre violencia contra la mujer y sus relación con
la ida de los jóvenes para los grupos armados, todo eso se relaciona con el conflic-
to. Algunos líderes se están dando cuenta de que el trabajo que hacemos las mujeres
no es nada aparte.
37

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47
SITUACIÓN DE LAS
MUJERES INDÍGENAS
AGRAVADA POR EL
CONFLICTO ARMADO
38
Testimonios aportados por las asistentes al Taller “Efectos de la violencia del conflicto armado en las mujeres
indígenas”, Plenaria, cit.
39
Ibíd. Grupo 3, cit.
40
Ibíd.
A raíz del recrudecimiento de la confrontación armada en sus
territorios, los pueblos indígenas y sus organizaciones han adop-
tado como estrategia de resistencia la defensa de su identidad
cultural y de su autonomía. En este contexto, las violencias que
afectan a las mujeres, tanto las presentes en las relaciones socia-
les cotidianas, como aquéllas derivadas directamente del con-
flicto armado, continúan relegándose a un segundo plano frente
a la importancia que reviste la defensa de los pueblos. En este sentido, privilegiar los derechos
colectivos tiende a hacer invisibles los derechos de las mujeres y niñas indígenas.
Conscientes de ello, las mujeres indígenas definen lo que para ellas significa violencia con-
tra la mujer:
38
Es estropear a la mujer. Es maltratar su cuerpo, su mente y su espíritu.
Es ser discriminadas por nuestros líderes, que no valoren nuestra participación en
las luchas indígenas.
Es hacernos sentir tristes y angustiadas.
El abandono del hogar es una violencia.
No poder realizar nuestros ritos tradicionales es también una violencia.
Es violencia cuando nos arrebatan a nuestros hombres y cuando matan a nues-
tros hijos.
Los grupos armados están constituidos, en su mayoría, por varones no indígenas, cuyas
prácticas sociales discriminatorias los llevan a avasallar la autonomía de los pueblos, a alterar radi-
calmente la vida de las comunidades y a ejercer sobre las mujeres múltiples formas de violencia
reforzadas por los imaginarios que ellos –actores armados– tienen sobre las mujeres indígenas.
En el contexto del conflicto armado, las mujeres indígenas se ven sometidas a diferentes
tipos de violencia tales como:
Reclutamiento forzado y utilización de jóvenes y niñas
Los actores armados acuden a varias estrategias para vincular a sus grupos a mujeres indígenas
jóvenes. Algunas de ellas son reclutadas bajo presión, otras se incorporan a partir de sus relacio-
nes afectivas con algún miembro del grupo, otras son utilizadas como informantes, mensajeras y
para tareas de observación.
Se van con ellos por amor, por el uniforme, por interés. Porque tienen problemas
con un vecino y le quieren dar miedo. También por huir de las autoridades tradi-
cionales que les han impuesto algún castigo. Muchas veces, cuando una joven sale
en embarazo de una relación pasajera o del novio, ella sabe que la van a castigar,
le da miedo y se va con los armados.
39
Muchas veces son las muchachas las que llevan la información a la guerrilla o a los
paras y las que les avisan cuando vienen los del bando contrario. Esto hace que
vayan entrando en confianza con los actores armados y por esa vía sucede el re-
clutamiento. El reclutamiento nos genera dolor y sufrimiento.
40

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48
Cuando invitan a las niñas para que se vayan con los grupos, las profesoras inter-
vienen y aconsejan a las niñas para que no se vayan. Si alguien aconseja que no se
vayan, los armados amenazan a las profesoras y hasta las matan, como a la maes-
tra del resguardo de Huitorá en el Caquetá
41
.
Se conocen casos de madres que deben pagar con trabajo “un rescate” al grupo armado
por la vida de sus hijos.
Se llevaron a una compañera y la obligaron a cocinarles durante dos meses a cam-
bio de la vida de su hijo. Mientras tanto, sus otros hijos estaban descuidados...
42
Violencia sexual
Los actores armados ejercen violencia sexual contra las mujeres como una forma de amedrenta-
miento y como acto ejemplarizante para someter a los hombres que no acatan las condiciones
impuestas por ellos.
La violencia, sobre todo en las guerras, se instrumentaliza de manera desproporcionada a
través de la sexualidad de los varones como forma de expresar su dominio. De manera que la
premisa de que “la sexualidad es el fundamento del control de las mujeres”,
43
se cumple en doble
vía: para someter y para vengar, haciendo del cuerpo de la mujer un territorio en el que se deja
la huella del poder o se resarce la ofensa inferida. Incluso los varones no armados desean vengar
la afrenta –de la cual son víctimas individuales o colectivas– en el cuerpo de las mujeres “de los
otros”.
A una mujer indígena desplazada la violaron los armados cuando estaba pescan-
do en el río. Ahora ninguna quiere ir al río. Las mujeres tienen miedo de ir al río
porque temen que les pueda pasar lo mismo.
44
El abuso sexual es un arma que utilizaron los paramilitares cuando llegaron a la
zona, para castigar a los hombres...
45
Un grupo de hombres de la comunidad cogió a la hermana de un jefe guerrillero
que había cometido muchos atropellos con nosotros, e intentó violarla. Después
de eso, ella se metió a la guerrilla.
46
El uso extendido de la violación en la guerra refleja el desprecio cultural del agresor hacia
la víctima y lo que ésta representa.
47
La violencia sexual es un tema del que poco se habla y casi nunca se denuncia, por razones
que las mujeres indígenas comparten con otras mujeres que viven en zonas de confrontación ar-
41
Ibíd. Grupo 3. Betsabé Garay, educadora, licenciada en lingüística y etnoeducación, maestra en el resguardo de
Huitorá, municipio del Salado, departamento del Caquetá, asesinada el 4 de octubre de 2002.
42
Testimonios aportados por las asistentes al Taller “Efectos de la violencia del conflicto armado en las mujeres
indígenas”, Grupo 3, cit.
43
Eveline Accad, Sexualidad y guerra. Ficción y realidad en oriente medio. Traducción del francés de Milagros
Palma, París, Ediciones Indigo, 1998, p. 9.
44
Testimonios aportados por las asistentes al Taller “Efectos de la violencia del conflicto armado en las mujeres
indígenas”, Grupo 1, cit.
45
Ibíd. Grupo 3, cit.
46
Ibíd.
47
Agnès Callamard, Metodología de investigación con enfoque de género. Derechos y democracia. Traducción
y adaptación de Pilar Rueda J., Centro Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo Democrático, 2002.

Page 49
49
mada,
48
pero, también, porque la violencia sexual es entendida de diversas maneras en cada con-
texto cultural y castigada o no según las particularidades de cada cultura.
49
Un testimonio
50
da cuenta del caso de una mujer que fue violada por un grupo de soldados
del Batallón de la Popa de Valledupar. La mujer comunicó a la autoridad espiritual de su pueblo lo
que había sucedido y él le aconsejó que hablara con sus padres y que hiciera los rituales apropia-
dos. El hecho no se denunció a las autoridades nacionales por temor y porque no se cree que el
Estado haga algo para castigar a los soldados.
Embarazos de mujeres jóvenes
en zonas controladas por actores armados
Se sabe que en zonas militarizadas aumentan los embarazos en jóvenes indígenas. Algunas de ellas
establecen relaciones afectivas con los actores armados y quedan en embarazo sin que puedan
exigir el cumplimiento de la responsabilidad paterna al actor armado.
Hay una cantidad de hijos sin padre. Mujeres indígenas menores de 18 años han
sido embarazadas por paramilitares, guerrilleros y también por miembros de la fuerza
pública.
51
Asesinatos de mujeres indígenas
No tenemos datos estadísticos unificados, y a la vez desagregados por sexo, de las muertes de
mujeres y hombres indígenas, pero contamos con algunos testimonios de mujeres y con denun-
cias
52
que dan cuenta de las muertes de mujeres indígenas como víctimas del conflicto armado,
por su labor comunitaria político-organizativa, o por ser esposas, novias o familiares de quienes
alguno de los bandos considera como “sus enemigos”.
En el departamento del Valle el 4 de diciembre del 2002, hombres encapuchados
llegaron al corregimiento Párraga y obligaron a un indígena llamado Élver Valen-
cia a tocar en la puerta de la casa de la profesora indígena Leonila Vitonás. Cuan-
do ésta salió por una de las ventanas, los encapuchados le dispararon a mansalva.
Después asesinaron a Élver Valencia. Desconocemos a los autores del hecho. Cabe
señalar que en la zona operan la columna Jaime Báteman Cayón de las FARC-EP y
las Autofensas Unidas de Colombia (AUC). Hasta la fecha, ningún grupo se ha atri-
buido las muertes.
Viudez
A causa del asesinato y la desaparición forzada de sus esposos, muchas mujeres indígenas quedan
viudas. Dentro de los pueblos indígenas, las viudas generalmente cuentan con la solidaridad de la
familia y sus comunidades. Pero dada la polarización social que impone el conflicto, dicha solida-
48
Ver capítulo sobre violencia sexual.
49
Presentación hecha por Pilar Rueda J. a la Mesa de Trabajo “Mujer y conflicto armado”, acerca de su experiencia
durante el taller con mujeres indígenas convocado por el Centro Internacional de Derechos Humanos y Desarro-
llo Democrático (Canadá) y realizado por el Colectivo María María en Bogotá,marzo de 2002.
50
Testimonio aportado por una mujer asistente al Taller “Efectos de la violencia del conflicto armado en las mujeres
indígenas”, Grupo 1, cit.
51
Ibíd. Grupo 3, cit.
52
Tomado del boletín Actualidad Étnica, op. cit.

Page 50
50
ridad se ve restringida por el miedo de las personas a colaborar con la viuda y “verse envueltas en
el problema” al que se atribuye la causa del asesinato o la desaparición. Por eso, si se ayuda a la
viuda, se busca que tal contribución no se haga evidente, se guarda distancia. Cuando la viuda es
una mujer que por mantener sus roles tradicionales de género no desarrolló habilidades para la
gestión pública, encuentra que “no tiene quién hable por ella”, exponga su situación ante las au-
toridades y presione para que se cumplan sus demandas de apoyo o para que se obre en justicia.
Cuando la viuda queda en una situación económica precaria, generalmente se desplaza al lugar
del territorio indígena en el que tenga redes familiares, de lo contrario, se ve obligada a abando-
nar la comunidad para establecerse en las cabeceras municipales en condiciones de mayor desventaja.
En muchas ocasiones, cuando las mujeres denuncian a los actores armados responsables del
asesinato de sus esposos, son amenazadas y se ven obligadas a huir para defender su vida y la de
su familia.
El marido de una compañera apareció muerto, quemado con ácido. Ella puso la
denuncia ante la fiscalía. Se descubrió que fueron los paramilitares. Entonces ella
fue amenazada. Ahora le toca no insistir en el caso. Una funcionaria le dijo que no
siguiera el proceso porque está amenazada, no puede salir de la vereda.
53
Las FARC asesinaron al esposo y al hijo de una mujer, que era médico tradicional.
Ella reconoció al asesino, fue perseguida y tuvo que abandonar el territorio.
54
A las mujeres viudas les toca asumir toda la carga de trabajo, en ocasiones que-
darse sin bienes. Tienen problemas para subsistir y pierden apoyo.
55
LAS MUJERES
COMO MEDIADORAS
FRENTE A LOS
ACTORES ARMADOS
“A las mujeres nos ha tocado hablar”
En Colombia ha sido una práctica común de todos los actores
sociales y armados que desean el control sobre territorios, recursos naturales y pueblos indígenas,
cooptar o asesinar a los líderes indígenas. En momentos en los que la confrontación armada pa-
rece no tener salidas, las autoridades y los pueblos acuden a las mujeres para que actúen como
negociadoras frente a los armados. Por ejemplo, a mediados de 2002, la población de Jambaló,
Norte del Cauca, se encontraba sometida a la presión de la guerrilla. Entonces la Asamblea de la
Comunidad decidió nombrar una comisión de mujeres para ir a dialogar con el grupo y lograr
acuerdos de respeto por su autonomía.
En ocasiones son las mujeres indígenas, por iniciativa propia, quienes buscan hablar con los
actores armados para exigirles que devuelvan a los hijos e hijas reclutadas o para evitar que se los
lleven. En la mayoría de ocasiones las mujeres logran su objetivo con altos costos emocionales
para ellas, a causa de la incertidumbre y el miedo:
Las mujeres tenemos los hijos. La guerrilla quiere que nuestros hijos se vayan para
la guerra. Ellos se querían llevar a un joven de la comunidad. Fuimos las mujeres
53
Ibíd. Grupo 2, cit.
54
Ibíd. Grupo 2, cit.
55
Ibíd. Grupo 1, cit.

Page 51
51
las que lo rodeamos para no dejar que se lo llevaran. Las mujeres a los jóvenes les
damos consejos para que no se dejen convencer.
56
Para lograr el trabajo de mediación se saca ventaja de los estereotipos tradicionales de
género, sobre todo se exalta el derecho que la maternidad otorga a las mujeres como dadoras
de vida. Sin embargo, ese trabajo de mediación para protección de la vida, desempeñado hábil-
mente por las mujeres, es considerado como propio de su naturaleza y, en esa medida, no se
resalta con la suficiente fuerza en los discursos sobre la resistencia indígena, ni se expresa en el
aumento de la representación de mujeres entre las autoridades indígenas. Así lo sienten y expre-
san ellas mismas:
La estrategia de ahora es mandar a las mujeres para hablar con los grupos arma-
dos. Es bueno porque las mujeres somos conciliadoras. Es como un último recur-
so. Para eso sí nos buscan, pero para otras cosas nos desconocen. Deberíamos
aprovechar la oportunidad para recordarles que siempre hemos estado en la re-
sistencia. Es el momento en que podemos exigir atención frente a la problemática
de las mujeres. Ahora sí nos dicen ¡asuman, mujeres!, pero no se interesan en
capacitarnos para que podamos asumir.
57
La estrategia de usar a las mujeres al frente es la misma que usaron para la defen-
sa de tierras cuando mandaban al ejército a sacarnos. Hay que tener en cuenta
que ahora es distinto el panorama. Hay que estar preparadas. Antes no teníamos
participación, pero se logró que una mujer estuviera en el Consejo de Gobernado-
res. El gobernador reunió al Consejo y fueron las mujeres, a través de la que nos
representaba, que dijeron que no se permita la entrada de los grupos armados y
que el gobernador no hable con ellos. Nosotras hablamos.
58
Con estas acciones las mujeres se van abriendo paso y han ganado reconocimiento:
Los espacios que se dan a las mujeres dentro de los cabildos son reducidos. En los
espacios de toma de decisiones casi no hay la oportunidad de que las mujeres
que trabajan lo de mujeres estén sentadas tomando decisiones. En el Congreso
de la ONIC, Organización Nacional Indígena de Colombia, planteamos la necesi-
dad de trabajar lo de las mujeres, creemos que debe ser un programa específico,
para tener autonomía. En el ámbito nacional está la propuesta aprobada.
59
Todavía son pocas las organizaciones de mujeres dentro de los pueblos indígenas, hasta el
momento lo acostumbrado es desarrollar un “programa mujer” dentro de las organizaciones indí-
genas, que está más encaminado a la protección de la familia. Cuando las mujeres han planteado
la necesidad de trabajar en los procesos propios de sus pueblos, los líderes argumentan que las
mujeres no pueden ir por un lado y los hombres por otro:
Es difícil que las mujeres indígenas tengamos organizaciones de mujeres, por que
se nos dice que la lucha de los pueblos indígenas debe ser conjunta. El trabajo
que hacemos de mujeres no es nada aparte, algunos líderes se están dando cuen-
ta de eso.
60
No obstante las restricciones que les imponen los varones, las mujeres indígenas han desa-
rrollado importantes acciones junto con sus comunidades, orientadas a rescatar y a revalorar el
56
Ibíd.
57
Ibíd. Grupo 2, cit.
58
Ibíd.
59
Ibíd.
60
Ibíd.

Page 52
52
aporte de las mujeres en los procesos de desarrollo y resistencia, así como a que se destaque su
papel en la lucha por la permanencia como pueblos en el contexto del conflicto armado.
Nosotras las mujeres, al ver que han caído los líderes, hemos hecho marchas. Estu-
vimos trece días durmiendo en el parque, aguantando sed, sin cama, después de
un largo camino de 8 horas en el día, madres con niños. Cuando nos desaparecie-
ron a gobernador de Chigorodó, a mí me ha tocado sentar con los dos actores
armados. Uno no sabe a que hora va a llegar, caminando por piedra, montaña,
llanura, con hambre, sed, para coger camino al encuentro. El de acá se sienta con
uno y dice que respeta las autoridades indígenas. Lo mismo dice el otro, dicen que
no van a reclutar a ninguno, dicen que no saben donde están nuestros líderes.
Cuando mataron a Amanda Ñasa hace dos años, se les preguntó y nadie sabe nada.
Hemos perdido grandes líderes, mujeres gobernadoras. A las mujeres nos ha toca-
do hablar...
61
63
Ibíd. Grupo 1, cit.
DIFICULTADES
PARA DENUNCIAR
Y DOCUMENTAR
LA VIOLENCIA
QUE AFECTA A LAS
MUJERES INDÍGENAS
En general el impacto del conflicto armado en las mujeres está
poco documentado, pero esta situación es más grave en el caso
de las indígenas, entre otras, por las siguientes razones:
• La dificultad para acceder a los lugares de denuncias. En la
mayoría de las comunidades indígenas son los hombres quie-
nes se desempeñan en los espacios públicos y, por lo general,
cuando hacen las denuncias, no transmiten las necesidades y
demandas específicas de las mujeres. Las mujeres indígenas,
por razones culturales y de género, están menos familiariza-
das con la gestión de los problemas fuera de la comunidad.
La falta de reconocimiento y aceptación de las diferencias culturales en la sociedad colom-
biana hace que tales diferencias se conviertan en barreras para la comunicación y aumentan
las dificultades para que las mujeres denuncien.
El miedo de las mujeres a las represalias por parte de los agresores.
Las necesidades y demandas de las mujeres no siempre son atendidas y apoyadas por las
autoridades indígenas.
Las discriminaciones contra las mujeres dentro de algunos pueblos indígenas hacen que las
violencias ejercidas contra ellas no sean consideradas con la misma importancia que las ejercidas
contra los varones.
RECOMENDACIONES
Si bien es necesario continuar ahondando para conocer la situa-
ción de las mujeres indígenas y el impacto del conflicto armado
sobre ellas, en términos generales se confirman situaciones que
se comparten con otras mujeres no indígenas en contextos simi-
lares: el reclutamiento, las restricciones sobre los productos de
subsistencia, los trabajos domésticos bajo amenaza, la
normatización de su vida cotidiana según voluntad del actor ar-
mado que domine la zona, la violencia sexual y la utilización de la mujer como botín de guerra.
Sabemos que no toda la violencia que viven las mujeres indígenas surge directamente del
conflicto armado; la violencia intrafamiliar y el abuso sexual hacen parte de prácticas sociales y

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53
culturales anteriores al conflicto. Sin embargo, según sus testimonios, hechos violentos que se
presentaban desde antes en la vida cotidiana son exacerbados en la situación de confrontación
armada. Sumado a esto, la inoperancia de los mecanismos de justicia nacionales, la subvaloración
y los estereotipos que hacen ver como menos graves los hechos de violencia contra las mujeres
tanto por parte de las autoridades indígenas como de las nacionales, la sanción social que impo-
ne el silencio sobre las mujeres víctimas, la situación de temor permanente ante la presencia de los
actores armados y las múltiples discriminaciones que afectan la vida de estas mujeres, presentan
un panorama que reclama la urgente atención por parte de las autoridades indígenas, de las au-
toridades nacionales y de la comunidad internacional.
Por ello se recomienda:
Continuar el proceso de acopio de información de manera sistemática y rigurosa sobre el
impacto del conflicto armado en las mujeres de los pueblos indígenas, proceso en el cual
participen ellas, para trazar estrategias y líneas de acción que garanticen la protección y
defensa de sus derechos y que fortalezcan a la vez a las mujeres y a sus identidades cultu-
rales.
La Constitución Política colombiana consagra el deber de respeto a los grupos étnicos y
minoritarios. Igualmente consagra el respeto a las mujeres y la no discriminación por sexo,
raza, identidad cultural, entre otros. Por ello es imprescindible que el Estado colombiano
tome todas las medidas necesarias para la supervivencia y libre autodeterminación de estos
pueblos y de las mujeres que de ellos hacen parte.
Es urgente que el Estado colombiano y la comunidad internacional sean conscientes de la
situación a la que están sometidas las mujeres indígenas en sus diferentes territorios, y que
se tomen medidas de protección efectivas para preservar su vida. El Estado debe propiciar
el diseño y desarrollo de políticas concertadas, oportunas y eficaces para la protección y
prevención de violaciones de los derechos humanos de las mujeres indígenas.
Se requiere la aplicación de medidas afirmativas a favor de los pueblos indígenas de modo
que se preserve su cultura, territorio, cosmovisión y demás elementos esenciales de su iden-
tidad, haciendo especial énfasis en la superación de la discriminación de género.
Se precisa que, dentro de los pueblos, las autoridades y sus líderes comprendan y hagan
visible la violencia que afecta a las mujeres, y realicen a su vez acciones afirmativas para
garantizar sus derechos humanos y promover una mayor presencia de las mujeres en la toma
de decisiones. En la medida en que ninguna cultura es estática, es necesario que los pueblos
indígenas establezcan un diálogo fructífero entre las tradiciones culturales de cada pueblo
y el reconocimiento de los derechos de las mujeres.
Es vital que las mujeres indígenas y la población en general tengan información y conozcan
sus derechos. Es urgente conocer los instrumentos nacionales e internacionales que les ofre-
cen protección como indígenas y como mujeres, y la responsabilidad estatal de protegerlas
contra la discriminación, la marginación y la intolerancia.
Dar seguimiento a las recomendaciones que desde instancias como la Comisión de Dere-
chos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité para la Eliminación de la Discri-
minación Racial, han hecho en materia de derechos de los pueblos indígenas con especial
cuidado y enfoque diferencial hacia las mujeres indígenas y sus variables de edad.
Es necesario generar procesos de discusión participativa en las zonas, en torno a las causas
y los efectos del conflicto armado interno, de manera que se propicien entornos favorables
a la realización de acuerdos humanitarios.

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54
Es perentorio que los actores armados, incluida la fuerza pública, respeten la autonomía y
el derecho que tienen los pueblos indígenas a la autodeterminación, y se comprometan a
respetar las normas del DIH en los pueblos indígenas y actúen en consecuencia, respetando
a las mujeres y niñas.
Es imprescindible que se siga un proceso de caracterización más riguroso en materia de des-
plazamiento forzado reconociendo:
La importancia de la tenencia legal del territorio.
Las relaciones internas de género y la cohesión cultural del pueblo indígena en cuestión.
Los niveles organizativos de las mujeres indígenas en situación de confinamiento forzado.
Es urgente establecer una política de atención a la población en confinamiento forzado que
tenga en cuenta tanto las especificidades culturales como las de género y edad.

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55
DINÁMICA DE LA VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR EN EL CONTEXTO
DEL CONFLICTO ARMADO*
Este capítulo se fundamenta en un estudio realizado en cuatro municipios del país:
Barrancabermeja, Puerto Asís, Santander de Quilichao y Turbo, cuatro contextos urbanos donde
uno de los actores armados, los paramilitares, tenían al momento del trabajo de campo un con-
trol hegemónico sobre el territorio. Por esta razón, los resultados no pueden generalizarse a los
distintos actores armados que intervienen en el conflicto, cuyas estrategias pueden variar según
sus características particulares, el grado de arraigo y la historia de los vínculos que hayan construi-
do con las poblaciones bajo su radio de influencia.
El estudio enfoca los efectos de la dinámica del conflicto armado sobre la subjetividad y la
vida privada de las personas en los municipios señalados, y reconoce que hay dispositivos cultura-
les
1
que, al sustentar relaciones discriminatorias, reproducen y mantienen la violencia intrafamiliar
y se incrementan en el contexto del conflicto armado.
Para entender las formas de relación entre la violencia intrafamiliar y la dinámica del con-
flicto armado en Colombia, es necesario caracterizar los patrones de interacción intrafamiliar que
cuentan con mayor arraigo cultural en las zonas donde se realizó el trabajo de campo, e identifi-
car cómo se transforman tales patrones con la presencia de actores armados que inciden en la
vida privada de las comunidades donde hacen presencia.
*
Elaborado con base en el informe final de la investigación “Violencia intrafamiliar y de género contra la mujer en
el contexto del conflicto armado”, realizado por Ángela María Estrada Mesa (investigadora principal y profesora
asociada en el Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes), Marcela Rodríguez-Díaz (co-
investigadora), Carolina Ibarra y Estefanía Sarmiento (asistentes de investigación). El estudio fue contratado por
la Consejería para la Política Social y su Programa Haz Paz, y adelantado en los municipios de Barrancabermeja
(Santander), Puerto Asís (Putumayo), Santander de Quilichao (Cauca) y Turbo (Antioquia); el artículo “Algunas
consecuencias del conflicto armado sobre la vida privada y la subjetividad en Colombia”, preparado por Ángela
María Estrada Mesa, y el conversatorio sobre el mismo tema, presentado por la autora a la Mesa “Mujer y
conflicto armado”, en septiembre de 2002.
1
Por “dispositivos culturales” se entienden los mecanismos culturales que las instituciones y las personas interiorizan
como dados, y que estructuran la subjetividad.
LA VIOLENCIA EN LA
TRADICIÓN CULTURAL
DE LAS RELACIONES
FAMILIARES
Los patrones de relación autoritarios, abusivos y caracterizados
por el vacío y la distancia emocional, son propios de las distin-
tas formas de organización familiar que coexisten en Colombia.
Los modelos predominantes de socialización de hombres y mu-
jeres en las cuatro regiones del estudio son claramente diferen-
ciados y diferenciadores: mientras que a los varones se les asigna
una mayor libertad de acción y decisión con respecto a las muje-

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res, sobre las mujeres se ejerce un control de su comportamiento, orientado a volverlas más dó-
ciles, a recluirlas en el ámbito privado y a limitarles severamente el ejercicio de la libertad de
decisión.
Estas estructuras familiares producen relaciones discriminatorias y, por tanto, potencialmente
violentas, y contribuyen a perpetuar una desigualdad social entre hombres y mujeres, que repro-
duce el control y la sumisión de éstas, y favorece la aparición y el uso de distintas de formas de
violencia de género contra la mujer.
Bueno [mi mamá] nos decía que los derechos de nosotras las mujeres son, respe-
tarlos primeramente a ellos, saberlos tratar con buenas palabras y obedecerles a
ellos. Tampoco si ellos dicen que se tiren por un barranco, tampoco. Verles qué
cosas les corresponde obedecer. Y, por lo menos, si el hombre les llega borracho,
no le digan nada, espérenlo al otro día, que esté sano y bueno, porque si ustedes
lo torean es como ir a torear a un avispero, ustedes van y lo tocan y las avispas se
torean y ahí mismo van y las pican (…).
Todas las mañanas a las 4:00 nos paraban a rezar el rosario. Y, cuando le tocaba el
turno a mi papá de aconsejar los hijos, entonces mi mamá se iba con nosotras
para la cocina a arreglar la casa (…) él se quedaba dándoles la charla. Pero noso-
tras nunca supimos de qué se trataba.
2
Mientras la socialización masculina promueve en los niños y jóvenes la posibilidad de tener
un mayor control de su vida, las mujeres aprenden a ser más bien objetos del deseo de otros y a
aceptar decisiones externas frente a las cuales ellas no tienen poder.
No obstante, el autoritarismo y el vacío emocional como patrones de relación, afectan tan-
to a hombres como a mujeres. El aprendizaje impositivo y acrítico de normas morales contribuye
a que falten competencias para la tolerancia, la deliberación y el respeto y, por el contrario, ge-
nera el tipo de obediencia con la cual la persona no desarrolla la capacidad de hacerse cargo de
sus actos. Tales aprendizajes facilitan la inserción de estructuras militaristas como las que imponen
los actores armados en el contexto del conflicto.
3
En el contexto de las relaciones familiares, la investigación constata que:
Primero, los patrones de relación intrafamiliar incluyen altos niveles de violencia física que
caracterizan las relaciones de control y disciplina entre padres e hijos, pero también la violencia
física ejercida principalmente por los varones sobre sus compañeras, en lo que parece configurar
un ejercicio de la masculinidad que afirma el sometimiento y la obediencia que esperan los varo-
nes de las mujeres. En el proceso de adaptación a tales patrones de relación, la violencia es
invisibilizada y asimilada a relaciones que se consideran propias de la naturaleza humana.
La agresión hacia las mujeres es una forma de violencia que estructura su subjetividad. La
violencia que se ejerce contra ellas no sólo entraña un riesgo vital y un daño a la dignidad perso-
nal, además genera síntomas como el miedo intenso, la atribución de una incapacidad para reac-
cionar o defenderse, la percepción de amenaza vital, entre otros. Vale la pena señalar que la
violencia física es sólo una y no siempre la más importante de las formas de violencia que sufren
las mujeres.
4
2
Testimonio de una mujer que participó en la investigación.
3
Elizabeth Lira y Maria Isabel Castillo, Psicología de la amenaza política y el miedo, Chile, ILAS, 1991.
4
Asun Bernardez, Violencia de género y sociedad. Una cuestión de poder. Ponencia presentada en el Encuentro
Internacional sobre Mujer, Niñez y Conflicto Armado, Córdoba, 2002.

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Generacionalmente hablando, las mujeres han aprendido a soportar y encubrir la violencia
intrafamiliar y a no mostrar lo que está pasando en la intimidad conyugal de la pareja.
Entonces los golpes son como cotidianos... se vuelven cotidianos. Como que no
cuestionan. Así vivía mi mamá y así me decía que era mi abuela, y así es mi vecina
... o sea no se genera esa oportunidad como de cambiar, de hacer algo para que
esto no se siga dando. Además que también el otro motivo para seguir mante-
niendo la violencia intrafamiliar es que “ay... y si yo me separo entonces ¿mis hiji-
tos qué?” (…) Sí, por la dependencia económica y por la autoestima tan baja, piensan
y sienten y actúan como tal, de que no son capaces de vivir solas y asumir su vida
solas. (…) Pero también esa dependencia afectiva que hace que se mantenga la
violencia: “si me quedo sola…ay no” (…) De niñas ya interiorizaron ese aprendizaje
de que la mujer es la víctima, la que soporta “qué pena pues, que sepan mis veci-
nas que hay problemas, porque es mejor no aumentar los problemas” (…)Y tam-
bién pues, a veces mi mamá me daba la razón, pero igual también, como mamá
tradicional “ay, pero entiéndalo, compréndalo, pobrecito; mire que es que es por
el trabajo, mire, está muy agotado, entonces eso lo hace así agresivo, sea llevade-
ra, (…) usted por qué entonces va a fracasar”.
5
Segundo, en la relación padres/padrastros-hijas, las niñas aprenden muy temprano a ser
propiedad de otro y, muchas veces, objetos sexuales disponibles. En estos contextos, las mujeres
aprenden a no tener el poder para dirigir su vida. En la mayoría de los casos, los celos y los com-
portamientos posesivos que exigen sumisión, aparecen en el marco de las expresiones de amor y
protección en las relaciones padres/padrastros-hijas, en un contexto en el cual la sexualidad mas-
culina es representada principalmente como abusiva e incontinente.
La vida de muchas niñas y jóvenes se desenvuelve en una lucha casi permanente por evitar
los diferentes tipos de abuso sexual por parte de padres, padrastros y familiares masculinos cer-
canos. Muchas de ellas no logran este objetivo y sus historias quedan marcadas por dolorosos y
repetidos episodios de abuso sexual. No obstante, las estrategias de prevención y cuidado asu-
men, de múltiples formas, que este patrón de relación es tan inevitable como la sexualidad mas-
culina que lo viabiliza.
...Ella misma [la madre] nos hacía interiores así, con unas franjas amarradas, hasta
muy bueno porque después, una vez trataron de violarme, y luego al tener esos
interiores que ella me hacía con una lona, una tela dura, pues sí que eso, el mucha-
cho bregó y bregó a partirme, y me tapaba la boca y no pudo violarme porque
ese interior fue muy resistente...
6
Tercero, la carencia de afecto que expresan las mujeres en las conversaciones acerca de su
historia familiar es una marca dolorosa en su vida y parece convertirse en uno de los asuntos que
estructuran sus proyectos personales. Es frecuente que las mujeres, a partir de esta carencia,
expresen su intención de no reproducir con sus hijos aquellos patrones que consideran negativos
en su historia familiar.
5
Testimonio de una mujer participante en el estudio.
6
Testimonio de una mujer participante en el estudio.

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7
Expresión de una mujer que participó en la investigación.
8
Testimonio de una mujer que participó en la investigación.
9
Comentario de un agente de seguridad del Estado. Esta última afirmación es respuesta a la pregunta formu-
lada por las investigadoras sobre si esta situación que él describe podría suceder a todos los hombres combatien-
tes dentro y fuera de la ley, al volver a sus hogares.
ALGUNOS
DE LOS INFLUJOS DEL
CONFLICTO ARMADO
SOBRE LA DINÁMICA
FAMILIAR
“El conflicto armado en el municipio se metió en el ser”
7
El espacio privado de la familia como escenario de expresión de
las fuertes tensiones que por muy distintos motivos genera la dinámica del conflicto armado, la
desestructuración de los vínculos familiares debido a transformaciones violentas de la organiza-
ción familiar, y la instrumentalización de la violencia intrafamiliar por parte de los actores arma-
dos, son algunos de los influjos más importantes del conflicto armado sobre la dinámica familiar.
Adicionalmente, las familias y las mujeres aparecen como “unidades estratégicas” de inter-
vención de los paramilitares. Las mujeres que dieron información para esta investigación asigna-
ron una característica particular a este actor armado: tiene injerencia directa sobre la vida privada
y social.
(…)mire, yo lo que digo es que el conflicto armado en el municipio, digamos en los
sectores populares, se metió en la cocina de las familias, se metió en la cama, se
metió en el ser, se metió en el vestido. Yo atrevidamente digo que se metió tanto
que no le dejó espacio a la familia y a la mujer para ella determinar eso que las
mujeres eran en (el municipio). (…)Yo digo que la mujer se dejó influenciar por la
facilidad del instrumento, del instrumento que es el arma (…).
8
La ausencia de espacios sociales e institucionales para la expresión de los sentimientos de
miedo, terror y dolor que viven cotidianamente las personas cuya vida se desenvuelve en el con-
texto del conflicto, es una carga adicional que se impone a la dinámica familiar. La familia se tor-
na en el único escenario posible para su expresión y esto aumenta el potencial de violencia
intrafamiliar.
Una persona que esté dentro del conflicto armado y el día de mañana decida sa-
lirse (…) va a tener frustraciones, momentos de rabia y si no sabe manejar esos
momentos de rabia se va desquitar con su familia, su esposa, sus hijos. (…) De pronto
él anteriormente estaba acostumbrado a combatir, a disparar, a la forma dura y
recia del monte (…) y en determinado momento él decide dejar esa vida e irse con
su esposa a formar una nueva vida. Puede que los primeros meses todo sea color
de rosa, amorcito donde te pongo, pero ya después se van a dar los problemas se
van a dar las frustraciones, a él le va a hacer falta esa vida. Si no tiene un trabajo
estable en que ocupar el tiempo libre, se va a presentar un problema de frustra-
ción y de violencia. (…) Eso por lo general es un espíritu de combatir.
9
En los municipios de los que se ocupa la investigación a la cual hacemos referencia en este
capítulo, los paramilitares buscan una legitimación como actores con autoridad para dirimir con-
flictos y aplicar sanciones, y tienen injerencia directa sobre la vida privada y social de las familias
y las mujeres. El imaginario propio de los guerreros encuentra eco en el modelo autoritario vigen-

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10
Testimonio de una mujer participante en la investigación.
11
Ver en Anexo 2 Normas de Convivencia. Autodefensas y Población Civil, Barrancabermeja, 2002, mimeo.
te en las familias y se diferencia más bien en el escalamiento de los niveles de violencia y autorita-
rismo que logra activar.
…cuando hay infidelidad o algo, ellos [paramilitares] las castigan. Infidelidad de la
mujer hacia el hombre y del hombre hacia la mujer también, eso entran los dos.
(…) La gente siente que ellos sí vinieron a poner orden, y que permiten el diálogo,
entre comillas, pero lo permiten. “Con ellos sí se puede dialogar, con ellos sí se
pueden hacer correctivos”. Por ejemplo, hay una [mujer] que la sacaron, la ama-
rraron, le pusieron una cartulina escrita por detrás “le soy infiel a mi marido”, y la
pusieron a caminar por el barrio.
10
La intervención de los paramilitares sobre la vida privada ha agudizado las manifestaciones
de la violencia intrafamiliar, escala los niveles de violencia física, introduce la amenaza como estra-
tegia de control externo, desestructura los vínculos emocionales (por resentimientos profundos,
aislamiento de la familia, desplazamiento, o duelo por asesinato de alguno de los integrantes) y
debilita la capacidad de los miembros de la familia para manejar, de manera directa, los conflictos
intrafamiliares. Esto promueve en la conciencia de las personas la necesidad de un tercero exter-
no, autoritario y militarista, para el tratamiento de los problemas propios de la vida íntima y pri-
vada. El testimonio de dos funcionarias que participaron en el estudio ilustra este problema:
...Por ejemplo unas mujeres maltratadas, o las que quieren que el esposo les dé
alimentos o alguna cosa, ellas ya no van a acudir a Bienestar Familiar, ni al juzgado
de familia, ni a una fiscalía, porque dicen que estas instituciones no les van a apor-
tar el servicio inmediato. Entonces ¿qué han hecho ahora?, ahora ellas van y de-
mandan a los paramilitares o a la guerrilla, dicen ellas que ellos sí son más efectivos:
“yo voy donde el comandante de los paramilitares, les digo mi caso, inmediata-
mente ellos vienen, lo cogen, le dieron su golpiza y a la segunda ya sabe, y con
eso es suficiente”.
Ellas mismas vienen y nos dicen: “mire, yo con usted he estado seis meses y no se
logró que el señor siquiera acuda acá; fui a la policía y lo trajeron una vez, pero no
se logró nada; en cambio con el comandante de allá, ahí fue de inmediato, estoy
tranquila porque ellos sí le pusieron el tatequieto”.
REGULACIÓN
Y CONTROL
DE LA SUBJETIVIDAD
POR PARTE DE
LOS PARAMILITARES
Con la intervención de los paramilitares se regula la subjetividad
de las personas mediante el control del cuerpo y la sexualidad
femeninos, y el mantenimiento de límites muy tradicionales en
las identidades de hombres y mujeres; la desestructuración de
la masculinidad tradicional que identifica al hombre como pro-
veedor, y la legitimación del modelo del guerrero en la sociali-
zación masculina.
Primero, a través de la intervención de diferentes proce-
sos normativos, tales como la introducción de “normas de convivencia”
11
y de diversas estrategias
de sanción, estos actores armados están reproduciendo las identidades de género más tradicio-
nales. Por una parte, ejercen un control riguroso sobre el cuerpo y la sexualidad femeninos y, por
otra, exigen de los varones que acaten la corporalidad masculina tradicional.

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...los grupos armados, las AUC, influyen, captan mujeres y dan reglas morales de
convivencia, el manual. Controlan, reúnen la gente, la reúnen por la noche y de-
pende del momento regañan, o burlan, o dicen. Y hay una hojita con ciertas nor-
mas de qué es lo que hay que limpiar, de cómo es que hay que vestir, de que los
muchachos, el arete, el pelo, todo eso está prohibido. Muchas cosas de horarios,
de los sitios de diversión, hasta qué hora pueden estar funcionando, hasta qué
hora pueden estar los niños en la calle, y los que no están estudiando, es obliga-
ción que estén en las escuelas; si no están, entonces ellos también los recogen.
Hablan sobre el comportamiento de las mujeres: la minifalda... .
12
Segundo, se desestructura la masculinidad tradicional que identifica al hombre como pro-
veedor, porque los empleos indirectos de las empresas que hacen parte de la oferta de trabajo
que los varones han aprendido a manejar están controlados por los paramilitares, generando gran
tensión en aquellos que no tienen interés en involucrarse con ese actor armado. Es decir, quedarse
sin trabajo significa casi que aceptar la quiebra de la masculinidad, en el sentido de la incapacidad
para la provisión, pero aceptar el trabajo significa aceptar la subordinación a un orden político
con el cual pueden no estar de acuerdo, porque estos actores armados son capaces de ejercer
altos niveles de presión y terror.
Tercero, para los niños el único modelo de masculinidad es el que legitima las armas y los
uniformes. Mientras que los niños encuentran que ganar en la contienda militar es la expresión
más real de masculinidad, a las niñas se les ofrecen como modelo roles femeninos que se mantie-
nen adscritos a las tareas de servicio.
…a mí lo que me llama la atención es que en la escuela de los niños, cuando estaba
la guerrilla, los niños jugaban ‘armados’, quien mata era el que ganaba. Cuando
uno les hacía que dibujaran qué les gustaría ser: entre un grupo de 30 niños que
teníamos, pero pequeños, un niño dibujaba un carro, una niña un vestido de en-
fermera. Y los demás pelados, vestido de militar. Pero no puedo decir que eran
soldados, ni guerrilla, sino que querían ser militares, querían estar armados. Y las
niñas lo que más sostenían era la venta de pescado y empanadas porque eso ha-
cían sus mamás (…)
13
Una señora muy pobre, sin marido, viuda, porque al marido lo mataron llevando
un viaje de coca. Se desplazó huyendo de la familia de su marido que le quería
quitar los hijos porque consideraban que ella no era capaz de sacarlos adelante.
Se ubicó en la periferia del municipio donde llegó, al lado de un lote donde, por
desgracia, los paramilitares decidieron ir de día a matar gente allá. Entonces, para
sus niños pequeños, ese era el espectáculo cotidiano. Los niños contaban: “hoy
mataron a tantos, quedaron con la boca de esta manera y le hicieron así”. La seño-
ra cuenta que la situación era tan horrible que hubo momentos en los que ella
metía los niños en la casa, le subía el volumen al equipo para que no se oyeran los
disparos. Y lo que ella dice es: “ese niño va a ser terrible, ustedes no se imaginan
cómo es de rebelde, cómo es de difícil.”
14
Los juegos son de guerra y el que gana es el que mata. Por otro lado, a nivel de la
infancia, hay acumulación de odios, muchos traumas y odios que nadie atiende.
No hay quien atienda el dolor y el trauma acumulado en los niños.
15
12
Entrevista a una mujer participante en la investigación.
13
Testimonio de una maestra participante en la investigación.
14
Conversatorio presentado por Ángela María Estrada a la Mesa “Mujer y conflicto armado”, septiembre de 2002.
15
Ibíd.

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16
Testimonio de una mujer que participó en la investigación.
17
Comentario de una trabajadora de una organización no gubernamental.
IMPACTO SOBRE
LAS MUJERES
JÓVENES
Las mujeres jóvenes son víctimas de múltiples manipulaciones
(sexual, emocional, económica, de estatus, etc.), porque su si-
tuación personal en el orden social y familiar es fuertemente vul-
nerable: carecen de estatus y de poder.
Los actores armados sacan provecho de los patrones cul-
turales por los cuales las jóvenes aprenden a silenciar su voz y a
no consultar sus deseos, sus sentimientos o sueños. Aprovechan
también la necesidad que tienen las jóvenes de estatus y la práctica muy común de establecer acuer-
dos de pareja para resolver situaciones prácticas. En general, las jóvenes aprenden que su cuerpo
tiene un valor de cambio en las alianzas más favorables posibles con los actores armados.
…Aquí las niñas, las muchachas, o sea, las muchachas del común digámoslo así, no
aspiran por ejemplo a estudiar, a ir a una universidad, no... Aquí muchas de ellas
aspiran a conseguirse un petrolero que las mantenga; y eso ha hecho carrera aquí.
Entonces las niñas, esta cosa de ser amante de petrolero les da estatus, les da
seguridad y además les da solución a otros problemas que tienen, económicos y
de todo. Esto es muy propio de la industria de acá. Además que esto es apoyado
por las mismas familias. O sea, se hace amante, y a su vez, él no sólo la mantiene
a ella, sino a la familia de ella. (…)
…Y ahora en este momento ellas [las jóvenes] se acuestan con ellos [los
paramilitares]. O sea mientras yo me acuesto con él [en la casa], las otras cuidan
[por fuera de la casa]. Ellos de pronto le darán alguna plata o alguna propina por
eso, para que no cuenten. Uno de esos casos llegó a [una institución competen-
te], y la niña dice que no, que la dejen porque a ella le gusta, porque su mamá
nunca se la pasa en la casa y ella puede hacer lo que quiera y además tiene el
apoyo de los paracos, así le peguen… .
16
Una situación muy particular y extremadamente violenta es la que experimentan las parejas
de los actores armados, en especial cuando la participación en los proyectos armados no es com-
partida. En tales casos, en la resolución de conflictos internos de la pareja, los guerreros no dife-
rencian entre la vida privada y la vida de la guerra, y utilizan estrategias de la guerra para resolver
sus conflictos privados (tácticas de seguimiento y control, llegando hasta las amenazas de muerte
e incluso la vulneración física y psicológica).
Las jóvenes se ven expuestas a formas de seducción sexual por parte de los actores arma-
dos. En muchos casos, las familias no tienen más remedio que desplazarse voluntariamente para
escapar a lo que consideran un mal mayor.
Ellos [los paramilitares] las asedian tanto, tanto, que aquí hay bastantes niñas des-
plazadas porque no quieren estar con los paramilitares, como antiguamente no
quisieron estar con la guerrilla. (…) Hoy en día ha sucedido eso con los tipos de
las autodefensas, exactamente igual, es la fiel copia (…) Ellos dicen “me gusta esa”
y se la montan. Y algunas niñas han tenido que desplazarse debido a ese tipo de
situaciones.
17

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18
Las recomendaciones que aparecen a continuación están enmarcadas en los acuerdos internacionales de las
conferencias de Beijing, El Cairo, Viena, Belem do Pará y Copenhague. Todos los acuerdos internacionales
suscritos en tales conferencias han sido ratificados por el Estado colombiano.
INFLUJOS DEL
CONFLICTO ARMADO
SOBRE LO PÚBLICO
Y LO PRIVADO
Las estrategias de control social que aplican los paramilitares
para desestructurar las redes sociales, suscitar la desconfianza
entre la población y transformar el orden moral ciudadano, son
múltiples. Las masacres, los ajusticiamientos, los asesinatos selec-
tivos, las desapariciones y las amenazas, hacen parte de las es-
trategias de terror mediante las cuales los paramilitares van
configurando un régimen hegemónico, con una altísima
cohonestación de parte de los cuerpos de seguridad del Estado.
El transcurrir de la vida social comienza a tener como referentes tales actos públicos de
barbarie. Y las relaciones de toda índole entre la población y los paramilitares –entre ellas las co-
merciales– se multiplican, generando una compleja red de complicidades que van suscitando un
derrumbamiento de la conciencia moral de los ciudadanos y las ciudadanas.
Esta es la condición en la cual se está desenvolviendo la vida de muchos hombres y mujeres
en distintas regiones de nuestro país. Mientras en lo público la ausencia de la institucionalidad y la
falta de una real inclusión como ciudadanos y ciudadanas son condiciones estructurales para la
intervención social de los actores armados ilegales, en lo privado el autoritarismo que reproduce
la sumisión y la obediencia, la intolerancia y la dificultad de respetar las diferencias, facilita la in-
serción cultural de un ejercicio militarista de control sobre la vida cotidiana.
El estudio de la violencia intrafamiliar en el contexto del conflicto armado abrió un espacio
para mirar la vida cotidiana de las personas que se encuentran bajo el influjo de los actores arma-
dos en nuestro país. Es necesario destacar los avances de un modelo militarista que está permeando
los espacios simbólicos, sociales y productivos locales, generando un impacto sobre la cultura que
es especialmente crítico para poblaciones vulnerables tales como las mujeres jóvenes y la infancia.
La incidencia del conflicto armado sobre la población civil ha creado una crisis humanitaria de
enormes proporciones, ante la cual es necesario movilizar todos los recursos nacionales e interna-
cionales disponibles.
ALGUNAS
RECOMENDACIONES
PARA DISMINUIR
EL IMPACTO DE LA
VIOLENCIA CONTRA
LA MUJER Y PARA
ATENDER DE MANERA
INTEGRAL
SUS EFECTOS
18
A nivel normativo
Hacer énfasis en la necesidad de castigo a los responsables de violencia contra las mujeres,
exigir la reparación de los daños causados y dar apoyo integral a las víctimas.

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Definir mecanismos de protección a las mujeres en zonas de conflicto armado, de acuerdo
con los principios de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
Revisar las políticas, las prácticas y los procedimientos nacionales para garantizar la protec-
ción de los derechos humanos de las mujeres.
Promover leyes que se adapten a los modelos de vida privada que están emergiendo. De la
misma manera, definir en las leyes las responsabilidades comunitarias sobre la infancia, cuando
la integración familiar, en un contexto de violencia intrafamiliar, no parece ni deseable ni
posible.
Promover el desarrollo de modelos y la adopción de leyes específicas que reconozcan el
derecho a la atención psicosocial, en respuesta a traumas y necesidades de reparación de
las poblaciones afectadas por diferentes formas de violencia.
Superar las políticas asistencialistas, por ejemplo, para el tratamiento de los efectos del
conflicto armado, particularmente los que tienen que ver con la vida privada y la subjetivi-
dad, aceptando la responsabilidad que le cabe al Estado en la búsqueda de formas de re-
cuperación emocional y reparación de los daños psicosociales.
A nivel de procedimientos
Desarrollar modelos de atención acordes con las circunstancias del conflicto armado, basa-
dos en un análisis del contexto sociopolítico.
Establecer mecanismos eficaces para investigar, prevenir, sancionar y eliminar la violencia
contra las mujeres en la vida pública y privada; eliminar los prejuicios sexistas en la adminis-
tración de justicia.
Establecer estrategias para impedir que las mujeres víctimas de la violencia vuelvan a sufrirla
por ausencia de consideraciones de género en las leyes, en las prácticas de aplicación de la
ley o en los procedimientos judiciales.
Adoptar medidas para investigar y sancionar tanto a los miembros de las fuerzas armadas
como de las fuerzas irregulares que realicen actos de violencia contra las niñas y mujeres
que se encuentran en zonas de conflicto armado.
Respetar plenamente en los conflictos armados las normas del derecho internacional huma-
nitario y adoptar todas las medidas necesarias para proteger a las mujeres, las niñas y los
niños, en particular contra la violación sexual y la prostitución forzada.
Brindar la protección necesaria contra los abusos y la denegación de los derechos de las
mujeres, las niñas y los niños en situación de desplazamiento.
A nivel de prestación de servicios
Garantizar el acceso de las mujeres, las niñas y los niños víctimas de violencia a los sistemas
judiciales, en condiciones de seguridad y confidencialidad: revisar la legislación para que las
mujeres víctimas y/o testigos no se conviertan de nuevo en víctimas ni sean discriminadas
durante la investigación y los juicios.
Apoyar iniciativas de las organizaciones femeninas y organizaciones no gubernamentales en-
caminadas a prevenir y atender de manera integral a las mujeres víctimas de la violencia
privada o pública.

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Asignar recursos suficientes en el presupuesto del Estado y movilizar recursos locales para
programas y servicios dirigidos a asegurar la atención física y psicológica de mujeres, niñas
y niños víctimas de la violencia.
Garantizar la presencia de personal debidamente cualificado en los centros de acogida y
servicio de atención integral a mujeres, niñas y niños víctimas de la violencia.
Garantizar las condiciones de acceso y seguridad a los servicios de atención psicosocial y
legal para las mujeres, niñas y niños víctimas de la violencia.
A nivel de capacitación
Sensibilizar y capacitar a los funcionarios judiciales, médicos, psicólogos, trabajadoras so-
ciales y de policía sobre la violencia contra la mujer como una violación de los derechos
humanos, y sobre las consecuencias sociales de la misma.
Propiciar la comprensión de las causas, consecuencias y formas de violencia contra la mujer
entre los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley, miembros de la policía, asis-
tentes sociales, personal médico y personal judicial.

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SITUACIÓN DE LAS MUJERES,
JÓVENES Y NIÑAS EN EL CONTEXTO
DEL CONFLICTO ARMADO URBANO
EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN*
CONTEXTO GENERAL
DEL CONFLICTO
ARMADO
EN MEDELLÍN
*
Este capítulo fue escrito a partir del conversatorio presentado a la Mesa de Trabajo “Mujer y conflicto armado”
por Marina Gallego de la Ruta Pacífica de las Mujeres - Medellín y en el documento de la misma autora titulado
“Las mujeres queremos los barrios de Medellín libres de miedos, guerras y violencias” (septiembre 26 de 2002).
El capítulo incluye también contribuciones de Erika Páez, Save the Children - UK.
1
Expresión de las mujeres de la Ruta Pacífica de Medellín.
“Es la fuerza la que se utiliza para tramitar los
conflictos”.
1
El conflicto armado urbano en Medellín tiene sus raíces en el conflicto social de la ciudad, una
muy desigual distribución de la riqueza, una situación política donde no hay ningún tipo de cam-
bio dentro de las estructuras de poder y un legado cultural que dejó el narcotráfico que ha sido
un caldo de cultivo para que estas violencias se exacerben y hayan tomado la forma que tienen. El
narcotráfico tuvo su asentamiento principal en Medellín en los años ochenta y noventa y empezó
a armar bandas de muchachos muy jóvenes. Después de la persecución y muerte de Pablo Esco-
bar, estas bandas juveniles armadas quedaron configuradas en muchos barrios populares de
Medellín.
A esto se agrega que en los años noventa, los grupos guerrilleros conformaron milicias que
operaban como bases insurreccionales en estos barrios. En el mismo barrio llegaron a coexistir
milicias y bandas, y esta coexistencia aportó a las bandas diferentes tipos de estrategias para seguir
monopolizando los barrios, regulando y ejerciendo la autoridad. Por ejemplo, estrategias de
amedrentamiento a través de la amenaza para provocar el desplazamiento o la muerte en caso
de no atender las normas impuestas; estrategias de mantenimiento del orden establecido en los
barrios, por medio de “limpiezas” de ladrones, drogadictos etc.; y estrategias “de imagen”, pre-
sentándose como benefactores del barrio, apadrinando fiestas comunitarias, repartiendo cuader-
nos y otros artículos y cuidándose de no atacar sus propios barrios. Todo ello les fue dando
legitimidad y aceptación. Fue así como se volvieron agentes reguladores y la autoridad reconoci-
da, aceptada y requerida por la población de dichos barrios. De la misma manera actuaba lo que
se había conformado como milicia.
Entre 1994 y 1995 muchas de estas milicias comenzaron a adquirir autonomía con respecto
al ELN y a las FARC. Las milicias conformaron los Comandos Armados del Pueblo (CAP), las Milicias

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7 y 8 de noviembre y fueron configurando una estructura paralela, tal vez a raíz de contradiccio-
nes sobre el control territorial y sobre la dependencia frente a la estructura de poder de los gru-
pos guerrilleros.
Las milicias, hay unas que son de las FARC pero hay otras que son autónomas; no