
Agosto 1992: jóvenes musulmanas de Bosnia traumatizadas después
de haber sido violadas sistemáticamente por soldados serbios.
Los Estados Miembros de las Naciones Unidas
están elaborando los estatutos de una corte criminal internacional permanente.
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La vida continúa
Juan Boggino y Diane Kolnikoff son psicoterapeutas en el
consultorio de la asociación Primo Levi de París, que se ocupa de los
refugiados víctimas de tortura. Entre ellos, mujeres que han sido violadas,
como esta muchacha haitiana que acaba de llegar a la asociación. “Abandonó
su país tras ser violada en la cárcel, cuenta D. Kolnikoff. Prefirió
abandonar al niño nacido de la violación y venir sola a Francia. Ha
tenido después otro bebé pero siente impulsos infanticidas, aunque
ese hijo no tenga nada que ver con su pasado.” A ésa siguen otras historias
estremecedoras. La de esta mujer africana por ejemplo que “sueña siempre con
un peso aplastante que le impide moverse”.
Incluso años después, “el sufrimiento no desaparece”, resume J. Boggino.
Se manifiesta “por una destrucción profunda del individuo, un sentimiento
de vergüenza y humillación, tanto más intenso si el crimen ha
sido perpetrado ante testigos, la familia, los vecinos. Las muchachas violadas siendo
vírgenes creen que ya nadie podrá quererlas. No pueden concebir una
relación normal con un hombre.” El horror engendra el absurdo: esas mujeres
se sienten culpables y no víctimas; no ven que “lo inhumano está en
sus torturadores. Se preguntan por qué han sobrevivido cuando otras han muerto.
Piensan que se les ha perdonado la vida porque se dejaron violar.” Pesadillas, amenorreas,
enfermedades recurrentes, fobia al contacto físico, frigidez son los síntomas
más comunes de ese sufrimiento moral. Para esas mujeres el silencio es de
plomo pero la palabra es de oro, pues permite recordar, llorar, expresar emociones
y sentimientos. Hablar es distanciarse de las torturas sufridas, explica D. Kolnikoff,
para vivir “con” y no “en” la violación. Tras una psicoterapia, algunas mujeres
consiguen aceptar su cuerpo, experimentar nuevamente placer, e incluso amar “al hijo
de los malos recuerdos”, a condición de integrarlo en su propia filiación.
Hablar también da derecho a designar a los culpables y librarse así
del sentimiento de culpabilidad y de oprobio. “Pero esas mujeres necesitan que su
palabra sea reconocida y aceptada. La ley y los tribunales cumplen, pues, una función
decisiva.” No hay curación posible si no se identifica y juzga a los culpables
S. Bou
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En el norte de Uganda el Ejército de Resistencia del Señor
enroló por la fuerza a 8.000 niños y violó a numerosas niñas.
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La violación
en tiempos de guerra empieza a ser reconocida como un crimen contra la humanidad.
Está por verse si la futura corte criminal internacional permanente la considerará
un motivo de inculpación.
Que las mujeres sean víctimas de violencias sexuales cometidas durante los
conflictos armados no es ninguna novedad. Sea religiosa, civil o mundial, la guerra
ha cobrado siempre víctimas inocentes, en primer término los niños,
las personas de edad y las mujeres. A lo largo de la historia los soldados han utilizado
la violación para intimidar a la población civil. Pero, como en el
curso del presente siglo la naturaleza de la guerra ha cambiado, esta práctica
se ha vuelto mucho más frecuente. En efecto, mientras en el pasado la guerra
se desarrollaba esencialmente entre militares, hoy día el objetivo principal
es a menudo dar muerte o aterrorizar a los civiles. Los soldados cometen todo tipo
de agresiones sexuales con ocasión del saqueo y demás atropellos perpetrados
durante las invasiones, practican violaciones en público, secuestran a las
mujeres en campos especiales o en prostíbulos para torturarlas, violarlas
y dejarlas embarazadas.
Informes
alarmantes
En este último decenio abundan los ejemplos de este tipo de violencias. Después
de la invasión del Kuwait por Irak, en 1990, por lo menos cinco mil kuwaitíes
fueron violadas por soldados iraquíes. Dos años más tarde, se
publicaron en el mundo informes alarmantes acerca de las violaciones y embarazos
forzados, utilizados como arma de purificación étnica en Bosnia. En
1994 y 1995 los medios de información se hicieron eco nuevamente de esta clase
de violencias sexuales en Rwanda. Según un informe de las Naciones Unidas,
en ese país unas quinientas mil mujeres fueron torturadas, violadas, mutiladas
y, en su mayoría, masacradas. En Argelia, mujeres de aldeas enteras fueron
violadas y asesinadas. En los últimos cinco años, unas mil seiscientas
niñas y muchachas fueron secuestradas y reducidas a la condición de
esclavas sexuales por grupos itinerantes de islamistas armados, informan fuentes
gubernamentales.
Si bien es cierto que los hombres también son víctimas de violaciones
y de mutilaciones sexuales durante los conflictos armados, el primer blanco siguen
siendo las mujeres. Pero a menudo éstas vacilan en recurrir a la justicia,
sea por temor de ser colocadas al margen de la sociedad, sea por la convicción
de que toda gestión sería inútil en el contexto de caos y descomposición
social en que se han producido los hechos. Por consiguiente el eco de las violencias
sexuales surge siempre más tarde que el de los demás crímenes.
Se empezó a oír hablar de las violencias sexuales cometidas en Rwanda
unos nueve meses después del final del genocidio. Justamente el tiempo necesario
para que nazca un bebé. De acuerdo con las estimaciones del servicio rwandés
de demografía, las sobrevivientes del genocidio dieron vida así a un
número de niños que oscila entre dos mil y cinco mil. Se los llama
“hijos de los malos recuerdos”. Otro tanto ocurrió en la ex Yugoslavia. Se
violaba a las mujeres hasta que quedaran embarazadas y se las mantenía detenidas
hasta que dieran a luz. Se estima que sólo en 1993 entre mil y dos mil mujeres
sufrieron este triste destino.
Los informes sobre las violaciones masivas en la ex Yugoslavia movieron a las organizaciones
femeninas y de defensa de los derechos humanos, y luego a los gobiernos, a solicitar
que un tribunal internacional juzgase a sus autores. Después de la adopción
por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de varias resoluciones que condenan
la detención y las violaciones sistemáticas y organizadas, en 1993
se creó el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia. Entre sus principales
funciones figura el enjuiciamiento de los criminales acusados de violaciones. Este
Tribunal fue el primero en reconocer la violencia sexual como crimen de guerra e
“infracción grave” que obliga a los Estados a buscar a los acusados, a procesarlos
o a conceder su extradición. Es una novedad. La Convención de Ginebra
de 1949 y los Protocolos Adicionales de 1977, principales fuentes del derecho de
la guerra, no califican las violencias sexuales de infracciones graves, aunque se
reconozca en general que esos delitos responden a los criterios allí señalados:
“actos deliberados que causen grandes padecimientos o graves daños a la integridad
física o la salud”, y constituyen “tortura o tratos inhumanos”.
Según las circunstancias que la rodean, la violencia sexual puede considerarse
también un crimen contra la humanidad, del mismo modo que el asesinato, el
exterminio, la esclavitud, la deportación, el encarcelamiento, la tortura
o la persecución. Pero en la práctica rara vez se la ha juzgado con
su verdadero nombre. Con una excepción: el proceso de Tokio, en 1946, durante
el cual varios oficiales japoneses fueron acusados y considerados responsables de
la violación de veinte mil mujeres durante el saqueo de Nankín (China)
en 1937.
En el proceso contra los principales criminales de guerra de la Segunda Guerra Mundial,
la violación no figuraba en la lista de crímenes contra la humanidad.
Pero fue admitida en el curso de los procesos nacionales instruidos posteriormente
y hoy en día los Tribunales Internacionales para la ex Yugoslavia y Rwanda
la incluyen expresamente en la categoría de crímenes contra la humanidad.
La experiencia de esos dos tribunales demostró a la vez los progresos alcanzados
y lo difícil que es sancionar esta clase de delitos. Hasta la fecha veintiséis
personas han sido acusadas de haber cometido atrocidades sexuales. Pero muchas de
ellas siguen en libertad. El primer acto de acusación relativo específicamente
a la violencia y la esclavitud sexuales fue dictado en junio de 1996 respecto de
las detenciones, torturas y violaciones de las mujeres croatas y musulmanas de Foca,
al sudeste de Sarajevo, cometidas por las tropas serbias en 1992. Sólo uno
de los ocho acusados se presentó al tribunal.
Mucho más indeciso, el Tribunal para Rwanda tardó tres años
en pronunciar, en 1997, sus dos primeras y únicas inculpaciones. La primera
afectaba a Jean-Paul Akayesu, alcalde de Taba, que fue escenario de violencias sexuales
masivas. Además de los múltiples testimonios, fue necesario que una
coalición de organizaciones femeninas y de defensa de los derechos humanos
tomara cartas en el asunto para que el fiscal modificara el acta de acusación,
asociando las violencias sexuales con las imputaciones de crímenes de guerra,
crímenes contra la humanidad y genocidio. El caso del alcalde, primer acusado
del delito de violencia sexual, plantea al mismo tiempo la cuestión de la
responsabilidad de los dirigentes políticos que hayan impulsado o autorizado
a otras personas a cometer violaciones.
Actualmente los Estados Miembros de las Naciones Unidas están elaborando los
estatutos de una corte criminal internacional permanente, el eslabón que falta
en el sistema legal internacional. Es de esperar que ese instrumento se inspire en
estas últimas experiencias jurídicas en materia de violencias sexuales
y que permita superar hábitos inveterados.
El Correo de la UNESCO
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