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Consejo Económico y Social
Page 1
Consejo Económico
y Social
Distr.
GENERAL
E/CN.4/2001/73
23 de enero de 2001
ESPAÑOL
Original: INGLÉS
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
57º período de sesiones
Tema 12 a) del programa provisional
INTEGRACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER
Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Informe de la Sra. Radhika Coomaraswamy, Relatora Especial sobre la violencia
contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias, presentado de
conformidad con la resolución 2000/45 de la Comisión de Derechos Humanos
La violencia contra la mujer perpetrada y/o condonada por el Estado
en tiempos de conflicto armado (1997-2000)
E
NACIONES
UNIDAS
Page 2
página 2
ÍNDICE
Párrafos Página
RESUMEN ANALÍTICO...............................................................................................
4
I.
INTRODUCCIÓN ..........................................................................
1 -
8
6
II.
NUEVAS NORMAS JURÍDICAS SOBRE LOS CONFLICTOS
ARMADOS Y LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER ................
9 - 40
7
A.
La Corte Penal Internacional ....................................................
11 - 20
8
B.
Jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para
la ex Yugoslavia ......................................................................
21 - 33
10
C.
Jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para
Rwanda....................................................................................
34 - 40
16
III.
DIRECTRICES PARA EL FUTURO Y CUESTIONES
SIN RESOLVER ............................................................................
41 - 43
19
IV.
CUESTIONES GENERALES SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA
LA MUJER Y LOS CONFLICTOS ARMADOS (1997-2000)........
44 - 66
20
A.
Brutalidad inconcebible ...........................................................
44 - 45
20
B.
Armas químicas .......................................................................
46
21
C.
El papel de los agentes no estatales ..........................................
47
21
D.
La niña.....................................................................................
48 - 52
22
E.
La trata de mujeres con origen o destino en zonas
de conflicto..............................................................................
53
24
F.
Las mujeres desplazadas internas .............................................
54 - 56
24
G.
Militarización ..........................................................................
57
26
H.
Las fuerzas de mantenimiento de la paz de las
Naciones Unidas y las bases militares ......................................
58 - 62
27
I.
Programas de reconstrucción....................................................
63
29
J.
Las mujeres en el proceso de paz .............................................
64
29
K.
Responsabilidad/verdad y reconciliación..................................
65
30
L.
Impunidad/responsabilidad ......................................................
66
30
Page 3
página 3
ÍNDICE (continuación)
Párrafos Página
V.
CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN TIEMPOS
DE CONFLICTO ARMADO (1997-2000)......................................
67 - 113
31
A.
Afganistán ...............................................................................
68 - 71
31
B.
Burundi....................................................................................
72 - 73
32
C.
Colombia .................................................................................
74 - 75
33
D.
República Democrática del Congo ...........................................
76 - 78
34
E.
Timor Oriental .........................................................................
79 - 81
35
F.
República Federativa de Yugoslavia (Kosovo).........................
82 - 84
36
G.
India ........................................................................................
85 - 88
37
H.
Indonesia/Timor occidental......................................................
89 - 90
38
I.
El Japón: novedades en relación con la justicia en favor
de las mujeres de solaz.............................................................
92 - 96
39
J.
Myanmar .................................................................................
97 - 99
41
K.
La Federación de Rusia (Chechenia) ........................................
100 - 103
42
L.
Sierra Leona ............................................................................
104 - 108
43
M. Sri Lanka .................................................................................
109 - 113
44
VI.
RECOMENDACIONES .................................................................
114 - 135
46
A.
Internacionales.........................................................................
114 - 123
46
B.
Nacionales ...............................................................................
124 - 135
48
Page 4
página 4
RESUMEN ANALÍTICO
Durante el período que abarca el presente informe (1997-2000) no se ha reducido la
violencia contra las mujeres y las niñas. Las mujeres y las niñas fueron objeto de una brutalidad
inimaginable en diversos conflictos que abarcaron desde el Afganistán a Chechenia y desde
Sierra Leona a Timor Oriental. El informe muestra cómo desde 1997 las mujeres y las niñas han
sido violadas por las fuerzas gubernamentales y otros actores no estatales, por la policía
responsable de su protección, por los guardianes de los campamentos de refugiados y de las
fronteras, por los vecinos, por los políticos locales y, algunas veces, por miembros de su familia
bajo amenazas de muerte. Se las ha lisiado o mutilado sexualmente y a menudo se las ha matado
o se las ha dejado morir. Las mujeres han sido objeto de humillantes registros después de ser
desnudadas, han sido obligadas a desfilar o bailar desnudas delante de los soldados o en público
y a realizar penosas tareas domésticas estando desnudas. Las mujeres y las niñas han sido
obligadas a "casarse" con soldados, término eufemístico empleado para designar lo que es
esencialmente una violación reiterada y una esclavitud sexual, y ellas y sus hijos han padecido
discapacidades como consecuencia de la exposición a las armas químicas.
La Relatora Especial presta especial atención en su informe a los riesgos específicos que
corren las niñas durante los conflictos armados y a las deficiencias concretas que existen en la
protección y asistencia a las mujeres que se hallan desplazadas en el interior del territorio.
Resalta asimismo la creciente alarma que le produce el hecho de que las mujeres de los
campamentos de refugiados y otros albergues creados para su protección sean objeto de trata, y
lo sean también para servir al personal de las Naciones Unidas encargado del mantenimiento de
la paz en los países adonde está asignado. Principalmente la Relatora Especial expresa su
preocupación por el creciente número de informes de violaciones y otros abusos sexuales
cometidos por las fuerzas de mantenimiento de la paz y el personal de las Naciones Unidas, y
por los soldados y el personal asociado a las bases militares en todo el mundo, y hace hincapié en
la responsabilidad particular que tiene la Organización de adoptar medidas apropiadas para evitar
ese abuso.
La Relatora Especial destaca también la violencia y discriminación permanentes que sufren
las mujeres en los procesos de rehabilitación y reconstrucción y señala que, pese a que las
mujeres constituyen la mayoría de los cabezas de familia en la mayor parte de las situaciones que
se producen después de los conflictos, sus familias y sus necesidades raras veces son tenidas
suficientemente en cuenta como un factor en los programas internacionales de donaciones y
reconstrucción ni en la distribución de la ayuda humanitaria. La Relatora Especial hace hincapié
en que se debe incluir a las mujeres en todos los niveles de las Naciones Unidas, inclusive en las
unidades de mantenimiento de la paz y de policía civil, y que aquellas que tienen una experiencia
particular en lo relativo al género deben formar parte de la administración superior de toda la
Organización, si se desea que las Naciones Unidas desarrollen políticas apropiadas y eficaces
para proteger y asistir a las mujeres y las niñas durante los conflictos armados y después de
éstos. Es más, las mujeres deben desempeñar una función más importante en el proceso de paz,
durante el cual se establece el marco para las futuras estructuras del gobierno y la
administración, por lo que debe realizarse un esfuerzo concertado para que las mujeres participen
en los esfuerzos de la sociedad para analizar el pasado.
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página 5
El informe documenta también los positivos adelantos estructurales y de jurisprudencia
que se han producido durante los últimos cuatro años. La comunidad internacional ha empezado
a elaborar normas jurídicas precisas para dejar claro de una vez por todas que la violación y otras
clases de violencia por razones de género pueden ser crímenes de guerra, crímenes de lesa
humanidad y componentes del crimen de genocidio, así como tortura y otros tratos crueles,
inhumanos y degradantes y esclavitud. En el informe se examina la importante labor realizada
por los Tribunales Internacionales para la ex Yugoslavia y Rwanda, que han marcado hitos en
materia de jurisprudencia para juzgar la violencia sexual en tiempo de guerra. Además de
examinar la labor de los tribunales especiales, en el informe se comenta el único y gran
acontecimiento que se ha producido desde el último informe de la Relatora Especial, la
aprobación el 17 de julio de 1998 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, conocido como
Estatuto de Roma, que define expresamente la violación y otros abusos sexuales por razones de
género como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. El Estatuto de Roma aborda
también numerosas cuestiones estructurales, entre ellas la necesidad de contratar a jueces y
fiscales con una experiencia especial en la violencia contra la mujer y los niños y de crear un
servicio para las víctimas y los testigos, cosas que son esenciales para que el Tribunal funcione
como un mecanismo progresivo de justicia para las víctimas de la violencia por razones de
género.
La Relatora Especial desea hacer hincapié en que todavía existe un desfase entre el
reconocimiento por parte de la comunidad internacional de que quienes cometan violaciones u
otros actos de violencia por razones de género son responsables ante la ley y deben ser
castigados, y la voluntad política de los Estados Miembros de aplicar el derecho internacional
humanitario y las normas de derechos humanos, y reitera que los transgresores deben cargar con
su responsabilidad. La actual impunidad de quienes aplicaron el sistema japonés de esclavitud
militar durante la segunda guerra mundial es sólo uno de los muchos ejemplos de la desidia de
algunos Estados Miembros que no investigan los actos de violación y violencia sexual del
pasado, ni enjuician ni castigan a los responsables. Ello ha contribuido a crear un clima de
impunidad que hoy día perpetúa la violencia contra la mujer. El que la violencia descrita en el
presente informe se investigue y castigue y el que tales actos se eviten en el futuro depende en
fin de cuentas de que los Estados Miembros de las Naciones Unidas se comprometan
firmemente.
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I. INTRODUCCIÓN
1.
En su 56º período de sesiones la Comisión de Derechos Humanos, en su
resolución 2000/45, acogió con satisfacción el informe de la Relatora Especial sobre la violencia
contra la mujer, sus causas y consecuencias (E/CN.4/2000/68 y Add. 1 a 5) y la alentó en su
futura labor. En esa misma resolución la Comisión decidió renovar el mandato de la Relatora
Especial por un período de tres años y pidió a la Relatora Especial que informara anualmente a la
Comisión de Derechos Humanos, a partir de su 57º período de sesiones, sobre las actividades
relacionadas con su mandato.
2.
Para dar seguimiento a su anterior informe sobre la violencia contra la mujer que es
perpetrada y/o condonada por el Estado (E/CN.4/1998/54)
1
, el presente informe se centra en la
violencia contra la mujer en los conflictos armados, en particular habida cuenta de las
recomendaciones hechas en el informe de la Relatora Especial a la Comisión de Derechos
Humanos en 1998. El informe documenta también las nuevas normas jurídicas sobre los
conflictos armados y la violencia contra la mujer, aborda las tendencias futuras y las cuestiones
no resueltas e incluye un examen general sobre la violencia contra la mujer y los conflictos
armados (1997-2000) que comprende diversos estudios de casos por países.
Métodos de trabajo
3.
Con objeto de ofrecer un estudio sistemático del cumplimiento por parte de los Estados de
sus obligaciones internacionales por lo que respecta a la violencia contra la mujer perpetrada y/o
condonada por el Estado en tiempos de conflicto armado, la Relatora Especial pidió a los
gobiernos que le facilitaran informes por escrito sobre cómo se ha logrado que la práctica y la
política estatales estén en concordancia con las recomendaciones hechas a la Comisión de
Derechos Humanos en 1998.
4.
La Relatora Especial creó también un equipo de investigación integrado por expertos de
todo el mundo para que la asistiera en la tarea de informar a la Comisión sobre cuestiones
relacionadas con la violencia contra la mujer en tiempos de conflicto armado durante el
período 1997-2000. En el presente informe se incluyen los resultados de esa investigación
2
.
1
Informe presentado por la Sra. Radhika Coomaraswamy, Relatora Especial sobre la violencia
contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias, de conformidad con la
resolución 1997/44 de la Comisión (E/CN.4/1998/54), de 26 de enero de 1998 (denominado en
lo sucesivo "informe de 1998").
2
La Relatora Especial desearía dar las gracias especialmente a Holly Cartner por su aportación,
y a Julia Hall, de Human Rights Watch, por su investigación sobre la labor del Tribunal Penal
Internacional para la ex Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional para Rwanda, y al Foro
del Pacífico Asiático sobre la mujer, la legislación y el desarrollo por sus exposiciones acerca de
los conflictos armados en toda la región de Asia.
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página 7
Visitas a los países
5.
La Relatora Especial desearía señalar a la atención de la Comisión de Derechos Humanos
el informe sobre su misión a Bangladesh, Nepal y la India (28 de octubre a15 de noviembre
de 2000) relativo a la cuestión de la trata de mujeres y niñas (E/CN.4/2001/73Add.2).
6.
La Relatora Especial desearía aprovechar esta oportunidad para expresar su agradecimiento
a los Gobiernos de Bangladesh, Nepal y la India por facilitar su visita y permitirle entrevistarse
con todos los interlocutores competentes, tanto gubernamentales como no gubernamentales, de
los tres países. La Relatora Especial lamenta que su visita a Sierra Leona, programada para
agosto de 2000, tuviera que aplazarse, y espera que esta visita se realice en 2001.
7.
En una carta fechada el 27 de abril de 2000 la Relatora Especial preguntó a la Federación
de Rusia si podría considerar la posibilidad de invitarla a ella y al Relator Especial sobre la
tortura a realizar una visita conjunta a ese país para examinar la situación en la República de
Chechenia. En una carta de fecha el 11 de septiembre de 2000, el Gobierno dirigió una
invitación sólo a la Relatora Especial para visitar Rusia, incluida la región del norte del Cáucaso.
En una carta de fecha el 27 de septiembre de 2000, los dos Relatores Especiales reiteraron su
petición de llevar a cabo una misión conjunta.
8.
La Relatora Especial lamenta que el Gobierno no haya considerado conveniente invitarla a
ella y al Relator Especial sobre la tortura a visitar la zona de Chechenia, después de que le
pidieran específicamente en abril realizar una visita conjunta.
II. NUEVAS NORMAS JURÍDICAS SOBRE LOS CONFLICTOS ARMADOS
Y LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
9.
Desde que se presentó el último informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra
la mujer en tiempos de conflicto armado no se ha reducido la violencia contra la mujer durante la
guerra. Pero en los últimos años ha aumentado el reconocimiento internacional de la gravedad
de estos crímenes y se ha reafirmado el compromiso internacional de establecer un mecanismo
de responsabilidad.
10.
Como ha señalado la Relatora Especial en anteriores informes, si bien hace tiempo que se
prohibió la violación y otros actos de violencia por razones de género en tiempo de guerra, se les
suele pasar por alto y pocas veces son castigados. Sólo en los últimos años, a raíz de las
violaciones y actos de violencia sexual sistemáticos asociados a los conflictos en Bosnia y
Rwanda, la comunidad internacional ha empezado a elaborar normas jurídicas precisas para
poner en claro de una vez por todas que esas prácticas pueden ser crímenes de guerra, crímenes
de lesa humanidad y componentes del crimen de genocidio, y equivaler a tortura y otros tratos
crueles, inhumanos y degradantes, y a esclavitud. Además, sólo recientemente se han creado
mecanismos para facilitar la investigación y procesamiento de esos crímenes, mediante la
creación de los Tribunales Especiales para la ex Yugoslavia y Rwanda, y más recientemente de
la Corte Penal Internacional.
Page 8
página 8
A. La Corte Penal Internacional
11.
El único acontecimiento de gran importancia ocurrido desde que se presentó el informe
anterior de la Relatora Especial (denominado en lo sucesivo "informe de 1998") fue la
aprobación, el 17 de julio de 1998 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, conocido como
Estatuto de Roma. Desde noviembre del año 2000 han firmado el tratado 116 países y 23 lo han
ratificado, con lo que se alcanza más de la tercera parte del número de ratificaciones necesario
para que el tratado entre en vigor.
12.
El Estatuto de Roma establece explícitamente que la violación y otros abusos sexuales
3
forman parte de los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional, al
definirlos específicamente como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Con arreglo
al Estatuto, la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la
esterilización forzada u otros abusos sexuales que constituyen también graves infracciones de los
Convenios de Ginebra (conflictos armados internacionales)
4
o graves violaciones del artículo 3
común a los cuatro Convenios de Ginebra (conflictos armados que no sean de índole
internacional)
5
son crímenes de guerra. Asimismo, el Estatuto incluye entre los crímenes de lesa
humanidad, la tortura y la "violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado,
esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable" cuando se cometen como
parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil
6
. Además, en el
Estatuto se define la "esclavitud" como "el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad
sobre una persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de
personas, en particular mujeres y niños"
7
. En el Estatuto se dispone también que la persecución
por motivo de género, así como la fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos,
culturales, religiosos u otros motivos, puede constituir un crimen de lesa humanidad
8
.
13.
Aun cuando el Estatuto no hace una referencia explícita a la violación u otros abusos
sexuales en su artículo sobre el genocidio, considerando los términos empleados en la
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, sus disposiciones pueden
utilizarse para perseguir la violación y otros abusos sexuales (véase, por ejemplo, el caso
Akayesu que se cita más adelante). El Estatuto dispone que entre los actos que constituyen
3
A los efectos del Estatuto se entiende que el término "género" se refiere a "los dos sexos,
masculino y femenino, en el contexto de la sociedad". Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional, art. 7, párr. 3.
4
Ibíd., art. 8, párr. 2 b), xxii).
5
Ibíd., art. 8, párr. 2 e), vi).
6
Ibíd., art.7, párrs. 1 y 1 g).
7
Ibíd., art. 7, párr. 2 c).
8
Ibíd., art. 7, párr. 1 h).
Page 9
página 9
genocidio figuran causar "lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo"
e imponer "medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo"
9
.
14.
Es importante también que el tratado incluya una cláusula de no discriminación, en que se
exija que la aplicación e interpretación de la ley por la Corte Penal Internacional:
"Deberá ser compatible con los derechos humanos internacionalmente reconocidos,
sin distinción alguna basada en motivos como el género..."
10
15.
Es significativo que en el Estatuto de Roma se reconozca específicamente la inquietud que
despiertan los niños soldados, al considerar que "reclutar o alistar a niños menores de 15 años en
las fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades" es un
crimen de guerra
11
.
16.
Además de sus disposiciones jurídicas sustantivas, en el Estatuto de Roma se tratan
diversas cuestiones estructurales que los activistas de los derechos de la mujer consideraron
decisivas para que la Corte funcione como un mecanismo progresivo de justicia para las víctimas
de la violencia por razones de género. En la selección de los jueces, los Estados Partes deben
tener en cuenta la necesidad de que haya una "representación equilibrada de magistrados mujeres
y hombres" y "magistrados que sean juristas especializados en temas concretos, entre otros la
violencia contra las mujeres o los niños"
12
. Se exige también que la Fiscalía nombre asesores
jurídicos especialistas en "violencia sexual, violencia por razones de género y violencia contra
los niños"
13
.
17.
El Estatuto prevé también específicamente el establecimiento de una Dependencia de
Víctimas y Testigos que "en consulta con la Fiscalía, adoptará medidas de protección y
dispositivos de seguridad y prestará asesoramiento y otro tipo de asistencia a testigos y
víctimas… y a otras personas que estén en peligro en razón del testimonio prestado.
La Dependencia contará con personal especializado para atender a las víctimas de traumas,
incluidos los relacionados con delitos de violencia sexual"
14
.
18.
Aunque en muchos de los elementos de la Corte Penal Internacional se tienen muy
presentes los problemas que plantea la violencia contra la mujer en tiempo de guerra, el Estatuto
de Roma presenta también ciertos inconvenientes respecto de los derechos humanos
internacionales de la mujer. En el apartado f) del párrafo 2 del artículo 7 del Estatuto se dice que
para que haya "embarazo forzado" debe existir "la intención" por parte del violador de modificar
9
Ibíd., art. 6 b) y d).
10
Ibíd., art. 21, párr. 3.
11
Ibíd., art. 8, párr. 2 b) xxvi).
12
Ibíd., art. 36, párr. 8 a) iii) y b).
13
Ibíd., art. 42, párr. 9.
14
Ibíd., art. 43, párr. 6.
Page 10
página 10
la composición étnica de una población. Esta definición suscita serias inquietudes respecto de
por qué un embarazo forzado de la índole que sea no deberá constituir un delito. Además, parece
que ello confirma los prejuicios respecto de la pureza étnica al hacer que ciertas clases de
embarazo forzado sean más delito que otros.
19.
Además, en el Estatuto de Roma, en el párrafo 3 de su artículo 7, se señala que el término
"género" se refiere a "los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad". Esta
definición, al subrayar de nuevo la diferenciación biológica entre hombres y mujeres, impide los
enfoques que se basan en la interpretación social del género.
20.
Por último, el Estatuto de Roma no contiene disposiciones relativas al anonimato de los
testigos ante el inculpado una vez que el caso llega al Tribunal. Aunque hay en el Estatuto
disposiciones para que se mantenga el anonimato de los testigos, sus autores han preferido hacer
más hincapié en los derechos de los inculpados que en la seguridad de los diferentes testigos.
B. Jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia
21.
El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia ha desempeñado una función
decisiva en la creación de puntos de referencia en materia de jurisprudencia para el
procesamiento de los abusos sexuales cometidos en tiempo de guerra. La Fiscalía ha reconocido
que la violencia sexual no sólo constituye un conjunto de crímenes internacionales, como los
crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, sino que puede constituir también tortura,
esclavitud, graves lesiones corporales y otros actos pertinentes, siempre que los elementos que
constituyen esos crímenes se hallen presentes en el acto de violencia sexual. Hasta la fecha, en
los procesos públicos de este Tribunal por crímenes cometidos durante la guerra en la antigua
Yugoslavia se han considerado los crímenes de agresión sexual como graves violaciones de los
Convenios de Ginebra, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Además,
el Tribunal ha imputado públicamente a varios presuntos criminales de guerra la responsabilidad
de ordenar la comisión de crímenes de abuso sexual, con arreglo al párrafo 3 del artículo 7 del
Estatuto.
El caso Tadic
22.
Dusko Tadic, miembro de las fuerzas serbobosnias que actuaban en el municipio de
Prijedor, fue declarado culpable por el Tribunal el 7 de mayo de 1997 por crímenes de lesa
humanidad y crímenes de guerra cometidos en la antigua Yugoslavia
15
. Tadic, un oficial de baja
graduación del conocido campo de Omarska no fue condenado por cometer directamente un acto
de agresión sexual
16
sino por su participación en una amplia campaña de terror, generalizada
15
El 11 de noviembre de 1999, Tadic fue condenado a 25 años de prisión. Esta condena fue
reducida más tarde por el Tribunal de Apelaciones a un máximo de 20 años. Tribunal
Internacional para la ex Yugoslavia, Hoja informativa sobre las actuaciones del Tribunal Penal,
noviembre de 2000.
16
El documento inculpatorio original en el caso Tadic acusaba a éste de haber violado a una
mujer detenida, la testigo F. Cuando el juicio se hallaba próximo, la testigo F se retiró y se negó
a declarar . Algunos observadores dijeron que la testigo se había retirado porque tenía
demasiado miedo de declarar, y muchos consideraron su comportamiento como una prueba de
Page 11
página 11
y sistemática, que consistió en golpizas, torturas, agresiones sexuales y otros abusos físicos y
psicológicos contra la población no serbia de la región de Prijedor
17
.
23.
Es particularmente importante el hecho de que en el caso Tadic el Tribunal resolviera que
el acusado era culpable de crímenes de lesa humanidad por actos criminales de persecución entre
los que figuraban crímenes de abuso sexual. En lugar de refugiarse en la afirmación, muy
frecuente, de que la violación es un acto fortuito o arbitrario perpetrado por soldados que buscan
desahogar su energía sexual, la sentencia dictada en el caso Tadic afirma categóricamente que la
violación y el abuso sexual pueden considerarse como parte de una campaña generalizada o
sistemática de terror contra la población civil. No es necesario probar que la violación misma
fuera generalizada o sistemática sino que la violación constituía uno o tal vez muchos tipos de
crímenes, cuyo espectro se cometía de forma generalizada o sistemática e incluía una campaña
de terror por parte del agresor
18
.
El caso Blaškic
24.
Tihomir Blaškic, un coronel de las fuerzas armadas del Consejo de Defensa de
Croacia (HVO) y jefe de la zona operativa de Bosnia central de las fuerzas armadas del HVO
durante los hechos por los cuales fue procesado por el Tribunal Penal Internacional para la
ex Yugoslavia, fue acusado de responsabilidad criminal directa y responsabilidad de ordenar
crímenes de lesa humanidad, entre ellos violaciones cometidas en los centros de detención.
que el Tribunal no brindaba suficiente protección a los testigos, en particular a las mujeres
supervivientes de agresiones sexuales. La negativa de la testigo F a participar obligó al fiscal a
enmendar el acta de acusación y a retirar los cargos de violación contra Tadic. Así pues, el
Tribunal pasó a considerar el marco, más amplio, en que operaba Tadic, un entorno caracterizado
en parte por una violencia sexual brutal. Véase, por ejemplo, Kelly Askin, "Sexual Violence in
ICTY and ICTR Indictments and Decisions: The Current Status of Prosecutions Based on
Gender-Based Crimes Before the ICTY and ICTR: Developments in the Protection of Women
in International Humanitarian Law", American Journal of International Law.
17
El Fiscal c. Tadic, acta de acusación, párr. 2.6.
18
El tribunal que juzgó el caso Tadic declaró que el crimen de persecución incluye actos de
diversa gravedad, desde el asesinato hasta una limitación del tipo de profesiones que pueden
ejercer los miembros del grupo elegido como objetivo. El Fiscal c. Tadic, sentencia de 7 de
mayo de 1997, párr. 704. En importantes dictámenes, el Tribunal aborda también la cuestión de
si un solo acto puede constituir un crimen de lesa humanidad: es evidente que un solo acto
cometido por un perpetrador en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra una
población civil entraña una responsabilidad penal individual, y que un perpetrador individual no
necesita cometer numerosos delitos para ser considerado responsable. Si bien es cierto que los
actos aislados y fortuitos no deberían incluirse en la definición de crímenes de lesa humanidad,
tal es la finalidad del requisito de que esos actos vayan dirigidos contra la población civil; de ahí
que incluso un acto aislado pueda constituir un crimen de lesa humanidad, si es la consecuencia
de un sistema político basado en el terror o en la persecución. Ibíd., párr. 649, cita de
Henri Meyerowitz en el informe de D. Thiam, Relator Especial de la Comisión de Derecho
Internacional (A/CN.4/466), párr. 89.
Page 12
página 12
El 3 de marzo de 2000, Blaškic fue condenado por algunas violaciones del derecho humanitario,
entre ellas crímenes de guerra, graves violaciones y crímenes de lesa humanidad contra la
población bosnia musulmana de Bosnia central
19
. No fue condenado por cometer directamente
los crímenes enumerados en el acta de acusación sino por ordenar, planificar, instigar o de otra
forma cooperar en la planificación, preparación o comisión de esos crímenes
20
.
25.
La sentencia es importante, entre otras cosas, por el amplio análisis que ofrece sobre lo que
constituye un crimen de lesa humanidad. El Tribunal enumera los cuatro elementos que forman
un "ataque sistemático", y entre ellos está "la perpetración de un acto criminal de grandes
proporciones contra un grupo de civiles o la repetida y continua comisión de actos inhumanos
vinculados entre sí"
21
. El análisis realizado por el Tribunal sobre los crímenes de lesa
humanidad es una contribución positiva al establecimiento de la violación como crimen de
guerra. En ambas interpretaciones de los crímenes de lesa humanidad, la del caso Tadic y la del
caso Blaškic, la violación y abuso sexual de las mujeres no necesita en sí misma ser generalizada
o sistemática, aunque la violencia sexual puede ser un elemento constitutivo de una campaña
generalizada y sistemática que abarque otros actos criminales.
El caso Celebici
26.
El 16 de noviembre de 1998 el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia dictó su
primer fallo condenatorio de un criminal de guerra bosnio concretamente por delitos de agresión
sexual, entre otros crímenes de guerra. El Tribunal dictaminó que Hazim Delic, un bosnio
musulmán, comandante adjunto del campo de detención de Celebici, era culpable de violar y
agredir sexualmente a dos mujeres serbiobosnias que estaban presas en el campo, en 1992, y lo
declaró culpable, entre otras cosas, de una grave violación (tortura) y crímenes de guerra
(tortura) por las violaciones
22
. El Tribunal resolvió también que Zdravko Mucic, un comandante
del campo bosniocroata tenía responsabilidad por ordenar los abusos cometidos contra detenidos
en el campo de Celebici, como asesinatos, tortura, agresiones sexuales, golpes y otras formas de
trato cruel e inhumano.
19
El Fiscal c. Blaškic, Nº IT-95-14, sentencia de 3 de marzo de 2000. Blaškic fue absuelto de
los cargos de genocidio.
20
Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, art. 7, párr. 1.
21
El Fiscal c. Blaškic, sentencia, párr. 203. Los otros tres elementos eran: a) la existencia de un
objetivo político, de un plan en virtud del cual se perpetra el ataque o de una ideología en el
sentido amplio de la palabra, a saber, destruir, perseguir o debilitar a una comunidad; b) la
preparación y utilización de recursos públicos o privados importantes, bien militares o de otra
índole; y c) la implicación en la definición y el establecimiento de un plan metódico de
autoridades políticas y/o militares de alto nivel.
22
El Fiscal c. Delalic, y otros, caso Nº IT-96-21-A, 16 de noviembre de 1997. Por otros actos
Delic fue declarado culpable también de homicidio voluntario y asesinato, tortura, trato
inhumano y cruel, causar grandes sufrimientos o graves lesiones, y detención ilegal de civiles.
Page 13
página 13
27.
La sentencia confirma que la violación y la agresión sexual pueden ser actos de tortura; el
Tribunal subrayó que un objetivo prohibido de la tortura es "por discriminación de cualquier
clase", inclusive la discriminación por razones de género
23
; el Tribunal halló a un comandante
del campo responsable de las agresines sexuales cometidas por sus subordinados; el Tribunal
adoptó la amplia y progresista definición de violación expresada por el Tribunal del caso
Akayesu (véase más adelante), y el Tribunal hizo hincapié en que la violación y la agresión
sexual producían no sólo un daño físico sino también un daño psicológico.
28.
Hazim Delic fue condenado a 20 años de privación de libertad por crímenes cometidos en
el campo de Celebici, pese a que el Fiscal pidió la pena de cadena perpetua. Se consideró que
Delic no era culpable de haber ordenado ninguno de los crímenes cometidos por sus
subordinados, aunque él era el comandante adjunto del campo bajo las órdenes de Mucic, y la
prueba de que, de hecho controlaba a los guardianes del campo, se halla en las declaraciones
dispersas que se hicieron durante el juicio
24
. El Fiscal ha recurrido tanto la sentencia como el
fallo contra Delic. Mucic, Delic y Landzo también han apelado contra sus condenas.
El caso Furundzija
29.
Anto Furundzija, un comandante local destinado en Vitez en una unidad especial de la
policía militar del HVO, fue declarado culpable, el 10 de diciembre de 1998, de tortura como
coautor de la violación de una mujer musulmana bosnia durante el interrogatorio, y de
complicidad en la violación
25
. El caso fue el primero que se juzgó exclusivamente por delitos de
violencia sexual en un tribunal internacional, y aporta algunas contribuciones progresistas a la
jurisprudencia de la violación como crimen de guerra. El Tribunal confirmó, entre otras cosas, el
carácter de crimen de guerra de la violación, en particular en virtud del artículo 3 común a los
Convenios de Ginebra relativos a los conflictos armados que no sean de índole internacional
26
;
aceptó la definición de violación del caso Akayesu, pero formuló un conjunto de elementos que
prohíben expresamente el sexo oral forzado
27
; además afirmó que una de las condiciones de la
23
El Tribunal que juzgó el caso Celebici señala además que las Naciones Unidas han reconocido
que la violencia causada a las mujeres por el hecho de serlo, en particular los actos que causan
daños o sufrimientos físicos, mentales o sexuales, representa una forma de discriminación que
impide en gran medida a las mujeres disfrutar de los derechos humanos y las libertades.
Así pues, el Tribunal suscribió la opinión de que la discriminación por razones de género puede
ser fundamento para juzgar la violación como tortura. Delalic y otros, sentencia, párr. 493.
24
Por ejemplo, numerosos testigos declararon que Delic era un comandante con las atribuciones
del cargo. Ibíd., párr. 798.
25
El Fiscal c. Furundzija, caso Nº IT-95-17/1-T, sentencia de 10 de diciembre de 1998.
26
Ibíd., párrs. 165 a 171.
27
Los elementos objetivos de la violación son:
i)
la penetración sexual, por muy ligera que sea:
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tortura en los conflictos armados era que, por lo menos, una de las personas asociadas a la sesión
de tortura fuera un responsable oficial o actuara como órgano de "cualquier otra entidad
investida de poder"
28
, lo que permitiría considerar posibles torturadores a determinados agentes,
entre ellos los paramilitares y otras tropas "irregulares" que violaron y agredieron sexualmente a
las mujeres en la guerra de la ex Yugoslavia con la aprobación y el apoyo tácitos de diversos
militares
29
.
30.
Lamentablemente, el Tribunal adoptó también algunas decisiones de procedimiento que
causan inquietud. En un fallo controvertido el Tribunal pidió, so pena de sanción, que se le
facilitara documentación de un centro de terapia de mujeres de Bosnia sobre el trato psicológico
que la testigo A había recibido después de ser objeto de violaciones. Después de un examen a
puerta cerrada para determinar su pertinencia y decidir si debía comunicarse a las partes
30
, el
Tribunal resolvió que se diera a conocer a la defensa y al Fiscal la documentación sobre la
terapia
31
. Si bien Furundzija en fin de cuentas fue condenado y su condena ratificada tras la
apelación
32
, las decisiones de procedimiento adoptadas por el Tribunal, en particular por lo que
a)
de la vagina o del ano de la víctima por el pene del violador o cualquier otro
objeto utilizado por éste;
b)
de la boca de la víctima por el pene del violador;
ii)
mediante coacción, fuerza, o amenaza de emplear la fuerza contra la víctima o una
tercera persona.
Ibíd., párr. 185. El Tribunal declara que la penetración oral forzada puede ser tan humillante y
traumática para la víctima como la penetración vaginal o anal y que una definición general de lo
que constituye una violación concuerda con el principio fundamental de proteger la dignidad
humana. Ibíd., párr. 184.
28
Ibíd., párr. 162.
29
Ibíd.
30
Ibíd., párr. 26.
31
En las reglas del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia no se prevé trato especial
alguno para las historias clínicas o los expedientes sobre terapia por violación. Muchos de los
que critican las actuaciones del Tribunal en el caso Furundzija han pedido a ese Tribunal Penal
que enmiende las Reglas de Procedimiento y Prueba para que se incluya un privilegio para las
historias clínicas o los expedientes sobre terapia en caso de violación que prohíba su divulgación,
a menos que el Tribunal esté convencido, después de un examen a puerta cerrada, de la verdad
del alegato de la defensa de que los expedientes no sólo son pertinentes sino exculpatorios. En la
versión definitiva de las Reglas de Procedimiento y Prueba se reconoce la confidencialidad de
las comunicaciones entre una persona y su médico, psiquiatra, psicólogo o abogado, según la
regla 73.3. Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional, Informe del Grupo de Trabajo
sobre las Reglas de Procedimiento y Prueba (PCNICC/2000/1/Add.1), 2 de noviembre de 2000.
32
Furundzija, caso Nº IT-95-17/1-A, sentencia, 21 de julio de 2000.
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página 15
respecta a la revelación del expediente sobre terapia personal de la testigo A, deben ser motivo
de preocupación, en particular por los posibles efectos negativos que pudieran tener en otras
mujeres que decidan cooperar con el Tribunal.
El caso Foca
31.
En junio de 1996, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia hizo pública un
acta de acusación contra ocho serbiobosnios por determinados delitos sexuales cometidos contra
mujeres en Foca
33
. Como señaló este Tribunal Penal, el acta de acusación tenía una gran
importancia desde el punto de vista jurídico porque era la primera vez que se investigaban con
diligencia las agresiones sexuales con el propósito de iniciar una acción penal por tortura y
esclavitud como crímenes de lesa humanidad
34
. El caso Foca puede diferenciarse de los casos
Tadic y Blaškic en que se inculpa a los acusados de crímenes de lesa humanidad por llevar a
cabo una campaña generalizada o sistemática de violencia sexual contra las mujeres. En estos
casos, la violación y la agresión sexual por sí mismas fueron sistemáticas y constituyeron la
"perpetración de un acto criminal de grandes proporciones contra un grupo de civiles" requerida
para una acusación por crímenes de lesa humanidad
35
. Actualmente se está celebrando el juicio
y se prevé que se dicte un fallo antes de que finalice el año.
32.
El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia ha procesado a varias personas por
responsabilidad de ordenar (o máxima)
36
delitos de agresión sexual. Como se ha señalado
anteriormente en el caso Celebici, los procesados fueron condenados no porque fueran los
autores materiales sino por las violaciones y actos de violencia sexual que cometieron sus
33
Entre julio de 1992 (abril de 1992 para Vukovic) y febrero de 1993, los encausados son
acusados de violar a mujeres en los lugares de detención; sacar a las mujeres de los centros de
detención y llevarlas a casas, apartamentos y hoteles para violarlas; obligar a las mujeres a
desnudarse y bailar desnudas ante los grupos de soldados y de la policía; cometer violaciones en
grupo y en público; mantener detenidas a las mujeres en casas y apartamentos utilizados como
burdeles; obligar a las mujeres a realizar quehaceres domésticos en las casas y apartamentos, y
obligarlas a someterse a las agresiones sexuales; y vender mujeres a cambio de dinero.
Las violaciones consistían en la penetración vaginal, anal y oral y en felación. Se acusa a
Kunarac de ser responsable de ordenar actos de agresión sexual cometidos por sus subordinados.
Muchas de las víctimas eran niñas; una de ellas tenía 12 años y otra 15 cuando fueron violadas y
cuando fueron objeto de abusos sexuales en cadena en Foca. Muchas de las mujeres fueron
violadas en cadena durante largos períodos de tiempo. Muchas sufrían lesiones ginecológicas
permanentes como consecuencia de la violación, y una de las mujeres ya no pudo concebir como
consecuencia de esas lesiones. En las actas de acusación se hacía mención también de
violaciones de mujeres embarazadas de siete meses.
34
ICTY press release, 27 de junio de 1996.
35
Blaškic, sentencia, nota 179.
36
La doctrina de la responsabilidad de mando considera a los que desempeñan cargos de
autoridad responsables de los actos de sus subordinados. Véase el párrafo 3 del artículo 7 del
Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.
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subordinados. Otros, como Radovan Karadzic, han sido acusados de crímenes, como violación y
abuso sexual, cometidos por quienes estaban bajo sus órdenes.
33.
El 27 de mayo de 1998, este Tribunal Penal acusó a un Jefe de Estado en funciones, el
Presidente yugoslavo Slobodan Milosevic, a la sazón Presidente de Yugoslavia, por las
violaciones de las leyes o costumbres de la guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos por
unidades militares y de la policía que actuaban en Kosovo durante los cinco primeros meses
de 1999
37
. Milosevic está acusado por sus propios actos y por su responsabilidad de ordenarlos.
Aun cuando la acusación no incluía cargos relacionados con la agresión sexual, representantes
del Tribunal Penal han manifestado públicamente que tienen la intención de investigar y, en caso
necesario, acusar y procesar a los autores de actos de abusos sexuales cometidos en la
provincia
38
.
C. Jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para Rwanda
34.
Desde diciembre de 2000, el Tribunal Penal Internacional para Rwanda (ICTR) ha
formulado acusación pública contra 45 personas. Entre los cargos formulados contra 5 de ellas
los había de violencia sexual. Cuarenta y tres de los acusados se hallan detenidos sometidos a
juicio, pendientes de juicio o cumpliendo sentencia.
El caso Akayesu
35.
En el fallo del Tribunal en la causa de El Fiscal c. Akayesu
39
, dictado el 2 de septiembre
de 1998, se reconoce por primera vez que pueden formularse cargos por actos de violencia
sexual por ser elementos constitutivos de una campaña de genocidio. A Jean-Paul Akayesu, en
su día alcalde de la comuna de Taba, se le acusó de genocidio, de crímenes de lesa humanidad y
crímenes de guerra
40
y de haber tenido conocimiento de la comisión de actos de violencia sexual
37
Además de Milosevic, fueron acusados Milan Milutinovic, Presidente de Serbia,
Nikola Sainovic, Viceprimer Ministro de la República Federativa de Yugoslavia,
Dragoljub Ojdanic, Jefe de Personal del Ejército Yugoslavo, y Vlajko Stojiljkovic, Ministro
del Interior de Serbia.
38
Comunicado de prensa del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, "ICTY
Prosecutor, Carla Del Ponte, releases background paper on sexual violence investigation and
prosecution", La Haya, 8 de diciembre de 1999.
39
El Fiscal c. Akayesu, ICTR-96-4, de 13 de febrero de 1996, enmendado e ICTR-96-4-I
enmendado, de 17 de junio de 1997.
40
En la acusación se definen los actos de violencia sexual de forma que quedan incluidos
"la penetración sexual por la fuerza… y los abusos sexuales, tales como la desnudez forzada".
Ibíd., párr. 10A. En la primera acusación contra Akayesu no figuraban cargos por delitos de
violencia sexual, a pesar de las abrumadoras pruebas que existían sobre violaciones en masa en
la comuna de Taba. La falta de voluntad política de algunos altos cargos del tribunal, así como
la deficiencia de los métodos de investigación seguidos por algunos de los investigadores y
fiscales del tribunal explican esa omisión. El acta de acusación se enmendó después de que
numerosas mujeres tutsis testificaran y se expresaran en público sobre la violencia sexual en la
Page 17
página 17
y haber facilitado la comisión de tales actos, permitiendo que se cometieran en los locales de la
comuna
41
. También se acusó a Akayesu de hallarse presente en la comisión de delitos de
violencia sexual, dando así pábulo a tales delitos
42
.
36.
La sentencia en la causa contra Akayesu es inequívoca al pronunciarse los magistrados en
el sentido de que los delitos de violencia sexual cometidos en la comuna de Taba y en toda
Rwanda constituyeron actos de genocidio:
"La violación y los actos de violencia sexual… constituyen genocidio, lo mismo que
cualquier otro acto, si se cometen con el propósito específico de destruir, en todo o en
parte, a un grupo determinado al que se toma como objetivo… La violencia sexual fue
parte integrante del proceso de destrucción que tuvo por objetivo específico a las mujeres
tutsis y que contribuyó específicamente a su destrucción y a la destrucción del grupo tutsi
en su conjunto."
43
37.
La sala de primera instancia declaró a Akayesu culpable del delito de genocidio, y resolvió
que "más allá de toda duda razonable, el acusado tenía motivos para saber y, de hecho sabía, de
la comisión de actos de violencia sexual en los locales de la comuna o en sus inmediaciones y
que de dichas dependencias se trasladaba a las mujeres para violarlas. No hay prueba ninguna de
que el acusado adoptara medidas para evitar los actos de violencia sexual. De hecho, la hay de
que el acusado ordenó, indujo, ayudó de otras maneras y aprobó la comisión de actos de
violencia sexual"
44
.
comuna de Taba. Véase también Human Rights Watch, Shattered Lives: Sexual Violence
During the Rwandan Genocide and its Aftermath, septiembre de 1996, donde se detalla la forma
masiva y sistemática en que se perpetraron los actos de violencia sexual en el genocidio de
Rwanda. En junio de 1997 se enmendó el acta de acusación en la causa contra Akayesu de
forma que se reflejara el papel decisivo de la violencia sexual en el genocidio de los tutsis de la
comuna de Taba.
41
Durante el juicio de Akayesu, varias mujeres tutsis testificaron que habían sido víctimas de
violaciones colectivas y reiteradas por parte de las milicias en los locales de la comuna o en sus
inmediaciones, incluso en presencia de Akayesu. Hablaron de que vieron cómo un grupo de
hombres violaba y asesinaba a otras mujeres delante de Akayesu. En una ocasión en que este
último presenció tales violaciones y asesinatos dijo al parecer a los autores "no me pregunten
más a qué sabe una mujer tutsi". El Fiscal c. Jean-Paul Akayesu, conclusiones de la acusación,
vol. I, 29 de abril de 1998, párr. 165. Además, tanto las víctimas como los testigos que
intervinieron en el juicio describieron otros actos de violencia sexual, como la violación pública,
la violación con objetos tales como machetes y palos, la esclavitud sexual, la desnudez forzada y
la violación de niñas.
42
Acta de acusación enmendada contra Akayesu, párr. 12B.
43
Sentencia en la causa Akayesu, de 2 de septiembre de 1998, párr. 31 (en la sección 7.8,
Cargo 1 - Genocidio, Cargo 2 - Complicidad en genocidio).
44
Ibíd., párr. 52.
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página 18
38.
El tribunal que juzgó a Akayesu contribuyó de manera significativa a la actual evolución
de la jurisprudencia sobre la violación como crimen de guerra al hacer una definición expresa y
amplia por la que se equiparaba claramente la violación a otros crímenes de lesa humanidad.
En la definición asumida en la causa contra Akayesu la violación se reconceptualiza como
atentado a la seguridad de la persona de la mujer de que se trate y se desecha el concepto
abstracto de virtud o de baldón para la honra de toda la familia o aldea. También es significativo
que, al definir la violencia sexual, el tribunal incluyera en ese concepto el desnudo forzado,
sentando así firmemente que los actos de agresión sexual no se circunscriben a aquellos que
entrañan la penetración y ni siquiera al contacto sexual
45
. En el fallo se dice claramente que la
sala considera que la violación constituye una forma de agresión y que los elementos
fundamentales del delito de violación no pueden reducirse a la descripción mecánica de objetos y
partes del cuerpo. La sala define la violación como una invasión física de índole sexual,
perpetrada contra una persona en circunstancias que entrañan coacción
46
. La definición de la
violación y de los actos de agresión sexual asumidas en la causa de Akayesu es también la que
ha adoptado el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y ha servido para fijar la definición
aceptada internacionalmente de los delitos de violencia sexual en todos los casos interpuestos
hasta la fecha ante el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia (véanse las causas Celebici y
Furundzija ya tratadas).
El caso Musema
39.
El 27 de enero de 2000, el Tribunal sostuvo que Alfred Musema, director de la fábrica de
té de Gisovu, había atentado en persona contra individuos tutsis y había incitado a sus empleados
a agredir a tales individuos en los violentos ataques de abril y mayo de 1994. También se
determinó que Musema había violado a una joven tutsi llamada Nyiramusugi mientras la
sujetaban otros cuatro hombres
47
, que después se marchó mientras los otros cuatro seguían
violándola hasta que la dieron por muerta. El Tribunal sostuvo que Musema era personalmente
responsable del acto de violación cometido por él mismo y culpable de complicidad en la
perpetración de la violación por los demás. El Tribunal determinó que las pruebas presentadas,
teniendo en cuenta los asesinatos y otros actos de agresión física y de daño mental graves,
incluida la violación y otras formas de violencia sexual, eran constitutivos de genocidio. Por lo
que se refiere a la violencia sexual, el Tribunal afirmó que la violación y los actos de violencia
sexual formaban parte integrante del plan trazado para destruir al grupo tutsi. Con esos actos se
tomaba por blanco a las mujeres tutsis en particular y de manera específica se contribuía a su
destrucción y, por tanto, a la del grupo tutsi como tal
48
. Es significativo que el Tribunal llegara
también a la conclusión de que el acusado sabía de la agresión generalizada y sistemática que se
perpetraba contra la población civil. La sala consideró que la violación de Nyiramusugi por
parte del acusado se inscribía en esa agresión generalizada y formaba parte de ella, por lo que
45
Acta de acusación enmendada contra Akayesu, párr. 10A.
46
Sentencia en la causa contra Akayesu, párrs. 596 a 598, sec. 6.4, Crímenes de lesa humanidad.
47
El Fiscal c. Musema, sentencia ICTR-96-13-I, de 27 de enero de 2000, párr. 907.
48
Ibíd., párr. 933.
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página 19
declaró a Musema culpable de crimen de lesa humanidad (violación)
49
. Musema fue condenado
a cadena perpetua.
40.
Además de los casos descritos, hay otros asimismo de violencia sexual que están
pendientes. Arsène Shalom Ntahobali, gerente de un almacén local, y su madre
Pauline Nyiramashuhuko, ex Ministra de Asuntos de la Mujer y el Desarrollo y de Bienestar
Familiar, fueron acusados de genocidio, crímenes de lesa humanidad y violaciones del artículo 3
común. Se les acusa, entre otras cosas, de haber puesto un control de carretera donde se
secuestraba, maltrataba y daba muerte a personas pertenecientes en la etnia tutsi. También se
acusa a Ntahobali de violar a mujeres tutsis y, tanto contra él como contra su madre, se formulan
cargos por obligar a mujeres tutsis a desnudarse en público
50
. También en el acta de acusación
enmendada contra Laurent Semanza figuran cargos de violencia sexual; el fiscal presentará
pruebas en el juicio de que el acusado incitó a elementos paramilitares a violar a mujeres tutsis.
El juicio contra él se inició el 16 de octubre de 2000 y sigue celebrándose en la actualidad
51
.
De igual manera, en la acusación enmendada contra Ignace Bagilishema, burgomaestre de
Mabanza de 1980 a 1994, el fiscal alega que el acusado incitó a los hutus a violar a mujeres
tutsis antes de darles muerte
52
.
III. DIRECTRICES PARA EL FUTURO Y CUESTIONES SIN RESOLVER
41.
Con el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia se avanzó bastante en la inculpación y
enjuiciamiento de los autores de delitos de violencia sexual. Sin embargo, sólo algo más de la
mitad de los inculpados públicamente están ahora detenidos. Muchas mujeres bosnias han dicho
a grupos internacionales de derechos humanos que temen testificar ante ese Tribunal y volver
luego a sus hogares de anteguerra, porque la mayor parte de los presuntos autores siguen
habitando en aquellos lugares y ejercen el poder como políticos, funcionarios municipales,
agentes de la policía y empresarios. Hay que poner más empeño en detener a los inculpados.
De igual manera, los activistas pro derechos de la mujer de Rwanda han advertido de que la falta
de información sobre el Tribunal Penal Internacional para Rwanda y la falta de confianza en que
éste adopte de verdad las medidas necesarias para protegerlos de que se los identifique
públicamente son motivos de que las mujeres víctimas de la violencia sexual no acudan a hablar
ante los investigadores del Tribunal
53
.
49
Ibíd., párr. 966.
50
El Fiscal c. Ntahobali, causa Nº ICTR-97-21-I, de 26 de mayo de 1997.
51
El Fiscal c. Semanza, causa Nº ICTY-97-20-I, acusación enmendada, de 23 de junio de 1999.
52
El Fiscal c. Bagilishema, causa Nº ICTR-95-1A-I, acusación enmendada, de 17 de septiembre
de 1999.
53
Human Rights Watch, World Report 2001, pág. 457.
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página 20
42.
El hecho de que los criminales de guerra sigan viviendo en libertad en inmediata
proximidad de posibles testigos y de que los testigos sigan temiendo verse expuestos en público
es algo que afecta seriamente a la labor de los tribunales y hace que sea decisivo atender a la
necesidad de emprender programas ambiciosos de protección de los testigos. En particular, en
las fases anterior y posterior al juicio deben adoptarse medidas más adecuadas de protección y
apoyo a los testigos y a sus familias. Las medidas de protección a largo plazo, consistentes en el
reasentamiento, el anonimato y el asilo, han sido raras y se han aplicado sólo en circunstancias
muy excepcionales. Si bien es cierto que se ha avanzado mucho en la jurisprudencia en lo que
respecta al enjuiciamiento por crímenes de guerra que entrañan violencia sexual, hay que
sostener esos avances mediante un esfuerzo concertado por implantar mecanismos de protección
de los testigos que infundan confianza y den seguridad personal a las mujeres que deseen
testificar.
43.
El Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia debe revisar su reglamento de forma que
se establezca una garantía para prohibir la divulgación de las historias clínicas o los expedientes
sobre terapia en casos de violación a menos que el Tribunal, tras un examen a puerta cerrada,
tenga el convencimiento de la validez de la pretensión de la defensa de que tales documentos no
sólo son pertinentes sino que son exculpatorios.
IV. CUESTIONES GENERALES SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA
LA MUJER Y LOS CONFLICTOS ARMADOS (1997-2000)
A. Brutalidad inconcebible
44.
Entre los actos de violencia que se perpetran contra las mujeres en tiempo de guerra siguen
figurando crímenes aborrecibles que deben conmover la conciencia de la humanidad. A pesar de
los grandes avances logrados en los últimos años en el reforzamiento jurídico de la proscripción
de la violación y de otros actos de violencia sexual, las mujeres y niñas de todo el mundo siguen
siendo víctimas de una brutalidad inconcebible. Como ilustran los casos estudiados, la violencia
por motivos de sexo puede adoptar múltiples formas. Desde 1997 se ha violado a mujeres y
niñas por vía vaginal, anal y oral, en ocasiones con astillas encendidas, cuchillos y otros objetos.
Las han violado fuerzas gubernamentales y agentes no estatales, policías encargados de
protegerlas, guardas de los campamentos de refugiados y de fronteras, vecinos, políticos locales
y hasta parientes bajo amenaza de muerte. Se las ha lisiado o dejado mutiladas sexualmente y
después se las ha dado muerte o dejado morir. Se las ha sometido a humillantes registros
desnudas, se las ha obligado a desfilar o a bailar desnudas ante la soldadesca o en público o a
hacer labores domésticas completamente desnudas.
45.
También se ha secuestrado a mujeres y a niñas o se las ha tenido cautivas y se las ha
obligado a hacer labores domésticas como limpiar, cocinar, servir u otros menesteres, además de
prestar los "servicios" sexuales que pudieran exigírseles
54
. A veces se obliga a mujeres y a niñas
54
En el acta de acusación contra Dragoljub Kunarac, se indica que el acusado retuvo a mujeres
en el cuartel general militar y las forzó a prestar servicios sexuales y domésticos. Se le acusó de
delito de esclavitud. El Fiscal c. Gagovic y otros (caso "Foca"), fallo de la causa Nº IT-96-23
sobre la moción preliminar de la defensa relativa a la forma del acta de acusación enmendada,
de 21 de octubre de 1998.
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a "casarse". Un soldado puede decir que determinada mujer es su "esposa" y obligarla en
ocasiones a seguirlo de región en región, y otras veces la traspasa a otros; durante todo ese
tiempo se la viola y se la maltrata de otras maneras. Este tipo de matrimonio forzado lo define el
Tribunal Penal Internacional (véase supra) como esclavitud y también puede constituir tortura o
trato cruel, inhumano o degradante.
B. Armas químicas
46.
La guerra moderna ha solido traer consigo el despliegue de armas químicas, cuyo empleo
ha quedado claramente proscrito por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
El empleo de estas armas constituye crimen de guerra y crimen de lesa humanidad. El Relator
Especial ha recibido recientemente algunos testimonios de víctimas del empleo de ese tipo de
armas, en particular de Viet Nam. Las víctimas quedaron con discapacidades que afectaron a los
órganos de la reproducción y han tenido hijos aquejados de graves discapacidades. Las secuelas
del empleo de las armas químicas pueden ser asoladoras no sólo para la víctima directa, sino
también para la siguiente generación, que aún no había nacido cuando se libraba el conflicto.
C. El papel de los agentes no estatales
47.
La impunidad de los agentes no estatales por la violación de los derechos humanos y del
derecho humanitario es una cuestión que bien merece toda la atención internacional. La inmensa
mayoría de los conflictos que se libran hoy día son de carácter interno y en ellos intervienen unas
fuerzas armadas de oposición que se enfrentan a las unidades del gobierno
55
. Aunque a menudo
la violación y los actos de violencia sexual los cometen las fuerzas gubernamentales, también los
agentes no estatales son autores de abusos graves contra mujeres y niñas y suelen tomar como
blanco a la población civil, en particular a mujeres y niños, como parte de una guerra táctica.
Las fuerzas rebeldes también son las autoras de la inmensa mayoría de los secuestros de
menores, incluidas niñas, para servir de esclavas sexuales o como niños soldados. En algunos
conflictos, los soldados rebeldes perpetran matrimonios forzados y secuestros de jovencitas de
las aldeas cercanas a sus campamentos. El comportamiento de todos los beligerantes en un
conflicto, incluidas las fuerzas armadas de oposición, está reglamentado en las disposiciones del
artículo 3 común de los Convenios de Ginebra. A los agentes no estatales, lo mismo que a las
fuerzas gubernamentales, se les puede pedir responsabilidad por la violación del derecho
internacional humanitario y quedarán sujetos a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional tan
pronto se establezca. No obstante, al hacer que los agentes no estatales cumplan las normas
internacionales entraña especiales dificultades. En particular no se suele contar con medios
ilimitados para ejercer presión sobre ellos. Es preciso esforzarse más en este aspecto para poder
apremiar más a fondo a los agentes no estatales a que se atengan al derecho internacional
humanitario y ejercer presión política, económica y de otra índole sobre los gobiernos
simpatizantes que financian, arman o apoyan de cualquier otra manera a las fuerzas rebeldes
autoras de abusos.
55
Además, en muchos conflictos, los gobiernos se valen de paramilitares con los que tienen
lazos, ya sea de manera oficial u oficiosa. A efectos del presente debate, se considera que tales
unidades paramilitares son agentes del Estado, y que éste es responsable del comportamiento de
aquéllos.
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página 22
D. La niña
48.
En los últimos años, la comunidad internacional ha prestado creciente atención al problema
de los niños soldados y de los que se ven envueltos en los conflictos. Hoy día se reconoce en
general que los conflictos armados afectan a la infancia de una manera distinta y más perniciosa
a largo plazo y que las niñas están expuestas a peligros distintos de los que acechan a los
varones. Tal y como se refleja en los casos expuestos a continuación, las niñas se enfrentan a
muchos de los peligros que corren las mujeres en los conflictos armados si no a todos. Suelen
ser víctimas de violación y de otros actos de violencia sexual y se las puede secuestrar y obligar
a desempeñar distintas funciones que se superponen, como porteadoras, cocineras, combatientes
y esclavas sexuales. Las menores que quedan huérfanas o son separadas de su familia en los
conflictos armados son también particularmente vulnerables a la violencia y a la explotación
sexual, de lo que no se excluye la trata para la prostitución forzada. Y además de vérselas con
que de ellas depende el cuidado y el alimento de sus hermanos más pequeños, pueden tener que
enfrentarse a numerosos obstáculos que dificultan esa tarea debido a su edad y sexo.
49.
Aunque sobre mujeres y niñas suele abatirse el mismo tipo de violencia, las secuelas
físicas y mentales en las menores pueden llegar a ser mucho más dañinas. Las niñas violadas o
secuestradas y forzadas a prestar servicios sexuales a los combatientes varones corren un riesgo
muy grave de contraer enfermedades de transmisión sexual, como el VIH/SIDA, y de sufrir
múltiples complicaciones debido a embarazos y abortos, lo que es particularmente cierto en el
caso de las que aún no han alcanzado la madurez sexual. Además, a las niñas les puede resultar
especialmente difícil reincorporarse a sus familias y comunidades una vez terminado el conflicto.
En su informe histórico sobre los niños y los conflictos armados
56
, el Secretario General
reconoció el sufrimiento extremo que los conflictos armados ocasionan a las niñas y las
numerosas funciones que se les obliga a desempeñar durante el conflicto y aun mucho después
de haber concluido éste.
50.
También las niñas participan, ya sea voluntariamente o por la fuerza, en los ejércitos
gubernamentales, los grupos paramilitares y las milicias y en los grupos de oposición armada en
más de 30 países de todo el mundo
57
. Estas niñas, al tiempo que han de bregar con los peligros
que entraña el ser niño soldado, pueden verse además obligadas a prestar servicios sexuales o
sufrir maltrato específico por motivo de sexo. Ha ido en aumento la condena internacional del
empleo de los niños como soldados
58
, condena que culminó el 25 de mayo de 2000 con la
56
Los niños y los conflictos armados: informe del Secretario General, A/55/163-S/2000/712,
de 19 de julio de 2000, párr. 34.
57
En el estudio hecho en El Salvador, Etiopía y Uganda se advirtió que, al parecer, la tercera
parte de los niños soldados eran mujeres. Coalición para Acabar con la Utilización de Niños
Soldados, Girls With Guns: An Agenda on Child Soldiers For Beijing Plus Five
(http://www.child-soldiers.org/themed_reports/beijing_plus.htlm), pág. 1. Véase también
Susan McKay y Dyan Maurana, "Girls in militaries, paramilitaries and armed opposition
groups", sin publicar, pág. 5.
58
El Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) de 1999 entró en vigor el 19 de noviembre de 2000, y por él se
prohíbe el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños
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aprobación por la Asamblea General de un nuevo Protocolo Facultativo de la Convención sobre
los Derechos del Niño por el que se prohíbe el reclutamiento forzoso y la llamada a filas por
debajo de la edad mínima de 18 años y se exige a los Estados que eleven la edad mínima de
reclutamiento voluntario a los 16 años por lo menos
59
. A finales del año ya habían firmado el
tratado 70 países, y 3 lo habían ratificado.
51.
Como ya se señaló, las niñas posiblemente tengan más dificultades para volver a integrarse
en sus familias y comunidades después del conflicto, al haberse ya abusado de ellas sexualmente
o al habérselas forzado al matrimonio con elementos del enemigo, y pueden tropezar con otros
obstáculos en su rehabilitación que son específicos de su sexo y edad. Las menores, por
ejemplo, pueden tener problemas para conseguir alimentos y techo para sí mismas o para otros
por efecto de leyes discriminatorias, como las de sucesión. Como ha señalado el Representante
Especial sobre las repercusiones de los conflictos armados en los niños, en Rwanda después del
genocidio, se estimaba que unos 40.500 hogares estaban encabezados por muchachas.
Sin embargo, cuando visitó el país en febrero de 1999, el derecho rwandés no permitía a las
mujeres o niñas heredar tierras, ni siquiera las tierras de labor necesarias para su propia
subsistencia
60
. Como resultado de los esfuerzos del Representante Especial, Sr. Otunnu, en
marzo de 2000 el Gobierno de Rwanda promulgó una legislación por la que se permitía a
mujeres y niñas heredar bienes
61
.
52.
A pesar de las necesidades y experiencias específicas de las niñas en los conflictos
armados, ellas suelen ser las últimas en la escala prioritaria cuando se trata de distribuir ayuda
humanitaria y sus necesidades se pasan por alto al trazar los programas de desmovilización y
reinserción. Hay un reconocimiento cada vez más amplio de que para hacer frente a las
necesidades específicas de las niñas hacen falta medidas protectoras especiales, tanto durante los
para utilizarlos en conflictos armados (OIT, Convenio Nº 182 sobre la prohibición de las peores
formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, de 17 de junio de 1999).
La Comisión de Derechos Humanos, en su resolución 1999/80 exhorta a todos los Estados, entre
otras cosas, a adoptar medidas eficaces contra la violación de los derechos humanos y las
libertades fundamentales de las niñas (párr. 7). También en el Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional se aborda la situación especial de los niños soldados y se tipifica como
crimen de guerra el reclutamiento o alistamiento o participación activa en las hostilidades de
niños menores de 15 años (art. 8, 2), b), xxvi)).
59
Resolución 54/263 de la Asamblea General, de 26 de junio de 2000, anexo I, Protocolo
Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en
los conflictos armados. En el Protocolo Facultativo se pide también a los actores no estatales
que dejen de reclutar y utilizar menores de 18 años.
60
Informe adicional presentado por el Representante Especial del Secretario General sobre las
repercusiones de los conflictos armados en los niños, Sr. Olara Otunnu, de conformidad con la
resolución 53/128 de la Asamblea General (E/CN.4/2000/71 de 9 de febrero de 2000), párr. 45.
61
"El Representante Especial sobre las repercusiones de los conflictos armados en los niños
acoge con agrado la ley rwandesa por la que se permite heredar bienes a las niñas", comunicado
de prensa HR/4465, 20 de marzo de 2000.
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conflictos como después de ellos. Tras un debate abierto celebrado el 25 de agosto de 1999, el
Consejo de Seguridad adoptó una resolución histórica por la que se instaba "a todas las partes en
los conflictos armados a adoptar medidas especiales para proteger a los niños, y en particular a
las niñas, de la violación y otras formas de abuso sexual y de la violencia basada en el género en
situaciones de conflicto armado y a tener presentes las necesidades especiales de las niñas
durante esos conflictos y después de ellos, en particular en la prestación de asistencia
humanitaria"
62
.
E. La trata de mujeres con origen o destino en zonas de conflicto
53.
En tiempo de guerra suele practicarse la trata transfronteriza de mujeres para prestar
servicios sexuales a los combatientes. Los conflictos armados incrementan el riesgo de que se
secuestre a mujeres y niñas para someterlas a la esclavitud sexual y a la prostitución forzada.
Aunque los conflictos en su mayoría son hoy día de carácter interno, puede que a mujeres y a
niñas se las haga cruzar fronteras internacionales, a menudo para llevarlas a campamentos de
soldados o de rebeldes situados en el territorio de un Estado vecino. Algunos de estos secuestros
culminan con la venta de mujeres y niñas a terceros que luego trafican con ellas hacia otras
regiones o países. Los gobiernos que acogen y apoyan a las fuerzas rebeldes también asumen
deberes específicos de poner fin a la trata de personas y de exigir responsabilidades a quienes
resulten ser autores de tales delitos. La Relatora Especial ha recibido informes sobre trata de
mujeres procedentes de campamentos de refugiados y otros lugares de acogida habilitados para
protegerlas. También ha recibido información de que se practica la trata de mujeres para prestar
servicios a las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en los países donde
están destacadas. La trata de mujeres en el contexto de los conflictos armados se considera hoy
día crimen de guerra y crimen de lesa humanidad. Es importante poner coto a este fenómeno,
exponer públicamente y castigar a los autores, aunque ese castigo recaiga en personal de las
Naciones Unidas.
F. Las mujeres desplazadas internas
54.
Las mujeres y niños corren el riesgo de violación, de otro tipo de violencia por motivos de
sexo y de secuestro no sólo durante los conflictos armados, sino también cuando huyen y
después de haber abandonado la zona de conflicto. En su informe de 1998, la Relatora Especial
abordó en detalle las inquietudes específicas de las refugiadas y los factores que afectan a su
62
Resolución 1261 (1999) del Consejo de Seguridad de 25 de agosto de 1999, párr. 10. De igual
manera, el 11 de agosto de 2000, el Consejo de Seguridad subrayó:
"… la importancia de tener en cuenta las necesidades y vulnerabilidades especiales de las
niñas afectadas por los conflictos armados, incluidas las que son cabeza de familia, las
huérfanas, las víctimas de explotación sexual y las utilizadas como combatientes, y pide
que en la elaboración de políticas y programas, incluidos los relacionados con la
prevención, el desarme, la desmovilización y la reintegración, se tengan en cuenta sus
derechos humanos, su protección y su bienestar." Resolución 1314 (2000) del Consejo de
Seguridad de 11 de agosto de 2000, párr. 13.
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página 25
seguridad de manera distinta que a la de los varones
63
. No obstante, desde 1997, a la Relatora
Especial le viene preocupando cada vez más el problema de las desplazadas internas. Con la
oleada de conflictos de esa índole que se producen en el mundo, se ha puesto claramente de
manifiesto que los desplazados internos, que son en su mayoría mujeres y niños
64
, son
especialmente vulnerables a la violencia y al maltrato. A diferencia de lo que ocurre con los
refugiados, los desplazados no se ven amparados por normas jurídicas internacionales fijadas de
manera específica para protegerlos y asistirlos
65
, ni hay ningún organismo internacional de
vigilancia que tenga por mandato específico brindarles protección y asistencia de manera
análoga a lo que hace el ACNUR en pro de los refugiados.
55.
A nivel internacional ha ido en aumento el reconocimiento de los problemas específicos de
los desplazados, cuya máxima expresión ha sido la publicación de los Principios Rectores de los
desplazamientos internos, presentados por el Sr. Francis Deng, Representante del Secretario
General, a la Comisión de Derechos Humanos. En los Principios Rectores se reconocen los
problemas específicos de las mujeres y niños desplazados internos, se pide que en todas las fases
de la planificación y distribución de la asistencia humanitaria se haga participar a las desplazadas
y que se proteja a los desplazados de todas las formas de violencia, entre ellas la violación y
otros tipos de violencia por motivos de sexo, incluida la prostitución forzada
66
. Aunque en lo
esencial son una formulación más de los derechos humanos consagrados a nivel internacional y
en el derecho internacional humanitario, los Principios Rectores representan un logro notable.
No obstante, hay muchos desplazados que todavía no reciben asistencia humanitaria ni
protección internacional. Pese a que los Estados están obligados a proteger a sus ciudadanos, a
menudo son ellos precisamente los autores de la violencia causante de los desplazamientos,
además de un obstáculo a la labor internacional para proteger y brindar asistencia humanitaria a
esa población. No hay ninguna esperanza de que las mujeres y los niños, que son la gran
mayoría de los desplazados internos, reciban protección y asistencia adecuadas mientras los
Estados no cumplan sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y en
63
Véase un debate detallado de los factores que afectan a las mujeres refugiadas en el informe
de 1998 (E/CN.4/1998/54), párrs. 166 a 178.
64
Mujeres y niños forman la inmensa mayoría de los refugiados y desplazados internos de todo
el mundo; la mayoría de las estimaciones apuntan a que las mujeres y los niños constituyen por
lo menos el 80% de todos los desplazados de todo el mundo. Por ejemplo, en Colombia las
mujeres y los niños representan alrededor del 80% de todos los desplazados internos. Alrededor
del 58% de los desplazados internos son mujeres, mientras que 55% son menores de 18 años.
Informe del Representante del Secretario General sobre los desplazados internos presentado de
conformidad con la resolución 1999/47 de la Comisión, adición, pautas de los desplazamientos:
misión de seguimiento enviada a Colombia (E/CN.4/2000/83/Add.1 de 11 de enero de 2000),
párr. 32.
65
No obstante, el trato dispensado a los desplazados internos se rige por el derecho internacional
de derechos humanos y humanitario.
66
Documento E/CN.4/1998/53/Add.2 de 11 de febrero de 1998, principio 11. Véase también el
principio 4. Los Principios Rectores pueden obtenerse también en el sitio de la Web de la
OACDH (www.unhchr.ch) en 16 idiomas.
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página 26
materia de derechos humanos en lo que atañe a los desplazados y mientras la comunidad
internacional no responda de manera más consecuente y coherente al problema del
desplazamiento interno
67
.
56.
Son cada vez más los que reconocen que el no contar con las mujeres al proyectar y
construir los campamentos de refugiados y adoptar decisiones sobre la distribución de la
asistencia humanitaria ha hecho que por inadvertencia estén expuestos a un peligro constante.
Los recientes llamamientos para que se incorpore una perspectiva de género en todos los
aspectos de las respuestas a los conflictos y a su fase ulterior, inclusive en la concepción y
construcción de refugios o en la concepción de programas de distribución de asistencia
humanitaria, son de igual aplicación a los desplazados internos.
G. Militarización
57.
Las pruebas reunidas en todo el mundo parecen apuntar a que cuando en una región se
produce un conflicto armado, la sociedad se vuelve más tolerante con la violencia. Abundan las
pruebas de que el proceso de militarización, inclusive el hecho de que se tengan fácilmente al
alcance armas pequeñas, como ocurre antes de un conflicto y en su transcurso, así como la
desmovilización de una tropa, a menudo frustrada y agresiva, al acabar aquél puede también
redundar en un aumento de la violencia contra mujeres y niñas. Una vez alcanzado un acuerdo
de paz y concluido el conflicto, las mujeres se ven ante una escalada de determinado tipo de
violencia basada en el sexo, en la que caben la violencia en el hogar, la violación y la trata para
la prostitución forzada
68
. La correlación entre la violencia en el hogar y la violencia en tiempo
de guerra ha ocupado a muchos investigadores y activistas en las zonas azotadas por los
conflictos. En un informe sobre la violencia contra la mujer en los campamentos de refugiados y
desplazados de Timor occidental se advierte la elevada incidencia de la violencia en el hogar y
del acoso sexual en los campamentos
69
. Desafortunadamente, en muchos de los acuerdos de paz
y de los procesos de reconstrucción tras el conflicto no se tienen en cuenta estas consideraciones.
67
Los desplazados internos: informe del Representante del Secretario General,
Sr. Francis M. Deng, presentado de conformidad con la resolución 1999/47 de la Comisión
de Derechos Humanos (E/CN.4/2000/83), párrs. 35 a 37.
68
En un estudio reciente del UNIFEM sobre la violencia contra la mujer en Kosovo tras el
conflicto se llega a la conclusión de que, aunque la violencia en el hogar ya existía antes de la
guerra, "con el conflicto parece haber aumentado". Entre las explicaciones posibles... [están] una
mayor aceptación de la violencia como forma de resolver los problemas, la disolución de lazos y
estructuras familiares y sociales muy estrechos, el aumento general de la inestabilidad y la
incertidumbre, una sensación más honda de impotencia dentro de la comunidad...". No Safe
Place: Results of an Assessment on Violence against Women in Kosovo (Sección sobre la
violencia doméstica - Primera incidencia de la violencia), UNIFEM, Pristina, abril de 2000.
69
Tim Kemanusian, Timor Barat Sekretariat, informe de investigaciones de VAW en los
campamentos de desplazados y refugiados en Timor occidental, Kupang-ntt ( Indonesia), agosto
de 2000.
Page 27
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H. Las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas
y las bases militares
58.
Las mujeres también pueden verse expuestas a la violencia perpetrada por las autoridades
internacionales o las fuerzas asignadas a su protección. Ha ido en aumento el número de
informes de violación y de otros abusos sexuales cometidos por las fuerzas de mantenimiento de
la paz y por personal de las Naciones Unidas y cabe destacar el asesinato en 1999 de una niña
albanesa de Kosovo de 11 años de edad que cometió un soldado estadounidense
70
. De igual
manera, aunque en la investigación se absolvió al ejército italiano de haber cometido abusos
generalizados en la operación de mantenimiento de la paz de 1992 a 1995 en Somalia, la
comisión investigadora italiana determinó que las fuerzas de mantenimiento de la paz habían
cometido abusos tales como la violación de una mujer somalí con una barra de explosivos.
También ha habido informes de tortura, violación y asesinato o de otros abusos graves cometidos
por las unidades de mantenimiento de la paz en Mozambique, Angola, Camboya y Bosnia.
59.
Algunos comentaristas también han señalado que los contratistas militares relacionados
con las fuerzas de mantenimiento de la paz y la policía de las Naciones Unidas suelen hacer que
aumente la demanda de la prostitución y pueden incluso participar en la trata de mujeres para la
prostitución forzada. En un informe redactado por la Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos (OACDH) y por la Misión de las Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina
(UNMIBH), se llegó a la conclusión de que había habido complicidad generalizada por parte de
la policía local, de algunos elementos de la policía internacional y de personas pertenecientes a la
Fuerza de Estabilización (SFOR) en la trata de mujeres con destino a Bosnia
71
. En el informe se
habla de un caso en el que un civil de la SFOR pagó 7.000 marcos alemanes (3.057 dólares de
los EE.UU.) para comprar dos mujeres al propietario de un prostíbulo y se señala que la "OTAN
se negó a renunciar a la inmunidad diplomática de dicho miembro de la SFOR, el cual abandonó
Bosnia sin sufrir la menor consecuencia jurídica"
72
.
60.
El problema del abuso de los niños por parte de las fuerzas de mantenimiento de la paz lo
reconoció, entre otros, Graça Machel. En su informe de septiembre de 2000 sobre los efectos de
los conflictos armados en los niños, la Sra. Machel dice que "paralelamente a la llegada de las
fuerzas de mantenimiento de la paz se ha registrado un rápido aumento de la prostitución
infantil. Estos y otros actos de violencia cometidos por el personal de mantenimiento de la paz
contra mujeres y niños rara vez se dan a conocer o rara vez son objeto de investigación.
Aun cuando las Naciones Unidas han adoptado alguna medida para mantener las riendas del
70
Véase, por ejemplo, George Boehmer, Tragedia en Kosovo (www.abcnews.go.com/sections/
world/DailyNews/kosovo000412.html), 12 de abril de 2000.
71
UNMIBH/OACDH, "Report on Joint Trafficking Project of UNMIBH/OHCHR", mayo
de 2000. Entre marzo de 1999 y marzo de 2000, la UNMIBH y la OACDH intervinieron en 40
casos de trata y posible trata de personas en que estuvieron implicadas 182 mujeres. En el
informe se dice que "en unos 14 de esos casos... había pruebas convincentes de complicidad por
parte de la policía, sobre todo de agentes locales, pero también de algunos de la policía
internacional y de militares extranjeros (tropas de la SFOR)".
72
Ibíd., pág. 7.
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comportamiento del personal de mantenimiento de la paz, siguen siendo todavía relativamente
escasas las medidas disciplinarias que se adoptan"
73
.
61.
Las mujeres del Japón (Okinawa), Filipinas y la República de Corea también han
expresado preocupación por las bases militares de los Estados Unidos, mientras que las fuerzas
destacadas en esos países incrementan el riesgo de violación y de otros actos de violencia
sexual
74
. El 8 de noviembre de 2000, por ejemplo, el Tribunal Superior de Seúl condenó a seis
años de cárcel a un soldado estadounidense por estrangular a una camarera de 31 años que se
negó a tener con él trato sexual
75
. La existencia de bases militares cerca de la población civil
hace que aumente el peligro de determinados tipos de violencia. Es importante que los Estados
anfitriones y los Estados a cuyo mando están esas fuerzas armadas adopten las precauciones
necesarias para prevenir esa violencia y procedan al enjuiciamiento expeditivo y al
correspondiente castigo de los autores si aquélla llega a producirse.
62.
Las fuerzas de mantenimiento de la paz y la policía internacional a menudo no responden
adecuadamente a las necesidades de protección de las mujeres o no dan prioridad a la resolución
de la violación y de otros delitos de violencia sexual, con lo que se perpetúa la atmósfera de
impunidad en las zonas que tienen bajo su dominio. Reconociendo este problema, el 17 de
septiembre de 1999, el Consejo de Seguridad aprobó una resolución en la que observa
"la importancia de incluir en los mandatos de las operaciones de establecimiento de la paz, de
mantenimiento de la paz y de consolidación de la paz disposiciones especiales de protección y
asistencia a los grupos que requieren atención especial, en particular las mujeres y los niños" y
pide al Secretario General que vele por que el personal de las Naciones Unidas que participa en
tales actividades "tenga la formación apropiada en derecho internacional humanitario y en el
derecho relativo a los derechos humanos y los refugiados, incluidas las disposiciones relativas a
los niños y en materia de género…"
76
. Además, cada vez se reconoce más que hay que poner
más empeño en hacer participar a las mujeres en las unidades de mantenimiento de la paz y de
policía civil y velar por que se nombre a un funcionario superior encargado específicamente de la
violencia basada en el género.
73
Graça Machel, The Impact of Armed Conflict on Children: A critical review of progress made
and obstacles encountered in increasing protection for war-affected children, informe presentado
en la Conferencia Internacional sobre los niños afectados por la guerra, Winnipeg
(Canadá), 10 a 17 de septiembre de 2000, pág. 19.
74
Comité Preparatorio del informe de las organizaciones no gubernamentales del Japón,
Women 2000: Japan NGO Alternative Report, 13 de agosto de 1999 (http://www.jca.apc.org/
fem/bpfa/NGOreport/E_en_Conflict.html). Informe preparado para el período extraordinario de
sesiones de la Asamblea General "Beijing + 5", celebrado en junio de 2000.
75
"Condenado un soldado estadounidense a seis años de privación de libertad por el asesinato de
una camarera", The Korea Herald, 8 de noviembre de 2000.
76
Resolución 1265 (1999) del Consejo de Seguridad de 17 de septiembre de 1999,
párrs. 13 y 14.
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página 29
I. Programas de reconstrucción
63.
En la etapa de la rehabilitación y la reconstrucción, las mujeres suelen encontrarse en un
entorno de violencia, discriminación e indiferencia hacia sus necesidades, lo que hace que no se
atienda a sus preocupaciones en materia de seguridad y subsistencia. Aunque en las situaciones
posteriores a los conflictos, la mayoría de las familias suelen estar encabezadas por mujeres,
éstas son víctimas de discriminación en sus esfuerzos por alimentar y albergar a sus familias, y
sus necesidades rara vez se tienen en cuenta en los programas de reconstrucción, de los donantes
internacionales o en la distribución de la ayuda humanitaria. En Rwanda, las leyes de sucesión
discriminatorias, que sólo recientemente se han modificado, obstaculizan los esfuerzos de las
mujeres para alimentar y albergar a sus familias. Más grave aún es que en los programas de
reconstrucción se suelen desatender las necesidades especiales de estos hogares encabezados por
mujeres al canalizar su atención y recursos a proyectos de trabajo para hombres. La falta de una
atención adecuada a los problemas especiales a que se enfrentan estas mujeres, muchas de las
cuales son viudas o huérfanas debido a la guerra, para tratar de alimentar a sus familias, el hecho
de que no se tengan en cuenta estas preocupaciones en la distribución de la asistencia
humanitaria y la falta de iniciativas de la comunidad de donantes para apoyar proyectos de
trabajo que específicamente incluyan a mujeres, agravan la discriminación histórica practicada
en muchas sociedades y pueden, a la larga, obligar a las mujeres a recurrir a la prostitución como
único medio de proporcionar sustento a sus familias.
J. Las mujeres en el proceso de paz
64.
Algunos grupos de mujeres han destacado en los últimos tiempos la falta de participación
de la mujer en los niveles más altos de la mayoría de los procesos de paz. Muchos problemas
que se plantean después de los conflictos sólo pueden abordarse si las mujeres desempeñan un
papel más importante en el proceso de paz, durante el cual se establece el marco de las futuras
estructuras y la administración de gobierno. El Consejo de Seguridad ha reafirmado
recientemente "el importante papel que desempeñan las mujeres en la prevención y solución de
los conflictos y en la consolidación de la paz", y ha subrayado "la importancia de que participen
en pie de igualdad e intervengan plenamente en todas las iniciativas encaminadas al
mantenimiento y el fomento de la paz y la seguridad…"
77
. La comunidad internacional tiene la
obligación de insistir en la plena participación de la mujer para asegurar que cualquier acuerdo
de paz y cualquier estructura que se establezca después de un conflicto incorporan las
experiencias específicas de las mujeres y las niñas, y que se adopten medidas especiales para
abordar sus inquietudes concretas
78
. A ese respecto es importante tomar nota y dejar constancia
77
Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad, de 31 de octubre de 2000, preámbulo.
78
Cabe citar el ejemplo positivo de distintos grupos de mujeres y de derechos humanos en
Burundi que, después de muchos esfuerzos para que se diera una mayor participación de la mujer
en el proceso de paz, lograron la condición de observadores permanentes en las conversaciones.
El 16 de agosto de 2000, todas las partes negociadoras en el proceso de paz de Burundi
convinieron en aceptar muchas de las recomendaciones formuladas por grupos de mujeres de
Burundi que representaban a los 19 partidos políticos negociadores. Entre las recomendaciones
figuraban el establecimiento de mecanismos para castigar y poner fin a los crímenes de guerra,
como la violación y la violencia sexual; las garantías para que se respeten los derechos de la
mujer a la propiedad, las tierras y la herencia; las medidas para garantizar la seguridad y el
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del importante papel que desempeñaron los grupos de mujeres en los procesos de paz de Irlanda
del Norte y Sierra Leona. En Burundi, Sri Lanka y Jerusalén, los grupos de mujeres también han
luchado activamente por la paz y la reconciliación.
K. Responsabilidad/verdad y reconciliación
65.
Dado que las mujeres y las niñas tienen experiencias diferentes durante los conflictos
armados y suelen ser víctimas de actos de violencia y otros abusos característicos, es evidente
que se debe recabar la plena participación de la mujer en los esfuerzos de la sociedad para
enfrentar el pasado. Sin un enfoque que tenga en cuenta las necesidades de la mujer y sin un
esfuerzo consciente por incorporar a la mujer en el proceso, las voces y experiencias de las
mujeres a menudo se pierden. Ésta fue la experiencia de la Comisión de la Verdad y la
Reconciliación de Sudáfrica, que llegó a la conclusión de que las mujeres solían considerarse las
"esposas, madres, hermanas e hijas de los protagonistas activos (principalmente hombres) en el
escenario político público" y restaban importancia a sus propios sufrimientos o no hablaban de
ello
79
. Las mujeres mostraban una particular tendencia a no decir nada sobre la violencia sexual
a que habían sido sometidas. Gracias a una firme campaña organizada por grupos de mujeres y
de derechos humanos, la Comisión decidió tomar medidas especiales para alentar a las mujeres a
que prestaran testimonio y, entre otras cosas, organizó tres audiencias especiales de mujeres en
Ciudad de El Cabo, Durban y Johannesburgo
80
. "Estas audiencias arrojaron luz sobre las
maneras particularmente sexistas en que las mujeres vivían las violaciones de los derechos
humanos y acentuaban el proceso por el que los Comisionados distinguían cada vez menos entre
lo que se percibía originalmente como víctimas primarias y como víctimas secundarias"
81
.
L. Impunidad/responsabilidad
66.
El hecho de que no se investigue, enjuicie y castigue a los culpables de las violaciones y la
violencia sexual ha contribuido a crear un clima de impunidad que actualmente perpetúa la
violencia contra la mujer. Sólo cabe esperar que, con respecto a la violación y otros actos de
violencia sexual, la importante labor que llevan a cabo el Tribunal Internacional para la
ex Yugoslavia y el Tribunal Internacional para Rwanda, así como las disposiciones pertinentes
del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, pongan fin a la tolerancia internacional de
la violencia contra la mujer. No obstante, el hecho de que no se aplique el derecho internacional
retorno de las mujeres en condiciones de seguridad; y las garantías para que las niñas gocen de
los mismos derechos que los niños en todos los niveles de enseñanza. Comunicado de prensa del
UNIFEM "Consensus reached on women's centrality to a new Burundi", 16 de agosto de 2000.
79
Informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, vol. 4, cap. 10,
Special Hearing: Women, pág. 1. Disponible en http://www.polity.org.za/govdocs/
commissions/1998/trc/4chap10.htm.
80
Ibíd.
81
Donna Ramsey Marshall, Women in War and Peace, Instituto de Paz de los Estados Unidos,
agosto de 2000, pág. 21, que cita el Informe Final de la Comisión de la Verdad y la
Reconciliación.
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página 31
humanitario ni se haga rendir cuentas a quienes violan sus normas no ha sido ni es
fundamentalmente un problema de definiciones jurídicas y suficientes precedentes jurídicos.
En última instancia, depende del firme compromiso de los Estados Miembros de las Naciones
Unidas que se investiguen y castiguen los actos de violencia descritos anteriormente y se impida
la comisión de actos de esa índole en el futuro.
V. CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN TIEMPOS
DE CONFLICTO ARMADO (1997-2000)
67.
A continuación se presentan casos de violencia contra la mujer en tiempos de conflicto
armado comunicados por investigadores independientes cuyos relatos han sido corroborados por
más de una fuente. La lista no es exhaustiva ni representativa, aunque sirve para indicar el
carácter y el grado de violencia perpetrado contra la mujer durante distintos conflictos armados.
Algunos de los estudios de casos fueron facilitados a la Relatora Especial en testimonio directo,
otros provienen de fuentes oficiales, incluidos algunos organismos multilaterales e
internacionales, y otros se basan en informes de organizaciones no gubernamentales
internacionales de derechos humanos, corroborados por fuentes independientes.
A. Afganistán
68.
Los talibanes siguen imponiendo graves restricciones a los derechos de la mujer en todo el
territorio bajo su control (aproximadamente el 90% del país). Durante su visita de septiembre
de 1999 al Afganistán, la Relatora Especial observó que "en las zonas del Afganistán dominadas
por los talibanes, la discriminación contra la mujer cuenta con el respaldo oficial e impregna
todos los aspectos de su vida. Las mujeres sufren graves ultrajes por lo que respecta a su
integridad física y sus derechos a la enseñanza, a la salud, a la libertad de circulación y a la
libertad de asociación"
82
.
69.
Se ha informado de distintos tipos de abusos cometidos contra los derechos humanos de las
mujeres, entre ellos, violaciones, actos de violencia sexual, prostitución forzada y matrimonio
forzado. Durante la captura por los talibanes en agosto de 1998 de Mazar-I-Sharif en la región
noroccidental del Afganistán, se informó de que "los talibanes secuestraron a mujeres jóvenes de
distintos barrios de Mazar-I-Sharif, siendo desconocido su paradero. Si bien al parecer los
secuestros no han sido generalizados, éstos parecen haberse concentrado en ciertos barrios"
83
.
De igual manera, durante una nueva serie de combates librados a mediados de 1999 en las
llanuras de Shamali, así como en la reanudación de los combates a mediados de 2000, se informó
de que los talibanes secuestraban y violaban a las mujeres. El Relator Especial sobre la situación
de los derechos humanos en el Afganistán también ha recibido informes de que "muchas mujeres
y niñas hazaras y tayicas fueron raptadas en las aldeas y sacadas directamente de sus viviendas
82
"Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y
consecuencias. Adición: misión al Pakistán y al Afganistán" (1º a 13 de septiembre de 1999)
(E/CN.4/2000/68/Add.4), párr. 13.
83
Human Rights Watch, "The massacre in Mazar-I-Sharif", noviembre de 1998, pág. 12.
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por la fuerza"
84
. Si bien ha sido muy difícil confirmar estos informes con testigos presenciales o
mediante testimonios de las víctimas, se trata de datos serios que requieren una investigación
independiente
85
.
70.
El Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en el Afganistán también
recibió numerosos informes de las familias de niñas y mujeres jóvenes a quienes se les obligaba
a "celebrar un nikah (contrato de matrimonio) casándolas así con talibanes u obligándolas a
entregarles una importante suma de dinero. Cuando las familias se niegan, se llevan a las
mujeres y niñas por la fuerza"
86
.
71.
La Relatora Especial también observó "el aumento de la violencia contra las mujeres entre
la población de refugiados, incluidos los malos tratos a niños y la prostitución y la trata de
menores"
87
. Ha recibido varias denuncias de abusos sexuales de mujeres y niñas afganas
cometidos en, entre otros lugares, la aldea pakistaní de Saranan, situada a 106 km de Quetta, y en
Surkhab, G. Minera y Pir Alizi.
B. Burundi
72.
Pese al acuerdo de paz firmado a fines de octubre de 1999, todas las partes en el conflicto
de Burundi siguieron cometiendo graves violaciones del derecho humanitario y de los derechos
humanos: el año pasado más de 1.000 civiles fueron ejecutados y "miles más mutilados,
violados o lesionados de otra manera"
88
. Se llevaba a los civiles a los llamados "campamentos
de reagrupación" alrededor de la capital. En algunos campamentos, los soldados, encargados de
proteger a los residentes, violaban y obligaban a mujeres y niñas a hacerles favores sexuales
89
.
Debido al aumento de la presión internacional para clausurar los campamentos, el Gobierno de
Burundi ha desmantelado los campamentos de reagrupación en Bujumbura y ha dejado de
utilizar la reagrupación como táctica antisubversiva en el interior del país. Si bien la situación de
84
"Informe sobre la situación de los derechos humanos en el Afganistán, presentado por el
Sr. Kamal Houssain, Relator Especial nombrado de conformidad con la resolución 1999/9 de la
Comisión (E/CN.4/2000/33), párr. 44.
85
Mientras investigaba las violaciones del derecho humanitario en Mazar-I-Sharif, Human
Rights Watch indicó que "no pudo localizar a testigos" que estuvieran dispuestos a describir en
detalle incidentes concretos, o en condiciones de hacerlo, aunque pensaba, sin embargo, que "las
denuncias son lo suficientemente serias para que se les preste especial atención en cualquier
investigación oficial de los abusos cometidos contra civiles durante la captura de
Mazar-I-Sharif". Human Rights Watch, "The massacre in Mazar-I-Sherif", pág. 12.
86
"Informe sobre la situación de los derechos humanos en el Afganistán", op. cit., párr. 45.
87
"Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, misión al Pakistán y al
Afganistán", op. cit., párr. 44.
88
Human Rights Watch, World Report 2001, pág. 35.
89
Ibíd., pág. 37.
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página 33
las mujeres y las niñas ha mejorado mucho en las provincias en donde se practicaba la
reagrupación, todavía siguen siendo vulnerables a la violencia de soldados y rebeldes.
73.
Muchas mujeres que huyeron del país siguieron siendo víctimas de actos de violencia en
los campamentos de refugiados de la República Unida de Tanzanía. En los campamentos,
muchas de ellas han sido sometidas a niveles extremos de violencia sexual y violencia en el
hogar por otros refugiados o por hombres que vivían cerca de los campamentos de refugiados
90
.
El aumento de la tensión en la región entre la población de refugiados y los tanzanianos locales
también ha provocado una mayor vulnerabilidad de las mujeres. "Según informaciones, en un
incidente particularmente grave ocurrido en mayo de 1999, un grupo de tanzanianos [del distrito
de Kasulu] violó a unas 50 mujeres refugiadas, al parecer en represalia por la muerte de un
maestro local. Se cree que más de 100 tanzanianos participaron en las violaciones, aunque sólo
se arrestó a 11 de ellos"
91
.
C. Colombia
74.
Ha habido algunas denuncias de violaciones y abusos sexuales, perpetrados especialmente
por grupos paramilitares vinculados a las fuerzas armadas de Colombia. Por ejemplo, el 18 de
febrero, unos 300 hombres armados pertenecientes a Autodefensas Campesinas de Córdoba y
Urabá (ACCU) establecieron un tribunal ilegal en la aldea de El Salado, Bolívar. Durante los
dos días siguientes, torturaron, agarrotaron, apuñalaron, decapitaron y dieron muerte a un grupo
de residentes. Algunos testigos dijeron a los investigadores que ataron a una niña de 6 años de
edad a un poste y la asfixiaron con una bolsa de plástico. Según informaciones, una mujer fue
objeto de una violación colectiva. Posteriormente las autoridades confirmaron que 36 personas
resultaron muertas. Otros 30 aldeanos desaparecieron
92
. De igual manera, algunos paramilitares
que entraron en Pueblo Nuevo Mejía el 2 de junio de 2000 secuestraron a Andis Villalobos
Galán y a su hijo cuando descubrieron que no podían encontrar a su marido y cuñado. Grupos
internacionales de derechos humanos informaron de que Andis Villalobos fue obligada a cocinar
para los paramilitares, fue maltratada y recibió amenazas de abusos sexuales
93
.
75.
Se ha informado de que, durante el conflicto armado, las fuerzas de la guerrilla también
cometieron abusos generalizados. En el pueblo de Barrancabermeja, fuerzas de la guerrilla y
grupos vinculados a ellas han sido responsables de muchas ejecuciones deliberadas y arbitrarias
90
El Comité Internacional de Rescate, organización humanitaria con sede en los Estados Unidos
que trabaja en los campamentos de refugiados de Burundi, documentó 122 casos de violación
y 613 casos de violencia familiar en cuatro campamentos en 1998. Hubo 111 violaciones
y 764 casos de violencia familiar en los mismos campamentos en 1999, según un informe de
Human Rights Watch, Seeking Protection: Addressing Sexual and Domestic Violence in
Tanzania's Refuges Camps, octubre de 2000, pág. 2.
91
Ibíd., pág. 5.
92
Human Rights Watch, World Report 2001, pág. 114.
93
Amnistía Internacional, Urgent Action: Colombia, índice de AI: AMR 23/50/00, 21 de junio
de 2000.
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de personas que consideraban militares, colaboradores paramilitares o simpatizantes, incluidas
jóvenes a quienes se las asociaba con miembros de las fuerzas de seguridad
94
.
D. República Democrática del Congo
76.
Todas las fuerzas armadas
95
que participaron en la guerra de tres años de duración librada
en la República Democrática del Congo han cometido graves abusos contra las mujeres quienes
con frecuencia han sido objeto de violaciones y otros actos de violencia sexual. Los grupos
armados, en particular los rebeldes hutu, han usado sistemáticamente la violación contra civiles.
Se somete a algunas mujeres y niñas a la esclavitud sexual. También ha habido denuncias de
hombres, mujeres y niños detenidos que han sido objeto de agresión sexual.
77.
La Relatora Especial recibió informes de decenas de casos de violación y otros atentados
contra los derechos humanos de mujeres en zonas controladas por la Coalición Congoleña para
la Democracia (Rassemblement congolais pour la démocratie, RCD) y sus aliados rwandeses.
Uno de ellos, particularmente truculento, tuvo lugar en septiembre de 1999 en la aldea de
Mwenga, donde, según informaciones, soldados de la RCD golpearon, desnudaron y violaron a
cinco mujeres detenidas porque al parecer la esposa de un soldado de la RCD las había acusado
de brujería. Los soldados pusieron pimienta caliente en las vaginas de las mujeres, cavaron una
fosa y las enterraron vivas
96
. Entre abril y junio de 1999 se registraron 115 violaciones por
soldados sólo en las dos regiones de Katana y Kalehe en Kivu del Sur. Se informó de 30
violaciones durante el ataque perpetrado el 5 de abril de 1999 en Burundi y Maitu
97
. Desde abril
de 2000, más de 40 mujeres han sido tomadas como rehenes por grupos armados mai mai en
Shabunda, Kivu del Sur, y se cree que están peligrosamente expuestas a violencia sexual.
78.
El Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República
Democrática del Congo también informó de que recibió muchas denuncias de casos de violación,
incluso de niñas, que seguían ocurriendo en las cárceles y durante las operaciones militares en el
país. El Relator Especial señaló el caso concreto de las violaciones cometidas por soldados de
las fuerzas armadas congoleñas cuando huyeron del Ecuador a comienzos de 1999
98
. También
94
Amnistía Internacional, Colombia: Barrancabermeja: A City Under Siege, índice de AI:
AMR 23/036/1999, 1º de mayo de 1999.
95
Estas incluyen las fuerzas gubernamentales del Presidente Laurent Désiré Kabila, junto a las
fuerzas de Angola, Zimbabwe y Namibia, contra la Coalición Congoleña para la Democracia
(Rassemblement congolais por la démocratie), junto con fuerzas de Rwanda, Uganda y Burundi,
así como varios grupos de milicias tradicionales.
96
Human Rights Watch, World report 2001, pág. 449. Véase también Human Rights Watch,
Eastern Congo Ravaged, mayo de 2000.
97
Información proporcionada por la organización no gubernamental ubicada en Goma
Promotion et appui aux initiatives feminines.
98
Informe sobre la situación de los derechos humanos en la República Democrática del Congo,
presentado por el Sr. Roberto Garretón, Relator Especial de conformidad con la
resolución 1999/56 de la Comisión (E/CN.4/2000/42), párr. 111.
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se presentaron al Relator Especial informes de violaciones de mujeres en Kabamba, Katana,
Lwege, Karinsimbi y Kalehe, lo mismo que en ciudades de la provincia Oriental, cometidas por
soldados ugandeses
99
.
E. Timor Oriental
79.
Fuerzas milicianas apoyadas y entrenadas por militares indonesios llevaron a cabo una
campaña sistemática de violencia en los meses que precedieron al referendo de agosto de 1999
sobre la independencia de Timor Oriental, organizado y administrado por las Naciones Unidas.
Cuando los timorenses orientales optaron por independizarse de Indonesia, grupos de milicias
favorables a Indonesia y soldados indonesios aplicaron una política de tierra quemada,
aterrorizando y cometiendo abusos generalizados, entre ellos, la violación de mujeres y niñas.
También se informó de casos de mujeres convertidas en esclavas sexuales
100
.
80.
La Relatora Especial, durante una misión conjunta de investigación de los hechos realizada
en noviembre de 1999 junto con el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales,
sumarias o arbitrarias y el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura, encontró pruebas de
violencia generalizada contra la mujer en Timor Oriental durante ese período [desde enero
de 1999]. Asimismo, era evidente que los oficiales de más alta graduación de Timor Oriental
estaban al tanto de esa situación o tenían razones para creer que en Timor Oriental la violencia
contra la mujer se había generalizado
101
.
81.
Una vez finalizada la violencia y establecida la Administración de Transición de las
Naciones Unidas para Timor Oriental (UNTAET), se adoptaron varias iniciativas para investigar
y tener sancionar a los autores de los abusos más graves cometidos durante los disturbios.
Las investigaciones de la UNTAET demoraron considerablemente a causa de incontables
obstáculos, entre ellos la falta de capacitación e infraestructura apropiadas. Esta situación afectó
particularmente a las investigaciones de los casos de violación
102
. La Comisión Internacional de
Investigación, establecida por el Secretario General de conformidad con la resolución S-4/1,
99
Ibid., párr. 117.
100
Amnistía Internacional, Informe 2000, pág. 225.
101
Nota del Secretario General por la que transmite el informe de la misión conjunta a Timor
Oriental (A/54/660, de 10 de diciembre de 1999), párr. 48. Véanse también algunos casos
concretos en los párrafos 50 y 51. Véase además el informe de la Alta Comisionada para los
Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Timor Oriental presentado a
la Comisión de Derechos Humanos en su cuarto período extraordinario de sesiones
(E/CN.4/2000/44, anexo, de 24 de marzo de 2000), párrs. 35 y 36.
102
Las investigaciones serias de los casos de violación como crimen de lesa humanidad sólo
comenzaron en julio; antes de esa fecha sólo se habían investigado dos casos de violación
desde 1999. Esto se debió en parte a la falta de mujeres investigadoras. Menos del 4% de la
fuerza de policía civil era del sexo femenino, y de las pocas mujeres investigadoras, sólo una
contaba con la capacitación especial para investigar delitos sexuales. Human Rights Watch,
World Report 2001, pág. 192.
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aprobada por la Comisión en su período extraordinario de sesiones sobre Timor Oriental,
determinó que, a partir de enero de 1999, se habían producido en Timor Oriental graves
violaciones, entre ellas abusos sexuales, violación, obligación de desnudarse y esclavitud sexual
de las mujeres, destacó la necesidad de que prosiguieran las investigaciones e instó a las
Naciones Unidas a que establecieran un órgano independiente internacional encargado de
organizar investigaciones sistemáticas, identificar y enjuiciar a los responsables y otorgar
indemnizaciones a las víctimas de los actos de violencia en Timor Oriental
103
.
F. República Federativa de Yugoslavia (Kosovo)
82.
Existen muchos informes fidedignos de violaciones y actos de violencia sexual cometidos
contra mujeres de Kosovo durante el conflicto armado entre las fuerzas armadas de Yugoslavia y
el Ejército de Liberación de Kosovo (KLA) a comienzos de 1998, y especialmente en el período
comprendido entre marzo y junio de 1999, época en que se llevó a cabo la campaña de
bombardeo de la OTAN contra Yugoslavia
104
. Se ha informado de que, durante ese período,
paramilitares serbios sacaban a mujeres y niñas de sus casas, de autobuses o de otros lugares
públicos. Muchas mujeres fueron violadas y otras sometidas a la esclavitud sexual; se ejecutó a
un número desconocido de ellas. Otras eran obligadas a desvestirse y a someterse a registros
humillantes, o se las amenazaba con la violación o la muerte si no pagaban una suma de dinero.
Los paramilitares serbios cometieron la gran mayoría de abusos sexuales registrados en Kosovo
durante ese período, pero también hubo algunos informes de violaciones por soldados del
ejército regular serbio
105
. Muchas de las mujeres eran violadas por varios hombres y también
hubo numerosos informes de víctimas que presentaban mordiscos.
El caso de V. B.
83.
Soldados al parecer pertenecientes al ejército yugoslavo mantuvieron en cautiverio durante
días a un grupo de 27 mujeres y niños. Las mujeres informaron de que se les obligó a
desvestirse, de que fueron víctimas de abusos sexuales y de que algunas de ellas fueron sacadas
de a una por vez y violadas. Se informó de que seis jóvenes fueron violadas varias veces; la
última vez, los soldados se llevaron a las seis jóvenes y a tres mujeres mayores: De las nueve
sólo una sobrevivió; los restos de las demás fueron descubiertos tres meses más tarde en una fosa
hallada en la propiedad
106
.
103
Cartas idénticas de fecha 31 de enero de 2000 dirigidas al Presidente de la Asamblea General,
el Presidente del Consejo de Seguridad y la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos por
el Secretario General, por las que se transmite el informe de la Comisión Internacional de
Investigación sobre Timor Oriental (S/2000/59).
104
Human Rights Watch, Kosovo: Rape as a Weapon of Ethnic Cleansing, marzo de 2000,
pág. 10.
105
Human Rights Watch, World Report 2000, pág. 439.
106
Human Rights Watch, Kosovo, op. cit., pág. 18.
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página 37
84.
Después de la entrada en Kosovo en junio de 1999 de la Fuerza Internacional de Seguridad
de Kosovo (KFOR) dirigida por la OTAN, personas de origen étnico albanés desplazadas por la
guerra comenzaron a regresar en grandes grupos. Se ha informado de que durante ese período
fueron violadas mujeres de origen étnico serbio, romaníes y albanesas de quienes se creía que
habían apoyado al Gobierno de Yugoslavia
107
. El Centro Europeo de Desarrollo de los
Romaníes (CEDR) documentó tres casos de violación de mujeres romaníes por personas que
llevaban el uniforme del Ejército de Liberación de Kosovo
108
.
G. India
85.
Se ha informado de casos de violaciones y abusos sexuales en zonas de la India donde se
libran conflictos armados, como Jammu, Cachemira, Assam y Manipur, entre otras regiones.
También se ha informado de que la policía y las fuerzas de seguridad utilizan la tortura, incluida
la violación y otros actos de violencia sexual. La Relatora Especial ha recibido algunos informes
en relación con la violencia policial fuera de las zonas del conflicto armado, según los cuales las
mujeres de determinadas castas y minorías étnicas o religiosas son vulnerables a los abusos
policiales
109
.
86.
A medida que se han intensificado los enfrentamientos en Jammu y Cachemira, todas las
partes en el conflicto han cometido graves abusos contra la población civil. La Relatora Especial
ha recibido informes de que las fuerzas de seguridad de la India han violado a mujeres y niñas en
algunas operaciones de registro. Cabe mencionar los siguientes casos durante el período que se
examina.
Caso de S.
87.
El 5 de octubre de 1998, el Octavo Regimiento de Fusileros sacó a S., una mujer de Ludna,
a Doda, su marido y a su nieto de la casa que habitaban y se los llevó a la base militar de
Charote, en donde, según informaciones, los soldados torturaron a la mujer con descargas
eléctricas, la desnudaron y el capitán la violó
110
.
107
Véase ACNUR/OSCE, Assessment of the Situation of Ethnic Minorities in Kosovo (Period
covering November 1999 through January 2000), 12 de julio de 2000.
108
El CEDER entrevistó a un testigo que informó de que su hermana y su esposa habían sido
violadas por cuatro hombres en Djakovica el 29 de junio. También entrevistaron a un familiar de
una mujer de Kosovska Mitrovica violada el 20 de junio por seis hombres que llevaban
uniformes del KLA. Centro Europeo de Derechos de los Romaníes, "Press statement: the
current situation of Roma in Kosovo", 9 de julio de 1999, pág. 1. Véase también Human Rights
Watch, Abuses against serbs and Roma in the New Kosovo, agosto de 1999.
109
Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Documentos
Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo quinto período de sesiones, Suplemento Nº 38,
(A/55/38), párrs. 30 a 90.
110
Human Right Watch, Behind the Kashmir Conflict: Abuses by Indian Security Forces and
Militant Groups Continue, julio de 1999, pág. 12.
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página 38
Caso de Gulshan, niña de 14 años
88.
"Según informaciones, en la noche del 22 al 23 de abril de 1997, durante una incursión en
la aldea de Wavoosa cerca de Srinagar, por lo menos cuatro agentes de seguridad violaron a
Gulshan, de 14 años, a su hermana Kilsuma de 15 años y a su hermana mayor Rifat, de 16 años.
En una casa vecina violaron a Naza, de 17 años y por lo menos a tres mujeres adultas.
Las autoridades civiles y militares iniciaron investigaciones sobre el incidente pero al parecer no
se han tomado medidas para enjuiciar a los responsables."
111
H. Indonesia/Timor occidental
89.
El 13 de mayo de 1998, un día después de que fueran abatidos a tiros cuatro estudiantes
por agentes del ejército o de la policía, estallaron actos de violencia en masa dirigidos
principalmente contra ciudadanos de Indonesia de origen étnico chino. Según informaciones, las
fuerzas de seguridad indonesias no hicieron nada para impedir, durante los tres días siguientes,
que la muchedumbre diera muerte a unas 1.198 personas, incendiara casas y comercios y
cometiera agresiones sexuales contra mujeres chinas. Si bien existe controversia sobre el
número exacto de víctimas de esas violaciones durante los disturbios, no cabe duda de que
muchas mujeres de origen étnico chino fueron objeto de violencia sexual durante ese período.
Después de su misión a Indonesia en noviembre de 1998, la Relatora Especial llegó a la
conclusión de que "aunque no [podía] dar una cifra exacta, el tipo de violencia descrito por las
víctimas, los testigos y los defensores de los derechos humanos indica claramente que esas
violaciones fueron generalizadas"
112
.
90.
Más de un año después del estallido de la violencia en Timor Oriental (véase
Timor Oriental supra), más de 100.000 refugiados de Timor Oriental permanecen en
Timor occidental, en su mayor parte bajo el control de milicias favorables a Indonesia, en zonas
donde los actos de violencia, incluidas las agresiones sexuales, ejercidos por las milicias son
comunes. También ha habido muchos informes fidedignos de que se somete a mujeres a trabajos
forzados y a la esclavitud sexual. "Según refugiados que han regresado de Timor occidental,
soldados y miembros de las milicias sacan sistemáticamente a las mujeres de los campamentos y
las violan. Se ha informado de que un soldado indonesio mantuvo en cautiverio en su casa a
varias mujeres refugiadas. Una de ellas habría sido Filomena Barbosa", una destacada militante
en la campaña a favor de la independencia de Timor Oriental
113
. El Gobierno de Indonesia no ha
desarmado ni desbandado las milicias, no ha investigado los informes de agresiones sexuales ni
enjuiciado a los responsables.
111
Amnistía Internacional, Children in South Asia: Securing their rights, índice de AI:
ASA 04/01/98, pág. 41.
112
Informe de la Sra. Radhika Coomaraswamy, Relatora Especial sobre la violencia contra la
mujer, sus causas y consecuencias. Adición: misión a Indonesia y Timor Oriental en relación
con la cuestión de la violencia contra la mujer (E/CN.4/1999/68/Add.3), párr. 71.
113
Amnistía Internacional Canadá "Refugees at risk: continued attacks on East Timorese",
en www.amnesty.ca/women/freedom5b.html, actualizado el 17 de junio de 2000.
Page 39
página 39
91.
También se ha informado de violaciones cometidas durante los conflictos armados en otras
regiones de Indonesia, como Irian Jaya y Aceh. Por ejemplo, se informó de que en marzo
de 2000 hubo violaciones de mujeres en la aldea de Alue Lhok, distrito de Aceh del Norte
114
.
I. El Japón: novedades en relación con la justicia
en favor de las mujeres de solaz
92.
Si bien el Gobierno del Japón ha reconocido su responsabilidad moral por el sistema de
organización de esclavas sexuales eufemísticamente llamadas "mujeres de solaz" durante la
segunda guerra mundial, se ha negado a aceptar la responsabilidad jurídica y a pagar una
indemnización a las víctimas
115
. No ha hecho ningún intento por aplicar las recomendaciones
formuladas por la Relatora Especial en su informe de 1996
116
, ni las esbozadas por la Relatora
Especial de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos en el apéndice
de su informe final sobre la violación sistemática, la esclavitud sexual y las prácticas análogas a
la esclavitud en tiempo de conflicto armado
117
.
93.
Según el informe de diciembre de 2000 del Fondo Asiático para la Mujer, el fondo privado
creado para indemnizar a las víctimas y poner en marcha proyectos de asistencia para ellas, el
proyecto de expiación consiste en que las víctimas reciban una carta del Primer Ministro del
Japón en la que presente sus disculpas, y exprese el remordimiento del pueblo japonés, así como
una indemnización de 2 millones de yen. Hasta la fecha 170 antiguas mujeres de solaz han
recibido dinero de expiación. Además, el Fondo realiza muchas otras actividades encomiables
para ayudar a las mujeres y ancianos afectados por la segunda guerra mundial y la violencia
contra la mujer.
94.
En los últimos años, varias víctimas de la esclavitud sexual han iniciado juicios en
tribunales japoneses; algunos de los cuales todavía están pendientes. De los que se han resuelto,
los resultados muy desiguales. Tres "mujeres de solaz" recibieron una indemnización
de 300.000 yen (2.300 dólares de los EE.UU.) de la sección Shimonoseki del Tribunal de
Distrito de Yamaguchi el 27 de abril de 1998, después de que el tribunal emitiera su fallo de que
114
Amnistía Internacional, "Indonesia: The impact of impunity on women in Aceh",
ASA 21/060/2000, de 23 de noviembre de 2000, pág. 3.
115
En 1995 el Gobierno del Japón creó el Fondo Asiático para la Mujer con el objeto de obtener
dinero de fuentes privadas para antiguas mujeres de solaz y para financiar la labor de
organizaciones no gubernamentales que trabajan con esas víctimas. Sin embargo, muchas de las
víctimas se han negado a aceptar el dinero ofrecido por el fondo por considerarlo insultante y
ante todo una maniobra del Gobierno para eludir su responsabilidad. Lo que estas víctimas
piden es una investigación real y una disculpa oficial por los delitos cometidos contra ellas.
116
Informe de la misión enviada a la República Popular Democrática de Corea, la República de
Corea y el Japón sobre la cuestión de las esclavas sexuales de los militares en tiempo de guerra
(E/CN.4/1996/53/Add.1 y Corr.1), sec. 9.
117
Análisis de la responsabilidad jurídica del Gobierno del Japón por los "centros de solaz"
creados durante la segunda guerra mundial (E/CN.4/Sub.2/1998/13), apéndice.
Page 40
página 40
las mujeres habían sido sometidas a esclavitud sexual y se habían violado sus derechos humanos.
Básicamente, el tribunal sostuvo que el Gobierno del Japón tenía la obligación jurídica de
indemnizar a las mujeres y que el hecho de que la Dieta no hubiese promulgado una ley de
indemnización a esas mujeres "constituía una violación del derecho constitucional y estatutario
del Japón"
118
. Tanto los demandantes como el Gobierno han interpuesto un recurso ante el
Tribunal Superior de Hiroshima, que todavía está pendiente.
95.
En contraste con ese fallo, el Tribunal de Distrito de Tokio desestimó el 9 de octubre
de 1998 las demandas de 46 antiguas "mujeres de solaz" de Filipinas
119
y el 30 de noviembre
de 1998 desestimó la demanda de una antigua "mujer de solaz" neerlandesa
120
. El 6 de
diciembre de 2000, el Tribunal Superior de Tokio desestimó el recurso presentado por las
demandantes en el caso de las mujeres filipinas. En el caso de la mujer neerlandesa, está
pendiente un recurso ante el Tribunal Superior de Tokio. De igual manera, el 30 de noviembre
de 2000 el Tribunal Superior de Justicia del Japón desestimó el recurso de una antigua "mujer de
solaz" coreana: si bien reconocía su sufrimiento, sostuvo que con arreglo al derecho
internacional la demandante estaba facultada para iniciar una acción a título individual contra el
Estado por indemnización. El tribunal también sostuvo que el derecho de los coreanos que
vivían en el Japón a solicitar indemnización por daños cometidos en la guerra había caducado
en 1985
121
. En septiembre de 2000, un grupo de 15 antiguas "mujeres de solaz", interpusieron
una demanda colectiva ante el Tribunal de Distrito de Washington para pedir indemnización por
los delitos cometidos contra ellas
122
.
96.
En diciembre de 2000, varios grupos de mujeres constituyeron un tribunal internacional de
mujeres sobre crímenes de guerra en relación con la esclavitud sexual practicada por militares
japoneses (Tribunal de Tokio 2000) a fin de destacar las permanentes negativas del Gobierno a
otorgar indemnización a las víctimas del sistema japonés de mujeres de solaz y la impunidad de
que seguían gozando sus autores. Se reunieron pruebas detalladas aportadas por "mujeres de
solaz" de las dos Corea, Filipinas, Indonesia, Timor Oriental, China y los Países Bajos, que
actualmente constan en los archivos. Un fiscal internacional presentó las pruebas a un grupo de
eminentes jueces internacionales. En su fallo, los jueces reiteraron la responsabilidad jurídica
del Gobierno del Japón y la necesidad de entablar acción judicial para castigar a los autores de
los delitos. El Gobierno no estuvo representado en el tribunal.
118
Citado en la actualización del informe final presentado por la Sra. Gay J. McDougall,
Relatora Especial sobre la violación sistemática, la esclavitud sexual y las prácticas análogas a la
esclavitud en tiempos de conflicto armado (E/CN.4/Sub.2/2000/21), párr. 75.
119
Citado en ibíd., párr. 76.
120
Ibíd.
121
Japanese court rejects Korean comfort woman's appeal", Korea Times, 1º de diciembre
de 2000.
122
Soh Ji-young, "Civil tribunal to convene on wartime sex slavery crimes of Japan",
Korea Times, 9 de noviembre de 2000.
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página 41
J. Myanmar
97.
La violación y el abuso sexual de mujeres y niñas por parte de las fuerzas gubernamentales
han sido "una característica común en el modo de proceder del ejército en su campaña de
incursiones en las zonas en que hay insurrección o en los lugares en que se ha reubicado a la
población"
123
. El Relator Especial ha recibido numerosos informes fiables de casos de niñas y
mujeres violadas o violentadas sexualmente o amenazadas de serlo por parte de efectivos del
Gobierno para intimidar a la población local, sacar información a las detenidas y sobornar.
También se ha secuestrado a mujeres y niñas que se utilizan para el trabajo forzoso o se ven
obligadas a "casarse".
Caso de Nang Zarm Hawn
98.
Nang Zarm Hawn, una menor de 14 años de edad, fue violada y quemada viva, según se
informa, en una granja a unas tres o cuatro millas al este de Lai-Kha el 11 de mayo de 1998.
Ese día, el comandante Myint Than y unos 90 efectivos entraron en el arrozal donde
Nang Zarm Hawn y sus padres estaban trabajando. Cuando llegaron, Nang Zarm Hawn
estaba sola. "Myint Than le preguntó por sus padres y ordenó a sus soldados que se apostasen
en el linde del arrozal y detuviesen a cualquier persona que se acercase. Posteriormente violó a
Nang Zarm Hawn en la cabaña varias veces durante el día y alrededor de las cuatro de la mañana
la hizo quemar dentro de la cabaña y abandonó el lugar con sus soldados"
124
.
Violencia en Ta Hpo Hkee
99.
El Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar recibió
información de que "el 31 de julio de 1999, el comandante de la Cuarta Compañía del Batallón
de Infantería 101, Mo Kyaw, y su ayudante, Ka Htay, junto con un grupo de 43 soldados, se
personaron en la aldea de Ta Hpo Hkee cercana a los lugares donde ocurrieron las matanzas de
Kawei y Hpway Plaw, donde capturaron a un grupo de siete civiles karen, entre ellos una niña
de 9 años y una mujer embarazada, y los mataron. Según se informa, la mujer y la niña
de 9 años fueron violadas por todos los soldados antes de ser asesinadas. La embarazada falleció
de un disparo en la región abdominal"
125
.
123
Situación de los derechos humanos en Myanmar: informe del Relator Especial
Sr. Rajsoomer Lallah, presentado de conformidad con la resolución 1999/17 de la Comisión de
Derechos Humanos (E/CN.4/2000/38), párr. 50.
124
Informe provisional sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, preparado
por el Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos de conformidad con la
decisión 1998/261 del Consejo Económico y Social, de 30 de julio de 1998 (A/53/364, anexo),
párr. 51.
125
Informe provisional sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar preparado por
el Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos, de conformidad con la
decisión 1999/231 del Consejo Económico y Social, de 27 de julio de 1999 (A/54/440, anexo),
párr. 36.
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K. La Federación de Rusia (Chechenia)
100. Desde que se reanudaron los combates en Chechenia a fines de 1999 y durante todo el
año 2000, tanto las fuerzas militares rusas como los rebeldes chechenos cometieron violaciones
del derecho humanitario, aunque cabe achacar la inmensa mayoría de estas violaciones a las
fuerzas rusas. Los soldados rusos torturaron brutalmente, golpearon y violaron a mujeres, así
como a algunos hombres, en la zona que tenían bajo su control. La violencia sexual prevaleció
particularmente durante las llamadas operaciones de "limpieza", en las que por primera vez
después de la huida de los combatientes rebeldes, los soldados rusos entraron en ciudades y
aldeas. Se ha informado de violaciones en Alkhan Yurt, Novye Aldy, Shali y Tagi Chu
126
.
A continuación se señalan sólo dos de los numerosos incidentes.
El caso de "Fira"
101. Según se informa soldados rusos violaron y mataron a "Fira" (no es su nombre verdadero),
de 23 años de edad, y a su suegra el 19 de diciembre de 1999 después de capturarla en la ciudad
de Shali. Fira estaba embarazada de unos seis meses cuando murió. Los vecinos oyeron gritos y
disparos que provenían de su vivienda y posteriormente descubrieron los cadáveres de las dos
mujeres. Una vecina, "Malika" (no es su nombre verdadero), vio los cadáveres de las víctimas:
"Tenía moretones en los pechos. En uno de sus hombros había una extraña
contusión cuadrada. Cerca del hígado también presentaba marcas oscuras. En el cuello
había marcas de dientes y también en sus labios, como si alguien la hubiera mordido.
Tenía una pequeña perforación de bala en la sien derecha y una enorme herida del lado
izquierdo de su cabeza".
127
El caso de X y de otras tres mujeres
102. El 5 de febrero de 2000, cuatro mujeres fueron sacadas de sus casas por soldados rusos en
la zona residencial de Aldi, suburbio de Grozny, la capital. Eran 12 soldados y "muchos" de
ellos, según se informa, violaron a las mujeres, a algunas mediante penetración de la vagina y a
otras obligándolas al sexo oral. Se afirma que una de las mujeres fue asfixiada hasta morir
cuando un soldado se sentó sobre su cabeza. Otras dos de las víctimas fueron estranguladas
porque gritaron. La cuarta mujer perdió el conocimiento cuando se le obligó a practicar el
sexo oral
128
.
103. Pese a las irrefutables pruebas de violación y otros actos de violencia sexual cometidos por
las fuerzas rusas en Chechenia, el Gobierno de la Federación de Rusia no ha realizado las
investigaciones necesarias ni ha pedido cuentas a nadie en ninguno de los incontables casos.
126
Human Rights Watch, World Report 2001, pág. 316.
127
Human Rights Watch, "Rape allegations surface in Chechnya", 20 de enero de 2000.
128
Human Righs Watch, February 5: A Day of Slaughter in Novye Aldi (junio de 2000),
vol. 12, Nº 9 D), pág. 28.
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Hasta la fecha, sólo uno de los presuntos autores, un comandante de tanques ruso, se encuentra
detenido acusado de agresión sexual.
L. Sierra Leona
104. La violación sistemática y generalizada y otros tipos de violencia sexual han sido la
característica fundamental de los nueve años de conflicto en Sierra Leona. Se han notificado
miles de casos de violación sexual, incluso violaciones individuales y colectivas, de agresión
sexual con objetos como teas, paraguas y palos, así como de esclavitud sexual
129
. Durante la
ofensiva rebelde de enero de 1999 contra Freetown por parte del Frente Revolucionario Unido y
el Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas se informó de redadas de centenares de
mujeres y niñas que fueron salvajemente violadas. "Una menor de 14 años de edad fue
apuñalada en la vagina porque se negó a tener relación sexual con un combatiente rebelde que la
había secuestrado. A otras mujeres se les introdujeron trozos pequeños de teas encendidas en la
vagina. Una menor de 16 años de edad quedó tan seriamente lastimada después de reiteradas
violaciones al punto de que, después que logró escapar, hubo que practicarle una
histerectomía"
130
. Las fuerzas rebeldes también secuestraron a varios miles de civiles de
Freetown durante este período. De entre las mujeres y niñas secuestradas, "se estima que más
del 90%… habían sido violadas: muchas obligadas a elegir entre someterse a la violación o
morir. Muchas de las niñas liberadas posteriormente estaban embarazadas, habían tenido un hijo
o habían contraído enfermedades venéreas"
131
.
105. El Acuerdo de Paz de Lomé, suscrito el 7 de julio de 1999, propició una reducción relativa
de muchos de los peores desmanes, con excepción de la agresión sexual contra mujeres y niñas,
que no registró disminución alguna. Debido al fracaso del proceso de paz y al incremento de los
combates nuevamente en mayo de 2000, todas las partes en el conflicto, el Frente
Revolucionario Unido y las milicias rebeldes, y cada vez más las fuerzas partidarias del
Gobierno, cometieron crímenes horrendos contra la población civil, entre ellos agresión sexual
sistemática y generalizada, violación y mutilación de mujeres.
106. Muchas de las violaciones ocurrieron cuando las víctimas fueron secuestradas y obligadas
a convertirse en pareja sexual o en "esposas" de sus captores. Las fuerzas rebeldes secuestraron
a niñas, algunas de 10 años de edad, y las obligaron a ser sus esclavas sexuales
132
.
129
Human Rights Watch, "Sexual violence in the Sierra Leone conflict", 26 de septiembre
de 2000, inédito.
130
Amnistía Internacional, Sierra Leona: violaciones y otras formas de violencia sexual contra
mujeres y niñas, Índice AI: AFR 51/35/00, 29 de junio de 2000, pág. 2.
131
Amnistía Internacional, Informe Anual 2000, Sierra Leona, pág. 209. Véase también Human
Rights Watch, Getting Away with Murder, Mutilation and Rape: New Testimony from
Sierra Leone, junio de 1999 y op. cit. (E/CN.4/2000/71), párr. 11.
132
McDougall, op. cit. (E/CN.4/Sub.2/2000/21), párrs. 16 y 17.
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107. En el Acuerdo de Paz de Lomé se concedía una amnistía general por todos los delitos
cometidos durante el conflicto, incluida la violencia sexual. Los Representantes Especiales del
Secretario General añadieron una reserva al acuerdo de paz, en la que se indicaba que las
Naciones Unidas no reconocían la aplicabilidad de esta amnistía a los crímenes de genocidio, los
crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra u otras violaciones graves de los derechos
humanos y el derecho humanitario. El 14 de agosto de 2000, el Consejo de Seguridad aprobó la
resolución 1315 (2000), en la que pidió al Secretario General "que negociara un acuerdo con el
Gobierno de Sierra Leona con el fin de crear un tribunal especial independiente" y recomendó
"que el Tribunal Especial tuviera competencia por razón de la materia particularmente respecto
de los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho
internacional humanitario…". El 5 de octubre de 2000, el Secretario General presentó un
informe con recomendaciones y propuestas para el establecimiento de este Tribunal Especial
(S/2000/915), que en el momento de redactarse el presente informe era objeto de examen en el
Consejo de Seguridad
133
.
108. Los refugiados de Sierra Leona (así como los de Liberia) que pidieron refugio en Guinea,
pese a haber sufrido lo increíble a manos de grupos armados en su propio país, han sido víctimas
también de la violencia. A raíz de una declaración hecha por el Presidente de Guinea en
septiembre de 2000, en la que acusaba a los refugiados de albergar a los rebeldes armados que
presuntamente habían efectuado ataques contra Guinea desde Sierra Leona y Liberia, las
multitudes atacaron a miles de refugiados en la capital, Conakry. Muchos refugiados se vieron
obligados a abandonar sus hogares y fueron golpeados. Hay informes también fidedignos de
violación y abuso sexual de mujeres y niñas refugiadas, muchas de ellas en forma colectiva, por
parte de la policía, los soldados y civiles guineanos. Las organizaciones no gubernamentales
reunieron numerosos testimonios de víctimas, entre ellos el de una menor de 14 años y el de la
madre de un bebé de tres meses, que fueron brutalmente violadas
134
.
M. Sri Lanka
109. Las fuerzas de seguridad de Sri Lanka han seguido cometiendo graves violaciones de los
derechos humanos, entre ellas la violencia sexual, en el contexto del conflicto armado que ya
dura 17 años contra los Tigres de Liberación del Eelam Tamil (LLTE). La policía de Sri Lanka,
según informes, también ha cometido violaciones y otros abusos sexuales en el transcurso de la
contienda. A continuación se señalan algunos casos de los que se ha informado desde 1997.
133
En el informe se propone que el tribunal aplique tanto el derecho internacional como la
legislación de Sierra Leona y que esté compuesto de magistrados y fiscales tanto internacionales
como sierraleoneses.
134
Nota de prensa de Human Rights Watch, "Refugee women in Guinea raped: Government
incites attacks on Sierra Leonean and Liberian refugees; UNHCR must act", 13 de septiembre
de 2000.
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Caso de Sarathambal Saravanbavananthatkurukal
110. La joven de 29 años de edad Sarathambal Saravanbavananthatkurukal, hija de un sacerdote
del templo, fue violada, según se informa, colectivamente y asesinada por infantes de la marina
de Sri Lanka el 29 de diciembre de 1999 en Pungudutivu, cerca de Jaffna. Pese a las órdenes del
Presidente de que se investigara este caso, hasta la fecha no se ha inculpado a nadie.
Caso de Ida Caremelitta
111. "Según se informa, Ida Caremelitta fue violada colectivamente por cinco soldados y
posteriormente asesinada en la noche del 12 de julio de 1999 en la aldea de Pallimunai, isla de
Mannar. Cinco hombres enmascarados y fuertemente armados, según se dice, entraron en la
vivienda donde ella y su familia dormían, sacaron a la Sra. Caremelitta de su hogar y, utilizando
la violencia, la violaron y luego la asesinaron. En el informe del forense se señala que la
Sra. Caremelitta fue violada en reiteradas ocasiones y que su cuerpo presentaba mutilaciones
sexuales."
135
El Gobierno procedió a realizar investigaciones y se ha entablado acción judicial
contra algunos de los soldados.
112. Además de las fuerzas de seguridad, ciertos grupos armados tienen permiso para realizar
operaciones con demasiada impunidad en el norte y el este, ya que son aliados del Gobierno en
la guerra que se libra. En la Provincia oriental y en el distrito Vauniya hay denuncias de
violaciones y ejecuciones extrajudiciales que han llevado a cabo estos grupos. El caso de
Noor Lebai Sithi Umma, de Eravur, joven de 28 años de edad, que fue violada y asesinada según
indicios por un grupo armado, es uno de estos casos. Otro caso notificado a la Relatora Especial
es el de Ali Muhammath Athabia, de Eravur, quien fue torturado y agredido sexualmente delante
de sus hijas por miembros de un grupo armado.
113. Los Tigres de Liberación de Eelam Tamil también son responsables de cometer graves
violaciones de los derechos humanos en esta guerra. Además, la Relatora Especial ha recibido
informes de que, como cuestión de rutina reclutan y, en ocasiones, secuestran a menores, incluso
a niñas, para utilizarlos como soldados. En un informe de julio de 2000, una organización
denominada University Teachers for Human Rights informó de que 20 niñas acababan de ser
reclutadas en una escuela por los Tigres de Liberación. Cinco de estas niñas, con edades
entre 14 y 15 años, dijeron a funcionarios del campamento que no querían quedarse. Según este
informe, "las niñas fueron separadas, llevadas a una habitación, desnudadas, agredidas sin piedad
y lanzadas contra el suelo. Posteriormente, las pisotearon"
136
.
135
Nota de prensa de las Naciones Unidas, 14 de marzo de 2000.
136
The University Teachers for Human Rights, Boletín informativo Nº 23, 11 de julio de 2000.
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página 46
VI. RECOMENDACIONES
A. Internacionales
114. Tras las recomendaciones hechas en la Declaración de Windhoek y el Plan de Acción de
Namibia sobre la incorporación de una perspectiva de género en las operaciones
multidimensionales de apoyo a la paz, así como en las numerosas declaraciones, resoluciones y
decisiones de las Naciones Unidas, la Organización deberá adoptar medidas inmediatas para
garantizar que aumente la representación de mujeres en todas las instituciones de las
Naciones Unidas y a todos los niveles de adopción de decisiones, incluso en calidad de
observadoras militares, policías, personal de mantenimiento de la paz, de derechos humanos y
humanitario en las operaciones sobre el terreno de las Naciones Unidas y en calidad de
representantes y enviadas especiales del Secretario General. Una de las medidas importantes
deberá ser:
a)
La creación de una dependencia sobre cuestiones de género y el nombramiento de
asesores superiores sobre género en el Departamento de Operaciones de
Mantenimiento de la Paz, así como el nombramiento de asesores superiores sobre
género y asesores sobre protección de la infancia calificados para que atiendan
especialmente las cuestiones de género en todas las misiones sobre el terreno;
b)
El aumento del número de mujeres nombradas como representantes especiales en
zonas de conflicto, puestos clave, encargadas de misiones de mantenimiento de la
paz y la distribución de asistencia humanitaria;
c)
La inclusión de asesores sobre género en los equipos de tareas integrados para las
misiones, propuestos en el informe del Grupo sobre las Operaciones de Paz de las
Naciones Unidas (informe Brahimi) (A/55/305-S/2000/809).
115. La Organización deberá adoptar medidas concretas para incorporar la perspectiva de
género en todas las actividades de las Naciones Unidas, con mayor urgencia en las esferas que
afecten a la seguridad física de las mujeres y las niñas, incluidas las operaciones sobre el terreno,
en las fuerzas de mantenimiento de la paz y en las fuerzas militares y de policía.
La incorporación del género en las actividades principales no sólo garantizará una mayor
participación de la mujer en las principales operaciones de la Organización, sino que mejorará la
capacidad de respuesta de las Naciones Unidas a los intereses especiales de las mujeres y las
niñas que se describen en el presente informe. Entre estas medidas deberán figurar:
a)
El establecimiento de un claro mandato para todas las misiones de mantenimiento de
la paz de prevenir, supervisar e informar sobre la violencia contra las mujeres y las
niñas, que abarque todo tipo de violencia sexual, secuestro, prostitución forzada
y trata;
b)
La capacitación amplia sobre cuestiones de género de todo el personal de
mantenimiento de la paz sobre el terreno, así como del personal del Departamento de
Operaciones de Mantenimiento de la Paz que trabaja en Nueva York;
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c)
La elaboración de procedimientos uniformes y medidas disciplinarias aplicables al
personal de mantenimiento de la paz que viole las normas internacionales, en
particular las relacionadas con la violencia contra mujeres y niñas. Se deberá
considerar asimismo el funcionamiento de tribunales especiales que juzguen al
personal de mantenimiento de la paz por crímenes de guerra y crímenes de lesa
humanidad en las zonas donde realicen sus actividades.
116. La Organización deberá adoptar medidas concretas para garantizar que el personal de
mantenimiento de la paz que cometa abusos o violación de los derechos humanos y del derecho
humanitario, incluso contra mujeres y niñas, tenga que rendir cuenta de ello. Los Estados
Miembros que contribuyan efectivos a las operaciones de mantenimiento de la paz no sólo
deberán acatar el código de conducta sino que deberán investigar todas las acusaciones de
violaciones de esta índole y enjuiciar a los que se haya hallado culpables. Todas estas
investigaciones y sus resultados deberán darse a conocer públicamente, incluso en informes
periódicos al Secretario General. Tras la recomendación hecha por Graça Machel en su informe
de septiembre de 2000 sobre los niños en situaciones de conflicto armado, el Relator Especial
insta también a que se cree un defensor del pueblo u otro mecanismo disciplinario y de
supervisión en todas las operaciones de apoyo a la paz.
117. Las Naciones Unidas deben garantizar que las mujeres estén representadas en todas las
negociaciones de cesación del fuego y de paz y que las cuestiones de género formen también
parte integrante de estos procesos. Se deberán realizar esfuerzos especiales para que todas las
organizaciones no gubernamentales locales encargadas de asuntos de la mujer participen en las
negociaciones de paz.
118. Las experiencias en tiempo de guerra y las necesidades posteriores a los conflictos de las
mujeres y las niñas deberán tomarse plenamente en cuenta en la formulación de los planes de
repatriación y reasentamiento, así como en los programas de desmovilización, rehabilitación,
reintegración y reconstrucción posteriores al conflicto. Además:
a)
Los programas de rehabilitación deberán tener en cuenta el carácter a menudo
generalizado de la agresión sexual y la violación y se formularán programas para
resolver las necesidades concretas de los supervivientes de la agresión sexual;
b)
Deberán elaborarse programas que aborden las necesidades especiales de las mujeres
ex combatientes;
c)
Se deberán llevar a cabo también esfuerzos especiales para garantizar que los
intereses de seguridad y subsistencia de todas las viudas de guerra y otras mujeres
jefas de hogar se atiendan debidamente.
119. Es menester llevar a cabo con urgencia una evaluación multidimensional de las
repercusiones de los conflictos armados en la mujer, como se pide en la resolución 1325 (2000),
del Consejo de Seguridad, para contar con la información necesaria que permita formular
programas más eficaces de protección y asistencia a las mujeres y las niñas.
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120. Tomando nota de las importantes recomendaciones hechas por el Secretario General
en su informe al Consejo de Seguridad sobre los niños y los conflictos armados (A/55/163-
S/2000/712), de julio de 2000, se deberá realizar nuevas investigaciones y supervisar la
repercusiones de los conflictos en las niñas, así como los resultados de los programas
internacionales destinados a proteger a las niñas en tiempo de guerra y a atender sus necesidades
de manera de mejorar la programación y la protección.
121. La comunidad internacional deberá empeñarse en la creación de un órgano internacional
parecido a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) cuyo mandato específico sea la protección y la prestación de asistencia a las personas
desplazadas o al menos un mecanismo centralizado de coordinación para que se pueda dar una
respuesta internacional rápida y uniforme a situaciones de desplazamiento interno, como ha
explicado el Representante del Secretario General.
122. Aunque ya se están realizando grandes esfuerzos para garantizar la participación de
mujeres y niñas en el diseño de campamentos de refugiados y personas desplazadas y la
distribución de ayuda humanitaria, habrá que insistir en este aspecto. Se deben adoptar también
las medidas apropiadas para mejorar la iluminación, cambiar la disposición de los campamentos,
aumentar las patrullas de seguridad, resolver el suministro de leña, ubicar fuentes de agua y
letrinas en zonas seguras y emplear a mujeres como centinelas.
123. Las Naciones Unidas deberán emprender programas para informar a los agentes no
estatales de sus obligaciones con arreglo al derecho internacional humanitario y las
repercusiones concretas que el establecimiento de la Corte Penal Internacional pueda tener
en ellos.
B. Nacionales
124. Todos los Estados deberán ratificar los instrumentos internacionales pertinentes, entre ellos
el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el Protocolo Facultativo de la Convención
sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, el
Convenio Nº 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil y el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio,
la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial,
así como garantizar el pleno respeto de las normas jurídicas consagradas en ellos y pedir cuentas
a los que violen estos instrumentos.
125. Todos los gobiernos y agentes no estatales deberán acatar y garantizar el cumplimiento de
los Principios rectores de los desplazamientos internos. Los Estados deberán proteger y prestar
asistencia a los desplazados en su territorio y garantizar el acceso incondicional e irrestricto de
los organismos humanitarios internacionales y nacionales a las personas desplazadas.
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126. Los Estados deberán garantizar la seguridad de los campamentos de refugiados y de
personas desplazadas, sobre todo contra la infiltración de grupos armados, y deberán adoptar
medidas eficaces para garantizar los intereses especiales de seguridad de las mujeres y los niños
desplazados por el conflicto, incluso medidas contra la violación y otro tipo de violencia basada
en el género.
127. Los Estados deberán negarse a proporcionar armas o apoyo financiero o político a
gobiernos o agentes no estatales que violen el derecho internacional humanitario, entre otras
cosas violando a mujeres y niños o ejerciendo otro tipo de violencia sexual contra ellos.
Los Estados deberán también adoptar precauciones extraordinarias para garantizar que los
grupos armados no utilicen su territorio para mantener secuestradas a mujeres y niñas o
dedicarse a la trata para obligarlas a que se prostituyan o a que realicen trabajos forzosos.
128. Los Estados deberán crear programas de capacitación y educación para sus fuerzas
armadas y la policía civil en que se tengan en cuenta las cuestiones de género y, por su parte, las
unidades de mantenimiento de la paz deberán recibir instrucciones sobre sus responsabilidades
respecto de la población civil, en particular las mujeres y las niñas. A este respecto, los Estados
deberán elaborar un código de conducta para su personal militar y civil enviado al extranjero y
hacer que se cumpla; además, deberán pedir cuentas a quienes violen este código.
129. Los Estados Miembros deberán cerciorarse de que aumente la representación de la mujer
en las listas de nacionales disponibles para ser adscritos como observadores militares, policías,
personal de mantenimiento de la paz, derechos humanos y humanitario y representantes
especiales.
130. Los Estados Miembros deberán prestar apoyo financiero y político para garantizar la
formación adecuada en cuestiones de género y en número suficiente de asesores superiores sobre
género, así como de funcionarios de protección de la infancia, para los principales organismos de
las Naciones Unidas encargados del mantenimiento de la paz, la asistencia humanitaria y la
rehabilitación y reconstrucción después de los conflictos.
131. Los gobiernos que participen en la financiación de programas de reconstrucción deberán
cerciorarse de que cuando se formulen estos programas se tomen en consideración las
necesidades especiales y las experiencias de las mujeres y la niñas en tiempo de guerra.
En particular, los Estados deberán formular programas que tengan en cuenta las cuestiones
relacionadas con el género y abarquen la atención de la salud y la terapia en caso de traumas,
para atender las necesidades especiales de las jóvenes y mujeres que hayan sido objeto de abuso
o violación sexual durante un conflicto armado.
132. Los gobiernos que actualmente encaren un conflicto o una situación posterior a un
conflicto deberán incluir a la mujer en todas las actividades de reconciliación y reconstrucción y
cerciorarse de que cuando se formulen todos los programas de repatriación y reasentamiento, así
como de rehabilitación, reintegración y reconstrucción después del conflicto, se aborden las
necesidades especiales de las mujeres y se tengan en cuenta sus experiencias concretas en tiempo
de guerra.
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133. Los Estados deberán establecer y perfeccionar sus sistemas nacionales de reunión de datos
amplios y desglosados por género.
134. En los países que experimenten un conflicto armado, las mujeres y los grupos de mujeres
deberán participar plenamente en el proceso de paz y se deberán realizar esfuerzos especiales
para garantizar que las necesidades e intereses de la mujer se traten en las negociaciones
políticas.
135. Los mecanismos para pedir cuentas por crímenes de guerra y violaciones de los derechos
humanos deberán garantizar que todos los casos de violencia contra la mujer se enjuicien y los
autores comparezcan ante la justicia. También deberá examinarse la posibilidad de indemnizar a
las víctimas. En todas las negociaciones de paz deberán preverse estas disposiciones.
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