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0. Prim-p.gs. (Mujeres-Lima)
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Este libro forma parte de la Colección GPE-AL
conformada por un conjunto de trabajos realizados
durante el transcurso del Proyecto. Entre los temas
presentados se destacan:
a) diagnósticos y estudios nacionales sobre el
mercado de trabajo y la pobreza analizados
desde una perspectiva de género;
b) experiencias de programas y proyectos de
reducción de la pobreza y generación de empleo,
nacionales y/o locales, con enfoque de género;
c) estudios especiales desarrollados con dimensión
de género, a nivel regional sobre: políticas de
empleo, políticas de empleo para jóvenes, las
interrelaciones entre pobreza y empleo, la
dimensión étnico-racial, y pobreza y empleo en
el medio rural.
El Proyecto “Incorporación de la Dimensión de
Género en las Políticas de Erradicación de la
Pobreza y Generación del Empleo en América
Latina (GPE-AL) ejecutado por la Oficina Regional
de la OIT para América Latina y el Caribe y apoyado
por el Gobierno de los Países Bajos, presenta el
libro “Mujeres, Pobreza y Mercado de Trabajo.
Argentina y Paraguay” en el cual están publicados
los siguientes estudios: “Desigualdad de Género
y Pobreza en América Latina” realizado por María
Elena Valenzuela, “Mercado de Trabajo y Género.
El Caso Argentino 1994-2002
”
de Rosalía Cortés
y “Situación Laboral de la Mujer en Paraguay
”
de Lylian Mires.
Con esta publicación el Proyecto contribuye al
establecimiento de una base común de
conocimientos sobre las interrelaciones entre el
género, la pobreza y el empleo, una línea esencial de
su accionar que, conjuntamente con la promoción
de la incorporación de la dimensión de género en las
políticas públicas de erradicación de la pobreza y
generación de empleo y el fortalecimiento de las
capacidades institucionales de los Gobiernos, de
organizaciones de trabajadores y de empleadores,
facilitarán la integración del enfoque de género en
las estrategias de reducción de la pobreza y en las
políticas y programas de generación de empleo e
ingresos en seis países de la Región: Argentina, Bo-
livia, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Perú.
El equipo del Proyecto está integrado por Laís
Abramo, Especialista Regional en Género, Silvia
Berger, Directora del Proyecto GPE-AL, María Elena
Valenzuela, Coordinadora de la Subregión Cono Sur,
Janina Fernández, Coordinadora de la Subregión
Centroamericana, Nava San Miguel, Experta en
Género, de la Oficina Subregional Andina, Takako
Mochizuki, Experta Asociada en Género, de la Oficina
Subregional Santiago y Eric Carlson, Punto Focal en
Género, de la Oficina de la OIT en Buenos Aires.
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3
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RTÍCULO
Mujeres, Pobreza y
Mercado de Trabajo
Argentina y Paraguay
Proyecto Género, Pobreza y Empleo en América Latina
María Elena Valenzuela
Editora
Oficina Regional de la OIT
para América Latina y el Caribe
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Copyright © Organización Internacional del Trabajo 2003
Primera edición 2003
Las publicaciones de la Oficina Internacional del Trabajo gozan de la protección de
los derechos de propiedad intelectual en virtud del protocolo 2 anexo a la Convención
Universal sobre Derecho de Autor. No obstante, ciertos extractos breves de estas
publicaciones pueden reproducirse sin autorización, con la condición de que se
mencione la fuente. Para obtener los derechos de reproducción o de traducción deben
formularse las correspondientes solicitudes a la Oficina de Publicaciones (Derechos
de autor y licencias), Oficina Internacional del Trabajo, CH-1211 Ginebra 22, Suiza,
solicitudes que serán bien acogidas.
Las denominaciones empleadas, en concordancia con la práctica seguida en las Na-
ciones Unidas, y la forma en que aparecen presentados los datos en las publicacio-
nes de la OIT no implican juicio alguno por parte de la Oficina Internacional sobre
la condición jurídica de ninguno de los países, zonas o territorios citados o de sus
autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras.
La responsabilidad de las opiniones expresadas en los artículos, estudios y otras
colaboraciones firmados incumbe exclusivamente a sus autores, y su publicación no
significa que la OIT las sancione.
Las referencias a firmas, procesos o productos comerciales no implican aprobación
alguna por la Oficina Internacional del Trabajo, y el hecho de que no se mencionen
firmas, procesos o productos comerciales no implica desaprobación alguna.
Las publicaciones de la OIT pueden obtenerse en Las Flores 275, San Isidro, Lima
27-Perú o pidiéndolas al Apartado Postal 14-124, Lima-Perú.
Vea nuestro sitio en la red: http://www.oit.org.pe/gpe
Impreso en Chile
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alenzuela, María Elena (Ed.)
Mujeres, Pobreza y Mercado de Trabajo. Argentina y Paraguay
Santiago, OIT, Proyecto “Incorporación de la Dimensión de Género
en las Políticas de Erradicación de la Pobreza y Generación de
Empleo en América Latina”, 2003, 160 págs.
(Colección GPE-AL)
Igualdad de oportunidades, planificación en función del género,
pobreza, mercado de trabajo, mujeres, Argentina, Paraguay, América Latina.
ISBN 92-2-314833-2
Datos de catalogación de la OIT
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El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias
entre hombres y mujeres es una de las preocupaciones de nuestra
Organización. Sin embargo, no hay acuerdo entre los lingüistas sobre la
manera de cómo hacerlo en nuestro idioma.
En tal sentido y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que
supondría utilizar en español o/a para marcar la existencia de ambos
sexos, hemos optado por emplear el masculino genérico clásico, en el
entendido de que todas las menciones en tal género representan siempre
a hombres y mujeres.
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DVERTENCIA
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NTRODUCCIÓN
13
CAPÍTULO I
D
ESIGUALDAD
DE
GÉNERO
Y
POBREZA
EN
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MÉRICA
L
ATINA
María Elena Valenzuela
15
A.
Introducción: Pobreza y desigualdad
15
B.
Factores de género y pobreza
20
C.
Políticas públicas para la reducción de la pobreza
47
D.
Reflexión final: Importancia de las estrategias de empleo
en el combate a la pobreza de las mujeres
59
Bibliografía
62
CAPÍTULO II
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TRABAJO
Y
GÉNERO
. E
L
CASO
A
RGENTINO
, 1994-2002
Rosalía Cortés
67
A.
Introducción
67
B.
El contexto económico y laboral de los noventa
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C.
Evolución 1994-2002 de la PEA, el empleo, el desempleo
y el subempleo
79
D.
Cambios en las modalidades de inserción en el mercado
de trabajo según género
89
Bibliografía
102
CAPÍTULO III
S
ITUACIÓN
LABORAL
DE
LA
MUJER
EN
P
ARAGUAY
Lylian Mires
105
A.
Introducción
105
B.
Consideraciones de género: El trabajo y la pobreza
107
C.
Las características del mercado laboral femenino en Paraguay
111
D.
La participación de las mujeres en el mercado laboral
118
E.
El empleo femenino
125
F.
El desempleo
141
G.
Conclusiones y recomendaciones
146
Bibliografía
153
Anexo
155
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RESENTACIÓN
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RESENTACIÓN
Aproximadamente 225 millones de hombres y mujeres en Amé-
rica Latina son pobres. De estos, 95 millones de personas se encuentran
en una condición de extrema pobreza, lo que significa que no tienen los
ingresos suficientes para adquirir ni siquiera una canasta básica de ali-
mentos. El 11% de la población, entre los cuales hay muchos niños y
niñas menores de 5 años, presenta carencias nutricionales. Hay más
mujeres que hombres en situación de pobreza, en un porcentaje que va-
ría de 3% a 35% en los países latinoamericanos.
La pobreza está directamente relacionada con los niveles y patro-
nes de empleo y con las desigualdades existentes en la sociedad. Al lado
del acceso a la salud, educación e infraestructura básica, la falta de em-
pleo –o su mala calidad– es uno de los determinantes fundamentales de
la pobreza y de las posibilidades de su superación.
Un objetivo central de las Metas del Milenio es Erradicar la po-
breza extrema y el hambre. Se plantea para el 2015 reducir a la mitad la
proporción de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.
Para ello es cada vez más sentida, por los gobiernos, los trabajadores y
empleadores, la necesidad de incentivar en el corto, mediano y largo
plazo políticas de generación de empleo en los países, que permitan a
todos trabajar. Pero no es cualquier trabajo lo que posibilita a las perso-
nas superar la pobreza, sino un Trabajo Decente, entendido como aque-
lla ocupación productiva adecuadamente remunerada y que es ejercida
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en condiciones de libertad, equidad y seguridad, así como que sea capaz
de garantizar una vida digna a las personas que trabajan y a sus familias.
La equidad está, por lo tanto, en el centro de la Agenda del Traba-
jo Decente de la OIT. Eso significa que Trabajo Decente es un trabajo
también libre de cualquier forma de discriminación.
El género condiciona la forma en que los individuos y los hogares
experimentan la situación de pobreza y logran o no superarla. Las muje-
res están sobrerrepresentadas entre los pobres, son más vulnerables a
ella y frecuentemente experimentan sus formas más severas. Paradójica-
mente, el aporte de las mujeres a la superación de la pobreza y el bienes-
tar de sus hogares es cada vez más importante y viene siendo
crecientemente reconocido. De hecho, uno de los factores que ha contri-
buido a controlar el aumento de la pobreza en la región es la incorpora-
ción masiva de las mujeres al trabajo remunerado.
El análisis de la relación entre el género, la pobreza y el empleo
está siendo desarrollado por la OIT desde hace varios años y es una de
sus principales contribuciones a la Cuarta Conferencia Mundial de la
Mujer en Beijing (1995) que subrayó, en su Plataforma de Acción, el
creciente peso de la pobreza femenina y las desigualdades de género
como los principales obstáculos para el avance de la mujer y su acceso a
actividades productivas y económicas. La Cumbre Social de Copenhague
(1995) y la Cumbre del Milenio también enfatizan la necesidad de “Pro-
mover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer como el
camino efectivo para combatir la pobreza, el hambre y las enfermedades
y estimular un desarrollo realmente sustentable.” (Párrafo 20 de la De-
claración del Milenio).
La importancia de considerar esa relación, tanto en los análisis
sobre la pobreza como en las políticas diseñadas e implementadas con el
objetivo de superarla, ha sido reiterada una vez más en la Memoria del
Director General de la OIT (Superar la pobreza mediante el trabajo) y
en el Informe Global La hora de la igualdad en el trabajo, ambos pre-
sentados a la 91ª Conferencia Internacional del Trabajo (llevada a cabo
en junio de 2003). La Memoria del Director General señala que las di-
versas formas de discriminación –entre las cuales se destaca, por su am-
plitud, generalización y persistencia la discriminación de género– están
fuertemente asociadas a los fenómenos de exclusión social que originan
la pobreza y son responsables por la superposición de diversos tipos de
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vulnerabilidad, así como por la creación de poderosas barreras adiciona-
les para que personas y grupos discriminados puedan superar la pobreza.
Como forma de apoyar los esfuerzos que se realizan en varios
países en el sentido de implementar políticas de combate a la pobreza
que enfaticen la generación de Trabajo Decente como la mejor forma de
superarla y, al mismo tiempo, promuevan la igualdad de género, la OIT
viene desarrollando, desde 1995, un Programa de Fortalecimiento
Institucional para la Igualdad de Género, la Erradicación de la Pobreza
y la Generación de Empleo.
Con ese mismo objetivo, la Oficina Regional de la OIT para Amé-
rica Latina y el Caribe inició en julio de 2002 la ejecución del proyecto
“Incorporación de la dimensión de Género en las Políticas de Erradica-
ción de la Pobreza y Generación de Empleo en América Latina (GPE-
AL)”, con el apoyo del Gobierno de los Países Bajos, dirigido a contri-
buir a la incorporación de la dimensión de género en las políticas de
reducción de la pobreza y de generación de empleo en 6 países de la
región: Argentina, Bolivia, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Perú.
Uno de los componentes básicos de este Proyecto es la realiza-
ción de estudios y diagnósticos nacionales sobre las interrelaciones en-
tre el género, la pobreza y el empleo, que contribuyan a aumentar la base
de conocimiento sobre estos fenómenos, pero, principalmente, que pue-
dan aportar al diseño y a la implementación de las políticas dirigidas a
erradicar la pobreza, promover el empleo y la igualdad de género.
El presente libro es parte de la Colección Género, Pobreza y Em-
pleo en América Latina en la que se publicarán los estudios y diagnósti-
cos realizados durante la ejecución del Proyecto. Con esta colección nos
proponemos poner a disposición de los constituyentes de la OIT –go-
biernos nacionales y locales, organizaciones de trabajadores y de em-
pleadores–, las organizaciones de la sociedad civil, el medio académico
y el público en general una base común de conocimientos que permita
profundizar la comprensión de los desafíos que supone la superación de
la pobreza, la generación de trabajo decente y la promoción de la igual-
dad de género en América Latina.
La Colección está conformada por un conjunto de libros en los
que se presentan tres tipos de estudios: a) diagnósticos y estudios nacio-
nales sobre el mercado de trabajo y la pobreza analizados desde una
perspectiva de género; b) experiencias de programas y proyectos de
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reducción de la pobreza y generación de empleo, nacionales y/o locales,
con enfoque de género, reconocidas y apoyadas por el Proyecto; c) estu-
dios especiales con dimensión de género desarrollados a nivel regional
sobre los siguientes temas: políticas de empleo, políticas de empleo para
jóvenes, y las interrelaciones entre la pobreza, el empleo, y la dimensión
étnico-racial, pobreza y empleo en el medio rural.
Nuestro reconocimiento y agradecimiento al Gobierno de los Paí-
ses Bajos por el apoyo para ejecutar el Proyecto, a los representantes de
las diferentes instancias tripartitas nacionales que participaron activa-
mente en el desarrollo de las acciones del Proyecto y que en muchas
situaciones actuaron como nuestras contrapartes nacionales. A todos los
funcionarios y funcionarias de la OIT involucrados en la ejecución del
proyecto.
Nuestro agradecimiento, igualmente, a todos los consultores y
colaboradoras del Proyecto GPE-AL que contribuyeron en la elabora-
ción de los documentos de investigación e hicieron posible lograr esta
colección.
A
GUSTÍN
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UÑOZ
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ERGARA
Director Regional para las Américas
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NTRODUCCIÓN
I
NTRODUCCIÓN
En este libro “Mujeres, Pobreza y Mercado de Trabajo. Argentina
y Paraguay” realizado bajo la dirección de María Elena Valenzuela, se
presentan tres estudios con los que esperamos contribuir, a través de nue-
vos conocimientos, a la generación de propuestas de política que permi-
tan avanzar hacia la erradicación de la pobreza y la equidad de género a
través del trabajo. El estudio elaborado por María Elena Valenzuela,
“Desigualdad de Género y Pobreza en América Latina”, entrega un mar-
co de análisis para comprender las formas en que la desigualdad de gé-
nero acentúa la pobreza y la centralidad de la eliminación de la discrimi-
nación de todas las formas de discriminación en el trabajo, como un
requisito para acabar con la pobreza. La contribución de Rosalía Cortés
sobre “Mercado de Trabajo y Género. Argentina 1994-2002”, analiza la
evolución del mercado de trabajo y los niveles de pobreza de hombres y
mujeres en ese período y se reflexiona sobre los efectos de las estrate-
gias económicas en los patrones de largo plazo de la vinculación entre
género, pobreza y empleo. El capítulo a cargo de Lylian Mires, sobre la
“Situación Laboral de la Mujer en Paraguay” caracteriza la situación de
empleo y vulnerabilidad frente a la pobreza de hombres y mujeres, po-
niendo especial atención a los aspectos de género, que inciden en la po-
sición desventajosa de las mujeres en el mercado de trabajo.
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ALENZUELA1
A.
INTRODUCCIÓN: POBREZA Y DESIGUALDAD
Las mujeres enfrentan la pobreza con desventaja respecto de los
hombres, debido a su situación desmedrada en el orden de género,
2
a la
valoración diferenciada de la dimensión femenina y masculina y a las
normas para el control de la sexualidad y la procreación. La discrimina-
ción que viven las mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad acen-
túa su pobreza. Esto ha contribuido a la transmisión intergeneracional de
la pobreza e influido en la generación de nuevas condiciones de priva-
ción a las que se ven sometidas las mujeres y sus familias.
En los últimos años se han desarrollado diferentes conceptua-
lizaciones e indicadores de la pobreza, sin que se haya logrado un con-
senso sobre cuáles son más determinantes. El debate se ha centrado en la
capacidad de los diversos conceptos e indicadores de dar cuenta de
modo preciso sobre la relación que existe entre el nivel de consumo y
1
Agradezco los comentarios de Laís Abramo, Janina Fernández, Silvia Berger, Sylvia
Venegas y Amalia Mauro a una versión preliminar de este texto, así como el apoyo
que brindó María Inés Opazo.
2
El orden de género es el sistema de relaciones económicas, sociales, políticas y cultu-
rales entre hombres y mujeres, que contiene dimensiones simbólicas, normativas y
subjetivas, las cuales configuran las prácticas sociales en los distintos espacios de la
sociedad.
CAPÍTULO I
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las formas de privación, determinadas por factores sociales y ambienta-
les, entre otros. En términos generales, la pobreza se refiere a la insatis-
facción de requerimientos universales y cuya medida es la integridad
física y psicológica de las personas. Se trata de necesidades que todos,
por compartir la condición de seres humanos, tienen el derecho a satisfa-
cer, lo que subraya la idea de que la dignidad humana está vinculada a
necesidades de carácter universal y también a la universalidad de los
derechos que la garantizan. La satisfacción de estas necesidades consti-
tuye por tanto un derecho y una meta ineludible.
Aunque se reconoce la complejidad –y relatividad– del significa-
do de pobreza y de los conceptos asociados a ella, existe acuerdo sobre
la existencia de un núcleo de privación casi absoluta, donde no es facti-
ble relativizar la situación ni someterla a comparaciones. Es la pobreza
extrema, una de cuyas manifestaciones más agudas es la insuficiencia
alimenticia. En América Latina, para muchas personas la pobreza signi-
fica tener hambre y estar desnutrido o mal alimentado. Estas no dispo-
nen de los medios necesarios para conseguir los alimentos que requieren
sus familias, sea porque carecen de ingresos o porque éstos son tan bajos
que no permiten satisfacer adecuadamente esta necesidad.
Las necesidades humanas se extienden más allá del sostenimien-
to de las condiciones indispensables para vivir –de tipo biológico–, y
están estructuradas a partir del elenco de valores que en cada cultura
determina qué constituye una necesidad. Es, por consiguiente, un con-
cepto definido socialmente, que varía en diferentes contextos geográfi-
cos e históricos y define el umbral de lo que cada sociedad considera una
vida digna (Salles, 1997). En otros términos, la pobreza es susceptible
de abordarse también como un fenómeno social.
Como el bienestar no está determinado únicamente por el consu-
mo e incluye también elementos no materiales, la pobreza es más amplia
que la mera falta de ingresos. De esta constatación deriva la necesidad
de enfocar el fenómeno más allá de su dimensión económica y de reco-
nocer su carácter multidimensional, donde se incorporan aspectos
atinentes a la participación social y realización de derechos, incluyendo
las nociones de seguridad, justicia y ciudadanía. Tales elementos están
presentes en los principales enfoques vigentes sobre la pobreza.
Desde la perspectiva del enfoque centrado en la vulnerabilidad,
se enfatiza el carácter dinámico de la pobreza y se intenta identificar la
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ubicación relativa de las personas en la sociedad, según su grado de ac-
ceso y control sobre los activos económicos y sociales (tales como el
trabajo, tierra, capital humano y social, recursos productivos y relacio-
nes al interior del hogar) y su capacidad de utilización de estos recursos
para cambiar su situación (Moser, 1996).
Con la óptica del enfoque de la exclusión social, en cambio, se
analizan los aspectos materiales y no materiales de la pobreza, resaltan-
do los diferentes procesos por los cuales las personas caen en la pobreza
o pueden superarla. Aquí se examinan tanto los aspectos distributivos
(variaciones en el ingreso, la riqueza y el consumo) como de relaciones
(patrones de empleo, participación social, derechos) de las desventajas
sociales.
Bajo el prisma del enfoque de los derechos se proporciona un
marco más amplio para entender la pobreza como una situación de pri-
vación relativa, que va más allá de los ingresos, y se expresa en la falta
de capacidades, derechos y autonomía de las personas para participar
plenamente en la sociedad.
Un factor común a estos tres enfoques es la importancia que otor-
gan a la desigualdad tanto en la distribución de los bienes sociales como
en el acceso y control de los recursos monetarios y no monetarios –segu-
ridad, oportunidades, ejercicio de derechos y ciudadanía.
La desigualdad social se construye a través de un proceso com-
plejo, que ocurre en los niveles discursivo, normativo, social y subjetivo
de la realidad. Las prácticas discriminatorias son una de las formas como
se manifiesta la desigualdad. Tienen su origen en una visión particular
del mundo y de una determinada organización social, que excluye a otras
personas por su pertenencia a ciertos grupos sociales, sin que necesaria-
mente se trate de actos conscientes de exclusión. El género, raza, etnia y
clase social constituyen la piedra angular de sistemas de dominación que
están interconectados y conducen a formas de opresión que operan en
forma simultánea y se potencian entre sí.
Las desigualdades de género se manifiestan en una pauta generali-
zada de desigualdad entre las mujeres y los hombres, en todas las socieda-
des contemporáneas, en materias sociales, económicas, políticas y cultu-
rales. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD, 2002), no existe en la actualidad ninguna sociedad donde
las mujeres dispongan de las mismas oportunidades que los hombres.
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El análisis de la pobreza desde una dimensión de género debe
partir de la premisa de que ésta opera en distintos niveles, en los que se
producen y reproducen relaciones sociales y se generan mecanismos de
transmisión generacional del estatus de pobre. Al nivel social, la posi-
ción de las mujeres está influida por los patrones de discriminación en su
contra en el mercado de trabajo y en los espacios políticos. En el peldaño
de la comunidad, las normas de género determinan los roles y responsa-
bilidades que asumen las personas. Con el creciente traspaso de las fun-
ciones del Estado a la sociedad, las mujeres han debido aumentar las
tareas ligadas al cuidado de la familia. En el estadio del hogar, las rela-
ciones desiguales de poder entre los géneros tienden a reforzar la pobre-
za relativa de las mujeres (Bradshaw, 2002). Incorporar la dimensión de
género al análisis de la pobreza implica asumir que la posición social de
la mujer es desigual y la experiencia femenina de la pobreza puede ser
diferente y más aguda que la de los hombres debido a las formas de
exclusión y discriminación por sexo.
Las desigualdades de género, socialmente construidas, se expre-
san tanto en la asignación de identidades y actividades, como en la sepa-
ración de los ámbitos de acción a los que corresponde una designación
diferente de valor simbólico, donde lo masculino cobra preeminencia
sobre lo femenino. De esta valoración superior de la dimensión masculi-
na se deriva un acceso desigual al poder y a los recursos, que determina
jerarquías en las relaciones sociales entre hombres y mujeres.
Cuando se ignoran los determinantes de las relaciones de género,
las políticas de combate a la pobreza tienden a reproducir las desigual-
dades vigentes. Por tanto, para que las mujeres logren superar la pobreza
no basta con aumentar su grado de escolaridad y mejorar su inserción
laboral (Barquet, 1997). De la misma forma, y a pesar de la importancia
que reviste promover en todos los ámbitos la igualdad de derechos entre
hombres y mujeres (y los cambios legislativos necesarios para asegurar-
los), también es insuficiente para abatir la pobreza femenina. Además,
es necesario reinterpretar, socialmente, los elementos simbólicos que
atribuyen un significado inferior a las tareas femeninas y al trabajo rea-
lizado por las mujeres, buscando superar la segregación de género en los
mercados laborales, así como la dicotomía y jerarquización con que se
estructura la división sexual del trabajo en la sociedad y su relación
con el control de la sexualidad y la reproducción. De lo anterior se
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desprende que las soluciones integrales a la pobreza requieren la adop-
ción de una perspectiva de género y, en particular, del empoderamiento
de las mujeres.
Los procesos que ocurren en el mercado de trabajo están íntima-
mente vinculados a la pobreza y contribuyen a explicar la intensidad y
las características que ésta adopta, así como las razones por las cuales
tiende a concentrarse en determinados grupos. El empleo debe constituir
un eje de toda política que busca abatir la pobreza, ya que su ausencia es
un factor determinante para caer y permanecer en esta condición, y su
presencia un elemento decisivo para lograr salir de ésta. El fenómeno de
la pobreza se encuentra directamente vinculado con la subutilización de
la mano de obra ocasionada por el desempleo y subempleo, la existencia
de empleos con bajos salarios, el acceso desigual a los puestos de trabajo
y la “inactividad”
3
en que permanecen amplios grupos, especialmente
de mujeres.
4
Tal como señalan el Director General de la OIT en su Memoria
presentada a la 91 Conferencia Internacional del Trabajo, Superar la
pobreza mediante el trabajo (OIT, 2003a), y otro informe conocido en
esta misma reunión, La hora de la igualdad en el trabajo (OIT, 2003b),
existe una estrecha relación entre los fenómenos de la pobreza, discrimi-
nación y falta de empleos suficientes y de buena calidad. El programa de
trabajo decente que promueve la OIT proporciona un marco para enfren-
tar exitosamente el desafío de lograr crecimiento económico y, al mismo
tiempo, generar empleos productivos en condiciones de equidad, seguri-
dad y dignidad. Para esto, sostiene que es indispensable enfrentar la dis-
criminación en el trabajo por motivos tales como el sexo, el origen so-
cial, raza o etnia en las estrategias de lucha contra la pobreza. El aumen-
to de los puestos de trabajo, productividad y salarios de los pobres son
3
Desde una perspectiva de género, se propone una nueva definición del concepto de
trabajo, que integre y reconozca las estrechas interrelaciones entre el trabajo mercan-
til (donde se ubica la población económicamente activa) y el trabajo doméstico (don-
de se encuentra la población “inactiva”), que permanece altamente invisible y cuyo
aporte económico no es calculado.
4
Para un análisis exhaustivo de la situación de empleo y pobreza de las mujeres en los
países del Cono Sur véase Marinakis (1999), y sobre los países andinos, Chacaltana y
García (1999).
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condiciones necesarias para combatir la pobreza, que requieren del cre-
cimiento económico, pero que no son garantizadas por éste (OIT, 2003b).
Este artículo se propone contribuir al debate sobre cómo las
desigualdades de género inciden en la pobreza de las mujeres, y los fac-
tores que las políticas de empleo y combate contra la pobreza deben
incorporar para evitar reproducir las inequidades entre hombres y muje-
res. Está dividido en cuatro secciones, incluyendo esta introducción, y
un anexo estadístico. A continuación se examinan la magnitud y evolu-
ción de la pobreza, así como los factores de género que inciden en este
fenómeno y el aporte de las mujeres a su superación, así como las difi-
cultades que enfrentan en el mercado de trabajo. Posteriormente, en la
tercera sección se examinan los desafíos y contenidos de las políticas
públicas desde una perspectiva de género. El texto culmina en su cuarta
sección con una reflexión sobre la importancia del empleo en una estra-
tegia de combate a la pobreza femenina.
B.
FACTORES DE GÉNERO Y POBREZA
1.
Características y evolución de la pobreza
en América Latina
Por su envergadura, severidad y las características que presenta,
la pobreza es uno de los problemas más graves que enfrenta la región. A
fines de la década de los noventa, se estimaba que la pobreza, medida a
través del ingreso per cápita de los hogares,
5
afectaba a unos 211 millo-
nes de personas en América Latina, equivalentes al 44% de la población
total.
5
El “método del ingreso” está basado en el cálculo de las líneas de pobreza que repre-
sentan el monto de ingreso que permite a cada hogar satisfacer las necesidades esen-
ciales de sus miembros. La línea de pobreza constituye la estimación de los recursos
requeridos para cubrir las necesidades alimentarias y no alimentarias de los hogares.
La línea de indigencia se estima a partir del costo de una canasta básica de alimentos
que permite cubrir las necesidades nutricionales de la población. La línea de pobreza
se calcula aplicando el coeficiente de Engel al costo de la canasta básica de alimentos
(con los cambios en los precios relativos) y sumando este valor al valor de la línea de
indigencia.
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Durante los años noventa el porcentaje global de población en
condición de pobreza en la región disminuyó. Sin perjuicio de lo ante-
rior, el número absoluto de pobres creció en 11 millones.
6
Uno de los
factores que ha permitido frenar el aumento de la pobreza en América
Latina es el fuerte incremento en la participación laboral de las mujeres,
especialmente de aquellas provenientes de hogares pobres, las cuales
encabezaron la tasa de expansión de la fuerza de trabajo femenina. Sus
aportes permitieron a un número significativo de hogares mejorar su ni-
vel de vida (Abramo y Valenzuela, 2001). Pero el alto nivel de concen-
tración de la riqueza se ha mantenido relativamente rígido y los frutos
del crecimiento económico no han sido distribuidos de forma equitati-
va.
7
La región continúa siendo una de las más inequitativas del mundo, a
pesar de la relativa recuperación del crecimiento económico y el aumen-
to del gasto social registrado en el decenio pasado. Este patrón no pre-
senta signos que permitan suponer variaciones positivas en el corto y
mediano plazo.
El grado de pobreza en términos de ingresos absolutos es deter-
minado tanto por el nivel de ingreso per cápita como por la distribución
de dichos ingresos. Entre más amplia sea la desigualdad, existe mayor
probabilidad de que los deciles inferiores de ingresos, los más pobres,
reciban remuneraciones insuficientes para la reproducción de los indivi-
duos o de los hogares que integran, cuando el ingreso promedio del país
es bajo. El nivel de pobreza es indirectamente proporcional al nivel me-
dio de ingreso por persona y directamente proporcional al grado de des-
igualdad en la distribución del ingreso. Así, por ejemplo, dos países con
rangos de ingresos per cápita similares pueden tener niveles diferentes
de pobreza, siendo ésta menor en aquel cuya distribución del ingreso es
más equitativa.
6
El porcentaje de hogares pobres disminuyó en América Latina entre 1990 y 1999 des-
de el 41.0% al 35.3%. La proporción de población pobre se redujo desde el 48.3% al
43.8% en el mismo período. A su vez, la tasa de indigencia cayó desde el 22.5% en
1990 al 18.5% de la población en 1999, con lo que se redujo el número de pobres
extremos en 4 millones.
7
De acuerdo con la CEPAL (2002), de 14 países de la región en los que se analizó la
distribución del ingreso entre 1990 y 1999, ésta mejoró en 2 (Honduras y Uruguay), se
estancó en otros 2 (Guatemala y Panamá) y empeoró en el resto.
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A pesar que no existe una relación lineal entre el nivel de pobreza
y la distribución del ingreso medida a través del coeficiente de Gini,
8
se
observa una clara tendencia según la cual los países con elevada pobreza
presentan una distribución del ingreso muy inequitativa, mientras aque-
llos con baja pobreza son menos desiguales. De esta manera, la mayoría
de los países que según el cuadro 1 integran el grupo de mayor pobreza
tienen también altos niveles de desigualdad (Bolivia, Colombia, Guate-
mala, Honduras, Nicaragua y Paraguay). Por el contrario, entre los paí-
ses con baja pobreza se encuentran aquellos con los menores niveles de
desigualdad en la distribución del ingreso (Uruguay y Costa Rica). Las
principales excepciones se observan en Brasil, que tiene un nivel de po-
breza intermedio y una distribución del ingreso muy regresiva; en Chile,
con poca extensión de la pobreza y alta desigualdad, y en Venezuela, con
una pobreza bastante pronunciada y relativamente baja desigualdad (véase
gráfico 1).
Gráfico 1
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO Y POBREZA RELATIVA
EN AMÉRICA LATINA, 1999
8
El coeficiente de Gini varía entre 0 y 1. Los valores iguales a 0 se interpretan como
ausencia de desigualdad y mientras más cercanos sean a 1, se considera que existe
mayor desigualdad.
0,400
0,450
0,500
0,550
0,600
0,650
0,700
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
Porcentaje de la población bajo la línea de pobreza
Coeficiente de Gini
Argentina
Uruguay
Costa Rica
Chile
Panamá
R. Dominicana
México
Venezuela
El Salvador
Brasil
Colombia
Guatemala
Bolivia
Paraguay
Nicaragua
Ecuador
Honduras
Fuente: CEPAL (2001).
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La desigual distribución del ingreso en América Latina es refor-
zada por una fuerte disparidad en la localización geográfica y social de
la pobreza, así como por factores de discriminación asociados al género,
raza, etnia y edad. La pobreza no se distribuye homogéneamente y regis-
tra grandes contrastes al interior de los países. Por ejemplo, la pobreza
en las áreas rurales de la región (63.7%) supera ampliamente a la que se
observa en zonas urbanas (43.8%) (CEPAL, 2001).
La región se distingue además por una alta heterogeneidad, según
los niveles y características de la pobreza de los países. Las variaciones
son de tal magnitud, que mientras en algunos casos se observan
indicadores cercanos a los de países desarrollados, en otros se ubican
entre los más pobres del mundo. Al respecto es posible separar a los
países en tres grupos:
•
Países con alta incidencia de la pobreza. Tienen índices de pobreza
superiores al 50% de su población: Bolivia, Colombia, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay; a estos 8 paí-
ses se agrega desde 2002 Argentina, cuyos indicadores de pobreza
crecieron bruscamente como resultado de la crisis que se desató en
diciembre de 2001. Los indicadores de pobreza de estos 9 países os-
cilan desde el 54.9% de la población en Colombia, hasta cerca del
80% en Honduras. La mayoría de los que integran este grupo tiene
economías pequeñas, registra un bajo nivel de ingreso por habitante
9
y enfrenta serios problemas de modernización productiva. La situa-
ción de Colombia es todavía más compleja, pues a los problemas
económicos se agregan los derivados de la violencia política, ambos
estrechamente relacionados y con una gran incidencia en la pobreza
relativa de la población.
•
Países con mediana incidencia de la pobreza. Tienen índices de po-
breza situados entre el 31% y el 49.9% de la población. Son 4 países
(Brasil, México, República Dominicana y Venezuela), menos que en
el grupo anterior, pero que reúnen a más de la mitad de los pobres de
América Latina y a los 2 con mayor población (Brasil y México).
9
A fines de los años noventa en tres países de la región el ingreso por habitante era
inferior a US$ 1 000 anuales (Bolivia, Honduras y Nicaragua) y en otros tres no llega-
ba a US$ 1 600 (Ecuador, Guatemala y Paraguay), según la CEPAL (2001).
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Con una pobreza cercana al 37% de su población están Brasil y Re-
pública Dominicana y Venezuela, que experimentó un fuerte incre-
mento (desde el 40% en 1990 hasta un 49.4% en 1999), en el límite
superior y cerca de incorporarse al grupo de países con niveles altos
de pobreza. Brasil, en cambio, registró en el mismo decenio un im-
portante descenso de 10 puntos porcentuales en los niveles de pobre-
za. Este grupo incluye a República Dominicana y Venezuela, con un
ingreso anual por habitante de nivel intermedio (entre US$ 2 000 y
US$ 3 000, respectivamente), y Brasil y México, con ingresos altos
en la región (sobre US$ 4 000 por habitante).
•
Países con baja incidencia de la pobreza. Tienen índices de pobreza
de hasta 30.9% de la población. El grupo (Chile, Costa Rica, Panamá
y Uruguay) incorpora tanto a países con alto ingreso por habitante
como a otros con ingresos intermedios, sin que esto se refleje en la
tasa de pobreza, debido a que presentan patrones diferentes de distri-
bución del ingreso. Uruguay tiene los menores índices de pobreza de
este grupo –y de la región– con un 9.4% en las áreas urbanas. Pana-
má se sitúa en el límite superior del grupo (30.2%), pero registra
durante la década pasada una fuerte tendencia a la disminución de
este fenómeno. Chile y Costa Rica registran niveles de pobreza en
torno al 20% de su población. Argentina integraba este grupo hasta
2001, como se señaló.
La pobreza es un fenómeno fundamentalmente dinámico, que por
lo general afecta de modo no permanente a los hogares. Quienes se si-
túan en un momento del tiempo apenas por sobre la línea de pobreza,
enfrentan siempre el riesgo de volver a caer bajo ella. Este grupo repre-
senta porcentajes muy significativos en la mayoría de los países (entre el
17% y el 45%) (CEPAL, 1998). En consecuencia, al menos 2 de cada 3
latinoamericanos viven en condiciones de pobreza o de gran vulnerabili-
dad frente a ella.
Aunque la rotación de los hogares en torno a la pobreza no cons-
tituye un fenómeno nuevo, diversos estudios indican que ésta habría au-
mentado durante los años noventa, debido a la insuficiente capacidad de
creación de empleos, al aumento de la precariedad del trabajo, la falta de
mecanismos de protección y el repliegue de la acción del Estado, entre
otros factores. El contexto en que se sitúa en la actualidad el fenómeno
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de la pobreza en la región es el de modelos económicos excluyentes que
han generado una creciente inseguridad económica y en el empleo.
La capacidad de abatir la pobreza en la región está siendo en el
presente afectada por la baja capacidad de generación de puestos de tra-
bajo como consecuencia de la mayor continuidad con que ocurren los
ciclos recesivos en la economía, la volatilidad del crecimiento, así como
por la creciente disociación entre éste y la oferta de empleos producti-
vos. Este último factor es atribuible, por un lado, a la celeridad de los
cambios tecnológicos y sus efectos en la competitividad de las empre-
sas, y por otro, a los efectos combinados de la mayor apertura comercial
y financiera de las economías y la desregulación de los mercados y al
retroceso del Estado como empleador en todos los países. En los secto-
res formales, cada nuevo empleo requiere creciente mayor inversión,
Cuadro 1
AMÉRICA LATINA: PAÍSES SEGÚN INTENSIDAD DE LA POBREZA, 1999
(porcentaje de personas que viven bajo la línea de pobreza)
Alta
Mediana
Baja
(sobre 50%)
(entre 30% y 49%)
(hasta 29%)
Argentina
a
Bolivia
Colombia
Ecuador
Brasil
Chile
El Salvador
México
Costa Rica
Guatemala
República Dominicana
Panamá
Honduras
Venezuela
Uruguay
Nicaragua
Paraguay
Fuente: Elaboración propia con base en CEPAL (2001).
a
Hasta 1999, el 23.7% de la población argentina en áreas urbanas se encontraba bajo la
línea de pobreza. Sin embargo, datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INDEC) de octubre del 2002 indicaban que esta cifra había subido al 57.5% (la indigen-
cia alcanzaba en esa fecha al 27.5% de la población), por lo que Argentina se ubicaría en
la actualidad en el grupo de países con pobreza alta.
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mientras las empresas buscan reducir sus costos, con estrategias más
defensivas.
En estas condiciones parece improbable el cumplimiento de la
meta propuesta en la Declaración del Milenio, de reducir la pobreza ex-
trema en el año 2015 a la mitad de la que registraba en 1990 América
Latina. De mantenerse la actual distribución del ingreso, se requeriría un
crecimiento del PIB per cápita del 1.4% anual en el período 2000-2015
(es decir, un incremento del 2.7% anual del PIB total) para el conjunto
de la región y de 3.5% del PIB per cápita (5.7% del PIB total) para los
países con mayor pobreza (aquellos con más de 30% de la población en
situación de indigencia). Una reducción del 2% en el índice de Gini de
cada país disminuiría en 0.4% la tasa de crecimiento regional necesaria
para abatir la pobreza en el período mencionado (CEPAL, 2002).
2.
Algunos determinantes de género en la pobreza
de las mujeres
La pobreza afecta de manera diferente a hombres y mujeres. A
pesar de que hay procesos y características comunes, existen también
otros donde se observa una clara señal de incidencia del género. Las
mujeres representan un grupo especial dentro de los pobres, que se ca-
racteriza por su alta dedicación a actividades no remuneradas y depen-
dencia económica de los hombres proveedores, así como por su concen-
tración en una reducida gama de ocupaciones, principalmente informa-
les, con bajos salarios.
a)
División sexual del trabajo y la pobreza de las mujeres
El orden de género constituye el cimiento de la división sexual
del trabajo. Esta no sólo se expresa en la división del trabajo concreto
entre hombres y mujeres –productivo y reproductivo–, sino también en
las normas que lo regulan, las representaciones de lo femenino y mascu-
lino, el reconocimiento social y el poder para expresar sus opiniones y
desarrollar sus proyectos personales y colectivos. Incide también en la
identidad de los géneros, esto es, en las pautas socialmente esperadas de
las conductas, valores y expectativas de las personas según su sexo, y que
son asumidas como naturales. Pero la explicación de la subordinación
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de las mujeres no reside en esta división, sino en la presencia de pautas
discriminatorias y relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres
que se incorpora como elemento que estructura las relaciones de produc-
ción y la división del trabajo (Comas, 1995).
Bravo (1998a y 1998b) señala que la división del trabajo por sexos
está en la base de la pobreza de las mujeres, debido a las menores opor-
tunidades que tienen éstas para acceder a los recursos materiales y so-
ciales, así como a la toma de las decisiones en materias que afectan su
vida y el funcionamiento de la sociedad. Identifica dos tipos de deter-
minantes de género en la pobreza de las mujeres: estructurales e inter-
medios.
i) Determinantes estructurales: aquellos por los que se responsabiliza
a las mujeres de la mayor parte del trabajo doméstico y del cuidado
de la familia. Son:
• Las mujeres dedican una gran cantidad de horas diarias a un tra-
bajo que no es remunerado, en los quehaceres del hogar, crianza
de los niños, cuidado de la salud de los miembros de la familia,
etc. Esto impone restricciones a la participación de la mujer en
condiciones de igualdad en el mundo público y genera su depen-
dencia económica respecto del hombre.
• La función biológica de la procreación se proyecta en una fun-
ción social del cuidado de los miembros de la familia. Así, se
tiende a considerar a las mujeres como responsables únicas de la
crianza de los hijos, el cuidado de los enfermos y los ancianos.
Las responsabilidades familiares habitualmente no son comparti-
das en igualdad de condiciones por el padre y la madre, lo que
limita la capacidad de la mujer para decidir sobre el uso de su
tiempo y fuerza de trabajo.
• El trabajo reproductivo de la mujer carece de valor económico en
las sociedades contemporáneas –no se transa en el mercado–, por
lo que es menos apreciado que el papel económico del hombre,
que es más visible y se puede dimensionar.
ii) Determinantes intermedios de la pobreza de género: aquellos que
son consecuencia de los anteriores y se expresan a través de la
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desigualdad de oportunidades de las mujeres en el acceso a los recur-
sos económicos, culturales, sociales y políticos. Son:
• Desigualdad en el acceso de las mujeres a los recursos producti-
vos. El menor acceso de éstas a la propiedad de la tierra y de las
empresas, así como al capital productivo y al crédito constituyen
un círculo vicioso que las mantiene alejadas de la riqueza y el
poder económico.
• Desigualdad en las oportunidades para desarrollar su capital hu-
mano. El sistema educativo y de formación profesional tiende a
reproducir las pautas tradicionales sobre las relaciones e identi-
dades de género, en que lo femenino es menos valorado social-
mente.
• Desigualdad en las oportunidades para acceder al trabajo remu-
nerado. Las mujeres tienen una menor tasa de participación en la
fuerza de trabajo que los hombres, entre otras razones, por las
barreras que les imponen las tareas domésticas y falta de prepara-
ción e información, y por las pautas culturales que desincentivan
el trabajo femenino. Además de los factores ligados a la oferta,
enfrentan de parte de los empleadores imágenes estereotipadas y
conductas discriminatorias, que limitan sus opciones de inserción
laboral y desempeño laboral (Todaro, Godoy y Abramo, 2001).
• Desigualdad en las oportunidades para participar en la toma de
decisiones. La baja presencia de las mujeres en los organismos
que inciden en los diversos aspectos de su vida, también se expre-
sa en la exclusión de sus intereses específicos de género de las
agendas políticas, económicas y gremiales. Por ejemplo, la po-
breza es usualmente percibida como “neutra” en términos de gé-
nero, y por tanto, las políticas de combate a la pobreza tienden
muchas veces a reproducir las desigualdades de género.
Este conjunto de desigualdades se relacionan y potencian entre sí.
De acuerdo con Anderson (1998), un abordaje integral de la po-
breza exige reconocer el desigual acceso a los recursos no sólo
económicos, sino también políticos y sociales.
• La dimensión política adquiere importancia porque la lejanía de
los espacios de toma de decisiones y poder, así como las dificul-
tades para ejercer ciudadanía, organizarse y presionar por sus
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derechos influyen en la definición de agendas, incorporación o
exclusión de determinados intereses de grupo y en la participa-
ción en el diseño, gestión y fiscalización de las políticas.
• La dimensión social se refiere tanto a las carencias sociales (baja
escolaridad y/o capital social, inadecuada preparación para el tra-
bajo, acceso deficitario a la salud y vivienda) como al aislamiento
y falta de pertenencia a redes. Además, esta dimensión se observa
en una cultura y prácticas de inseguridad ciudadana, que no se
limitan al espacio público, ya que la violencia y el miedo también
invaden la vida doméstica.
• La dimensión económica se expresa a través de la precariedad
de condiciones materiales para la sobrevivencia y establece las
condiciones básicas para generar y controlar los recursos eco-
nómicos.
• Por último, la dimensión territorial potencia a las restantes di-
mensiones, que son muchas veces exacerbadas por el aislamiento
en que se encuentran las mujeres que habitan en las áreas rurales
o marginales.
La pobreza de las mujeres es multidimensional y debiera ser exa-
minada considerando su posición en el orden de género. Sin embargo, la
incorporación de esta perspectiva en las políticas de combate a la pobre-
za es relativamente reciente y un proceso todavía inconcluso, como se
analizará más adelante.
Las contribuciones feministas al análisis de la pobreza han plan-
teado la necesidad de superar los enfoques en que los pobres eran
percibidos como un sector social “sin sexo” o indiferenciado, en el que
las necesidades e intereses de las mujeres eran asumidas como idénticas
a las de los hombres y subsumidas en las de ellos.
En los años setenta, las primeras investigaciones situadas en esta
línea contribuyeron a desafiar las mediciones de la pobreza ciegas al
género y destacaron que las personas satisfacen sus necesidades a través
de una variedad de recursos además del ingreso. Pusieron énfasis en la
necesidad de políticas integrales, planteando que las desigualdades son
el resultado de dotaciones inadecuadas de un conjunto de recursos, de
términos desfavorables en el intercambio de éstos o de prácticas no re-
guladas donde las normas para tener derechos se ignoran, subvierten,
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rechazan o cambian (Fraser, 1997). Demostraron que estas desigualda-
des, codificadas en las reglas y prácticas institucionales que otorgan de-
rechos diferentes a hombres y mujeres en distintos grupos sociales, de-
terminan que la experiencia de la pobreza se potencie con el género,
como una forma de desigualdad socialmente adscrita.
En suma, es necesario reconocer que la pobreza de las mujeres
está determinada por su condición de género, por lo que se debe incor-
porar esta dimensión al diseño de las políticas de erradicación de la mis-
ma. Esto implica incluir entre los objetivos de tales políticas la supera-
ción de la desigual división del trabajo y acceso a los recursos (incluyen-
do el empleo) entre hombres y mujeres –así como las normas sociales y
comportamientos que de esto se desprenden– y, por otra parte, el reco-
nocimiento y valoración de las labores domésticas y familiares que rea-
lizan las mujeres, que son las que permiten la reproducción de la vida
cotidiana y de la especie.
3.
Factores asociados a la caída y permanencia de las
mujeres en la pobreza
Hombres y mujeres viven la pobreza de manera diferente debido
a los factores culturales que definen el papel de cada sexo en la sociedad.
Feijoo (1998) destaca que las mujeres, en su calidad de responsables de
la economía doméstica, sienten más severamente el impacto de las pri-
vaciones en la vida cotidiana y, por ello, desde una dimensión subjetiva
suelen ser más afectadas por la responsabilidad de diseñar estrategias
coherentes con los recursos disponibles y las decisiones de priorizar la
asignación de éstos para el consumo de algunos miembros del hogar, en
detrimento de otros.
Al analizar la situación de los pobres desde la perspectiva de su
capacidad para enfrentar la pobreza, Anderson (1993) señala que la di-
námica de la pobreza masculina se relaciona básicamente con el trabajo:
los hombres caen en la pobreza debido a la pérdida del empleo o merma
en los ingresos y la calidad del mismo. En cambio, la dinámica de la
pobreza femenina está relacionada también con las restricciones que la
vida familiar impone al trabajo de las mujeres. Estas comparten con los
hombres provenientes de hogares de bajos ingresos dificultades simila-
res para la obtención de empleos capaces de generar recursos suficientes
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que aseguren niveles adecuados de calidad de vida. Pero las mujeres
pueden caer también en la pobreza, por ejemplo, como consecuencia de
una separación o un divorcio. En este caso, la caída de ingresos familia-
res obedece a la pérdida de los ingresos de un perceptor, difícilmente
reemplazable por la mujer si ésta se encuentra incorporada a la fuerza de
trabajo y no equiparable con los que ella obtiene en el caso de una incor-
poración reciente al mundo laboral, intentando compensar los ingresos
perdidos. Situaciones familiares de habitual ocurrencia como el naci-
miento de un hijo, el período posterior a un accidente, minusvalidez o
enfermedad de otro familiar que requiere de sus cuidados, y muchas otras
contingencias que pueden ocurrir en el ámbito doméstico, las pueden
obligar a restringir sus actividades laborales debido a limitaciones en su
movilidad y uso del tiempo, reduciendo su capacidad de generación de
ingresos. Reparar la situación de “emergencia” y volver a la condición
anterior de no-pobreza depende de voluntades y circunstancias que es-
capan muchas veces al control de la persona misma. Además, debido a
lo anterior, la pobreza femenina tiende a perdurar más tiempo que la
masculina.
Los factores relacionados con la estructura y composición del
hogar, tales como la presencia de niños y ancianos, el ciclo de vida de la
familia y la estructura etaria adquieren especial relevancia para la mujer
pobre y sus posibilidades de emprender una actividad económica y su-
perar su vulnerabilidad frente a la pobreza.
América Latina ha enfrentado en las últimas décadas transforma-
ciones radicales en la estructura y composición familiar, debido a facto-
res demográficos, cambios en el papel de la mujer dentro y fuera de la
familia y modificaciones en el ámbito simbólico, que se manifiestan en
nuevos modelos de familia y estilos de relación familiar (Arriagada, 1998).
A consecuencia de esto, han aumentado algunas diferencias entre los
hogares de altos y bajos ingresos, en un fenómeno que refleja los aportes
de la mujer en los primeros y su vulnerabilidad en los últimos.
El proceso de nuclearización de los hogares
10
–la preferencia de
los hijos por establecer su propio hogar– que ha acompañado al proceso
de urbanización ha tendido a producir una pérdida de los apoyos que
10
Según la CEPAL (2001), en la mayoría de los países de América Latina más de la
mitad de los hogares son nucleares.
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solía otorgar la familia extensa a la mujer, dejándola en una situación de
mayor vulnerabilidad ante contingencias como la separación o viudez.
La carencia de apoyos familiares se convierte en un fenómeno todavía
más grave por el aumento de los hogares con jefatura femenina, y es uno
de los factores que contribuye a explicar la sobrerrepresentación de este
tipo de hogares entre los grupos de mayor pobreza.
El ciclo de vida del hogar es crucial en cuanto a las restricciones
o facilidades para el desempeño laboral de las madres. El número y la
edad de los niños incide en las posibilidades de la mujer de ingresar al
mercado de trabajo, lo que se expresa en la sobrerrepresentación de fa-
milias jóvenes entre los pobres. La incidencia de la composición del ho-
gar en la pobreza es nítida y se manifiesta a través de una tasa de depen-
dencia mayor de inactivos respecto de los activos. Es decir, en los hoga-
res pobres hay una mayor cantidad de menores y ancianos –que no tra-
bajan– en relación a los adultos que mantienen el hogar. La cantidad de
hijos marca la diferencia entre las familias nucleares pertenecientes a los
quintiles más pobre y más rico (CEPAL, 2001).
La estructura etaria del hogar es también un factor clave en la
pobreza. Los ancianos de ambos sexos están expuestos en general a la
pobreza debido a la falta de previsión adecuada, por los mayores gastos
que tienen en servicios de salud y a que carecen de acceso a la vivienda,
entre otras causas. Pero con la simple observación de su mayor esperan-
za de vida se puede anticipar que entre los ancianos hay más mujeres
pobres que hombres pobres. Tres elementos agravan la situación de és-
tas. Una proporción mayoritaria de las mujeres se dedicó durante su edad
laboral al cuidado de su familia, por lo que no cuenta con previsión pro-
pia, y sólo recibe una pensión cuando, en calidad de viuda, le correspon-
de percibir ingresos derivados de la jubilación del marido. Sin embargo,
éstos sólo corresponden a una fracción de la que éste obtenía en vida. Un
segundo factor se deriva de las desigualdades de género en el mercado
de trabajo. Como las mujeres que fueron activas laboralmente tuvieron
ingresos menores y/o mayor inestabilidad en su inserción, acceden al
jubilar a pensiones más bajas que los hombres. Por último, las mujeres
tienen una participación proporcionalmente mayor en ocupaciones
desprotegidas, por lo que aunque hayan tenido una vida laboral activa,
quedan al margen del sistema previsional y expuestas a la pobreza o a
seguir trabajando en muy precarias condiciones al llegar a la tercera edad.
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Por todas estas razones, entre las mujeres que se encuentran en peor
situación están las ancianas.
En síntesis, a diferencia de la dinámica de la pobreza masculina,
relacionada básicamente con el trabajo, la pobreza femenina se vincula
también de manera importante a la familia. En este sentido, la falta de
autonomía para generar ingresos de las mujeres las torna especialmente
vulnerables, en particular en determinadas etapas de la vida, como en los
períodos de embarazo, lactancia, cuidado de niños pequeños y vejez.
4.
Jefatura de hogar femenina y pobreza
A partir de los años ochenta en toda América Latina se ha produ-
cido un aumento de los hogares con jefatura femenina.
11
A fines de la
década de los noventa, éstos constituían entre un tercio y un cuarto del
total de los hogares de la región. Este fenómeno se originó en ciertos
cambios demográficos, tales como las migraciones temporales o defini-
tivas de los hombres, la viudez femenina, el embarazo adolescente, el
aumento de la maternidad en soltería, las separaciones y los divorcios. A
lo anterior se agrega el debilitamiento de las relaciones familiares que
regulaban las transferencias de ingreso de los hombres hacia sus esposas
e hijos y las consecuencias sociales de la crisis económica y los progra-
mas de ajuste (Acosta, 1997).
En los últimos años se ha producido un intenso debate sobre la
existencia de vínculos entre la jefatura de hogar femenina y la pobreza.
En algunos países, los datos indican que estos hogares son efectiva-
mente más pobres, en tanto en otros no se observan mayores diferen-
cias. En el primer caso, su situación de pobreza se asocia a la pérdida
11
Habitualmente se reconoce como tales a los hogares monoparentales encabezados por
una mujer (según el criterio por autodeclaración que usan las encuestas para definir-
lo), subregistrándose los casos en que siendo biparentales, la mujer aporta la mayor
parte del ingreso del hogar (criterio de facto). Diversos autores han cuestionado el
concepto de jefatura de hogar, derivada de sesgos culturales y una concepción jerár-
quica de la organización doméstica, que ignora la creciente proporción de hogares en
los cuales ambos miembros de la pareja realizan aportes económicos al hogar y torna
“invisible” la contribución económica de la mujer. Arriagada (2001) señala que en
todos los países de América Latina (con la excepción de Nicaragua), la magnitud de
los hogares cuyo aporte económico principal es realizado por una mujer (criterio de
facto) es superior a los hogares con jefatura femenina (criterio por autodeclaración).
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de ingresos provenientes de la pareja ausente y a las dificultades de la
mujer para suplirlos.
La vulnerabilidad de los hogares con jefatura femenina frente a la
pobreza se deriva de su condición de monoparentalidad, situación que
caracteriza a alrededor del 80% de éstos. Los hogares con jefatura mas-
culina, en cambio, son mayoritariamente biparentales. Así, muchos ho-
gares con jefatura femenina se encuentran en una situación desventajosa
respecto del resto, ocasionada, en parte, en la forma como se han conver-
tido en tales: al asumir esta condición ante la ausencia de una figura
masculina, sin tener las ventajas relativas de un hombre, es decir, su
experiencia laboral, gama de empleos y salarios disponibles para ellos y
poca o ninguna obligación doméstica. Dicha desventaja compele a estra-
tegias familiares más complejas, tanto respecto al trabajo doméstico como
remunerado, al mismo tiempo que influye en una inserción laboral más
intensa en la economía informal y el servicio doméstico, con mayor pre-
cariedad y peores remuneraciones. Una situación de vulnerabilidad si-
milar es la que viven las jóvenes madres adolescentes, incluso cuando
permanecen junto al hogar de origen, ya que interrumpen sus estudios y
proyectos de vida frente a su nueva responsabilidad, aumentando así las
probabilidades de transmisión intergeneracional de la pobreza.
Al asumir la jefatura de su hogar, muchas de estas mujeres entran
a engrosar las filas de los nuevos pobres. Son aquellas que, sin ser po-
bres en su origen familiar, devienen en tales por la ruptura del vínculo
económico que tenían con el marido, debido a una separación o divor-
cio. La situación más grave se produce cuando los hombres no aportan
ingresos para la pensión alimenticia de los hijos. Esto conduce en un
empobrecimiento de la mujer y su familia, especialmente en los casos
que ella debe asumir sola la responsabilidad de la crianza de los hijos de
sus sucesivos matrimonios o uniones (González, 2001).
Por otra parte, algunas investigaciones han cuestionado la idea de
que los hogares con jefatura femenina “son los más pobres entre los po-
bres”. Aunque los ingresos de estos hogares pueden ser inferiores, la
fracción de sus entradas que se invierte en el hogar es mayor que en los
hogares a cargo de hombres y su distribución entre sus miembros tiende
a ser más equitativa. Chant (1999) pide prestar atención a la situación de
pobreza de mujeres que viven en hogares con jefatura masculina, inclu-
so en hogares considerados “no pobres”, cuando el hombre destina una
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alta proporción de los ingresos al consumo personal. Las mujeres en
estos casos son pobres debido a que su acceso a estos ingresos es limita-
do o inexistente, debido a una distribución inequitativa en el hogar. Mien-
tras el nivel de recursos que disponen las mujeres que son jefas tienden a
ser limitados, las mujeres con un compañero pueden tener un acceso y
control aun más limitado sobre los recursos disponibles.
A pesar de que las cifras para América Latina sobre la mayor inci-
dencia de la pobreza en hogares a cargo de mujeres no son concluyentes
para todos los países, sí está claro que el peso de la indigencia es
desproporcionadamente alto. En casi todos los países (10 de 12 conside-
rados) la participación de los hogares con jefatura femenina entre los
indigentes es superior al promedio del total de hogares y la situación es
más grave en los países con una mayor presencia de hogares con jefatura
femenina. En Costa Rica, República Dominicana y Panamá estas cifras
son muy altas, ya que alrededor de la mitad de los hogares encabezados
por mujeres viven en la extrema pobreza.
Cuadro 2
AMÉRICA LATINA: PORCENTAJE DE HOGARES ENCABEZADOS POR
MUJERES EN CADA ESTRATO DE POBREZA, 1999
(porcentajes)
Países
Total
Indigentes
Pobres no
No pobres
hogares
indigentes
Argentina (Gran Buenos Aires)
27
37
28
27
Brasil
25
24
24
26
Chile (1998)
24
28
23
24
Colombia
29
31
27
29
Costa Rica
28
56
39
25
El Salvador
31
36
36
29
Honduras
30
32
30
28
México (1998)
19
18
16
20
Nicaragua (1998)
35
39
36
30
Panamá
27
45
28
26
República Dominicana (1997)
31
50
31
29
Venezuela
27
34
27
25
Fuente: CEPAL (2001).
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5.
Aporte de la mujer a la superación de la pobreza
La mayor tasa de participación laboral femenina ha sido un im-
portante aporte a la mitigación de la pobreza.
12
Ha contribuido a aumen-
tar el ingreso familiar y a paliar los efectos de las caídas de los niveles
salariales, que impiden a una gran proporción de familias solventar sus
necesidades básicas con el ingreso de un solo miembro. En la mayoría
de los países latinoamericanos, importantes sectores de trabajadores re-
ciben ingresos insuficientes para cubrir individualmente las necesidades
básicas de su grupo familiar. Por eso, la existencia de más de un ocupado
por hogar constituye la opción más viable en el corto plazo para lograr
cubrir dichas necesidades y de ahí el requerimiento de disponer de los
aportes de ambos miembros de la pareja.
13
Los efectos de la participación económica de la mujer sobre la
pobreza son claros. Si las cónyuges de los estratos pobres que no traba-
jan pudiesen desempeñar ocupaciones remuneradas que les aportaran
ingresos similares a los de las cónyuges económicamente activas de los
mismos estratos, la pobreza urbana disminuiría en ocho puntos porcen-
tuales en promedio en la región (CEPAL, 1995).
Además, la contribución económica de la mujer es muy impor-
tante para la ruptura de la transmisión intergeneracional de la pobreza,
debido a que el porcentaje del ingreso femenino destinado al bienestar
de la familia, en especial a la salud, educación y nutrición de los hijos,
es superior al porcentaje de los ingresos masculinos dedicado a estos
gastos.
Los hogares femeninos que cuentan con mujeres que trabajan
remuneradamente son menos pobres que aquellos donde no hay mujeres
12
Para un análisis detallado sobre la evolución de la participación laboral de la mujer en
América Latina en los años noventa, véase Abramo y Valenzuela (2001).
13
Estos resultados deben sin embargo ser relativizados, a la luz de otros estudios que
indican que en una cierta proporción de hogares los ingresos de la mujer que se incor-
pora a la fuerza de trabajo no complementan los del “jefe” de hogar masculino, sino
que los sustituyen, ya que éste, cuando ocurre este incremento del ingreso femenino,
retiene una mayor proporción de sus propios ingresos para el consumo personal
(Bradshaw, 2002). Bajo este prisma, hogares que en el papel cuentan con ingresos
suficientes para superar la pobreza pueden experimentar en realidad un déficit en su
presupuesto familiar, debido al destino extrafamiliar de una parte de los ingresos.
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ocupadas. Del mismo modo, las mujeres incorporadas a la fuerza de tra-
bajo presentan niveles de pobreza (medida a través del ingreso per cápita
del hogar) inferiores a los hombres activos, puesto que en alta propor-
ción comparten la mantención del hogar y sus ingresos se suman a los de
otros miembros. Los hombres, en cambio, son con mayor frecuencia pro-
veedores únicos.
Tal como se observa en el cuadro 3, el aporte al ingreso familiar
que realiza un perceptor de ingresos adicional incide notablemente en el
estrato en que se ubicará el hogar. En todos los países estudiados de la
región, las familias más pobres dependen mayoritariamente de un solo
ingreso y, a la inversa, las familias más ricas cuentan con más de una
persona que trabaja en forma remunerada.
Cuadro 3
AMÉRICA LATINA: PORCENTAJE DE FAMILIAS NUCLEARES
BIPARENTALES CON MÁS DE UN APORTANTE
DE INGRESOS, EN QUINTILES SELECCIONADOS, 1999
(porcentajes)
Países
Quintil
Quintil
más pobre
más rico
Argentina (Gran Buenos Aires)
19.4
76.8
Brasil
27.0
67.8
Chile (1998)
12.0
70.9
Colombia
20.5
72.6
Costa Rica
22.0
73.7
Ecuador
22.0
71.9
Honduras
30.7
70.6
México (1998)
33.8
54.6
Nicaragua (1998)
24.9
69.6
Panamá
17.5
81.0
Paraguay (Asunción y Dep. Central)
35.9
61.4
República Dominicana
9.7
68.1
Venezuela
19.3
76.1
Fuente: CEPAL (2001).
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La reducida proporción de familias pobres con más de un miembro
que trabaja se explica principalmente por la baja tasa de participación la-
boral de las mujeres de este estrato. A la presencia de patrones culturales
tradicionales, en los que el ideal de la mujer como dueña de casa todavía
está presente, se suman las restricciones que imponen sus responsabilida-
des domésticas, su escasa preparación para insertarse en el mercado de
trabajo y la falta de oportunidades laborales. Puesto que el número de
personas generadoras de ingresos en un hogar es un indicador importante
del bienestar económico, la dependencia de un solo proveedor es uno de
los factores que conducen a un círculo vicioso de pobreza.
En síntesis, el aporte de las mujeres a la superación de la pobreza y
el bienestar de su familia es crucial, y ayuda a explicar en gran medida la
reducción de la pobreza en los países de la región donde esto ha ocurrido.
6.
Dificultades que enfrentan las mujeres pobres en el
mercado de trabajo
Por su condición de género, las mujeres enfrentan además barre-
ras socioculturales para ingresar y permanecer en el mercado de trabajo
en igualdad de oportunidades con los hombres. Tienen una inserción
laboral más débil que los hombres,
14
tanto por las restricciones que les
imponen sus responsabilidades reproductivas como por las barreras
socioculturales que enfrentan en el mercado de trabajo.
Sin embargo, no sólo las desigualdades de género son relevan-
tes, pues también existen disparidades significativas entre las mujeres.
Aunque todas comparten una serie de condicionantes estructurales que
limitan sus oportunidades laborales, otros factores relacionados con su
origen socioeconómico, étnico o racial establecen diferencias entre
éstas. Por su mayor nivel de educación, menor número de hijos
15
, más
14
En 2000, la tasa regional de participación masculina –calculada con base en 8 países,
que cubren más del 80% de la PEA de América Latina– alcanzaba al 74.1%, en tanto
la femenina llegaba al 43.4%.
15
El comportamiento reproductivo está fuertemente asociado al nivel educacional. Este
se expresa no sólo en la menor tasa de fecundidad de las mujeres con mayor educa-
ción, sino también en la diferencia en la edad que nace al primer hijo. En la mayoría
de los países de América Latina las mujeres sin escolaridad tienen su primer hijo antes
de los 20 años, mientras que aquellas con educación secundaria inician la maternidad
a los 24 años (Valdés y Gomariz, 1995).
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posibilidades de contar con servicios de cuidado infantil y de contratar
apoyo al trabajo doméstico y un ambiente valórico más favorable al tra-
bajo remunerado de la mujer, entre otros elementos, el desempeño labo-
ral de aquellas pertenecientes a estratos de ingresos más altos es relativa-
mente más fácil que el de las de ingresos bajos. Sus oportunidades de
empleo son más amplias y atractivas y sus posibilidades de hacer carre-
ra, mayores. En consecuencia, la tasa de participación laboral de la mu-
jer está directamente asociada al nivel socioeconómico del hogar, y las
mujeres pobres tienen tasas de actividad sensiblemente menores que
aquellas de hogares no pobres.
A pesar de que en la última década se ha intensificado notoria-
mente el movimiento de las mujeres pobres en busca de inserción en el
mercado de trabajo, persisten importantes diferencias en la tasa de parti-
cipación laboral de las mujeres según el nivel de ingreso del hogar. A
fines de los años noventa, sólo el 36.2% de las mujeres en edad de traba-
jar que pertenecía a estratos de ingreso bajo –los dos quintiles más po-
bres– se había incorporado a la fuerza de trabajo. Esta cifra subía al
48.3% entre las mujeres de estrato medio y alcanzaba al 55.4% entre las
de estrato alto de ingresos –quintil superior– (OIT, 1999).
Después que una persona superó las dificultades para ingresar al
mercado de trabajo, debe enfrentar la búsqueda de un empleo. Esta tarea
se ha tornado crecientemente difícil en América Latina. Las economías
de la región están siendo incapaces de generar suficientes empleos y la
tasa de ocupación se incrementó en la última década (2.2% anual) a un
ritmo inferior al crecimiento de la población económicamente activa
(2.6% anual). El resultado es que en la década de los noventa se observó
un aumento importante del desempleo abierto y una mayor tasa de des-
ocupación entre los trabajadores de ambos sexos pertenecientes a los
hogares más pobres, pero principalmente de las mujeres.
Diversos factores inciden en la capacidad de generación de ingre-
sos y, por ende, en la pobreza de las mujeres. Entre los aspectos de carác-
ter más estructural que restringen las oportunidades de las mujeres se
encuentran las prácticas discriminatorias –abiertas o encubiertas– vin-
culadas a la maternidad y sus roles reproductivos,
16
que se manifiestan
16
Entre estas prácticas se pueden mencionar: el requisito de pruebas de embarazo; soli-
citud de información sobre estado civil y número de hijos como parte del proceso de
selección; el despido al finalizar el período en que la mujer está protegida por el fuero
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en los procesos de reclutamiento y en el puesto de trabajo, a pesar de que
muchas de ellas están prohibidas por la ley.
A lo anterior se suma la ausencia de apoyos para compatibilizar
las responsabilidades familiares y laborales. La legislación de protec-
ción a la maternidad, diseñada en un contexto de empleo asalariado pro-
tegido, no da cabida a una alta proporción de mujeres que se desempeña
como trabajadora independiente, bajo subcontrato en alguna forma de
trabajo dependiente encubierto, las cuales quedan excluidas de toda pro-
tección.
Del mismo modo, en muchos países la normativa vigente con-
templa la provisión de servicios de apoyo para el cuidado de los hijos
menores de las trabajadoras, pero la proporción que cuenta con acceso
a este derecho es reducida, ya que la legislación en la mayoría de los
países de América Latina excluye de este beneficio a aquellas que se
desempeñan en empresas pequeñas y en la economía informal, que
Gráfico 2
AMÉRICA LATINA: TASA DE DESEMPLEO SEGÚN SEXO Y NIVEL
SOCIOECONÓMICO, 1990-1998
(porcentajes)
maternal. En la mayoría de los países de la región existe, sin embargo, una legislación
protectora de la maternidad que enfrenta el desafío de dar protección a la capacidad
reproductiva de la mujer, salvaguardando su derecho a no ser discriminada. De acuer-
do con este principio, en varios países se ha prohibido, por ejemplo, la prueba de
embarazo como requisito en la contratación de mujeres.
20
15
10
5
0
1990
1998
Bajo
Medio
Alto
Bajo
Medio
Alto
Nivel socioeconómico
Hombres Mujeres
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absorben a la gran masa de la fuerza laboral femenina y donde se con-
centran las mujeres pobres.
Las oportunidades ocupacionales de las mujeres están determina-
das esencialmente por dos fenómenos muy vinculados entre sí: la seg-
mentación de las ocupaciones según sexo y la subvaloración del trabajo
femenino. Ambos contribuyen a explicar las diferencias salariales entre
hombres y mujeres, la menor gama de ocupaciones disponibles para és-
tas y las dificultades que enfrentan para acceder a puestos de dirección.
La segmentación ocupacional ha disminuido sólo levemente en
América Latina en las últimas décadas, a pesar del significativo aumento
en los niveles de escolaridad de las mujeres. Actualmente, la fuerza de
trabajo femenina tiene un promedio de 9 años de estudio, superior a la
masculina (8 años). Sin embargo, sus oportunidades de inserción en
empleos de calidad son bajas; la mayoría de las mujeres se concentra en
los nichos más desvalorizados del mercado de trabajo.
La pobreza está estrechamente relacionada con los patrones de
inserción laboral y se manifiesta en la alta incidencia de la economía
informal. En América Latina, la economía informal concentra en 2001
casi la mitad de los puestos de trabajo (46%) y tiene un peso mayor en
las mujeres (49%) que hombres (44%) (gráfico 3).
Existe una estrecha relación entre trabajar en la economía infor-
mal y ser pobre. En este segmento, la incidencia de la pobreza es ma-
yor, sus ingresos menores, el trabajo es más desprotegido y con meno-
res posibilidades de organización y representación de intereses. Tales
características son más marcadas en las mujeres, tanto por su mayor
peso respecto de la fuerza de trabajo masculina en la economía infor-
mal, como porque se concentran en los nichos más precarios, con peo-
res condiciones de trabajo y salarios más bajos: como trabajadoras fa-
miliares no remuneradas, trabajadoras a domicilio, trabajadoras por
cuenta propia muy precarias y servicio doméstico. Este último es la
fuente ocupacional más importante de las mujeres pobres. Concentra
al 15% de la fuerza de trabajo femenina en la región y se registra una
alta proporción de mujeres de origen indígena y afrolatinoamericanas.
Este segmento tiende a expresar la triple discriminación que experi-
mentan las mujeres más excluidas: por su condición socioeconómica,
género y etnia o raza.
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La segmentación por sexo del mercado de trabajo es uno de los
fenómenos más importantes para explicar los menores ingresos de las
mujeres, ya que ellas tienen un mayor acceso a los segmentos del merca-
do peor pagados. En éstos, ellas aplican las habilidades que han adquiri-
do en el desempeño de su papel de género, por lo que no son retribuidas
como especialización (Gálvez, 2002). Se ha calculado que en América
Latina, las mujeres necesitan en promedio 4 años de estudio adicionales
para obtener el mismo ingreso que los hombres en similar ocupación
(Arriagada, 1997).
Gráfico 3
ESTRUCTURA DE EMPLEO DE AMÉRICA LATINA POR SEXO, 2001
Fuente: Elaboración OIT con base en las Encuestas de Hogares de 12 países latinoamerica-
nos, que corresponden al 91% de la PEA urbana de la región.
24%
1%
19%
56%
23%
15%
11%
51%
Trabajador Independiente
Servicio Doméstico
Microempresas
Sector Formal
Hombres
Mujeres
Servicio doméstico
Sector formal
Trabajador independiente
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De lo anterior se deduce que la desigual composición por sexo de
cada segmento laboral constituye un factor determinante en la brecha de
ingresos de hombres y mujeres. Por ejemplo, en la economía informal,
donde se concentran las mujeres más pobres, éstas tienen una baja parti-
cipación en el segmento patronal –el de mayores ingresos– y una alta
presencia en el servicio doméstico y el autoempleo, con ingresos insufi-
cientes y baja cobertura de seguridad social o de mecanismos de apoyo
ante contingencias tales como enfermedad, maternidad o pérdida del
empleo. Muchas de estas ocupaciones se desarrollan en ambientes de
riesgo para la salud y seguridad de las trabajadoras e implican un menor
nivel de organización social, por lo que sus posibilidades de hacer valer
sus derechos son, adicionalmente, menores.
Cuadro 4
INGRESO MEDIO DE LA POBLACIÓN URBANA OCUPADA DE
AMÉRICA LATINA EN LA ECONOMÍA INFORMAL, 1999
(en múltiplos de la respectiva línea de pobreza per cápita)
Microempresas
Trabajadores
Empleo
independientes
doméstico
Países
Mujeres
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
Hombres
Argentina (G. Buenos Aires)
3.2
4.0
4.3
7.1
2.4
3.1
Bolivia
2.1
2.8
1.6
2.8
1.8
1.9
Brasil
2.2
2.5
1.6
3.6
1.4
2.1
Chile
3.3
3.7
3.9
5.8
2.4
3.0
Colombia
–
–
1.3
2.4
2.1
2.7
Costa Rica
3.6
4.2
2.1
5.2
1.7
2.3
Ecuador
1.6
1.8
1.2
2.3
0.9
1.4
El Salvador
2.2
2.6
2.0
2.9
2.0
2.9
Guatemala
1.8
2.3
0.9
1.8
0.6
1.0
Honduras
1.2
1.2
0.8
1.6
0.5
0.8
México
1.7
2.4
1.4
4.7
1.1
2.1
Nicaragua
2.2
2.3
1.6
2.4
1.5
3.3
Panamá
3.5
3.2
2.0
3.5
2.2
2.3
Paraguay
2.5
2.5
2.1
2.6
1.7
1.9
Perú
2.0
2.3
1.2
2.1
2.9
1.8
R. Dominicana
2.4
2.7
2.9
4.7
1.4
2.2
Uruguay
2.9
3.5
2.5
4.2
2.1
2.7
Venezuela
2.1
2.1
2.3
3.3
1.3
2.0
Fuente: CEPAL (2002).
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Los niveles de ingreso en la economía informal de hombres y
mujeres, en particular de éstas, son muy bajos e insuficientes para cubrir
las necesidades mínimas de sus familias en la mayoría de los países y
explican la alta incidencia de la pobreza en los trabajadores informales.
En la mitad de los países, los ingresos promedio de las trabajadoras in-
dependientes no alcanzan para mantener sobre la línea de la pobreza a
una familia de dos personas y la situación es todavía peor entre las traba-
jadoras del servicio doméstico. Los hombres están en una posición rela-
tiva mejor, sin que deje de ser también extremadamente precaria. Se tra-
ta, por tanto, de una gran masa de pobres que trabajan, es decir, de una
situación de pobreza que no se deriva de la carencia de trabajo, sino de la
insuficiencia de los ingresos que éste provee.
En definitiva, por su condición de género, las mujeres enfrentan
limitaciones para una inserción igualitaria en el mercado de trabajo. Es-
tas son más intensas en el caso de las mujeres pobres, que se encuentran
con mayores dificultades y alternativas menos atractivas para insertarse
laboralmente, en comparación con las mujeres de estratos
socioeconómicos más altos. Entre los factores ligados a la demanda con
mayor impacto en la pobreza y precariedad laboral femenina, están la
segregación ocupacional y la discriminación salarial.
7.
Efectos del incremento de la participación laboral
en la vida de las mujeres
Existe consenso en una vasta literatura sobre que los ingresos
generados por la mujer tienen efectos positivos en el bienestar de la
familia, especialmente de aquellas pobres. La incorporación al merca-
do de trabajo es considerada un medio que permite tanto generar ingre-
sos como inserción social y desarrollo personal y constituye una vía
propicia para un proceso de empoderamiento económico y autonomía
personal de la mujer.
Sin embargo, el impacto en el bienestar de la mujer de su crecien-
te participación laboral no es automático. Depende estrechamente de las
condiciones del trabajo remunerado y no remunerado, así como de las
instituciones del mercado de trabajo y las normas laborales. Dado que
las mujeres se están incorporando en un período de redefinición de los
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roles tradicionales, organización del trabajo y las relaciones laborales,
algunas pueden mejorar su situación de bienestar, pero otras no, por lo
que las brechas de género deben ser objeto de un cuidadoso segui-
miento.
Los efectos de la creciente incorporación laboral femenina son
complejos y múltiples. Detrás de la decisión de cada mujer de ingresar a
la fuerza de trabajo y realizar un trabajo remunerado subyacen causas
tan diversas como las necesidades económicas, aspiraciones personales,
dificultades para compatibilizar tareas domésticas y extradomésticas,
restricciones en el acceso a empleos y conflictos familiares, entre otras.
Los sondeos coinciden en que, desde un punto de vista subjetivo, las
mujeres valoran trabajar. Un estudio realizado en Chile mostró que me-
nos del 20% de las mujeres trabajadoras quisiera dedicarse “solamente a
la casa” si tuviera sus problemas económicos resueltos. No es sólo el
ingreso lo que motiva a las mujeres a trabajar, sino también la posibili-
dad de independencia y diversificación de las relaciones sociales
(Henríquez, 1993). Pero dado que el incremento en la participación la-
boral de la mujer no ha sido acompañado de una redistribución de las
actividades reproductivas, ella ha quedado con menos tiempo libre, sin
que esto haya sido calibrado ni se haya evaluado el impacto en su cali-
dad de vida.
Tener ingresos no se traduce automáticamente en una transforma-
ción del poder de decisión y un mejoramiento de la calidad de vida de las
mujeres. Los efectos beneficiosos de la actividad laboral están también
acompañados de tensiones y costos en la esfera personal, y de conflictos
y negociaciones en la vida familiar. Por ello, es necesario observar con
atención los efectos del trabajo femenino en la condición de la mujer y
tenerlos presentes al momento de formular políticas públicas. Este aná-
lisis requiere conocer el tipo de ocupación en que se inserta la mujer, el
monto y regularidad de sus ingresos, el grado de protección social con
que cuenta, las condiciones de trabajo en que se desempeña (caracterís-
ticas físicas y sociales del ambiente laboral, tipo de jornada que cumple,
intensidad del trabajo, etc.), la disponibilidad de prestaciones de apoyo a
familias que trabajan (cuidado infantil y otros), sus oportunidades de
acceder a capacitación y hacer carrera y, en general, la calidad de sus
empleos. También es necesario conocer los efectos de su estatus laboral
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en sus posibilidades de gozar una vida tranquila y estar satisfecha con-
sigo misma. Factores tales como el tiempo de descanso y su percep-
ción de sí misma, sus posibilidades de decidir sobre el uso de su tiem-
po, dinero y participación en las decisiones familiares, deben ser toma-
dos en cuenta, al mismo tiempo que los cambios que el trabajo puede
haber producido en sus relaciones con otros miembros de la familia y
la comunidad.
El tipo de trabajo que la mujer desarrolla incide también en la
relación de la pareja y en la dinámica familiar. Si bien el trabajo
extradoméstico femenino produce efectos positivos en términos de su
independencia y confianza en sí misma, tales efectos dependen de la
experiencia real del empleo, en especial si trabaja con o sin remunera-
ción y del nivel de ésta, con trabajo parcial o jornada completa, como
asalariada o trabajadora independiente, en tareas con distintos grados de
calificación y responsabilidad. Por ejemplo, se observan casos en que
mujeres que trabajan en ocupaciones informales por las cuales reciben
bajos ingresos consideran que estas actividades son una extensión de su
trabajo doméstico y sus parejas tampoco las perciben como “trabajado-
ras”. Esta percepción del trabajo femenino como “no trabajo” o incluso
como ayuda, o mera contribución al trabajo del hombre, tiene conse-
cuencias importantes en la división del trabajo entre los miembros de la
familia.
Cerruti (2003) destaca la necesidad de situar este análisis en el
marco de las relaciones familiares y las negociaciones que se producen
para garantizar el mejor cumplimiento de dos funciones familiares
fundamentales: el cuidado de los hijos y el sostenimiento económico
del hogar. Los conflictos y ambigüedades que surgen en este proce-
so conducen a decisiones que en algunos casos son consensuadas,
pero que habitualmente son el resultado de relaciones asimétricas de
poder.
En síntesis, la incorporación de la mujer pobre a la fuerza de tra-
bajo conlleva beneficios para ésta y su familia, pero también implica
mayores demandas de tiempo, que deben ser considerados en el diseño
de las políticas sociales.
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C.
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA
1.
Políticas públicas con dimensión de género para la
reducción de la pobreza
Crecientemente se reconoce que alcanzar mayores niveles de igual-
dad contribuye al fortalecimiento del crecimiento económico, a la re-
ducción de la pobreza y a mejorar la capacidad para gobernar en forma
eficiente. “Promover la equidad, o mejor aún, la igualdad de género, es
por consiguiente una parte importante de una estrategia de desarrollo
cuyo propósito sea lograr que todo el mundo –mujeres y hombres por
igual– escape de la pobreza y mejore su nivel de vida” (Banco Mundial,
2001).
La pobreza de las mujeres es fruto de la interrelación entre la
estructura familiar, la organización del mercado de trabajo y las actua-
ciones del Estado. Este último no es un agente neutral y sus opciones de
política son múltiples, desde aquellas que pretenden mantener a la mujer
en su papel tradicional, como responsable principal del cuidado de los
miembros del hogar, hasta aquellas que se proponen favorecer la igual-
dad de oportunidades de la mujer en todos los ámbitos: producción, re-
producción y ciudadanía. La adopción de un determinado tipo de políti-
ca se explica por diferentes factores, entre los cuales destaca la propia
definición del problema: qué se entiende por pobreza y por qué es nece-
sario tener en cuenta las desigualdades atribuibles a razones de género
en relación con el riesgo de empobrecimiento y exclusión social.
2.
Desafío de incorporar la dimensión de género en los
métodos de medición de la pobreza
La mayoría de los indicadores habituales de pobreza son insensi-
bles al género (UNIFEM, 2000). Se trata de estadísticas que toman al
hogar como unidad de análisis y no han sido diseñadas para responder
sobre las características de la pobreza desde el punto de vista de las per-
sonas o de los distintos miembros de la familia. No permiten por tanto
examinar en profundidad los factores determinantes de la inequidad de
género en la pobreza, las diferencias de género en los aportes, niveles y
patrones de consumo, ni tampoco en el uso del tiempo.
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Las diferentes metodologías ocupadas incluyen una concepción
implícita acerca de las causas y características de la pobreza –es decir,
de las variables que la componen–, de la que se deducen habitualmente
los contenidos y énfasis de las respuestas de política. En consecuencia,
la forma de medir la pobreza ejerce una poderosa influencia en el tipo de
políticas que se diseñará y aplicará.
De este modo, por ejemplo, si se define la pobreza como renta
insuficiente, el método consiste en calcular cuántas personas no obtie-
nen el dinero suficiente para comprar una canasta de bienes sin los cua-
les las necesidades básicas de una persona están insatisfechas. Las con-
secuencias políticas que derivan del uso de este indicador son, primero,
la monetarización de la pobreza –que conduce a políticas que inciden
sobre los ingresos– y, segundo, la utilización de un umbral que no per-
mite enfrentar la cuestión de la desigualdad dentro de la sociedad.
Martínez (2001) señala que el ingreso es un indicador importante de
bienestar, en cuanto es un medio que permite el acceso a una serie de
recursos básicos para el desarrollo humano, pero no lo es si dichos in-
gresos no son susceptibles de ser transformados en capacidades y liber-
tades. De aquí se deriva la importancia de que las estrategias de lucha
contra la pobreza consideren tanto la promoción del incremento de los
ingresos y su capacidad adquisitiva como las estrategias redistributivas y
de ejercicio de derechos.
En la actualidad existen enfoques más comprensivos y que abor-
dan de manera más compleja el fenómeno de la pobreza. Estos señalan
que el crecimiento económico no es suficiente para la superación de la
pobreza y, también, que este desafío se cumpliría de manera más eficien-
te si el aumento del PIB se combinara con una distribución más equitati-
va de la renta.
17
A pesar de que en la realidad la capacidad adquisitiva
de los sectores más pobres está también influida por los programas de
17
La experiencia de América Latina durante la década de los noventa indica que no
siempre hay una relación directa entre el crecimiento económico y la reducción de la
pobreza. Por ejemplo, entre 1990 y 1997, en Argentina el ingreso per cápita aumentó
un 37% mientras la pobreza disminuyó sólo un 3%. En Brasil, en cambio, el ingreso
por habitante se incrementó en un 12.5% y la pobreza cayó en un 12% en ese mismo
período.
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transferencias públicas, a partir de las políticas sociales, la mayor parte
de los ingresos de los pobres proviene del trabajo. Por esto, aunque el
crecimiento económico y la generación de nuevos empleos sean una con-
dición necesaria para la lucha contra la pobreza, se requiere de otros
elementos para que ésta sea realmente efectiva.
18
Dichos factores apun-
tan además a los mecanismos a través de los cuales la pobreza se repro-
duce, como las formas intangibles de ésta, entre ellas el aislamiento so-
cial, vulnerabilidad, inseguridad y relaciones de dependencia y subordi-
nación en la satisfacción de necesidades (Kabeer, 1994 y 1997).
Debido a las consideraciones anteriores, en los últimos años se ha
tendido a ampliar tanto la concepción como las definiciones de la pobre-
za, desde aquellas centradas en el ingreso o la posesión de determinados
bienes, hacia otras que contribuyen a caracterizar la situación de priva-
ción de los pobres de una manera más amplia y compleja. Un ejemplo
ilustrativo al respecto es el esfuerzo realizado en la elaboración del Indi-
ce de Pobreza Humana del PNUD, destinado a medir este fenómeno a
través de variables como el acceso a la educación, salud y agua potable.
A esto se añade la elaboración de otros índices, que reflejan una con-
cepción implícita de la calidad de vida y llegan más allá del tema de
los ingresos, como el Indice de Desarrollo Humano. Sólo recientemente
y de manera incipiente se han empezado a desarrollar mediciones con
una perspectiva de género, como el Indice de Desarrollo de Género del
PNUD.
Este tipo de índices ofrece la ventaja de proporcionar una foto-
grafía de un instante de la realidad, caracterizando y cuantificando de
acuerdo con determinadas variables a los pobres, lo que orienta el diseño
de políticas. Asimismo, permiten establecer comparaciones internas y
evaluar el impacto de las políticas en el comportamiento de las variables
que los componen. Pero también presentan la desventaja de constituir
miradas parciales –puesto que no abarcan la totalidad de los aspectos del
fenómeno–, que reflejan sólo la situación de un momento –y por tanto
difícilmente captan procesos y realidades dinámicas–, y que no siempre
están basados en información confiable o fácil de obtener.
18
Además, es necesario considerar que los efectos del crecimiento económico no son
necesariamente los mismos para hombres y mujeres.
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Como la mayor parte de los índices comparten la restricción de
que no incorporan una dimensión de género, la situación de pobreza de
las mujeres ha permanecido bastante oculta. Los estudios convenciona-
les para estudiar la pobreza han adoptado una perspectiva aparentemente
neutral respecto al género, aunque una revisión más profunda de sus
componentes demuestra que han utilizado el concepto de actor masculi-
no y una idea de bienestar también basada en el hombre (González, 2001).
Del mismo modo, al no considerar el valor económico del trabajo
reproductivo de la mujer, se han sobredimensionado los efectos positi-
vos de políticas que, sin perjuicio de que hayan generado crecimiento
económico, han restringido el alcance de sus políticas sociales. Cagatay
(1999) destaca que las mujeres han duplicado en los últimos años su
carga de trabajo en la sociedad, reemplazando a un Estado que se redujo
y, por ende, se supone más eficiente.
El enfoque del ingreso o línea de pobreza es el método más difun-
dido en América Latina en la actualidad e identifica la pobreza con los
ingresos per cápita del hogar. Este método estima los niveles de pobreza
comparando los ingresos per cápita de los hogares con el costo de satis-
facción de las necesidades básicas. Lo anterior permite diferenciar entre
hogares y personas que se encuentran en situación de indigencia (cuyo
ingreso per cápita es insuficiente para satisfacer las necesidades
alimentarias) y los hogares y personas que están en situación de pobreza
no indigente (cuyo ingreso per cápita es insuficiente para satisfacer el
conjunto de necesidades mínimas). Puesto que en este caso las estima-
ciones de pobreza se basan en el ingreso per cápita de cada hogar, la
calificación de la situación de sus miembros se deriva directamente de la
categoría correspondiente al hogar, sin considerar eventuales diferencias
entre sus componentes. Sólo en aquellos casos en que existe una clara
relación entre el nivel de pobreza y su composición, el método permite
una cierta aproximación a diferencias entre las personas pobres, como
ocurre en el caso de algunas minorías étnicas.
Desde el punto de vista de género, este método presenta ciertas
limitaciones:
•
Torna invisible la situación específica de pobreza femenina y no per-
mite identificar las diferencias en la pobreza de hombres y mujeres al
interior del hogar o la familia. Este es un sesgo propio del método, ya
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que está diseñado para medir la pobreza de los hogares y dado que
hombres y mujeres se distribuyen homogéneamente en éstos, no se
puede identificar su situación específica de pobreza. Esto dificulta el
desarrollo de estrategias de focalización de políticas de combate ha-
cia la pobreza en las mujeres.
•
Considera como no pobres a muchos hogares que presentan condi-
ciones de vida extremadamente precarias, excluyéndolos de los be-
neficios sociales que se focalizan sólo en los pobres. Este es, por
ejemplo, el caso de los hogares unipersonales de mujeres ancianas,
cuyo ingreso per cápita es superior a la línea de pobreza, pero resulta
insuficiente para cubrir sus necesidades mínimas.
•
Supone que el ingreso completo de todos los miembros del hogar se
destina a satisfacer las necesidades familiares y que se produce una
distribución pareja de éstos entre los miembros del hogar. Sin embar-
go, este supuesto resulta falso, ya que diversos estudios demuestran
que la decisión de gasto se produce a través de un proceso de nego-
ciación entre los miembros del hogar, con una base de poder des-
igual. La mujer tiene menos capacidad de negociación por razones
culturales. De tal modo, en un hogar que puede no ser pobre, la mujer
y los hijos pueden serlo, si no tienen la posibilidad de satisfacer sus
necesidades de consumo básico. Se encuentran en una situación de
esta índole las personas que viven la ‘pobreza secundaria’, es decir,
quienes tienen una posición de negociación más débil en el hogar, lo
cual es determinante en su falta de acceso o acceso limitado a los
recursos del hogar.
•
Procede como si la satisfacción de las necesidades básicas depen-
diera solamente de los ingresos corrientes de los hogares. Sin em-
bargo, existe una serie de factores de carácter estructural (como los
recursos sociales, educativos y económicos que dispone la persona)
que inciden en su situación de pobreza en el largo plazo. Debido a
que los ingresos de los hogares se basan en un 80% de aquellos
provenientes del trabajo, las personas que están temporalmente
desempleadas o empleadas pueden quedar clasificadas en grupos
equivocados.
•
No reconoce ni el trabajo doméstico gratuito que realizan las mujeres
ni las mayores dificultades de éstas para generar ingresos.
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Las diferencias de género en la incidencia y experiencia de la
pobreza requieren ser contextualizadas, incorporando indicadores nue-
vos, capaces de captar las desigualdades que se manifiestan en aquellos
ámbitos donde las mujeres desarrollan su vida cotidiana. La pobreza es
un fenómeno multidimensional y las mujeres forman un colectivo hete-
rogéneo. Por tanto, es preciso utilizar, además de los habituales métodos
cuantitativos, otros de tipo cualitativo, que contribuyan a conocer la vi-
vencia personal de la pobreza que tienen las mujeres. En este marco, es
necesario reconocer las áreas de diferenciación de género al interior del
hogar como un requisito para abordar la pobreza de las mujeres. Para
esto se debe poner especial atención a los siguientes factores:
•
Las mujeres tienen un menor acceso a los recursos productivos. En
una proporción importante de casos, este es de tipo indirecto –a tra-
vés de relaciones de parentesco o matrimonio– porque carecen de
ingresos propios. Cuando los tienen, se utilizan muchas veces en los
gastos habituales de la familia y generalmente no constituyen una
base de acumulación de capital. Además, a pesar de la creciente par-
ticipación laboral de las mujeres, las instituciones públicas y banca-
rias reproducen los estereotipos predominantes –especialmente en el
caso de las mujeres pobres– y limitan sus oportunidades de desarro-
llo económico independiente.
•
Las mujeres ejercen un limitado control sobre su propio trabajo, tan-
to por las exigencias de dedicar una parte de su tiempo al trabajo
doméstico, como por las restricciones al desarrollo de un trabajo re-
munerado, derivadas de normas culturales que restringen su ámbito
de acción independiente.
•
Los diversos factores de subordinación de género interactúan con
aquellos del mercado de trabajo, acotando las oportunidades labora-
les de las mujeres. Así, por ejemplo, se ha demostrado que existe una
relación entre violencia doméstica y dependencia económica de las
mujeres.
•
Al interior del hogar se produce una inequidad en el consumo de
acuerdo a patrones de género –y según grupos de edades– en ámbitos
tan dispares como la alimentación, salud, educación y acceso al en-
tretenimiento y ocio. Ejemplifica esta situación el hecho de que la tasa
de desnutrición tiende a ser mayor entre las niñas y menor el tiempo
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de ocio de las mujeres. Según criterios etarios, los niños y los ancianos
de ambos sexos son desfavorecidos con relación a los adultos.
•
Existen grandes diferencias en la responsabilidad sobre los gastos en
el hogar. Las mujeres entregan una proporción significativa de sus
ingresos para el mantenimiento de sus hogares, en tanto los hom-
bres tienden a dejar una porción importante para sus gastos perso-
nales. Esto indica que no es posible inferir los niveles de ingreso,
consumo o bienestar de las mujeres, a partir de aquellos del hogar
al que pertenece.
En síntesis, por las implicancias en las políticas que tienen las
formas de conceptualización y medición de la pobreza, es necesario ela-
borar redefiniciones y formas alternativas de estimarla, a partir de las
consideraciones de género, puesto que se observan grandes carencias en
esta área. El reto consiste en encontrar indicadores dinámicos sobre la
pobreza, que tengan en cuenta las condiciones locales, pero que a la vez
puedan ser comparados internacionalmente, y que recojan las formas de
exclusión basadas en el género observables en las unidades domésticas,
sin perder de vista la dimensión política del Estado.
3.
Visibilidad de la pobreza de las mujeres e
incorporación de sus problemas en la agenda pública
En el marco de la preocupación por los derechos de las mujeres y
la acción política realizada por los movimientos de mujeres en el mundo
a partir de los años setenta, se ha desarrollado una agenda internacional
y los organismos gubernamentales han suscrito diversos compromisos,
entre los cuales destaca la preocupación por la erradicación de la pobre-
za y la atención que se debe prestar a la pobreza femenina.
Dos importantes reuniones internacionales celebradas en 1995
abordaron de lleno las relaciones entre pobreza y género, contribuyendo
a hacer más visible la pobreza femenina y generando lineamientos de
política para enfrentar desde una perspectiva de género este fenómeno.
La Cumbre Social de Desarrollo –efectuada en Copenhague– recono-
ció en su programa de acción que el empoderamiento de la mujer es un
requisito insoslayable para el desarrollo social y pidió a los gobiernos
desarrollar acciones tendientes a lograr la igualdad y equidad entre
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hombres y mujeres. La Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer –reali-
zada en Beijing– planteó en su plataforma de acción que uno de los prin-
cipales obstáculos para el avance de la mujer es el creciente peso de la
pobreza femenina, así como las desigualdades de género obstaculizan el
acceso a las actividades productivas, recursos económicos, estructuras y
políticas económicas. Para enfrentar esta situación, recomendó, entre otras
materias, revisar las políticas macroeconómicas y las estrategias de de-
sarrollo, de modo que recojan las necesidades y esfuerzos de las mujeres
en pro de la reducción de la pobreza; revisar las normas jurídicas y prác-
ticas sociales, a fin de reconocer los derechos y asegurar el acceso de
éstas a los recursos económicos, así como desarrollar investigaciones
orientadas a apoyar a las mujeres para superar la pobreza.
En fecha más reciente, durante la Asamblea General de Naciones
Unidas del 2000, los Jefes de Estado y de Gobierno fijaron 8 objetivos
de desarrollo para el milenio, con metas que se han de alcanzar para el
año 2015. Entre los “Objetivos del Milenio” se encuentran la reducción
a la mitad de la población que en 1990 sufría pobreza extrema y la pro-
moción de la igualdad de los géneros y la potenciación de la mujer.
19
En
América Latina, el grado de avance relativo de los países en su lucha
contra la pobreza es muy heterogéneo, por lo que el cumplimiento de
esta meta representa un desafío que no todos están en las mismas condi-
ciones para cumplir. Para reducir a la mitad la pobreza extrema, a los
países con bajas tasas de pobreza les bastaría con mantener el ritmo de
crecimiento experimentado en los años noventa –algo muy complejo
como sugiere el magro desempeño económico de la región en los prime-
ros años de esta década–, pero aquellos con una alta incidencia de pobre-
za deberán hacer un esfuerzo especial y crecer a un ritmo muy superior.
A su vez, la igualdad de género no solamente es una meta en sí misma,
sino también un ingrediente esencial para el logro de todos los demás
“Objetivos del Milenio”. Las agencias de Naciones Unidas admiten que
intentar alcanzarlos sin promover la igualdad de género implica aumen-
tar los costos y disminuye las probabilidades de lograr las metas.
19
Los otros 6 “Objetivos del Milenio” son: lograr la universalización de la matricula-
ción primaria; reducir las tasas de mortalidad infantil; reducir las tasas de mortalidad
materna; luchar contra el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; asegurar la
viabilidad medioambiental e instituir una asociación mundial en pro del desarrollo.
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Otra iniciativa internacional es la que han promovido los organis-
mos multilaterales (Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial)
para apoyar la reducción de la pobreza y aliviar la carga de la deuda
externa en el marco de la llamada Iniciativa para países pobres altamen-
te endeudados.
20
Esta se concreta a través de la elaboración de Docu-
mentos de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP), en un proceso
participativo que incluye un análisis de la situación de pobreza del país y
las medidas para reducirla. Dicho proceso supone el compromiso de los
gobiernos para desarrollar una estrategia de reducción de la pobreza en
conjunto con otros actores sociales, realizar un análisis compartido de
las causas y condiciones de ésta e identificación de las respuestas
institucionales y políticas necesarias, así como de las oportunidades para
el desarrollo, incluyendo los recursos y servicios que se requieren para
ello y el establecimiento de un plan de seguimiento y evaluación. Los
DELP deberían incorporar como ejes transversales la dimensión de gé-
nero, así como el VIH/SIDA, el buen gobierno y el desarrollo rural. Sin
embargo, una revisión de los DELP de 12 países (entre ellos dos de
América Latina: Bolivia y Honduras) realizada por el Programa InFocus
sobre Diálogo Social, Legislación y Administración del Trabajo (IFP/
Dialogue) de la OIT concluyó que no se había incluido de manera siste-
mática en todos los sectores un análisis de género y que sólo se incorpo-
raban los tópicos específicos de las mujeres en unos pocos sectores, como
salud y educación (Zambrano, 2002).
Entre los aportes más importantes de la agenda internacional para
la promoción de los derechos de la mujer en situación de pobreza desta-
can, por un lado, aquellos relacionados con las orientaciones de los go-
biernos para evaluar logros y carencias en las acciones dirigidas a la
mujer y, por otro, las propuestas de reflexión sobre nuevas estrategias de
acción articuladas desde una institucionalidad política que garanticen un
mejor posicionamiento de la temática así como coherencia y continui-
dad de las acciones (Gálvez, 1999).
Sin embargo, la inclusión de la dimensión de género en las agen-
das nacionales enfrenta desafíos conceptuales e institucionales. Los
20
En América Latina 4 países participan en este proceso: Bolivia, Guyana, Honduras y
Nicaragua.
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sistemas, estructuras y sesgos de género, así como las distintas formas
de subordinación de la mujer son resistentes al cambio y muchas estrate-
gias de lucha contra la pobreza ignoran estas otras formas de opresión y
desigualdad.
Desde una perspectiva institucional, se observa la coexistencia
de dos posturas. La primera considera a la mujer como el centro de la
acción y propone la creación de entidades especializadas, tales como
ministerios u oficinas de la mujer, o la creación de departamentos en-
cargados del tema dentro de ministerios. La segunda busca integrar de
manera transversal la perspectiva de género dentro de una institu-
cionalidad más amplia. Aunque no son opciones excluyentes, habitual-
mente se aprecian diferencias de énfasis en las estrategias que se llevan
a cabo en los países.
Casi todos los gobiernos latinoamericanos han creado oficinas de
la mujer, como un paso inicial necesario para generar capacidades que
se orienten a lograr que la perspectiva de género tenga presencia trans-
versal en las políticas públicas. Sin embargo, es necesario debatir acerca
de las condiciones mínimas que requieren estas oficinas para cumplir
sus objetivos y coordinar estrategias intersectoriales de lucha contra la
pobreza. Aunque es creciente la admisión de la discriminación como
problema social y –también– de la legitimidad del Estado para intervenir
en pro de la igualdad de oportunidades para las mujeres, en muchos paí-
ses las oficinas de la mujer están situadas en niveles inferiores de la
jerarquía gubernamental, cuentan con presupuestos bajos e insuficiente
apoyo político. Esto dificulta su papel para incorporar el tema de género
en las políticas de reducción de pobreza.
Las oficinas de la mujer en el aparato público pueden dar bue-
nos resultados, pero en el escenario de una estrategia de alianzas y de
“apropiación” de la temática de género por parte de otros sectores políti-
cos y de la sociedad civil. Esto implica superar al menos los siguientes
desafíos:
•
Pasar desde un compromiso retórico a otro real, que permita avanzar
en la incorporación efectiva de la dimensión de género en las políti-
cas sectoriales. La estrategia institucional debe estar orientada al
establecimiento de lazos y redes que permitan la movilización de la
voluntad política y de recursos sectoriales para la elaboración de
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nuevas estrategias y la readecuación de las políticas de combate a la
pobreza, de modo de incorporar una dimensión de género.
•
Superar los enfoques sectoriales tradicionales, que enfrentan de modo
segmentado y parcial las necesidades y problemas de las mujeres, sin
considerar que los distintos aspectos –laborales, educacionales, de
salud y vivienda, etc.– se potencian entre sí.
21
Es necesario por tanto
focalizar recursos humanos y económicos multisectoriales, para in-
cidir de forma sistemática y simultánea en los distintos aspectos de la
situación de desigualdad de las mujeres. Aquellas perspectivas que
segmentan a las personas dificultan el diseño de políticas que abor-
den los fenómenos estructurales situados detrás de su condición de
pobreza.
•
Demostrar la viabilidad y efectividad de nuevos procedimientos y
enfoques para el combate de la pobreza, incluyendo el objetivo de la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
•
Incluir nuevos temas en las agendas sectoriales y mostrar la factibilidad
de la coordinación de políticas públicas hacia la mujer incorporando
un enfoque de género.
•
Se requiere avanzar más allá de la concepción de que las relaciones
de poder entre los géneros radican sólo en las relaciones conyugales
al interior del hogar. Las estructuras de poder que enfrenta la mujer
operan en la familia, pero también en la comunidad, los mercados y
los gobiernos locales y nacionales y las estructuras políticas en gene-
ral. El proceso de empoderamiento de las mujeres como parte de la
incorporación de una dimensión de género a las políticas de lucha
contra la pobreza, implica fortalecer su capacidad para enfrentar esta
falta de poder en todos los espacios.
4.
Políticas públicas para la igualdad de oportunidades
El término de política pública se utiliza en este caso para identifi-
car un conjunto de actividades o programas de acción de los poderes
públicos que buscan la regulación de una realidad social. Esto implica,
21
Por ejemplo, una política de promoción del empleo que no contemple apoyo en el
cuidado de los hijos pequeños puede excluir de hecho a grandes segmentos de
mujeres.
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por tanto, un proceso de decisiones y la aplicación de recursos a activi-
dades concretas. Un tipo específico de políticas públicas son aquellas
que tienen el objetivo de erradicar los obstáculos que impiden la igual-
dad entre los sexos y evitar las situaciones que favorecen la discrimina-
ción entre hombres y mujeres.
Las políticas públicas pueden ser de naturaleza simbólica o
sustantiva. Las primeras son aquellas que se enuncian en el nivel del
discurso público y las segundas son las que efectivamente se llevan a
cabo. Dentro de las políticas sustantivas, a su vez, se distinguen las polí-
ticas distributivas, que implican la distribución de recursos nuevos a in-
dividuos o grupos, generalmente bajo la forma de subsidios; las políticas
regulatorias, que implican la creación de nuevas leyes o situaciones jurí-
dicas que generan otras reglas del juego; y las políticas redistributivas,
que implican transferencias o beneficios de un grupo a otro. Estas últi-
mas son las que presentan los mayores niveles de controversia.
Con mucha frecuencia las políticas de igualdad entre los sexos
son simbólicas, como una primera etapa de incorporación de un discurso
sobre la igualdad de género en el espacio público. A menudo las políti-
cas comienzan en una fase simbólica y terminan con un carácter sustan-
tivo. Para efectos analíticos, se han distinguido seis etapas-barreras que
debe cumplir una política pública para la igualdad de género (Uriarte y
Elizondo, 1997).
La primera es la etapa prepolítica e implica la inexistencia de un
problema o la falta de intervención de los poderes públicos en una deter-
minada área. En este caso, la barrera a romper es el silencio. Para que
exista un problema político, las aspiraciones de cambio deben articularse,
pasando a una segunda etapa y superando el obstáculo de transformar
los deseos en demandas políticas. Para avanzar hacia la siguiente etapa
es necesario atravesar la barrera más significativa que implica convertir
un tema en política de igualdad: su inclusión en la agenda política.
La agenda política es el conjunto de materias y asuntos sobre los
que resuelven quienes toman las decisiones políticas y, por ende, consti-
tuye una etapa de filtro, un mecanismo de selección que condiciona la
actividad de los poderes públicos. En este caso, el principal obstáculo
que deben sobrepasar las políticas de género es transformar el tema de la
igualdad de género en un asunto de relevancia política, que llegue a ser
definido como problema y logre el reconocimiento de la igualdad como
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un tópico lo suficientemente importante para ser debatido. Entrar en la
agenda política es una etapa particularmente difícil, más que el proceso
de gestión y puesta en práctica, a diferencia de lo que ocurre con las
políticas en otras áreas. La siguiente etapa es la decisión, consistente en
un proceso deliberativo que puede tardar. Prosiguen la puesta en marcha
y la evaluación de los resultados y su impacto.
A pesar de que en la actualidad se plantea con mayor vigor que
las políticas de combate a la pobreza deben responder a las necesidades
específicas de cada grupo social, abriendo la posibilidad de abordar ex-
plícitamente las necesidades de las mujeres, en general, en el nivel de la
formulación y ejecución de políticas todavía no hay un amplio consenso
en que la pobreza de las mujeres es atribuible, en parte, a su condición
de género. La identificación de la fase en que se encuentra el problema
para su constitución como parte de la agenda pública es un requisito
necesario para avanzar hacia las etapas siguientes y promover respuestas
efectivas frente a la pobreza de las mujeres. Es necesario profundizar en
el análisis de las condiciones que permiten la constitución de políticas
públicas capaces de combinar el objetivo de erradicación de la pobreza
con el de la igualdad de género.
D.
REFLEXIÓN FINAL: IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS DE
EMPLEO EN EL COMBATE A LA POBREZA DE LAS MUJERES
La elaboración de cualquier política o programa se sustenta en
una concepción explícita o implícita sobre las relaciones de género y la
realidad social. En consecuencia, la significación que atribuyen quienes
diseñan las políticas a las diferencias observables entre hombres y muje-
res, influye en la forma como las necesidades e intereses de éstas serán
considerados. Si estas diferencias son catalogadas como expresiones pro-
pias de la diversidad entre los sexos, no se actuará sobre ellas. Si se las
considera expresiones de discriminación contra la mujer, serán incorpo-
radas en la formulación del problema que se pretende abordar.
En su nivel más elemental, la relación entre pobreza y empleo
depende del grado en que los ingresos generados por el trabajo permiten
a los trabajadores y sus familias obtener los bienes y servicios necesa-
rios para satisfacer sus necesidades. La pobreza está relacionada con el
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acceso desigual a las oportunidades de empleo, así como con los nive-
les y patrones de empleo y las desigualdades que existen en la socie-
dad. Por ello no debiera sorprender que la pobreza esté asociada en
todos los países de la región a bajos ingresos y altos niveles de subempleo
o desempleo.
Las políticas para la reducción de la pobreza enfrentan dos gran-
des retos en materia de empleo:
•
Facilitar la incorporación al mercado de trabajo de los grupos exclui-
dos –entre ellos, las mujeres– y eliminar las discriminaciones de que
son objeto.
•
Aumentar la demanda de mano de obra, así como la productividad y
los ingresos de las personas que viven y trabajan en situación de po-
breza.
Para reducir la pobreza es indispensable que existan más em-
pleos disponibles y aumenten los ingresos de las personas. Para las
mujeres este es un desafío de mayor envergadura que para los hom-
bres. Las estadísticas indican que en América Latina la mayoría de
éstas carece de trabajo y es considerada inactiva. La participación de
los sexos en el trabajo asalariado y el trabajo doméstico es también
desigual. Al intentar explicar las razones por las cuales las mujeres no
trabajan, se puede concluir que sí lo hacen, en el trabajo doméstico.
Pero éste no se transa en el mercado y no es considerado social y eco-
nómicamente como trabajo.
Generar las condiciones necesarias para facilitar la incorporación
de la mujer a la fuerza de trabajo es una condición para enfrentar la
pobreza y debería ser un objetivo de las políticas de erradicación de ésta.
Lo anterior implica diseñar políticas tendientes a facilitar la conciliación
entre la vida familiar y laboral, e impulsar medidas que brinden servi-
cios para apoyar el cuidado de los hijos (tales como guarderías y jardines
infantiles) y promuevan la participación compartida de ambos padres.
Además, es necesario apoyar el ingreso al mercado de trabajo de las
mujeres pobres a través de información sobre éste y los derechos de las
trabajadoras, con la finalidad de ayudarlas a la elaboración de un pro-
yecto laboral que mejore su empleabilidad. Aumentar las posibilidades
de las mujeres de acceder a un empleo remunerado y a generar ingresos
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no sólo contribuye a enfrentar las carencias materiales de su familia,
sino a su propio proceso de autonomía económica y personal.
Las mujeres pobres que están en la fuerza de trabajo enfrentan
serias limitaciones para ocuparse. Debido a sus altas tasas de desempleo
y al bajo nivel de calificación de la mayoría de ellas, el abanico de em-
pleos disponibles es muy estrecho. Ante esta situación, se requiere que
las políticas activas del mercado de trabajo, que tienen por objetivo re-
ducir el desempleo estructural incidiendo en la demanda o en la oferta de
trabajo, consideren la situación de desventaja de la fuerza de trabajo fe-
menina, facilitando su acceso en igualdad de oportunidades a los planes
directos de empleo, programas de incentivos a la contratación, progra-
mas de capacitación y al apoyo proporcionado a quienes buscan trabajo,
a través de las oficinas de empleo.
La elevada desocupación es una de las razones por la que muchas
mujeres optan por la economía informal, donde los bajos ingresos las
mantienen en un círculo vicioso de pobreza. Uno de los factores que más
dificulta la creación de empleo es la escasez de capital, que contrasta con
la abundancia relativa de mano de obra disponible. Para las mujeres, el
acceso a los recursos productivos y al crédito es una barrera particular-
mente difícil de franquear. Estas se concentran en pequeños negocios
poco productivos, que generan ingresos muy bajos, en rubros que cons-
tituyen una prolongación de sus roles domésticos hacia el espacio públi-
co. Las posibilidades de las mujeres de establecer un negocio –y las ba-
ses en que se funda– están también determinadas por la distribución de
género de la riqueza. Su plataforma económica es generalmente de me-
nor envergadura, lo que restringe el tamaño con que parte el negocio o
dificulta incluso que pueda establecerse. Todos estos aspectos deben ser
considerados en las políticas de fomento a la microempresa, de modo
que no reproduzcan –sin proponérselo– las desventajas de género que
viven las mujeres.
Se tiende a afirmar que la principal riqueza de los pobres es su
fuerza de trabajo. Por eso, la educación y la formación cumplen un papel
fundamental para aumentar la productividad, los ingresos y el acceso a
oportunidades de empleo. La falta de oportunidades educacionales y
de capacitación de la fuerza de trabajo de los estratos de menores in-
gresos se potencia con la desvalorización de las habilidades y compe-
tencias adquiridas por las mujeres pobres en el espacio familiar. Esto
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es determinante en sus bajos salarios y pocas oportunidades de acceder a
empleos productivos.
Un requisito ineludible para que el crecimiento económico se tra-
duzca en menor pobreza y mayor bienestar y justicia social, es que éste
genere más y mejores empleos. A partir de esta premisa, la OIT ha seña-
lado que el empleo productivo es un derecho esencial. No sólo constitu-
ye un medio para generar ingresos, sino que también es necesario para la
dignidad y autoestima de las personas y un elemento determinante para
la integración a la sociedad. Para las mujeres, un empleo productivo im-
plica beneficios adicionales, ya que fortalece su poder de negociación y
autonomía al interior de la familia. De aquí la relevancia de la capacidad
de creación de empleos estables y de buena calidad y la necesidad de
aumentar la productividad de los trabajadores pobres. Además, las per-
sonas que viven en la pobreza deben tener la capacidad y poder para
desarrollar, proteger y mantener su sustento. Esto supone lograr un acce-
so efectivo a los recursos y un control sobre ellos.
Uno de los mayores desafíos de la agenda de la región es la incor-
poración de un análisis de género en el debate de asuntos sustantivos
como la generación de empleo, el fomento productivo, la erradicación
de la pobreza, y el empoderamiento de la mujer como un objetivo explí-
cito de las reformas necesarias para el logro de mayor igualdad y justicia
social en este siglo XXI.
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ANEXO ESTADÍSTICO
Cuadro 1-A
AMÉRICA LATINA: PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE
POBREZA E INDIGENCIA, 1999
(porcentajes)
Países
Pobreza
Indigencia
Argentina
19.7
4.8
Bolivia
60.6
36.5
Brasil
37.5
12.9
Chile
a
20.6
5.7
Colombia
54.9
26.8
Costa Rica
20.3
7.8
Ecuador
63.6
31.3
El Salvador
49.8
21.9
Guatemala
b
60.5
34.1
Honduras
79.7
56.8
México
a
41.1
15.2
Nicaragua
b
69.9
44.6
Panamá
30.2
10.7
Paraguay
60.6
33.9
Perú
48.6
22.4
R. Dominicana
37.2
14.4
Uruguay
9.4
1.8
Venezuela
49.4
21.7
América Latina
43.8
18.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las Encuestas de Hogares de
los respectivos países.
a
Datos corresponden a 2000.
b
Datos corresponden a 1998.
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C
ASO
A
RGENTINO
, 1994-2002
R
OSALÍA
C
ORTÉS
A.
INTRODUCCIÓN
Este trabajo describe y analiza la evolución de la inserción ocupa-
cional, los ingresos y los niveles de pobreza de varones y mujeres en el
mercado de trabajo urbano argentino entre 1994 y comienzos del año
2002. En las secciones que siguen se caracterizan las tendencias que
predominaron durante la vigencia del plan de estabilización (“Plan de
Convertibilidad”) entre 1991 y el 2001, y se discute en qué medida las
transformaciones recientes en la estrategia económica han afectado los
patrones de largo plazo de género, empleo y pobreza.
La idea que guía el análisis es que el deterioro de las condiciones
de vida de la población que se hizo visible en el 2002 no comenzó enton-
ces ni tampoco obedeció exclusivamente a causas coyunturales. El pro-
grama económico iniciado en 1976 por el último gobierno militar –aper-
tura del sector externo, liberalización financiera, control del gasto públi-
co, congelamiento de salarios y limitaciones al accionar sindical– ya
había dejado en 1983 un saldo de desempleo oculto, caída de salarios
(30% entre 1975 y 1976) y precarización de las condiciones de traba-
jo.
La implementación de planes de estabilización que continuó en dé-
cadas posteriores afectó sobre todo al segmento poblacional de baja
calificación e inserción precaria, que nunca logró recuperar posiciones
en términos de empleo o de ingresos. Estos segmentos desfavorecidos
CAPÍTULO II
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persistieron debido, en parte, a la extrema sensibilidad del empleo y los
ingresos durante las recesiones, y su lenta recuperación durante las ex-
pansiones. La hiperinflación de 1989 agravó el escenario y en octubre de
ese año el 38% de los hogares y de cerca de la mitad de la población del
Gran Buenos Aires vivían por debajo de la línea de pobreza.
1
Las políti-
cas sociales habían sufrido cambios importantes durante el régimen mi-
litar –inspirados en la noción de subsidiariedad de las funciones sociales
del Estado. Se implementaron, entre otras medidas, acciones dirigidas a
focalizar el gasto en salud y vivienda, y reformas de la financiación del
el sistema jubilatorio y el seguro de salud de los asalariados y sus fami-
lias (obras sociales) que eliminaron los aportes de los empleadores y
aumentaron los de los empleados. Estas reformas afectaron seriamente
la situación financiera del conjunto de la seguridad social, mientras que
el estancamiento de la inversión en los servicios sociales públicos pro-
fundizó el deterioro de las áreas de provisión social de acceso universal.
La insuficiencia de la oferta de estos bienes públicos y el arancelamiento
de ciertos servicios limitaron el acceso de los sectores de bajos ingresos
a la salud y a la educación de calidad.
La estrategia de apertura económica durante los noventa conllevó
una estrategia de reforma social que tuvo muchos rasgos en común con
las transformaciones iniciadas durante el gobierno militar.
2
El énfasis en
la restricción del gasto público social, y la introducción del mercado en
la provisión de servicios sociales hasta entonces de acceso universal,
acentuaron las diferencias entre los segmentos pobres y el resto de la
sociedad. El argumento de la restricción fiscal justificó un gasto magro
en programas compensatorios y asistenciales
3
, y no resolvió los proble-
mas de la oferta de servicios universales de salud y educación. En parti-
cular en áreas con fuerte incidencia de pobreza continuaron las carencias
1
La medición oficial de pobreza elaborada por el INDEC está disponible para el total
país a partir de 2000. Sin embargo, los datos son útiles para evaluar la extensión de la
pobreza en la medida que en el Gran Buenos Aires habita el 53% de la población
urbana.
2
Para una revisión de la política social protectora y de sus transformaciones ver Cortés
y Marshall (1993 y 1999).
3
El gasto social focalizado osciló alrededor del 1.4% del PBI a lo largo de los noventa,
si bien la pobreza se extendió a partir de 1995 (Beccaria, Cortés y Monza, 2002).
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, 1994-2002
en la provisión de instituciones a cargo del cuidado de niños en edad
preescolar. Esta distribución desigual de los recursos se había constitui-
do en obstáculo para la participación económica de las mujeres de secto-
res pobres, tal como lo consignan investigaciones realizadas durante los
ochenta.
4
Sin embargo, esta barrera no fue suficiente para detener el au-
mento de la participación de las mujeres de hogares pobres en los noven-
ta, que en consecuencia se producía en condiciones poco propicias.
La aplicación del programa económico de convertibilidad inicia-
do en 1991 fue seguida por tres años de crecimiento –hasta 1994 inclusi-
ve–, durante los cuales el empleo creció a tasas bajas y selectivamente
–particularmente entre trabajadores con niveles medios y altos de ins-
trucción. El empleo y los ingresos fueron castigados durante la crisis
tequila en 1995, seguida por dos años de recuperación del empleo y los
ingresos, que sin embargo permanecieron alrededor del nivel de 1994.
5
En 1999 se inició un nuevo ciclo recesivo en cuyo contexto se implementó
la devaluación del 2002; la consiguiente aceleración de la inflación ex-
tendió el desempleo y profundizó el deterioro de los ingresos laborales.
El análisis que sigue se concentra en la comparación del compor-
tamiento de mujeres y varones en el mercado de trabajo urbano entre un
año con crecimiento y bajos niveles de pobreza, 1994, y otro fuertemen-
te recesivo, 2002.
6
La crisis de 2002 sobrevino en un contexto de caída
de largo plazo de la demanda de trabajo en la manufactura y de oscila-
ciones en la construcción, que durante los noventa habían provocado el
aumento de las tasas de desempleo abierto y de subempleo horario, y
alentado el retiro de la fuerza de trabajo de los varones. En el período
aumentaron las tasas de participación y de empleo femeninas, al mismo
tiempo que también crecía la desocupación. A este escenario contribu-
yeron procesos culturales y sociales de largo plazo que incentivaron la
participación femenina, y también la terciarización del producto y de la
demanda de trabajo, que se reorientó hacia la oferta femenina, pero que
4
La Investigación de la Pobreza en la Argentina (IPA, INDEC) realizó una encuesta en
1987 en cinco ciudades, verificando que en los hogares pobres estructurales la partici-
pación de las cónyuges con hijos menores era muy baja.
5
Cálculos en Beccaria (2002a).
6
El análisis se basa en la información de la onda de mayo de la Encuesta Permanente de
Hogares (INDEC), que releva información del 70% de la población de áreas urbanas.
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no resultó suficiente para absorber la creciente participación. Si bien se
introdujeron reformas a la legislación laboral que flexibilizaron las regu-
laciones de contratación y disminuyeron el costo del despido, y además
se decretaron rebajas a las contribuciones patronales al sistema jubilatorio,
la evasión de las obligaciones contributivas aumentó y se extendieron
tanto la precariedad como la inseguridad de la inserción laboral.
En el escenario de mayo del 2002 la caída de la demanda laboral
convirtió a gran parte de los sectores económicos en expulsores de fuer-
za de trabajo, aumentando el nivel de las tasas de desocupación y de
subocupación involuntaria, así como la incidencia de la pobreza. Este
comportamiento característico de la manufactura, la construcción y los
servicios básicos privatizados durante los noventa, con la crisis se hizo
extensivo a los servicios a empresas y a los servicios financieros, así
como a los servicios a los hogares –el servicio doméstico y otros servi-
cios personales. La única excepción fue el sector público que permane-
ció como el empleador más importante, incluso sin incluir la proporción
de trabajadores comprendidos por los programas de empleo, que se ana-
liza más adelante.
La crisis del 2002 impactó el volumen y la composición de la
oferta de trabajo; los despidos en los sectores económicos que emplea-
ban sobre todo asalariados de niveles educativos altos (como bancos,
servicios a empresas, parte del comercio, entre otros) produjeron algu-
nos cambios en las tendencias que habían prevalecido hasta entonces en
el comportamiento de los distintos segmentos educativos. Adicionalmente,
la interrupción del crédito originada por la crisis bancaria y el aumento
de costos posterior a la devaluación dificultaron la operatoria e incluso
provocaron el cierre de diversos tipos de firmas. En décadas anteriores la
pérdida de puestos de trabajo había afectado sobre todo a los sectores
con baja educación; en cambio en el 2002 aumentaron las tasas de des-
empleo y cayó el empleo en el segmento más educado de varones y mu-
jeres. En otras palabras, la desocupación se extendió a sectores sociales
otrora más demandados como fuerza de trabajo. A su vez, estas tenden-
cias tuvieron un efecto multiplicador del desempleo. Históricamente los
sectores medios y altos habían sido los principales demandantes de servi-
cios a hogares en sentido amplio (servicio doméstico, reparaciones, entre
otros) y servicios personales. El desempleo y la caída de ingresos de las
clases medias restringió la demanda de aquellos servicios provocando la
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ERCADO
DE